Sentencia Definitiva N° 276/2025

Sentencia Nro. 276/2025 - IUE: 2-48876/2024 Montevideo, 08 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Dra. Mónica Besio. Ministros Firmantes: Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Álvaro França. AUTOS: “RIVERO OLIVERA, NILBA c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS - ANULACIÓN - PARAESTATAL” IUE: 2-48876/2024. I) A fs. 10 y sig., con fecha 30/5/2024, compareció la actora, Sra. Nilba Aurora Rivero Olivero, a promover demanda de anulación contra la denegatoria ficta del recurso interpuesto ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (en adelante C.J.P.B). Expresó en síntesis que su difunto esposo, Héctor Henry Mayo Rey, fallecido el 20/7/1985 en Venezuela, registra actividad al amparo de la C.J.P.B, habiendo trabajado durante 22 años (10/2/1958 al 21/10/1978) de manera ininterrumpida. El 29/11/2018 se presentó ante la demandada a solicitar se le otorgara una pensión por sobrevivencia al amparo de los Art. 35, 45, y 47 de la Ley 18.396, formándose el expediente administrativo No 193.02-2018, agregándose los recaudos que acreditaban su legitimación como viuda (partidas de matrimonio y defunción). Por Res. No 2679-2020 del 8/7/2020, expediente CJPB/01/40/88086/2019, la demandada no hizo lugar a la petición de pensión; interpuestos los recursos de revocación y jerárquico, la misma fue confirmada por Res. No 2692/2021, en la cual se esgrimió que se debía aguardar a la respuesta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a fin de probar la calidad de desocupado del causante para determinar si tiene derecho al beneficio pensionario. Ante la denegatoria promovió demanda anulatoria en el T.A.C de 6o Turno en los autos IUE 2- 64470/2021, de conformidad al Art.16 de la Ley 18.396, demanda que fue desestimada, en la cual se expresó que se debía acreditar que el causante estaba desocupado al momento de la configuración de la causal, al momento de su fallecimiento, lo que debía ser acreditado documentalmente por el organismo previsional venezolano. Con fecha 5/8/2019 Convenios y Asuntos Internacionales del B.P.S informó que efectuada la consulta a través de la Superintendencia de Seguridad Social del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas de Venezuela, se informó que no figuran cotizaciones del titular, Sr. Mayo, en la base de datos de dicho organismo, ni se encuentra registro como beneficiario de pensión ante el IVSS. A pesar de la información obtenida, el 13/9/2022, la Directora de Prestaciones del IVSS, Luz Avendaño, solicitó el envío de un formulario que la C.J.P.B no envió. El 13/12/2023 presentó una nueva petición administrativa que fue denegada, ante lo cual interpuso los respectivos recursos, agotando la vía administrativa, sin que se hubiera dictado resolución, por lo que es de aplicación el Art. 269 nal. 5 de la Ley 20.130. En esa oportunidad presentó la documentación acreditante de la falta de registro y aportes del causante al Organismo de Seguridad Social Venezolano. Expresa que aporta en autos la documentación legalizada y apostillada emitida por el citado organismo con fecha 6/6/2023, en la cual se hace constar que su esposo no posee cotizaciones ni pensión asignada por ese Instituto. Refirió los trámites a seguir para la legalización y apostillado de documentación en Venezuela. Que de la documentación aportada surge que su fallecido esposo nunca trabajó en Venezuela; que se traslado con el mismo a dicho país residiendo allí hasta su fallecimiento en el año 1985, quien nunca realizó ninguna actividad de índole laboral o de servicios que le implicara un ingreso o afiliación a otro organismo de seguridad social en ese país. De la documentación acompañada resulta que la cédula E-81429711 correspondiente a su esposo no está registrada como asegurado, ni tiene pensión asociada. Como cónyuge supérstite tiene la calidad de beneficiaria de la pensión mencionada, existiendo un interés directo, personal y legítimo a la prestación a partir del fallecimiento de su esposo, interés protegido por los Art. 30, 67, 72 y 332 de la Constitución y la Ley 18.396, siendo un persona de 84 años de edad a quien se le restringe el derecho a una pensión, estando por ello en una situación económica comprometida. Ofreció prueba, fundó el derecho en los Art. 30, 67, 72 y 332 de la Constitución, Art. 14, 15 y sig. de la Ley 18.396, Art. 22 y 25 inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y Art. 25 de la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR. En definitiva solicitó que se resuelva el otorgamiento del beneficio social de pensión por sobrevivencia a su favor como viuda del Sr. Héctor Mayo Rey. II) Se confirió traslado de la demanda, la cual fue contestada por la demandada, C.J.P.B, a fs. 22 y sig., la que refirió hecho nuevo, opuso como defensa la manifiesta improponibilidad de la demanda y contestó la misma. La C.J.P.B expresó que como hecho nuevo posterior a la presentación de la demanda señala que el 5/6/2024, recibió del Ministerio de RR.EE vía e-mail, información oficial remitida por la Embajada de Uruguay en Venezuela, proveniente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 14/4/2024, del cual resulta que Directora del mismo, Sra. Luz Avendaño informó que el ciudadano Mayo Rey, Héctor Henry, titular de la cédula de identiodad E- 81.429.711 se encuentra afiliado ante dicho instituto siendo la fecha de su primera afiliación el 1/9/1978, su estatus actual es cesante y que la misma información surge de la constancia electrónica de cotizaciones emitida por la Presidenta de la Junta Directiva del IVSS Abog. Magaly Gutiérrez. Ante lo referido el Consejo Honorario de la C.J.P.B por Resolución No 1246/2024 de fecha 26/6/2024 resolvió declarar que la actora no tiene derecho al beneficio pensionario en virtud de que el causante desarrolló actividad remunerada en Venezuela con posterioridad a su cese en Uruguay, la que fue ratificada por Res. No 1614/2024 de fecha 28/8/2024, dictada ante el recurso de revocación presentado por la actora. El petitorio formulado en la demanda es manifiestamente improponible, ya que solicita se le otorgue a la actora el beneficio pensionario, no solicita la anulación del acto emanado del Consejo Honorario de la C.J.P.B, cita a ese respecto la Sentencia No 177/2022 dictada por el TAC 6o en caso similar al de autos, en el cual también solicitó se le concediera dicho beneficio. En relación a la contestación de la demanda relacionó las actuaciones previas cumplidas por la actora, las que dieran lugar al proceso de anulación tramitado ante el TAC 6o en los autos IUE 2-64470/2021, el cual culminó con el dictado de la sentencia ya referida que desestimó la pretensión de la Sra. Rivero, ya que no advertía que la resolución atacada fuera contraria a derecho y que la C.J.P.B, no le denegó el derecho a percibir la pensión por sobrevivencia, sino que le requirió la información necesaria a esos efectos. Es cierto que la actora luego de lo referido se presentó nuevamente el 13/12/2023 ante la C.J.P.B a peticionar se le otorgara el beneficio pensionario, acompañando cierta documentación la cual fue observada, ante lo cual se intentó obtener acerca de la validez de los documentos aportados por la actora y obtener respuesta oficial del IVSS en relación a si el causante tiene o no cotizaciones. A esos efectos se solicitó por parte de la Gerencia de Prestaciones, información al B.P.S en relación a la petición de la actora y la documentación agregada, en particular de la vigencia de la Circular de Registros Notariales de fecha 21/6/2021. Ante la respuesta de que no se había recibido por parte del B.P.S nueva documentación de la Seguridad Social de Venezuela y de que la documentación acompañada por la actora se debió apostillar y ante la divergencia de la documentación aportada por la accionante y la que surgía de la página web del IVSS, la Jurídica de la C.J.P.B sugirió estar a la respuesta oficial del IVSS, y dado que se configuraba la denegatoria ficta, la actora decidió no esperar la respuesta oficial y dedujo la acción de nulidad de autos. La respuesta oficial a través del Ministerio de RR.EE vino vía mail el 5/6/2024, de la que surge que el causante se encuentra afiliado dando fecha de la afiliación y del cese, de lo cual se extrae claramente que el mismo había desarrollado actividad con cotización de aportes en el exterior al momento de su fallecimiento, por lo cual no sería un causante desocupado de la C.J.P.B sino eventualmente afiliado a otro instituto de seguridad social. Ante ello por Res. No 1246/2024 de fecha 26/6/2024, se declaró que la actora no tiene derecho al beneficio pensionario peticionado, por lo cual su accionar no puede tildarse de ilegítimo, procediendo la demanda de anulación solo por razones de legitimidad, cuando sea contrario a una norma o regla de derecho. III) Conferido traslado a la actora ante lo manifestado por la demandada en su contestación, fue evacuado por la misma, la que en síntesis expresó que la petición de nulidad del acto dictado por la demandada surge de la propia pretensión, la cual implica indefectiblemente que el acto sea anulado. IV) En la audiencia preliminar celebrada las partes se ratificaron de sus respectivos escritos. La actora invocó como hecho nuevo que había presentado el 2/10/2024, ante el IVSS la solicitud de aclaración, anulación y supresión de los registros del Sr. Héctor Mayo Rey en dicho instituto. Se fijó el objeto del proceso y de la prueba; se tuvo por agregada la prueba documental, se intimó a la demandada en los términos requeridos por la actora y se dispuso el diligenciamiento de la restante prueba, oficiándose. Se confirió a la demandada traslado del hecho nuevo alegado por la actora en la audiencia, el que fue evacuado a fs. 38, oponiéndose al mismo. Diligenciada la prueba pendiente, se convocó a audiencia en la que las partes formularon sus alegatos, los que se agregaron por escrito, pasando los autos para estudio (fs. 121); con fecha 8/9/2025 se celebró el acuerdo de estilo. IV) El objeto exclusivo del proceso de anulación paraestatal, una vez agotada la correspondiente vía administrativa, no es otro que el de resolver sobre la legitimidad de las resoluciones dictadas por las personas públicas no estatales, anulándolas en caso que resulten violatorias o desconozcan derechos subjetivos personales y actuales de los interesados (Art. 16 inc. 3, 4 y 5 de la Ley 18.396 y Art. 268 Ley 20.130). En cuanto a la regularidad formal de las actuaciones, surge de autos, así como del expediente administrativo agregado por cordón (Carpeta/Exp. No 19302, el cual carece de foliatura), que se agotó debidamente la vía administrativa interna ante la propia C.J.P.B y que la acción anulatoria fue promovida en plazo. V) En la audiencia preliminar celebrada en autos, se fijó el objeto del proceso en determinar si se dan los presupuesto legales correspondientes entre los que se incluyen el pronunciarse respecto de la manifiesta improponibilidad de la demanda de nulidad promovida y en su mérito si corresponde acoger la misma atendiendo a los términos de la contestación de la demanda y el excepcionamiento interpuesto. Se tuvo por incorporada la prueba documental agregada por ambas partes, obrante de fs. 2 a 9, así como las actuaciones administrativas acompañadas con la contestación, Carpeta/Exp. No 19302, que obran en sobre acordonados. Oportunamente se agregaron los autos IUE 2- 64470/2021 caratulados “Rivero Olivera, Nilba c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Anulación paraestatal” (autos que lucen acordonados a las presentes actuaciones). Oportunamente se tuvieron por agregadas las respuestas a los oficios librados (obrantes de fs. 48 a 58 y de fs. 61 a 71, y a fs. 86 a 101). VI) El Tribunal desestimará la demanda anulatoria promovida en autos en mérito a los fundamentos que se explicitarán a continuación. En primer término y en virtud de que la parte demandada al contestar la demanda invocó que el petitorio formulado es manifiestamente improponible en tanto en el mismo solicitó se le otorgue a la actora el beneficio pensionario en cuestión y no solicitó la anulación del acto oportunamente emanado del Consejo Honorario de la C.J.P.B, corresponde expedirse a dicho respecto. Según fuera ya referido en el numeral IV que antecede, el objeto exclusivo del proceso de anulación paraestatal, no es otro que el de resolver sobre la legitimidad de las resoluciones de las personas públicas no estatales, en este caso de la C.J.P.B, anulándolas en caso que resulten violatorias o desconozcan derechos subjetivos personales y actuales de los interesados. Asiste razón a la demandada en cuanto a que en el petitorio 2o de fa. 13 vlto., la actora solicitó que se resuelva el otorgamiento a la misma de la pensión por sobrevivencia como viuda del Sr. Héctor Mayo Rey, lo que se encuentra totalmente fuera del objeto del proceso de anulación paraestatal tramitado en autos, el que se limita a decidir, a resolver en relación a la legitimidad de lo resuelto por el organismo demandado en caso de ser contrario a una regla de derecho, y no a disponer el otorgamiento de una prestación por viudez. Sin perjuicio de ello entiende el Tribunal que del contexto de la demanda resulta que, la actora promovió acción de nulidad contra lo oportunamente resuelto por la demandada en relación a la petición que la actora le formulara en el expediente administrativo acordonado No 19302. La actora, como resulta de la demanda, en la suma se refiere a la acción promovida como “Demanda de nulidad”, y seguidamente expresa que se viene a “promover acción de nulidad contra la denegatoria ficta del recurso interpuesto ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.” (fs. 10) y más adelante expresó que con fecha 13/12/2023 había realizado una petición administrativa, que la misma había sido denegada, y que interpuestos los recursos respectivos había agotado la vía administrativa operando la denegatoria ficta. De lo cual resulta, se extrae en definitiva, que más allá del petitorio específico en cuanto a que se resuelva el otorgamiento de una pensión por viudez - lo cual se encuentra fuera del objeto de lo que el Poder Judicial está habilitado a resolver -, se está solicitando la nulidad de lo resuelto por la demandada en relación a la petición promovida en la fecha antes referida. Por lo que la defensa ensayada a ese respecto por la demandada no es de recibo. VII) Resulta de lo expresado en la demanda y de las actuaciones del expediente administrativo acordonado No 19302, que la actora con fecha 13/12/2023 presentó ante la C.J.P.B una nueva Petición a los efectos de que se le concediera una pensión por sobrevivencia en su calidad de viuda del fallecido Sr. Héctor Henry Mayo Rey, habiendo solicitado previamente el día 30/1/2020, en el citado expediente (el cual se había iniciado en el año 2018, oportunidad en la que se acreditó el matrimonio y el fallecimiento de su esposo, ocurrido el 20/7/1985 en Venezuela), similar petición. La C.J.P.B por Res. No 2679/2020 de fecha 8/7/2020 dispuso, ante la petición formulada por la actora y de conformidad con el informe de la Gerencia de Prestaciones, aguardar a la respuesta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -IVSS-, a fin de probar la calidad de desocupado del causante para determinar si la actora tiene derecho al beneficio pensionario en su calidad de viuda del Sr. Héctor Henry Mayo Rey. La actora volvió a reiterar su petición el 24/8/2021 y previo a que la demandada se expidiera interpuso recurso de revocación, ante lo cual la demandada por Resolución No 2692/2021, mantuvo lo resuelto. Ante dicha denegatoria la Sra. Nilba Rivero, promovió la ya antes referida demanda anulatoria ante el T.A.C de 6o Turno en los autos los autos acordonados caratulados “Rivero Olivera, Nilba c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Anulación paraestatal” IUE 2-64470/2021, la cual fue desestimada, sosteniendo el Tribunal actuante que compete a la C.J.P.B controlar los requisitos a los efectos de conceder el beneficio, lo cual debe acreditarse y justificarse documentalmente por el organismo previsional venezolano, habiéndosele requerido por la demandada la información necesaria a esos efectos, por lo que en suma entendió que no se verificó ilegitimidad en el accionar de la misma. Del citado expediente administrativo surge que ante la petición formulada por la actora a la C.J.P.B con fecha 13/12/2023, la que fue acompañada de la documentación que se presentó con la demanda de autos y que luce glosada de fs. 2 a 9, la Asesoría Jurídica informó que no habiéndose remitido la documentación agregada directamente por el IVSS, sino que fue recabada por la parte interesada, sugirió que, a través de la embajada de Venezuela en Uruguay se averiguara si la constancia emitida el 6/6/2023 suscrita por la Directora de Prestaciones, Sra. Luz Avendaño, fue efectivamente emitida por el IVSS (informe del 22/12/2023), y que se cursara nuevamente nota a través de enlace “Convenios y Asuntos Internacionales” del B.P.S, con el IVSS adjuntando la constancia antes referida a los efectos de verificar la autenticidad del documento y de la firma (informe del 18/1/2024). La actora presentó ante la Caja recurso de revocación y ante denegatoria ficta promovió la demanda de autos. VIII) Según ya se adelantara, la Sala desestimará la demanda de nulidad promovida en autos por la actora, en virtud de que no se advierte que la demandada, C.J.P.B, hubiera actuado de forma ilegítima, contraria a derecho, como lo invoca la Sra. Rivero, en relación a la petición formulada oportunamente por la misma el 13/12/2023. Resulta de autos, en respuesta al Oficio No 10/2024 de fs. 60, el Consulado Uruguayo en Venezuela informó, con fecha 28/10/2024 (fs. 70), que procedió a verificar la apostilla del documento remitido a través del portal establecido a esos efectos (el cual cita), del que resulta que el apostillado es correcto, y que se consultaría mediante nota a la Cancillería local, sobre la cadena de legalizaciones anteriores a la apostilla y cargo de la Sra. Luz Avendaño en el IVSS. Asimismo surge que oportunamente se libró en autos el Oficio No 13/2024, por el cual a través de la Suprema Corte de Justicia (Oficio No 14/2024), se solicitó al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, que se sirviera informar a este Tribunal si la documentación aportada por la actora con su demanda, resulta ajustada a la normativa vigente en dicha República, en cuanto a su autenticidad, legalización y apostilla, e informe el cargo de la CNDS. Luz Avedaño en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -IVSS-, habiéndose acompañado en esa oportunidad fotocopia de la documentación agregada en autos. Se agregó en autos la respuesta a los antes referidos oficios (respuesta obrante de fs. 86 a 101, agregada con fecha 5/3/2025 (constancia a fs. 102 vlto.), de la cual resulta que el Ministerio de RR.EE del Uruguay, mediante nota fechada el 25/2/2025 (fs. 101), informó que fue imposible la tramitación de la Carta Rogatoria internacional con destino a la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la situación imperante entre ambos países, lo que ha impactado también en la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional, habiendo sido rechazada la cooperación requerida por el exhorto correspondiente, comunicándose que fue rechazada por la Cancillería Venezolana por no tener relaciones diplomáticas con el Uruguay (fs. 86 a 88). Asimismo resulta de la respuesta del Ministerio de RR.EE de Uruguay, que resultó infructuoso el diligenciamiento de lo solicitado a través de correo electrónico, no habiendo obtenido respuesta alguna. De lo cual se extrae en definitiva que no se ha acreditado en legal forma y mediante los canales diplomáticos de rigor, una respuesta oficial de parte del IVSS, en relación a la cadena de legalizaciones anteriores a la apostilla y al cargo de la Sra. Luz Avendaño en el IVSS, que fue lo requerido oportunamente por la C.J.P.B en el trámite seguido por la actora a los efectos de la obtención de una pensión por viudez. Corresponde además precisar que la C.J.P.B lo que requirió fue que se acreditara que la información aportada por la actora y de la que surgiría que su esposo no posee cotizaciones, ni pensión asignada por el IVSS, ha cumplido en legal forma con la cadena de legalizaciones anteriores a la apostilla y que la misma fue efectivamente emitida por dicho Instituto a través de la Sra. Luz Avendaño y conocer el cargo de la misma en dicho Instituto, lo cual no aparece como un requerimiento ilegítimo por parte de la demandada, la cual como expresara el T.A.C 6o en el Considerando IV de la Sentencia No 177/2022, dictada en los autos acordonados ya citados, en términos que pueden aplicarse en el caso de autos, concluyó que la misma: “...debe controlar los requisitos para que se conceda el beneficio y ello, necesariamente debe acreditarse y justificarse documentalmente por el organismo previsional venezolano. No se deniega el derecho a percibir pensión por sobrevivencia, sino que se está requiriendo la información necesaria para acceder o no al beneficio, por lo que no se verificó la ilegitimidad requerida por la Ley para el éxito de la pretensión promovida.” (fs. 39 del acordonado IUE 2- 64470/2021). A ello se agrega que en el expediente administrativo ya referido, surge que a través del B.P.S, Sector Convenios y Asuntos Internacionales, el IVSS, informó que al 1/4/2024 el Sr. Héctor Henry Mayo Rey, cédula de identidad E-81429711, figuraba con primera fecha de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales -IVSS- el 1/9/1978, estando al momento en carácter de cesante en la empresa Acrikolor Guayana SRL y que poseía cotizaciones ante el Instituto, de lo que se extrae que lo requerido oportunamente por la C.J.P.B no resultaba ilegítimo a los efectos de resolver respecto de la pensión solicitada por la actora, surgiendo de dicha comunicación que el esposo de la actora había cotizado en el citado organismo de Seguro Social, por lo que en suma procede la desestimatoria de la demanda de autos. IX) La conducta observada por las partes ha sido correcta, no ameritando la imposición de sanciones procesales en el grado (Art. 688 C.C., Art. 56 y 261 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, FALLA: Desestímase la demanda promovida. Sin especial condenación procesal. Notifíquese personalmente a las partes. Honorarios Fictos 10 B.P.C.