Sentencia Definitiva N° 266/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA N° 266/2025 Montevideo, 8 de octubre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO – REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR ACTO” – IUE: 2-16152/2024 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 606-609 vto., contra la sentencia definitiva Nº 5/2025 del 3 de febrero de 2025 de fs. 601-604 vto., dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, Dr. Pablo Javier Gandini Bottini. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se amparó parcialmente la demanda condenando a la demandada al pago a la actora: a la devolución de los haberes retenidos conforme se expresa en el Considerando 3), difiriendo su liquidación al art. 378 del CGP, con intereses y actualizaciones desde que dichas sumas fueron retenidas; la suma de $250.000 con intereses y actualizaciones desde la demanda de la acción de nulidad del TCA por concepto de daño moral; y la suma de 60 UR por honorarios profesionales con intereses desde la fecha de la demanda del TCA. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 606-609 vto. manifestó que le agravia la condena impuesta, en tanto no fue acorde a la prueba diligenciada en autos, ya que la actora no logró probar los daños alegados. Si bien se condena a la devolución de los sueldos retenidos, extremo que esta parte no recurre, la devolución no implicaría restituir a la actora a su situación anterior, sino que se la está beneficiando con una condena francamente excesiva. De tomar las sumas de 2016 y 2017 y agregar intereses y actualizaciones desde esa fecha, se estaría triplicando el monto, y esto excede la actualización que puede tener la moneda en el transcurso de los años. Los intereses y la actualización debieron disponerse desde la presentación de la demanda de autos (art. 1348 del Código Civil). La contraria ni siquiera solicita que los intereses sean desde la fecha de retención sino que la actualización sea acorde al Decreto Ley Nº 14.500. En cuanto al daño moral, entendió que hubo una errónea valoración de la prueba y una sobreestimación de la prueba testimonial. De los dos testigos de la actora para acreditar este punto, solo compareció uno, de cuya declaración surgen claras suposiciones y manifestaciones de no saber. Esto determina que la Sra. AA no pudo probar los daños pretendidos. El testigo declaró que la Sra. AA trabajaba en block quirúrgico y por un problema con unas llaves le iniciaron un sumario del que no sabe el resultado pero sabe que la actora quedó sin trabajo; sin embargo, el “problema” fue que desapareció un llavero que contenía llaves personales y de acceso a block de la funcionaria BB, lo que determinó la investigación de urgencia y se constató, mediante registro fílmico, que la funcionaria AA fue quien extrajo el monojo de llaves y lo guardó en su ropa. El hecho de haber obtenido la anulación ante el TCA Por aspectos formales no hace desaparecer el hecho cometido por AA porque no pueden darse dos interpretaciones contrapuestas a la grabación de video. No se ve el daño padecido por la actora en tanto su actitud fue desleal, afectó a terceros y al servicio. Agrega que la actora -licenciada en enfermería-, renunció el 23 de julio de 2020, por lo que el sumario relacionado nada tuvo que ver con su desvinculación. Concluyó que amparar la demanda implica un enriquecimiento indebido; la Administración tiene poder disciplinario y ante los acontecimientos existentes, llevó adelante el procedimiento disciplinario respectivo. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 613-625 manifestando que la demandada continúa litigando a conciencia de su sinrazón, con malicia temeraria y con mala fe. Manifestó que los daños reclamados surgen probados no solo de la declaración del testigo Sr. CC sino también de la Historia Clínica que se acompañó a la demanda como prueba documental y que no fue controvertida ni cuestionada por ASSE. De esta última surgen consultas con médico psiquiatra, quien recetó medicamentos como “clonazepan” debido al estrés que le generó el sumario administrativo con separación del cargo y retención del 50% de los haberes por seis meses. Se probó que AA no solo tuvo una afectación grave en su salud mental sino que también le afectó negativamente en su vida familiar que determinó la separación de su esposo durante el tiempo que se le inició el sumario, por lo que dependía de sus familiares para poder pagar las cuentas y alimentarse. La situación le causó dolor intenso, sufrimiento y aflicción espiritual; claramente no estamos en presencia de un disgusto sino que estamos hablando de un daño que produjo un menoscabo anímico y deterioro emocional que repercutió en la salud mental de la accionante y afectó su honor y dignidad. Recordó que el acto administrativo de ASSE que disponía la suspensión de la compareciente fue anulado porque la demandada no cumplió con el debido proceso y el derecho de defensa, incurriendo en una ilegitimidad manifiesta. La actora tenía diversos préstamos que no pudo pagar desde que le retuvieron la mitad del sueldo por 6 meses. En cuanto al agravio referente a que el monto de la condena excedería los parámetros jurisprudenciales -tanto del daño moral como de los honorarios profesionales-, cabe destacar que el monto de daño moral no merece reproche por estar fuera de los parámetros porque no es un monto exorbitante sino que resulta adecuado, razonable y ponderado. La misma conclusión cabe respecto al monto de los honorarios profesionales, ya que 60 UR no representa el monto que se gasta por litigar ante el TCA ni supera el arancel el Colegio de Abogados. Relacionado el agravio respecto a la fecha de los intereses y actualizaciones, destaca que las retenciones se hicieron desde el 1º de noviembre de 2015 al 31 de mayo de 2016, y al ser un daño por acto administrativo que recae en materia salarial debe aplicarse la jurisprudencia mayoritaria que entiende que los intereses y actualizaciones deben computarse desde el hecho ilícito, es decir, desde que las sumas fueron retenidas. No es cierto lo alegado por la contraria en cuanto a que solo se solicitó la actualización por el Decreto Ley Nº 14.500, ya que esta parte solicitó dicha actualización e intereses desde el nacimiento de la obligación, lo que determina que la recurrida fue ajustada a derecho y a lo pedido. Destaca que la contraria manifestó expresamente no apelar la decisión de devolver los haberes retenidos, lo que implica un reconocimiento expreso de que jamás devolvió los seis meses de medios sueldos retenidos, aguinaldo y compensación del block quirúrgico. La demandada actúa de mala fe al sostener que la actora fue desleal cuando fue la propia contraria quien no permitió que la Sra. AA declarara con asistencia letrada y violó un principio elemental del debido proceso en la tramitación del sumario. En cuanto al agravio referente al daño moral, destaca que los intereses y actualizaciones deben computarse desde el hecho ilícito que determina el nacimiento de la obligación a reparar el daño ocasionado, es decir, el acto administrativo que dispuso el sumario administrativo. Recordó el principio de reparación integral del daño, el que no se respetaría de imponer los intereses y actualizaciones desde la fecha de presentación de la demanda reparatoria. Finalmente, destaco que no es de recibo el agravio referente al pago de honorarios profesionales por 60 UR con intereses desde la fecha de demanda del TCA pues al contestar la demanda no controvirtió en forma fundada la procedencia del pago. Además, al afirmar expresamente que no se apela la devolución de los haberes, se estaría consintiendo que corresponde el pago de los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales existieron porque la actora tuvo que contratar a un abogado para defenderse en el sumario administrativo y agotar la vía administrativa y el proceso de nulidad ante el TCA. Adhirió a la apelación manifestando que le agravia que no se condenó a la demandada en costas y costos habiendo quedado demostrada su malicia temeraria y ligereza en el juicio. No se comparte la exoneración de los gastos causídicos del presente proceso a la demandada pues su actuar procesal, desde el inicio, es merecedor de las máximas sanciones procesales. La demandada, al contestar, negó la existencia de haberes impagos y del daño reclamado, e incluso llegó a controvertir presentando documentación respecto a otro procedimiento disciplinario que se le había iniciado a la actora para demostrar que se había devuelto los haberes retenidos e inducir en error al tribunal. Además, agregó recibos de sueldos de noviembre 2016 a junio de 2017 que reflejaba las retenciones realizadas por otro procedimiento que finalizó con la clausura y archivo. La demandada incumplió con la intimación a presentar documentación y cuando esta parte advierte ello en audiencia la contraria recurre infundadamente (y el A quo no hizo lugar al recurso). En definitiva, el apelante actuó con total malicia y a conciencia de su sinrazón, afirmando que había devuelto los haberes y vertiendo afirmaciones falsas en el proceso. Por otra parte, le agravió que se computen los intereses y actualizaciones del daño moral desde la demanda de acción de nulidad ante el TCA. Esta parte entiende, conforme afirma la jurisprudencia mayoritaria, que ello corresponde que sea fijado desde el hecho ilícito, es decir, desde la Resolución del 17 de setiembre de 2015, fecha en la que se ordenó la retención de haberes de la actora. Finalmente, le agravia que la sentencia compute los intereses de los honorarios profesionales desde la demanda de acción de nulidad del TCA, cuando los mismos deben computarse desde la fecha de presentación de los recursos administrativos. 4) La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 630-634 vto. manifestando que no se comparten las precisiones realizadas por la actora en relación a las costas y costos en tanto afirma erróneamente que esta parte actuó con malicia y ligereza temeraria. Esta parte litigó de buena fe, acorde a derecho, controvirtiendo la demanda y presentando la totalidad de la información solicitada (a fs. 63-99, 128-567 y 585-588). La contraria no objetó los documentos oportunamente, razón por la que no puede ahora agraviarse y solicitar condena en costas y costos. La contraria solicitó prueba por informes pero luego no presentó el oficio por su culpa, siendo imposible pedir que por este motivo se condene en costas y costos. ASSE no litigó con malicia sino que controvirtió los dichos de la contraria, que no fueron del todo ciertos e incluso ello es relevado por la sentencia que se impugna que motivó la adhesión a la apelación de la contraria. Estimó que claramente de los plazos manejados en autos se puede advertir que no hubo intención dilatoria alguna. Estimó que la imposición de intereses y actualización desde momentos anteriores a la presentación de la demanda reparatoria patrimonial no puede prosperara porque la anulación por aspectos formales no hace desaparecer el hecho cometido por la actora y contraviene lo dispuesto en el artículo 1348 del Código Civil. 5) Franqueada la alzada por Decreto Nº 740/2025 del 21 de abril de 2025 (fs. 636), se asignó esta Sala (fs. 638) y recibidos los autos en el Tribunal el 5 de mayo de 2025 (fs. 638 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales, habrá de confirmar parcialmente la sentencia apelada, revocándose en cuanto al dies a quo de los intereses, sin especial condenación, por los fundamentos que se expondrán. II) Apelación en vía principal ASSE II.a) Sobre el cómputo de los reajustes e intereses respecto de las sumas devueltas por salarios retenidos. La Sala tiene posición consolidada que los reajustes e intereses se deben desde la fecha en que cada suma debió percibirse. En cuanto a los reajustes, existe previsión expresa del Decreto – ley 14500, en cuanto a que, frente a una condena al pago de una suma de dinero, debe tenerse en cuenta la variación del “valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción”. (art. 1). Esta imposición es preceptiva, y claramente prevé el inicio del cómputo de reajustes, y este es la fecha de nacimiento de la obligación (cf. Cafaro, Eugenio, “Obligaciones reajustables, ley 14500”, p.47 y Carnelli, Santiago, “Comentarios de la ley 14500”, p. 81-84) Teniendo en cuenta que la sentencia del TCA anuló el acto, el acto nunca existió, por tanto, se eliminan sus efectos jurídicos, retrotrayendo las cosas a su estado anterior a la expedición del mismo. Este efecto es justamente, el que habilita la restitución de derechos o compensación de perjuicios patrimoniales ocasionados, en el caso que nos ocupa, la devolución de los salarios retenidos. Por tanto, el momento en que se genera el nacimiento de la obligación o la exigibilidad de la misma, es aquel en que no se abonó cada salario debido en mérito a un acto nulo. En cuanto a los intereses, esta Sala tiene posición firme, incluso en su anterior integración sobre el dies a quo de los mismos. En sentencia Sentencia 36/2017 se dijo “ En efecto, el art. 4º inc. 1º del Decreto-Ley Nº14.500, aplicable en la especie, fija la tasa de interés legal remitiéndose a “los casos en que sean de aplicación los arts. 1º, 2º y 3º” y dichas disposiciones toman en cuenta la exigibilidad de la obligación y no la fecha de constitución en mora o de la demanda. De ello se infiere que por expreso mandato legal coinciden la exigibilidad del crédito con la exigibilidad del interés legal (cf. Larrañaga, Luis, "Desvalorización monetaria, alquileres, intereses y multa" en ADCU, T. XXII, p. 435-439).- Pero además, debe tenerse en cuenta que el interés legal previsto por el Decreto Ley Nº 14.500 busca compensar la utilidad del dinero (actualizado) y a los efectos de la revaluación.- A lo antedicho deben sumarse los nuevos argumentos vertidos por el citado profesor (A.D.C.U., T.XXV, "¿Por qué el interés legal no rige desde la demanda?", p.653-659), en especial que: a) los arts. 1348 y 2213 del C.C. no se hallan ubicados en sede de responsabilidad extracontractual y, tratándose de normas limitativas de la autonomía de la voluntad, deben tener aplicación estricta; b) dichas disposiciones refieren al interés moratorio y en la responsabilidad extracontractual no hay texto que prevea como presupuesto el estado de mora, no se admite la posición que veía una mora automática desde el hecho ilícito y el estado de iliquidez del crédito del damnificado impide la mora; c) tal como afirma Gamarra (TDCU, T.XX, p.65), a partir del art. 1° del Decreto-Ley 14.500 tanto el capital como los intereses deben correr desde la fecha del hecho ilícito dañoso.- Por último, el Maestro, analizando con su habitual agudeza la obligación de pagar intereses en la responsabilidad extracontractual, reitera lo expuesto en el Tratado en punto al comienzo del cálculo basándose, en lo medular, en la ubicación de los arts. 1348, 2213 y 2214 C.C. en sede de responsabilidad contractual, en el principio de reparación integral del daño y en el fundamento de la obligación en cuestión, a saber: que los intereses se deben porque el deudor está disfrutando de un capital que es del acreedor y miden el daño que le ocasiona la privación temporal de aquél, siendo un extremo incuestionable que ese “indebido” disfrute comienza con el daño causado por el hecho ilícito (Responsabilidad contractual - I. El incumplimiento, p.280-290).-“ En tal sentido, los reajustes e intereses deben computarse desde que cada salario debió ingresar al patrimonio de la actora y hasta la fecha del pago efectivo, tal como lo dispone la recurrida. Por otra parte, contrario a lo afirmado por el apelante, la parte actora ha solicitado expresamente la condena a abonar intereses (fs. 58 v.). II.b) Sobre la acreditado del daño moral. El agravio no es de recibo. Si bien el apelante se centra en demostrar el poco valor convictivo de las declaraciones CC, lo cierto es, que, esta Sala tiene posición firme en cuanto a que este tipo de daño se prueba “in re ipsa”. Por tanto, la procedencia es innegable. No puede pretenderse que la actora sea acusada de apropiarse de bienes ajenos, sea sumariada, suspendida por 91 días , y que todo ello no haya provocado mella alguna en su ánimo. Claramente , para cualquier persona media este tipo de situaciones genera angustias, por ver afectado su honor y dignidad. Y si bien la apelante sostiene que sigue que ha quedado probada la participación de la actora en la desaparición de las llaves, ello no supone que la actora sea responsable hasta que se cumpla con el procedimiento en forma correcta, asegurando a la sumariada el derecho de defensa. Ello no ocurrió en autos, razón por la cual el acto fue anulado por el TCA. Atendiendo a los términos de la apelación, se concluye que el monto del daño moral no ha sido objeto de agravio, ya que centra su embate a la existencia del mismo únicamente. II.c) Sobre la condena al pago de los honorarios profesionales generados por los recursos ante el TCA y su monto. El agravio no es de recibo. Este Tribunal, tiene posición firme en cuanto a que los gastos de honorarios profesionales en casos como el de autos son abarcados por el principio de reparación integral del daño. El daño está acreditado , desde que es indiscutible que la actora requirió la participación de un abogado para accionar ante el TCA, para la tramitación de la anulación del acto administrativo. En cuanto al agravio sobre el monto de los honorarios, el mismo no está debidamente fundado, limitándose a decir que es excesivo, por lo que no puede valorarse como tal. Sin perjuicio de ello , la suma objeto de condena luce razonable. Por último, en cuanto al inicio del cómputo de intereses, no corresponde que se compute desde la demanda reparatoria patrimonial, ya que se generaron por la actuación ante el TCA. En este caso, se considera que corresponde se computen desde la sentencia del TCA , oportunidad en que se hicieron exigibles. III) Apelación en vía adhesiva de AA . III.a) Sobre el rechazo de la condena en costas y costos para la contraria. El agravio no es de recibo. Couture, expresa, con relación al punto objeto de agravio: “Se condena en costas solamente si se ha litigado con ligereza culpable... que es el apresuramiento, la falta de tacto, la falta de reflexión o de discernimiento. Cuando no se ponen esas virtudes de reflexión y de calma, entonces se pagan costas.” “ El juez condena en costas y costos si ha existido de parte del perdidoso malicia que merezca la nota de temeridad, esto es, mala fe. No es ya el espíritu irreflexivo, pero cauto, sino que es la conciencia de la propia sinrazón; es el litigar estando convencido de que no se tiene razón” (cf. autor citado, en “Procedimiento…”, tomo III, p. 759). C A D E 6809. El sistema procesal vernáculo, se afilia a la concepción subjetiva, de acuerdo al tenor de los arts. 688 del C. C. y 56.1 del C.G.P, exigiendo a los efectos de disponer condenas procesales una determinada actitud subjetiva de las partes. C A D E 6809. Doctrina y jurisprudencia definen y caracterizan nítidamente la “malicia temeraria” ya como gratuita aventura, ya como conciencia y voluntad de actuar contra derecho, ya en fin como conocimiento, aún más, convencimiento de que se está actuando contra o sin derecho (Cf. Gelsi Bidart, en LJU T. 58, p. 22; Gallinal: ‘Estudios sobre el C.P.C.’, Tomo VIII, pág. 159). El art. 688 del C.C. indica las pautas que el juzgador debe observar para imponer o no las condenaciones procesales, dependiendo de si el perdidoso actuó con alguna razón, culpable ligereza o por malicia que merezca la nota de temeridad. Finalmente, Tarigo, citando un viejo trabajo suyo publicado en la R.U.D.P. N° 1/75, expresó: las condenaciones procesales sancionan en nuestro Derecho, dos posibles inconductas del vencido en juicio: la inconducta procesal que se concreta en el entorpecimiento deliberado del juicio, agotando y deduciendo desde cada providencia -como dice Alcalá Zamora- con encadenamiento sin fin, todos los recursos ..., solicitando el diligenciamiento de pruebas inconducentes, interponiendo recursos de apelación contra providencias claramente inapelables, en una palabra confundiendo defensa con chicana; el otro tipo de inconducta procesal está referido no a la conducta en el decurso del juicio, sino a la instauración misma de éste. Recientemente, ha dicho la Corte que la malicia temeraria no es incompatible con la corrección de la conducta de las partes en el juicio. No dejaría aquél (el litigante vencido) de ser temerariamente malicioso si hubiere promovido el litigio dolosamente, a sabiendas de su falta de razón, aunque luego actuara en él correctamente (Enrique Tarigo, R.U.D.P. N° 1/94, págs. 88-89). A la luz de los conceptos doctrinarios vertidos anteriormente, no surge que la demandada haya actuado a lo largo del proceso con ligereza culpable o malicia temeraria, por el contrario, desarrolló los argumentos que entendía pertinente a efectos de defender su posición. Basta con advertir que la demanda no fue amparada totalmente y los agravios desarrollados en la apelación, denotan un análisis serio, más allá de que no se hayan amparado. III.b) Sobre el cómputo de reajustes e intereses respecto del daño moral. El agravio es de recibo. Como se señaló en el Considerando II.a , esta Sala tiene posición firme, en cuanto a que el dies a quo de reajustes e intereses es la fecha del evento dañoso. En efecto, en ese momento se genera el daño a ser reparado y se hace exigible su reparación. En el caso de autos, el momento en que se generó el daño fue con la resolución Nº 1281/2017 que dispuso la sanción, y por tanto, es esa la fecha que se debe tomar en cuenta para el cómputo de reajustes e intereses.. III.c) Sobre los intereses de los honorarios profesionales. De acuerdo a la posición sustentada por la Sala, corresponde se computen los intereses desde que la suma se hizo exigible, y ello podría ubicarse al momento de la sentencia del TCA, oportunidad donde cesa la actividad profesional del letrado actuante, como ya se señaló. IV) La conducta procesal de las partes no amerita especial condena en costas y costos. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA, REVOCÁNDOSE EN CUANTO AL CÓMPUTO DE LOS INTERESES RESPECTO DEL DAÑO MORAL Y DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, LOS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN 1281/2017 Y DESDE LA SENTENCIA DEL TCA RESPECTIVAMENTE. COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO. HONORARIOS FICTOS 5 BPC NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA