Sentencia Definitiva N° 264/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA N° 264/2025 Montevideo, 8 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA Y OTROS C/ BB Y OTROS -DAÑOS Y PERJUICIOS” - IUE: 2-73457/2019 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por los codemandados Sres. CC y DD a fs. 1219-1228 y la codemandada GOLANI GROUP S.R.L. a fs. 1237-1241, contra la sentencia definitiva Nº 11/2025 del 7 de marzo de 2025 de fs. 1159-1212, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3º Turno, Dra. Claudia Muguiro. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la demanda respecto de TIDERSOL S.A., CITROX S.A., EE, BB, Y FF, por falta de legitimación pasiva en la causa. Amparó parcialmente la pretensión respecto a los restantes demandados, y en su merito, condenó en un 50% a los organizadores del evento CC Y DD, y en el otro 50% a la empresa de seguridad GOLANI GROUP S.R.L., .a pagar en concepto de daño moral: $ 780.000 a GG, $ 780.000 a HH, $ 420.000 A JJ, y $ 360.000 a AA (ya deducido el porcentaje de incidencia causal establecido en el considerando VI), mas reajustes del decreto ley 14.500 e intereses legales desde la fecha del evento dañoso (18/2/2018) hasta la efectiva cancelación. Sin especial condena en la instancia. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte codemandada compuesta por los Sres. CC y DD, quien en escrito de fs. 1219-1228 manifestó que la recurrida resulta claramente afectada por la emocionalidad vivida durante el proceso. Esta parte discrepa en todos sus términos con las conclusiones arribadas por la sede en cuanto a la responsabilidad que se pretende imputar a esta parte. Recordó que el 18 de febrero de 2018 se celebró en el Country Club de Atlántida conocido como “Piedra Lisa” un evento de música electrónica llamado “La Terraza” de 15.00 a 00 horas. A efectos de llevar a cabo el mismo se contratan y coordinan servicios de terceros como TIDERSOL S.A., adjudicataria de la concesión del uso del local. A efectos del desarrollo de la fiesta se brindó todo lo necesario para el correcto desarrollo del evento: barras, pistas de DJ, decoración, gabinetes higiénicos, servicios de seguridad, ropería y cartelería para desfomentar el uso de estupefacientes. Asimismo, se contrató un servicio de emergencia médica que poseía una guardia in situ montada en la carpa de emergencia con dos móviles localizados afuera del predio, tal como consta acreditado. Fueron estos médicos los que se encargaron de atender a KK en el evento, hecho no controvertido en autos. En el local se contaba con 9.200 botellas de agua de 500 cm3, y se tenía el respaldo de la distribuidora para que proporcionara más agua en caso de ser necesario. Los permisos municipales fueron responsabilidad del arrendador; y a los efectos del servicio de seguridad se contrató a GOLANI SRL que dispuso de 40 guardias de seguridad (en principio previó 30 pero la organización solicitó 10 más). Es de destacar que los guardias de seguridad no son agentes policiales y no están autorizados a fiscalizar los artículos personales del público que ingresa (sin perjuicio de que se utilizó detector de metales), ni usar la fuerza para reprimir, ni controlar la venta y consumo de estupefacientes. Luego de realizado este contexto, afirmó que se brindó a los asistentes al evento todas las garantías para que se encontraran contenidos con una diligencia que supera la media. Resulta de las declaraciones de los amigos de la víctima que KK fue atendida por un guardia de seguridad que la llevó a la carpa donde brindaron primeros auxilios y fue trasladada de urgencia a La Española. De la declaración de los amigos (y del Sr. LL, quien manifestó que hacía unos 15 días que se encontraba saliendo con KK), surge que hicieron una colecta y recaudaron $3.400 para consumir dos pastillas y un gramo de cristales. KK junto a MM, NN y LL coordinaron para concurrir al evento y consumir drogas sintéticas. Existió una clara conducta querida por el grupo de amigos, todos mayores de edad. LL fue el responsable de adquirir la droga, en definitiva, el suministrador. No hay prueba de que en el baño se vendiera droga. Las declaraciones dejan en evidencia la voluntariedad de acceder a esa situación por parte de cada uno de los integrantes del grupo de amigos, nadie fue obligado a hacer nada. LL demostró un claro conocimiento de la forma de acceder a las drogas sintéticas, así como una mayor resistencia a las mismas (según surge de sus propios dichos). Destacó que hay una errónea valoración de la prueba testimonial en referencia al grupo de amigos, pues ninguno de ellos destacó que la víctima dejara en evidencia su negativa a consumir estupefacientes, solo que en un momento manifestó no querer consumir más de lo que ya había consumido, pero nunca rechazó el ofrecimiento ni fue obligada a consumir. En definitiva, hubo una conducta querida por ella y eso no resulta controvertido. LL suministró la droga y no existen pruebas de que la haya adquirido allí dentro, incluso pudo haberla traído desde el exterior e ingresarla a la fiesta. Si adquirió efectivamente la droga en el baño, debe tenerse presente que allí no se puede contar con seguridad por protección a la intimidad de las personas, lo que demuestra que se trataba de una situación clandestina. La Sede atribuye responsabilidad a la organización del evento porque la droga fue adquirida en la fiesta, hecho que no surge acreditado. En cuanto al protocolo, se puede apreciar que la organización del evento desarrolló un sinfín de gestiones de extrema diligencia que incluso superaron las exigencias del protocolo que surgiera meses después. KK fue atendida de manera inmediata y trasladada de urgencia a Montevideo. El precio del agua era un precio estándar, y los móviles de emergencia actuaron apenas tomaron el caso de KK, funcionando todo a la perfección. Destaca que el protocolo no prohíbe el consumo de estupefacientes sino que busca promover el mensaje de cuidado y gestión de riesgos. Estima que la Sede ni siquiera consideró los testimonios que acreditaron que el modo de organización de este tipo de eventos fue correcto, destacando entre ellos el de la Dra. ÑÑ que asesoró a los organizadores en relación al servicio de salud y del Lic. OO quien manifestó, entre otras cosas, que el codemandado Sr. CC ha participado en reuniones de la Junta Nacional de Drogas para capacitación y fue uno de los promotores de las recomendaciones efectuadas por la Junta. OO es un testigo clave en este juicio, y su testimonio no fue considerado. El, al ser preguntado en relación a si es posible controlar el ingreso de drogas a los eventos, manifestó que ello solo podría hacerse con la policía o autoridades municipales, aunque es muy difícil detectarlas por el pequeño tamaño de las pastillas o por tener forma de polvo. La Sede pretende que la producción del evento adopte conductas que son propias del Ministerio del Interior, una diligencia extrema que ni siquiera resulta legítima. Por otra parte, estimó que la prueba proveniente de Fiscalía es fundamental en autos. Antes de analizar la misma destaca que la actora se opuso su agregación en autos porque evidentemente conocía las resultancias de dichas actuaciones. El Tribunal debe tener en cuenta que la actora renunció a dicho medio de prueba alegando la dificultad en su obtención cuando lo tenía en su poder (porque Fiscalía le había entregado pendrive a la familia). De las actuaciones de Fiscalía, que fueron archivadas, surge que KK falleció por falla multiorgánica producto del consumo de éxtasis, cuyo nivel en sangre era de 9,5 mg/L y los casos fatales son de 5,7 mg/L. Los comparecientes no fueron nunca siquiera considerados eventuales responsables por parte de Fiscalía. Como se dijo, no existe prueba de que la droga fuera adquirida en el evento, salvo la declaración de un solo testigo que es justamente quien le entregó la droga. Le agravia el porcentaje de atribución al hecho de la víctima. En el caso de análisis hay falta de nexo causal por hecho de la víctima, causa extraña no imputable del incumplimiento. Es decir, el hecho de la víctima interrumpió el nexo causal y es eximente de responsabilidad. La víctima asumió un riesgo, el individuo es un factor esencial frente al consumo de drogas. Resulta cuestionable que el servicio que se brindó fuera peligroso, pero aun de serlo y teniendo en cuenta la Ley N° 17.250 de relaciones de consumo, la obligación del responsable del servicio es una obligación de medios: se obliga a brindarlo de la mejor forma posible y no hay obligación de resultado. La organización hizo su máximo esfuerzo para lograr el fin pero la víctima recobró un especial papel. No existe ningún porcentaje de responsabilidad atribuible a los comparecientes. En cuanto a los daños condenados y sus montos, nadie puede dudar del padecimiento de los familiares más cercanos a KK. La sentencia determina un porcentaje de coparticipación de los demandados en un 60% y 40% la víctima, y al fijar los daños el fallo resulta claramente afectado por la emocionalidad vivida durante el proceso y hacen que se aparte de los parámetros jurisprudenciales. Sin perjuicio de todo lo dicho, el codemandado CC opuso excepción de falta de legitimación pasiva, la que fue rechazada por la Sede. La actora reclamó contra quienes entendió que eran responsables por el fallecimiento sin distinguir ni analizar la responsabilidad de cada uno. CC es personal dependiente y no poseía vínculo alguno con la víctima; el hecho de ser una persona conocida por las productoras y organizadoras de eventos no significa que deba desconocerse el vínculo contractual con la empresa y la situación jurídica en la que se encuentra. 3) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte codemandada GOLANI GROUP S.R.L., quien en escrito de fs. 1237-1241 manifestó que le agravia que se haga lugar parcialmente al reclamo de los actores en base a una errónea interpretación de los hechos. La propia recurrida destaca que el fallecimiento de la joven respondió a que había consumido el doble de lo que se considera una dosis mortal de éxtasis. Surge probado que KK consumió la droga que le suministró el Sr. LL (respecto de quien se solicitó la citación en garantía), siendo éste la única persona que afirma haber comprado la droga dentro del local. La recurrida estima que GOLANI GROUP SRL no desplegó todas las medidas que correspondían en el cuidado de los asistentes a la fiesta, lo que no se comparte. Estimó que estamos ante la decisión autodeterminada de una adulta y el correcto proceder de la empresa de seguridad que requirió la atención médica. Esta parte cumplió su deber de asistencia y cuidado dentro de los parámetros legales. Estimó que sin dudas nos encontramos ante un triste y lamentable hecho, pero no es imputable a GOLANI pues obedeció a una decisión tomada por KK. Surge de la prueba que ella falleció por falla multiorgánica por consumo de éxtasis y del informe del forense surge que la cantidad ingerida superaba tres veces la cantidad legal; superando cualquier posibilidad de un resultado diferente al ocurrido. El hecho de la víctima actuó como eximente de responsabilidad. 4) La parte actora evacuó el traslado de la apelación interpuesta por los codemandados Sres. CC y DD conferido en escrito de fs. 1247-1255 manifestando que es alejado de la realidad sostener que el fundado fallo se basa en sentimientos emotivos. La A quo resolvió con objetividad y admitió la responsabilidad parcial de la víctima. Estimó que en autos se acreditó que no se brindó a los asistentes todo lo necesario para el correcto desarrollo y disfrute del evento, pues no había cartelería advirtiendo sobre el uso de estupefacientes o desfomentando su uso, tal como se acreditó con los comentarios de cientos de personas en redes sociales (prueba no impugnada por la contraria). De las publicaciones aludidas se desprende que hubo corte de agua, y la botella salía $150, que los paramédicos no hicieron nada, los de seguridad caminaban lento y no ayudaban. El servicio brindado por los codemandados estuvo lejos de ser el correcto. Se probó que no se ayudó con la hidratación para las situaciones de consumo, y que había corte de agua incluso en los baños. Todos los testigos que asistieron declararon que no había agua en los baños y que el precio del agua era elevado, incluso se dejó en evidencia que no había puestos de hidratación. Agregó que realmente no se entiende el agravio referente a que no se puede fiscalizar artículos personales pero aun así se procede a revisar a las personas antes de su ingreso. Los apelantes arremeten contra los testigos desconociendo que la recurrida reconoce esa conducta pero ello no enerva la culpa, impericia o negligencia absoluta que permitió el consumo y el resultado muerte. El lugar no debe ser apto para vender droga, o facilitar ello. Los propios demandados reconocieron que hay drogas en el evento, probándose que la droga se adquirió en el local y que no se cumplió con los protocolos. Los testigos de la parte demandada deben ser tachados por ser dependientes y tener contratos comerciales. Sin perjuicio destaca que la declaración del testigo OO no aporta a la cuestión, lo que es realmente sorprendente en tanto es un funcionario dedicado al tema. La Junta Nacional de Drogas manifestó no tener conocimiento de la fiesta que se menciona en autos y eso da por tierra que la demandada no había dado conocimiento a la Junta como afirma. El aludido testimonio se contrapone a lo expresado por la Junta al contestar el oficio. Sostuvo que no hay mala fe de la parte actora en tanto la investigación penal y la acción civil son independientes. La investigación penal surge sin resolución, que no es lo mismo que decir que nadie fue imputado. Se han presentado sendos escritos que no han sido contestados por la Fiscalía. En estas actuaciones se demostró que la droga se adquirió en el local y la contraria podría haber agregado las filmaciones de las cámaras para desacreditar dicho extremo, cosa que no hizo. En cuanto a la Ley N° 17.250, la misma sanciona a los incumplidores y ningún organizador puede evadir el cumplimiento de la ley. Estima que los organizadores del evento y la empresa de seguridad son responsables por no haber evitado la comercialización de sustancias estupefacientes dentro del local, lo que facilitó que KK consumiera y falleciera, siendo esta circunstancia la relevante ante tantos testigos declarantes sobre la organización del evento. Agrega que se ha demostrado que la familia hasta hoy en día tiene graves secuelas psicológicas y que no es de recibo la pretensión de atribuir toda la responsabilidad a la víctima cuando ha quedado probada la culpabilidad de los recurrentes y de la empresa de seguridad. Concluye que CC tiene legitimación pasiva en tanto declaró ante la Sede Policial ser organizador de eventos; y fue el organizador del evento de autos en igualdad de condiciones que DD, y solo figura como dependiente en los papeles, no recibiendo ordenes ni contraprestación por su trabajo. 5) La parte actora evacuó el traslado de la apelación interpuesta por la codemandada GOLANI GROUP S.R.L. conferido en escrito de fs. 1257-1262 manifestando que una cosa es la planificación de un consumo que pudo o no haber sucedido y otra es que en ello colaboren la organización y la empresa de cuidado del evento, como bien se analiza en la recurrida. Las conclusiones de la A quo son certeras y no admiten doble interpretación. Recordó que la investigación de Fiscalía no fue archivada pues se han presentado sendos escritos y se informaron diferentes pruebas a ser diligenciadas que aun no han tenido tramitación. Estimó que los organizadores del evento y la empresa de seguridad son responsables por no haber evitado la comercialización de sustancias estupefacientes dentro del evento. En cuanto a la citación en garantía de LL, destaca que quedó probado que la droga se adquirió y compró en el local por no contar con controles de seguridad y organización. La empresa no actuó in totum para prevenir el daño, fue negligente y es llamativo que incurre en francas contradicciones durante el proceso. 6) Franqueada la alzada por Decreto Nº 1078/2025 del 30 de abril de 2025 (fs. 1268), se asignó esta Sala (fs. 1269) y recibidos los autos en el Tribunal el 13 de mayo de 2025 (fs. 1269 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales, habrá de confirmar parcialmente la sentencia apelada, revocándose en cuanto al grado de participación, el que se establece en un 70% por hecho de la víctima y un 30% a los organizadores del evento y la empresa de seguridad, sin especial sanción procesal, por los fundamentos que se expondrán. II) Cabe indicar, con carácter previo, que los codemandados CC y DD, por un lado y “Golani Group SRL”, por otro, únicamente se agravian de la responsabilidad en el evento dañoso y, como motivo de sucumbencia subsidiario, el grado de participación causal. Por tal razón, se analizarán sus agravios conjuntamente. III) La responsabilidad de los apelantes . Así planteadas las cosas, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, gravita sobre el responsable la obligación de adoptar el estándar que emplearía una persona media, prudente y cuidadosa (art. 1324 inc. final del CC). En el caso sometido a decisión, tratándose de una fiesta electrónica, es el control y supervisión durante el desarrollo del evento, de la comercialización ilegal de estupefacientes. En esta senda, incluso, se debe ser más exigente con los organizadores del evento y la empresa de seguridad, pues como bien lo reconocen todas las partes, en las fiestas electrónicas se consumen estupefacientes, tanto los que ingresan los asistentes como los que comercializan la droga en el evento. Los apelantes sostienen haber cumplido con la diligencia necesaria en tal evento, garantizando la seguridad con personal a tal efecto, la existencia de agua suficiente, controles de ingreso e incluso carteles desmotivando el uso de estupefacientes. Respecto la venta de estupefacientes dentro del evento sostienen que no existen pruebas que la droga haya sido adquirida dentro del local, salvo por el testimonio de LL, que fue quien la adquirió. Está suficientemente acreditado, con las declaraciones testimoniales recabas en audiencia (LL, NN y MM), que la droga fue adquirida dentro del local. Los testigos describieron claramente cómo se produjo la adquisición de la droga. El procedimiento es común en los eventos de esta naturaleza, según detallaron: los consumidores, se posicionan en un lugar cercano a la piscina y, son los vendedores de la droga que se acercan, en forma discreta, y realizan el intercambio. Teniendo en cuenta esta predisposición de estos eventos al consumo de drogas, hecho que es reconocido por los apelantes, debió extremarse la seguridad en las zonas favorables para estos intercambio. Obsérvese con que facilidad LL consiguió la droga, un par de preguntas en el baño y le indicaron el lugar donde obtenerla. Así como este testigo localizó con facilidad el lugar de intercambio, implica que no era tan complicado que los encargados de seguridad ubicaran los lugares favorables para venta de drogas. Máxime teniendo en cuenta que se contrataron 40 personas para cumplir con la seguridad del lugar. La valoración realizada por la Sra. jueza “a quo”, en este aspecto es irreprochable. Ahora bien, los apelantes (organizadores del evento y empresa encargada de la seguridad), no acreditaron que hayan actuado en la emergencia, con el estándar de diligencia debida en esas circunstancias. Adviértase que, dada la cantidad de concurrentes a la fiesta, los controles, al ingreso resultaron superfluos. En efecto, los controles al ingreso no eran estrictos, ya que los testigos señalan que a algunos no los revisaron, lo que , señalan, era común cuando ya había mucha gente. Y durante el desarrollo de la fiesta, los apelantes sostuvieron que cuando KK se sintió mal, actuaron inmediatamente. Pero nada dijeron, qué plan desplegaron para controlar la venta ilegal de droga, cuando – como se sabe – está presente en todos los eventos de esta naturaleza. Es más, los testigos no recuerdan haber visto folletería alusiva al consumo de drogas. Por tanto, no habiéndose probado que en la emergencia hayan actuado con la diligencia debida, la responsabilidad atribuida en primera instancia, es correcta. IV) Hecho de la víctima El agravio relativo al hecho de la víctima, a criterio del Tribunal, es de recibo. Dentro de las causales de eximentes de responsabilidad, se señala el hecho de la víctima, es decir, casos en los cuales interviene el propio ofendido para producir el evento dañoso, ya sea agravando sus resultados, ya sea causándolos en su totalidad. La doctrina exige que varios rasgos estén presentes en el hecho de la víctima para que la asignación sea de exoneración (parcial o total) de responsabilidad. La conducta de esta debe estar en relación causal con el daño y debe ser culposa en el sentido que señala Gamarra (Tratado..., T. XIX, p. 339), es decir, subordinada, instrumentada respecto de la relación de causalidad, esto es, que el rasgo fundamental se caracteriza por la relación de causalidad, de tal manera que lo importante es que la víctima con su actuar haya provocado ya sea total o parcialmente el hecho acaecido. En este trillo, surge absolutamente acreditado, que antes de ingresar a la fiesta, más precisamente, durante el trayecto hacia Atlántida, KK y sus amigos, ya habían decidido consumir drogas. Una vez, dentro de la fiesta, LL (quien salía con KK) es el que se encargó de adquirir la droga, con el dinero que previamente habían reunido entre los cuatro. Por tanto, la decisión de consumir droga, especialmente una de las más dañinas, es enteramente imputable a KK. Pero hay más, la cantidad consumida, de acuerdo a la autopsia, supera con creces el límite tolerable y ello, no es responsabilidad de los codemandados. Así las cosas, se configura una hipótesis de concurrencia de culpas que compromete la responsabilidad tanto de los codemandados como de la víctima en el evento dañoso. Si bien media una conducta culposa de los organizadores del evento y la empresa de seguridad, por falta de la diligencia debida en el control de venta de drogas, como se dijera anteriormente, también incidió causalmente la conducta culposa de KK, en mayor medida, al decidir consumir una de las drogas denominadas pesadas y en una cantidad desproporcionada, que a la postre causó la muerte. Por ello, y sin dejar de advertir lo lamentable del insuceso, el Tribunal estima que la conducta de la víctima tuvo participación del 70% en el evento dañoso , mientras que la de los codemandados apelantes un 30%. V) La conducta procesal de las partes no amerita especial imposición en costas y costos. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA , REVOCÁNDOSE EN CUANTO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CAUSAL, EL QUE SE FIJA EN 70% PARA LA VÍCTIMA Y 30% PARA LOS CO DEMANDADOS CC, DD Y GALONI GROUP SRL. SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL HONORARIOS FICTOS 4 BPC NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA