Sentencia Definitiva N° 231/2025

Sentencia Nro. 231/2025 - IUE: 2-75851/2022 Montevideo, 08 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “SEOANE CONDIDE, ALEJANDRO c/ VARELA FERNÁNDEZ, ALFONSO y otros – COBRO DE PESOS” IUE: 2-75851/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 134/2024 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 10o Turno, Dra. María Aurora Larramendi. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 25 de noviembre de 2024 (fojas 5049 a 5068), en lo que interesa a la instancia, se falló: “DESESTIMANDO LAS EXCEPCIONES DE TRANSACCIÓN Y PRESCRIPCIÓN OPUESTA POR LAS CO-DEMANDADAS. DESESTIMANDO LA DEMANDA INSTAURADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN LA INSTANCIA.” II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, Sr. Alejandro Seoane Condide, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 5071 a 5103, agraviándose, en lo medular, por la errónea aplicación del derecho e interpretación de la doctrina y jurisprudencia relevantes; la sentencia incurre en incongruencias y contradicciones notorias, en tanto, rechaza las excepciones de transacción y prescripción en base a la inexistencia de relación laboral, pero afirma la existencia de tal relación para desestimar la demanda; se vulneraron las reglas de la sana crítica (artículo 140 Código General del Proceso), careciendo de la decisión de motivación; la valoración de la prueba documental, pericial y testimonial fue fragmentaria, parcial e ilógica, omitiéndose considerar en su conjunto los elementos incorporados al proceso, que demuestran de forma inequívoca la realización de labores profesionales y la existencia de una relación contractual de arrendamiento de servicios; se padeció error al considerar la existencia de un grupo económico, no surgiendo de la prueba documental ni testimonial coincidencia respecto a la razón social, facturación, giro empresarial, composición accionariadomicilio; resulta desacertada la aplicación de la teoría de los actos propios, en tanto no se advierten manifestaciones de voluntad incompatibles con la pretensión de cobro ni inactividad alguna; el tiempo insumido en la presentación de la demanda se vincula a cuestiones relacionadas a la necesidad de cuantificar y ordenar la documentación, lo que resulta acreditado con la fecha en que se inició electrónicamente la tramitación (22 de diciembre de 2022); se incurrió en una errónea valoración dela falta de contrato escrito y de estipulación de precio, como indicio de inexistencia de vínculo, desconociéndose la práctica usual y las normas previstas en el Código Civil, resultando temeraria la afirmación de que las tareas realizadas podrían ser desempeñadas por cualquier persona sin título profesional; se rechazaron sin fundamento las quince piezas documentales presentadas, que no fueron desconocidas por la contraria y acreditan la efectiva prestación de los servicios reclamados; no se valoró adecuadamente el informe de la Cra. Sande, la pericia de la Cra. Casabó y la prueba testimonial con respecto a la existencia de una actividad sostenida y compleja, que no se condice con la supuesta inexistencia de tareas profesionales relevada por la sentenciante; el rechazo de la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa carece de fundamento, habiéndose demostrado un enriquecimiento injusto de las demandadas en tanto se beneficiaron de las tareas que realizó sin retribución alguna, generando un correlativo empobrecimiento suyo, pues se vio impedido de desempeñar su profesión independientemente. En síntesis, considera el apelante que la sentencia recurrida incurre en una absurda valoración de la prueba y en una errónea aplicación del derecho, apartándose de máximas de experiencia, de la lógica y la sana crítica. Solicita que se revoque la recurrida y se ampare la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 5107 a 5110 comparece la parte demandada, integrada por Olifante Sociedad en Comandita, Lifibel S.A., Alfonso Varela Fernández y María Mercedes Jude, evacuando el traslado conferido, abogando por su rechazo, expresando, en síntesis, que la sentencia impugnada es correcta y que el apelante incurre en falacias lógicas y jurídicas; la teoría del acto propio se aplicó adecuadamente, en virtud de la omisión de reclamar los presuntos honorarios profesionales durante más de cinco años, otorgándose relevancia jurídica a la inacción desde que el silencio constituye un acto propio que generó una legítima confianza en la contraparte; el accionante vulneró el principio de buena fe, en tanto al momento de suscribir la transacción con Varela Radío omitió mencionar que iniciaría esta demanda, utilizando ese tiempo para extraer información y preconstituir prueba, lo que constituye además una violación de la Ley de protección de datos personales No. 18.331; si el accionante hubiese prestado servicios profesionales por el plazo que menciona, sin haber facturado en ningún momento, habría incurrido en un delito de defraudación tributaria, lo que refuerza la inexistencia de la relación contractual alegada; los trabajos que Seoane menciona carecen de complejidad y no resultan propios de su profesión, como lo confirma el hecho de que no fue necesario contratar nuevo contador tras su desvinculación, siendo las realizadas tareas meramente administrativas; el informe de la Cra. Sande y la pericia de la Cra. Casabó carecen de valor probatorio en tanto partieron de presupuestos no acreditados, basados en afirmaciones del reclamante, por lo que, en definitiva, la valoración de dichas pruebas realizada por la sentenciante fue acertada. IV. Franqueada la alzada (fojas 5112), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 5115vuelto), pasando los autos a estudio el 7 de mayo de 2025 (fojas 5122), luego de repuesta la tributación omitida. Culminado el estudio, en sesión del 8 de setiembre de 2025 (fojas 5126), se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Surge de la causa que la Sala permaneció desintegrada entre el 12 y el 17 de junio de 2025 en virtud de la licencia médica de la Dra. Schroeder Rius y entre el 22 y el 26 de setiembre de 2025 por licencia reglamentaria de la Dra. Rodríguez Marichal. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la decisión recurrida en cuanto desestima la demanda, aunque por distintos fundamentos, sin especiales sanciones procesales. II. El Contador Alejandro Seoane Condide promovió demanda por cobro de honorarios profesionales contra Olifante Sociedad en Comandita, Lifibel S. A., Alfonso Varela Fernández y María Mercedes Jude Gurméndez, reclamando el pago de presuntos servicios realizados fuera de la relación laboral que lo unía con la empresa Varela Radío S. A., donde se desempeñó como Gerente de Administración Financiera entre el 1° de agosto de 2007 y el 31 de octubre de 2021, cuando fue despedido al cesar las actividades de la sociedad. Alegó que tales servicios profesionales fueron encargados por el Sr. Alfonso Varela y se vinculaban con intereses personales, familiares y empresariales de los demandados, comenzando a brindarlos en ocasión de encontrarse de licencia otros contadores y por razones de urgencia, pero posteriormente se incrementaron, requiriéndole su actuación para otras empresas en las que el Sr. Varela era accionista, agregando que su labor profesional pasó a ser permanente y constante con promesas de futuras retribuciones, finalmente incumplidas. Describió las tareas realizadas para cada uno de los demandados, destacando que aún para las empresas que contaban con contadores externos, el trabajo que se le remitía era continuo. En virtud de la plataforma fáctica descripta, reclamó por concepto de honorarios profesionales y subsidiariamente por enriquecimiento sin causa, a Olifante S. A. el monto de $ 5.451.600; a Alfonso Varela y Mercedes Jude la suma de $ 1.660.470 y a Lifibel S. A. de $ 2.725.870, totalizando $ 9.837.870. La parte demandada controvirtió la procedencia y mérito de la demanda, negando que el actor haya prestado servicios profesionales fuera del vínculo laboral que mantuvo con la empresa Varela Radío S. A., habiéndosele abonado la liquidación de egreso correspondiente. Argumenta que las tareas relacionadas por el reclamante fueron íntegramente remuneradas por medio del salario abonado, las realizó en virtud de su relación laboral y estaban incluidas dentro de las asignadas en su calidad de Gerente de Administración Financiera, formando parte Varela Radío S. A. y las empresas demandadas de un conjunto económico dirigido y controlado por Alfonso Varela. Se alega el incumplimiento por el actor de la carga de la debida sustanciación y de la prueba, no habiéndose acreditado la existencia de los presuntos daños, los que tampoco fueron cuantificados adecuadamente. Afirman los accionados que en la demanda no se realizó una narración precisa de los hechos invocados, omitiéndose la individualización precisa del momento en que se habrían ejecutado las tareas alegadas, la cantidad de horas destinadas a cada una de ellas y la forma concreta en que habrían sido desarrolladas, realizándose manifestaciones genéricas, carentes de sustento fáctico y probatorio. Asimismo, la parte demandada opuso las excepciones de transacción, prescripción y falta de legitimación pasiva respecto a Mercedes Jude, esgrimiendo que el accionante suscribió un acuerdo transaccional con la empresa Varela Radío S. A., cuyo objeto fue poner fin a toda controversia derivada de la culminación de la relación laboral, habiendo manifestado expresamente el Sr. Seoane que, una vez cumplido el pago acordado, no tenía nada más que reclamar a la parte citada, existiendo en consecuencia cosa juzgada, lo que impide reabrir el debate sobre su vínculo laboral con las empresas del grupo. Continua señalando la accionada, que si se considerara que la transacción no comprendió las tareas por las que ahora se reclama, la acción se encuentra prescripta (conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley No. 18.091), por tener naturaleza laboral. Aboga por el rechazo de la pretensión subsidiaria por enriquecimiento sin causa, reiterando que todas las actividades desempeñadas por el actor lo fueron en el marco de la relación de dependencia y del vínculo laboral que mantenía con la empresa Varela Radío, que conformaba un conjunto económica con las demandadas. III. La sentencia definitiva desestimó las excepciones de transacción y prescripción, por considerar que la pretensión movilizada se funda en la existencia de servicios profesionales prestados fuera del ámbito de la relación laboral que vinculó al actor con la empresa Varela Radío, que no fue demandada. Se desestimó también la demanda, argumentando la a quo que las tareas invocadas por el actor no fueron cumplidas como prestación profesional autónoma, sino dentro del vínculo laboral que lo unía con Varela Radío S. A., integrante del conjunto económico formado por las restantes codemandadas. La sentenciante estima aplicable la teoría de los actos propios, otorgándole relevancia al tiempo transcurrido desde la finalización del vínculo laboral y la presentación de la demanda (dos años), así como al período de cinco años durante el cual, según lo alega el accionante, se prestaron los servicios profesionales cuyo pago se pretende, sin formularse reclamo alguno. Argumenta, asimismo, la decisora: “Lo que el actor debió acreditar y no hizo, es que dichas tareas fueron prestadas en el marco de un vínculo de prestación de servicios profesionales para las co-demandadas, distinto y por fuera del vínculo laboral que mantuvo con la empresa Varela Radío. Dicha orfandad probatoria, sella adversamente la suerte de la pretensión de cobro de pesos por honorarios emergentes de prestación de servicios profesionales. No habiéndose acreditado por la parte actora la realización de las actividades profesionales que invoca, en el marco de un arrendamiento de servicios con las co- demandadas, corresponde arribar a solución desestimatoria de la demanda.” Expresa además que “gran parte de las actividades por las que reclama el actor, no se compadecen con “servicios profesionales de Contador”, que den mérito al cobro de honorarios profesionales, reclamados, con base al Arancel del Colegio de Contadores.”, concluyendo que, admitida y acreditada la existencia de un conjunto o grupo económico integrado por la empresa Varela Radío y las personas físicas y jurídicas demandadas, las actividades desarrolladas por el Contador Seoane lo fueron en virtud del vínculo de dependencia laboral con la Varela Radío S. A. En cuanto a la pretensión subsidiaria fundada en el enriquecimiento sin causa, se estimó en la atacada que no resulta procedente, en tanto dicho instituto sólo opera en ausencia de vínculo negocial entre las partes, lo que no se verifica en autos, surgiendo acreditada “la existencia de un vínculo laboral del actor con la empresa Varela Radío, en el que se verificó la realización de tareas por el actor para las personas jurídicas y físicas co-demandadas”. IV. La Sala comparte la valoración de la prueba y las conclusiones expuestas en la recurrida, en cuanto consideró que no se probó la existencia entre las partes de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, simultáneo y distinto al contrato de naturaleza laboral que vinculó al accionante con Varela Radío S. A. No resultan de recibo los agravios fundados en el punto, en tanto, no se demostró que el trabajo realizado y relacionado en la demanda, por el Contador Seoane, fuera ajeno a la relación de trabajo subordinada que mantuvo con la empresa Varela Radío y hubiera sido prestado en forma independiente y autónoma, como se requiere en el ámbito de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales. La recurrida concluye acertadamente que no se probó “la realización de las actividades profesionales que invoca, en el marco de un arrendamiento de servicios con las co- demandadas” y que “el actor no se desembarazó útilmente de la carga de probar que las tareas realizadas para las personas jurídicas y físicas co-demandadas, lo fueran en carácter de servicios profesionales prestados fuera del marco de la relación laboral que mantenía con la empresa Varela Radío.” Habiéndose alegado la existencia de dos vínculos simultáneos de diferente naturaleza (laboral y arrendamiento de servicios), al actor incumbía la carga de demostrar de forma clara los hechos constitutivos de su pretensión, dada la versión contradictoria alegada por las partes en sus actos de proposición inicial (conforme lo dispone el artículo 139.1 del Código General del Proceso), por lo que, no habiendo cumplido con dicha carga, es quien debe soportar las consecuencias desfavorables de tal insuficiencia probatoria. Además, nada refiere el actor sobre los detalles del supuesto arrendamiento de servicios ni sobre aspectos sustanciales del mismo, como cuando fue contratado específicamente, por quién (ya que demanda a dos personas físicas y dos jurídicas), cual fue el honorario pactadolas horas de trabajo acordadas, etc., desprendiéndose de los términos de la demanda que tal contrato de arrendamiento de servicios no existió, sino que en todo caso lo ocurrido fue que varió el objeto de la relación de trabajo subordinada mantenida con Varela Radío S.A., habiéndose incluido dentro de las actividades que debía ejecutar el accionante, tareas relativas a las personas físicas y jurídicas demandadas que originariamente no formaban parte de las que debía realizar. El incumplimiento de la carga de la debida sustanciación, con una precisa relación de los hechos jurídicos relevantes que fundan la pretensión, conforme lo exige la ley adjetiva, así como la orfandad probatoria, impiden tener por acreditada la existencia de un acuerdo específico para la prestación de servicios profesionales por fuera del contrato de trabajo. Cabe concluir, entonces, que todas las tareas ejecutadas por el actor lo fueron en el marco de la relación laboral que mantuvo con Varela Radío S. A. y, en consecuencia, el reclamo se encuentra alcanzado por la transacción celebrada ante el Ministerio de TrabajoSeguridad Social, el 28 de diciembre de 2021. En efecto, surge de los términos del documento obrante a fojas 4476, que Varela Radío S.A. ofreció abonar “por todo concepto que se hubiere generado, a modo de transacción,luego de recíprocas concesiones, la suma líquida, total y final de: $ 1.200.003, pagadero encuotas, iguales, mensuales y consecutivas de $ 171.429 cada una...”, lo que fue aceptado por el Sr. Seoane, quien expresó que no tenía nada más que reclamar a la parte citada “por ningún concepto salarial, indemnizatorio, compensatorio y/o diferencial emergente de la relación laboral extinguida, una vez hecho efectivo el pago de la totalidad de la suma acordada.” Si bien es cierto que los demandados no participaron formalmente de la transacción, ni la suscribieron, ello no impide que se encuentren alcanzados por sus efectos, atento a que Varela Radío S. A. asumió el pago de la totalidad de lo adeudado en virtud de los servicios prestados por el Contador Seoane, quien a su vez aceptó la suma ofrecida y manifestó no tener nada más que reclamar por ningún concepto derivado de la relación laboral mantenida. Los honorarios reclamados en autos provienen de la ejecución de tareas realizadas en el ámbito de una relación laboral, por lo que todas las consecuencias que de ellas se derivan, están alcanzadas por una transacción comprensiva de todo “concepto salarial, indemnizatorio, compensatorio y/o diferencial emergente de la relación laboral extinguida” y en virtud de la cual nada más podía reclamar el Contador Seoane, aún cuando el pago convenido haya sido acordado y realizado por una sociedad que no ha sido demandada. Adquiere relevancia lo dispuesto por el artículo 1521 del Código Civil, conforme al cual: “La remisión total del crédito hecha en favor de uno de los codeudores solidarios, libra a todos los demás, a no ser que el acreedor se haya reservado expresamente sus derechos contra éstos.”, lo que en el caso no acaeció, no surgiendo del documento obrante a fojas 4476 referencia a reserva alguna. Por otra parte, si bien la fuerza vinculante del contrato (de transacción) es entre las partes y por ello, en principio, no tienen eficacia frente a terceros (artículos 1291, 1292 y 1293 del Código Civil), la doctrina admite la existencia de efectos reflejos o indirectos “que se producen en la esfera jurídica de los terceros, ajenos al contrato” y (según Osti, citado por Gamarra) “derivan de la naturaleza del derecho que en virtud del contrato se ha constituido,de las consecuencias del ejercicio de tal derecho o del cumplimiento de las obligaciones.” (Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XIV, FCU, tercera edición inalterada, 5a- reimpresión, año 2012, página 199). La transacción arribada, como todo contrato, en principio no aprovecha ni perjudicaterceros, pero ello no impide que tenga efectos reflejos en la esfera jurídica de los demandados, que quedaron liberados por la remisión del accionante. Al respecto, en Sentencia No. 18/2009 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno, en términos trasladables al caso, mutatis mutandis, se expresó: “La Suprema Corte de la Argentina trató este tema (28 de diciembre de 2005, causa AC 86.214) y de uno de los votos se extrae un análisis del tema en examen que resulta de gran interés: "La llamada eficacia directa del contrato, en tanto precepto creado por la autonomía jurigenética de los contratantes, se despliega normalmente en la esfera jurídica de estos últimos (las partes del contrato) y sólo la eficacia indirecta se refleja o repercute en el ámbito de los terceros. "Este principio de falta de eficacia del contrato respecto de los terceros o de la limitación de la eficacia del contrato al círculo de las partes que lo han realizado posee un claro fundamento. El contrato es un acto de ejercicio de un poder de autonomía privada y la autonomía privada consiste en la posibilidad de dictar una ley -el precepto- por el cual se ha de regir la propia esfera jurídica. Un contrato con una eficacia en la esfera jurídica de terceras personas no sería un acto de autonomía, sino que constituiría una invasión en la esfera jurídica ajena" (Diez Picazo, Luis, "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", ed. Civitas, Madrid, 1996, 5a. ed., vol. I, pág. 424)... Hay que entender que una vez nacido el contrato por la voluntad de las partes, el mismo, en tanto "producto jurídico" de esa creación interpartes, se suma a toda la enorme constelación de hechos, actos y negocios jurídicos que pueblan el ancho mundo de la realidad jurídica interactuando con alguno de dichos actos o negocios e, incluso, proyectando y propalando ciertos efectos con relación a terceros. Efectos, estos, que se reflejan y proyectan con distinta intensidad (al igual que las ondas circulares y expansivas que provoca la piedra arrojada sobre un espejo de agua) sobre los variados terceros... Es que el contrato por el sólo hecho de existir, es oponible a todos e invocable por todos. A esta altura de nuestro discurrir, para que la lectura del art. 1199 ("Los contratos no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos...") no nos haga derrumbar en equívocos, me parece prudente y aleccionador recordar que en dicha norma -tal como lo señala Mosset Iturraspe - "el vocablo oponerse está empleado como sinónimo de obligar e invocar como equivalente a ejercicio de un derecho creditorio" ("Contratos" Ediar, 1978, Bs. As., pág. 293, nota 25) ... esa eficacia refleja contractual posee varios rostros y distintos matices que Giovene (quien en esto siguiera a Ihering y cuyas ideas extraemos de la obra ya citada de Diez Picazzo) distinguió entre una eficacia refleja simpleuna eficacia refleja propiamente dicha, considerando que la primera se produce en aquellos casos en que el efecto que el tercero consigue es un efecto de mero hecho y la segunda cuando es un efecto estrictamente jurídico. Para señalar como supuestos de esta segunda categoría (eficacia refleja propiamente dicha) aquellos que derivan de la igualdad de situaciones jurídicas, de la conexión entre ellas o exclusivamente de la voluntad de la ley. A estos últimos efectos (los impuestos por la ley), Messineo, los llama efectos reflejos legales. El contrato, por consiguiente -nos dice- es solamente un presupuesto de hecho para que los mismos se produzcan; no es su causa ("Derecho Civil y Comercial" EJEA, Bs. As., 1971, t. IV, pág. 510).” (en Base de Jurisprudencia Nacional). En el caso, como se dijo, los hechos en los que el actor fundó la demanda, se dieron en el marco de la relación de trabajo subordinada que mantenía con Varela Radío S. A.quedaron abarcados por la transacción arribada, por lo que la existencia de cosa juzgada (artículo 224 del Código General del Proceso) impide reabrir el debate sobre rubros derivados del vínculo laboral extinto, sellando la suerte adversa de la demanda y la impugnación en estudio. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Sala confirmará la apelada en cuanto desestima la demanda, careciendo de utilidad emitir pronunciamiento sobre el resto de los agravios deducidos por la parte actora (artículo 63 del Código General del Proceso). La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN CUANTO DESESTIMA LA DEMANDA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 40.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Analía García Obregón - Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante