Sentencia Definitiva N° 230/2025

Sentencia Nro. 230/2025 - IUE: 396-10/2023 Montevideo, 08 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA S.A. c/ DNA Y OTROS – DAÑOS Y PERJUICIOS”; IUE 396-10/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 2/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Tacuarembó de 2o Turno, Dra. Leticia López. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 13 de febrero de 2025 (fojas 153 - 161) se falló desestimando la demanda, sin especial condenación. II. Contra dicha decisión se alzó la sociedad accionante, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 164 a 166, agraviándose, en lo medular, por considerar que la sentenciante no valoró adecuadamente los hechos, ya que el procedimiento aduanero que ocasionó los daños cuya reparación reclama, se ejecutó de manera abusiva antes del inicio del evento “La Patria Gaucha”, incautándosele la totalidad de la mercadería, que era de procedencia nacional incuestionable. Afirma que la sentencia omitió considerar la finalidad ulterior del operativo, que era excluirla del evento; la mercadería incautada fue trasladada a un depósito en condiciones higiénicas deficientes, presentando, al ser reintegrada, deterioro y faltantes significativos, sin que la resolución del grado anterior considerara el perjuicio material sufrido. Considera que la Sra. Jueza a quo incurrió en error al considerar lícita la actuación aduanera por el mero hecho de contar con orden judicial, pues toda la mercadería era claramente nacional -distinta de la extranjera por sus rasgos- evidenciando un “error inexcusable” del personal actuante, pese a su experiencia; la documentación siempre existió, aunque no estuvo disponible al momento de la incautación; prueba de ello es la clausura posterior del proceso aduanero y la devolución de la mercadería. Finalmente, le agravia que la sentencia le reproche no haber dejado constancia del estado y faltantes de la mercadería, sin considerar que su accionar se enmarcó en un “estado de necesidad” y en un esfuerzo por minimizar daños y costos, dado el deterioro avanzado que la misma presentaba. Solicita se revoque la recurrida y se ampare la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la impugnación deducida,de fojas 189 a 171 comparece la demandada, Dirección Nacional de Aduanas, y evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria. Afirma que su actuación el día 6 de marzo de 2022 fue lícita y conforme a sus competencias; tras constatar una presunta infracción por omisión de la empresa actora, procedió conforme el marco legal, siendo que las resultancias posteriores en sede penal no invalidan la legalidad del procedimiento aduanero original, regulado por la Ley N.o 17.296; la supuesta infracción existía al momento de la fiscalización, legitimando su accionar, por lo que califica de “un claro error conceptual” vincular la absolución penal a una deficiente actuación de los funcionarios aduaneros. Agrega que la actora no probó conducta culpable por parte de la DNA, ni la configuración de los elementos de la responsabilidad civil, siendo los eventuales perjuicios consecuencia del accionar negligente de la propia apelante, puesto que las boletas de compra de la mercadería no estuvieron disponibles durante el procedimiento, confirmando los testimonios de la propia actora su inexistencia y/o emisión posterior. No se probó lucro cesante ni daño moral con nexo causal en la actuación aduanera; las declaraciones revelaron que la empresa actora trabajaba a consignación y no se vio impedida de operar por el procedimiento aduanero, lo cual desvirtúa la alegación de falta de capital o mercadería. Asimismo, destaca que la actora liberó a la Administración de responsabilidad por el estado de la mercadería en depósito, al firmar el acta de devolución sin salvedades, a lo que se suma que rechazó recurrir a cauciones para custodiar la mercadería bajo su responsabilidad, lo que podría haber evitado eventuales deterioros. En definitiva, considera acreditado que su actuación fue legítima y adecuada en el ejercicio de su función fiscalizadora, basada en la carencia de documentación de la mercadería, sin que se haya acreditado ilicitud ni nexo causal entre lo reclamado y el procedimiento aduanero, siendo los daños y perjuicios consecuencia del actuar negligente de la propia accionante. IV. Franqueada la alzada (fojas 173), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 296 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto No. 244/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 178), lo que fue cumplido (fojas 180), pasando los autos a estudio el 3 de junio de 2025, culminado el cual, en sesión del 22 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subexámine fue promovido por AA S.A., sociedad que dedujo demanda contra la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y contra funcionarios de dicha Dirección, a los efectos de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados a raíz del procedimiento aduanero llevado a cabo el 6 de marzo de 2022 en el predio de "La Patria Gaucha", previo al inicio del evento. Afirmó que, en ocasión en que armaba su stand con mercadería de su giro habitual, la demandada realizó un procedimiento en el cual le incautó la totalidad de la mercadería por presunta infracción aduanera, trasladando la misma a un depósito de Aduanas en Rivera que, según expresa la accionante, presentaba pésimas condiciones de salubridad. El reintegro posterior de la mercadería, ordenado por la justicia, se produjo en mal estado y con importantes faltantes. Sostuvo la accionante que el procedimiento fue abusivo, dado que toda la mercadería era de procedencia uruguaya, y que la actuación de la DNA tenía como finalidad apartarla de eventos nacionales, generándole los graves perjuicios, cuyo resarcimiento reclama. Por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), contestó la demanda, expresando que la accionante no aportó prueba de los hechos imputados, afirmó la licitud de su actuación, en tanto obró en el marco de sus competencias, con apoyo de la fuerza pública; habiendo constatado una presunta infracción por omisión de la ahora accionante de tener al momento de la inspección la documentación que acreditara la procedencia de la mercadería y en el caso de los artesanos, documentación relativa a la procedencia de la materia prima. Dio cuenta al Juez competente, quien resolvió el decomiso de la mercadería; las posteriores resultancias en sede penal no invalidan la legalidad del procedimiento aduanero inicial, el cual se ajustó a la Ley N° 17.296. Considera que la presunta infracción existía al momento de la fiscalización, legitimando su accionar, y que cualquier perjuicio sufrido por la actora fue consecuencia de su propia negligencia y no de un obrar ilícito de la Administración. Como se refirió al inicio, la demanda también fue dirigida contra los Sres. BB, CC, DD, funcionarios aprehensores de la Dirección Nacional de Aduanas, quienes contestaron la demanda y opusieron excepción de falta de legitimación pasiva, la que fue amparada por sentencia interlocutoria N.o 2572/2023, que devino firme atento a su falta de impugnación. III. La apelación no resulta eficiente para modificar lo resuelto en el grado anterior, y ello en mérito a dos razones. En primer lugar, el recurso interpuesto por la accionante carece de un embate crítico contra la recurrida, reiterando las alegaciones formuladas en su libelo inicial, sin ensayar un análisis pormenorizado del razonamiento expuesto por la Decisora de primer grado, omitiendo el apelante la descripción concreta de cada premisa que estimare equivocada, así como de cuál considera que hubiera sido correcta de conformidad con la prueba diligenciada en la causa y las normas aplicables en respaldo de su teoría del caso. El malogrado intento de ensayar agravio no configura en realidad una crítica razonada de la decisión de primera instancia. Por consiguiente, debe considerarse infundada la apelación, lo cual conduce a su rechazo y confirmatoria de la desestimatoria recaída (art. 253 del CGP). “Con la referida mención no puede considerarse que la recurrente cumpliera con la carga de la expresión de agravios que le impone el artículo 253.1 del Código General del Proceso, esto es de contener una crítica concreta y razonada del fallo que demuestre los errores de hecho o de derecho en que se hubiera incurrido.- No es expresión de agravios la crítica no razonada del fallo recurrido.” (Conf. Hugo Alsina “Derecho Procesal” T .IV, pág.387, Lino Palacio “Derecho Procesal Civil” T.V, pág.267). “La expresión de agravios debe consistir en un análisis de la sentencia (algunos dicen, punto por punto lo que puede ser exagerado, señalando sus defectos y aquellas decisiones que producen perjuicio.- Lo que hace que se rechace como expresión de agravios, la simple remisión a lo ya expresado en escritos ya presentados” (Conf.Enrique Vescovi “Derecho Procesal” T.VI 2da.parte, pág.112; Enrique Tarigo “Lecciones de Derecho Procesal Civil” T.II, pág.240) (sentencia No 296/2002 de la Suprema Corte de Justicia). IV. En segundo lugar, en virtud de que las alegaciones vertidas por la recurrente la configuración de responsabilidad de la demandada y finalidad espúrea alegada, no resultaron respaldadas por la prueba diligenciada en la causa. Afirma la actora que resultaba evidente que la mercadería incautada era de origen nacional, lo que entiende acreditado posteriormente con la documentación respectiva; tal afirmación no puede ser cohonestada por la Sala cuando a los efectos de determinar la procedencia de la mercadería, sea cual sea, es requisito la exhibición de la documentación correspondiente, no siendo viable realizarlo a través de una “aparente constatación visual” como pretende. La sentenciante desestimó la demanda, expresando lo siguiente: “En definitiva, a partir de tales nociones, es claro que la pretensión, desde el inicio, no tenía posibilidad de éxito, porque el reproche de responsabilidad que se formuló en la demanda considera, casi en forma exclusiva, las resultancias del proceso judicial. Una vez absuelta en el proceso aduanero, la actora busca convencer que tal resultado explica por sí solo, la falta del servicio de la DNA, lo cual es un claro error conceptual. La accionante debía individualizar primero y probar después la conducta culpable de los funcionarios aduaneros en ocasión del procedimiento administrativo en cuestión. En efecto, el éxito o fracaso de la pretensión resarcitoria depende de la circunstancia anterior, precisamente porque la responsabilidad del Estado, de regla, de naturaleza subjetiva, fundada sobre la idea de la falta de servicio o el mal funcionamiento de los servicios confiados a su gestión (art. 24 de la Constitución)”. Y tales conclusiones son compartidas por la Sala, que adhiere de larga data a la tesis de la responsabilidad subjetiva del Estado, habiéndose expresado en los siguientes términos: "... el Tribunal se afilia a la tesis subjetiva sobre la responsabilidad del Estado, en el entendido que el art. 24 de la Constitución de la República consagra el principio de la responsabilidad civil del Estado, por los daños que cause a terceros en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección. En la doctrina y en la jurisprudencia uruguayas, se ha debatido intensamente sobre si dicha responsabilidad es objetiva o si es subjetiva, esto es, si debe requerirse el dolo o la culpa por parte del Estado en la producción del evento dañoso que ha causado un perjuicio a una persona, o si en cambio lo único que debe importar es el daño causado a un tercero, independientemente de si hubo dolo o culpa en la producción. En consecuencia, el principio es que el Estado debe responder civilmente por sus acciones, omisiones o por hechos que causen daño a los terceros, debiendo reparar los perjuicios causados pagando la indemnización correspondiente... Para Sayagués Laso, la clave para determinar cuando surge la responsabilidad civil del Estado por acto o hecho administrativo, es el criterio de la falta de servicio, solución elaborada por la jurisprudencia francesa, esto es si el servicio no funcionó, si funcionó con demora o si funcionó irregularmente, pudiéndose acudir a otros criterios para fundar la responsabilidad de la Administración, tales como el enriquecimiento sin causa, el abuso de derecho, etc. Expresa el Dr. Ruben Correa Freitas “... adhiero a la tesis de la responsabilidad subjetiva del Estado, dado que cuando el constituyente (Constitución, arts 17 y 32) o el legislador (Ley No 15859, art 4o), han querido instituir la responsabilidad objetiva del Estado, lo han establecido en forma expresa y como una excepción al régimen general. El art. 24 de la Constitución de la República consagra la `responsabilidad civil ? del Estado, y la responsabilidad civil se regula por lo dispuesto por los arts. 1319 y 1324 del Código Civil, razón por la cual se exigen los elementos típicos de la responsabilidad extracontractual, esto es el hecho ilícito, el daño, la culpa y el nexo causal... En consecuencia, para que haya responsabilidad de la Administración, tanto por actos como por hechos, tiene que haber una `falta de servicio’, esto es que el servicio no haya funcionado, o que habiendo funcionado lo haya hecho mal o en forma irregular, es decir que haya habido un mal funcionamiento del servicio público que haya provocado un daño a un tercero.” (Correa Freitas, Ruben y Vázquez, Cristina; “Manual de Derecho de la Función Pública”, Segunda Edición, FCU, año 2011, págs 33 a 36, Sentencia de nuestra Sala No 82/2009). Asimismo, ha indicado este Tribunal: “En relación con la naturaleza de la responsabilidad del Estado, la Sala ha mantenido la posición que sostuviera en anteriores integraciones- tesitura que es, también, la de la mayoría de la jurisprudencia y doctrina- considerándola de naturaleza subjetiva por lo cual la falta del servicio, sustento de la pretensión, debe producirse como consecuencia de un hecho ilícito del funcionario de la repartición del Estado demandada (Conf ADCU, T 34 c.638, ob cit., T 35, pág 741; en el mismo sentido ob cit T 37 c 687, T 35 c.742/744), no siendo suficiente invocar la falta del servicio, el daño y el nexo causal” (Cf. Dfa-004-000388/2013; sef-0004-000080/2013; dfa-0004- 000707/2013).” (sentencias Nos. 279/2016 y 59/2021 y más recientemente, sentencias No. 32/2022 y No. 171/2024). V. Conforme se concluyó en el grado anterior, el procedimiento fue cumplido conforme a lo edictado en el art. 210 lit E de CAROU, por lo que esta Sala entiende, en el mismo sentido de la quo, que la demanda no puede prosperar, en tanto no se acreditó el apartamiento normativo ni la finalidad contra legem alegados. El testigo EE expresó: “El día 6 de marzo de 2022 en el evento de la Patria Gaucha, no estuve, ni participé” “La verdad después de la fecha del 6 de marzo no se si dejó de trabajar, si se que dejó de hacer eventos” El testigo FF declaró: “Yo no estuve presente a la Fiesta de la Patria Gaucha, del año 2022 nunca concurrí...” “Me enteré por GG que se le retiró la mercadería por la Aduana...” “La mercadería se la vendo sin boleta, no tengo RUT” “HH me pidió comprobantes del origen de la mercadería y tuve que ir al escribano a hacerle una declaración de cómo realizaba mi trabajo y lo que le vendí porque no tengo RUT”. El Sr. KK expresó: “El me llamó un domingo en la tarde, el mismo día que le sacaron todo, y me dijo que le habían decomisado mercadería. Yo en ese momento trabajaba en negro, no tenía boletas, ahora sí tengo. El no me pidió boletas o comprobantes de origen de la mercadería. Los hechos lo sé porque él me comentó. A la empresa le causó perjuicio, las jergas se estragaron todas, comidas por las ratas y humedades lo sé porque él me lo dijo. No sé si la empresa tuvo otro prejuicio y yo en el evento no estuve.” DEVIS ECHANDIA ha sintetizado el concepto moderno de carga de la prueba señalando que "es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables" (Teoría general de la prueba judicial", t. I cit., p. 426). Esta noción tiene la virtud de destacar claramente la doble perspectiva que encierra el fenómeno de la carga de la prueba: la existencia de una regla, dirigida al tribunal, que le permite evitar el non liquet indicándole el contenido de su fallo cuando ciertos hechos del objeto de la prueba no han sido probados, y la existencia de otra regla, dirigida a las partes como reflejo de la primera, y que les indica la necesidad de que ciertos hechos sean probados si no quieren sufrir las consecuencias de un fallo desfavorable.” (Omissis) “La regla que distribuye la carga probatoria en el CGP [art. 139.1], atiende a la naturaleza del hecho a probar: corresponde probar, al que pretende, los hechos constitutivos de su pretensión, y al que la contradiga, los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.” (Valentín, Gabriel; “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”, Publicado en: RDT Abril - Junio 2014, Cita Online: UY/DOC/114/2014). Citado en sentencia de esta Sala N° 193/2023 (García Obregón (r), Rodríguez Marichal, Schroeder). Consecuentemente, relevada la prueba diligenciada en autos, no resultó acreditado que el procedimiento fuera efectuado apartándose de la normativa aplicable. Véase que la empresa actora carecía de la documentación respaldante de la procedencia de la mercadería o en su caso de la materia prima utilizada por los artesanos, al momento en que le fuera incautada, estando a las resultancias del expediente acordonado IUE 599-109/2022; tratándose de mercadería valuada en dicha causa en $ 751.220 (fs. 23); no habiéndose logrado demostrar tampoco que su local fuera el único inspeccionado o que la actuación hubiera sido diferente frente a otras empresas en la misma situación. VI. Finalmente, el cuestionamiento realizado con fundamento en las condiciones en que fue devuelta la mercadería, tampoco puede prosperar en tanto no se agregó a la causa, prueba eficiente en tal sentido. Véase que el costo que se alega insumiría acreditar tal extremo, no resulta un argumento válido cuando ninguna observación se realizó oportunamente, pudiendo dejarse constancia en el acta de recepción labrada el 21 de junio de 2022 (fs. 60 del testimonio acordonado) lo que ningún costo hubiera insumido a la accionante, y sin embargo no realizó. VII. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Jueza Actuante. Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante