Sentencia Definitiva N° 279/2025

Sentencia Nro. 279/2025 - IUE: 2-25334/2022 Montevideo, 08 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Dra. Mónica Besio. Ministras Firmantes: Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Alvaro Franca. AUTOS: “AA y otro c/ MINISTERIO DEL INTERIOR- REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR ACTO”. IUE: 2- 25334/2022. I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Definitiva No 84/2024, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er. Turno, Dr. Pablo Javier Gandini Bottini que amparó parcialmente la demanda condenando al Ministerio del Interior a abonar a los actores: Sr. BB las respectivas sumas de: $ 450.000 por concepto de daño moral, con intereses y actualizaciones desde la fecha en que se dispuso el sumario, $ 807.032 por concepto de diferencias de salarios, con más actualizaciones e intereses desde que debieron ser abonados y hasta su efectivo pago, $ 332.514 por concepto de pérdida del 222, con más intereses y actualizaciones mes a mes desde que debieron abonarse y hasta su efectivo pago, $ 4.020 por concepto de Sanidad Policial, con intereses y actualizaciones desde que se descontó el mismo y hasta su efectivo pago y diferencia de salarios por imposibilidad de cursar pasaje de grado difiriendo su liquidación al Art. 378 del C.G.P; y a AA las respectivas sumas de: $ 450.000 por concepto de daño moral, con intereses y actualizaciones desde la fecha en que se dispuso el sumario, $ 170.284 por concepto de diferencias de salarios con actualizaciones e intereses desde que debieron ser abonados y hasta su efectivo pago, $ 526.648 por concepto de pérdida del 222, con intereses y actualizaciones mes a mes desde que debieron abonarse y hasta su efectivo pago, $ 4.064,78 por concepto de Sanidad Policial con intereses y actualizaciones desde que se descontó el mismo y hasta su efectivo pago y por diferencia de salarios por imposibilidad de cursar pasaje de grado y licencia pendiente difiriendo sus liquidaciones al Art. 378 del C.G.P. II) La parte demandada, a fs. 415 y sig., interpuso recurso de apelación, formulando agravios. Manifestó en poco más de una carilla que la recurrida le agravia, porque desconoce los principios rectores que atañen al funcionamiento de la Administración Pública, al sostener en el Considerando 7 en cuanto al lucro cesante que: “Se hará lugar al pago del salario y a la partida de 222 para ambos actores”. El Sr. Juez “a quo” omitió referirse a la prueba que respalde lo afirmado en cuanto a la devolución de los salarios caídos sin actualizar. Que de acuerdo a la Ley No 19.315, para ascender efectivamente debe cumplirse con determinados requisitos en su conjunto: a) aprobar el curso de pasaje de grado, b) poseer tiempo de permanencia en el grado y c) la existencia de vacantes en el grado inmediato superior, lo que el actor no cumplía en su totalidad en el momento de la petición realizada, por lo que la respuesta fue negativa y legítima. En cuanto al servicio 222 señaló que es variable, no siempre se realizan la misma cantidad de horas, ni tampoco todos los meses y aún si así fuera, no puede ser considerado un ingreso estable, ya que varía de acuerdo a la demanda del servicio y la disponibilidad de cada ofertante. La realización del servicio, no significa la continuidad del mismo, basándose el fallo en meras presunciones y en daños hipotéticos. La presunta afectación y recomposición de la carrera administrativa, son extremos dispares que dependen de cada situación en que se encuentran los funcionarios policiales, de acuerdo a las circunstancias y contexto. Peticionó se revoque en todos sus términos la sentencia recurrida. III) La parte actora evacuó, a fs. 420 y sig., el traslado del recurso de apelación interpuesto, abogando por el mantenimiento de la recurrida en todos sus términos, con condena en costas y costos. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede, y recibidos los mismos, previo estudio legal, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P), y se dispuso el dictado de la presente sentencia en legal forma (fs. 427 y sig.). V) Primeramente, y antes de ingresar al objeto de esta instancia corresponde señalar que los actores, Sres. BB y AApromovieron demanda reparatoria patrimonial por daños y perjuicios, contra el Ministerio del Interior. En síntesis expresaron que por resolución de fecha 14/5/2014 dictada en el exp.adm. No 2014 - 4-4-0002655, fueron sometidos a sumario administrativo por su presunto maltrato a menores liceales, y como resultado del mismo, por resolución del 26/7/2017 se les dio la cesantía por la causal de ineptitud para el ejercicio del cargo. La desvinculación efectiva de los actores se concretó recién luego de que cada uno gozó de la licencia reglamentaria. Recurrieron la cesantía dispuesta por vicios de forma (afectación del debido proceso) y sustantivos (por no haber incurrido en la falta imputada); por resolución del Poder Ejecutivo del 12/3/2018 se acogió parcialmente el recurso por razones de forma y se dispuso su reintegro a las funciones, lo que se concretó el día 28/3/2018, retomándose el sumario a los efectos de sanear los vicios formales en los se incurrió en la instrucción. El 30/5/2018, promovieron ante el T.C.A, Acción de Nulidad contra la resolución de fecha 26/7/2017 modificada por la resolución del 12/3/2018, por la que se dispuso la continuación del sumario y sus perjuicios. El sumario nuevamente instruido fue clausurado el 11/2/2019 sin responsabilidad. El 18/2/2020 el T.C.A por Sentencia No 93, clausuró el proceso por carecer de objeto en virtud de la resolución de fecha 12/3/2018 que revocó la cesantía por razones de legalidad y los reintegró a la función, con expresa mención a que el acogimiento del recurso administrativo tiene el mismo efecto que la sentencia anulatoria y los efectos son “ex nunc”, como si nunca hubiera existido. El demandado incurrió en responsabilidad por acto administrativo, por su actuación administrativa deficiente, Art. 24 de la Constitución, y relacionaron la existencia en este caso del hecho ilícito de la Administración, el daño y el nexo causal, dando detalles. Reclamaron por concepto de daño moral, lucro cesante pérdida del servicio 222, por sumas descontadas por Sanidad Policial, por deudas asumidas que no se descontaron (Caja Nacional, COPAC, Sindicato Policial y otras), diferencia de salario por imposibilidad de curso de pasaje de grado y por salarios caídos, por pérdida de chance, deuda de alquiler, licencia pendiente, etc., según las respectivas liquidaciones que efectuaron. En suma, solicitaron se condenara a la demandada a calificarlos nuevamente a partir del año 2014 como si no hubieran sido sumariados y a recomponer sus respectivas carreras administrativas, ascendiéndolos a los grados correspondientes y a abonarles los montos y rubros peticionados, con más reajustes e intereses desde la fecha del ilícito y hasta su efectivo pago. VI) La Sala confirmará la sentencia recurrida en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente. Resulta procedente en este caso, en virtud de los términos del escrito de apelación de la demandada, señalar que la expresión de agravios constituye el elemento esencial del acto impugnativo, porque a través de ello puede determinarse con precisión, si existe voluntad de impugnar, sobre qué cuestiones concretas versa el medio impugnativo, y por ende, cuál es el alance de la segunda instancia. El Art. 253 del C.G.P relativo a la apelación de las sentencias definitivas, establece como forma del recurso, el escrito fundado; la apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano. La carga de interponer la impugnación va en principio acompañada con la carga de manifestar, de expresar, de especificar los motivos concretos por los cuales no se concuerda con el acto judicial. Si se tiene presente que el recurso de apelación es la “demanda” de la segunda instancia, y que en nuestro país rige el principio tantum devolutum, quantum apellatum, es evidente que el recurso se perjudica si no se funda, porque el tribunal “ad quem” no está habilitado a adoptar una decisión que no se enmarca estrictamente en el contenido de los agravios, es decir, las críticas concretas que se le efectúan al fallo, los motivos de sucumbencia, las diferencias entre lo que planteó el recurrente y lo que concedió la sentencia. Es necesaria una crítica razonada de la sentencia, una propuesta concreta al tribunal “ad quem” respecto a cuál tendría que haber sido la sentencia de primer grado, de no haber ostentado los defectos o vicios que se ponen de manifiesto en el recurso. También se ha alertado acerca de que el recurso no puede ser de modo alguno una copia a la letra de la demanda - o de la contestación-, tal conducta es desconocer todo lo que aconteció en el proceso. En cuanto a que la apelación sea fundada constituye un requisito de admisibilidad del recurso, cuya incorrección puede derivar en el rechazo de plano y en la consideración de que hubo desistimiento del recurrente. (Conf. Selva Klett, Proceso Ordinario en el C.G.P. T.III. Pág.67). Corresponde recordar qué se entiende por agravios. La Sala en anteriores pronunciamientos ha expresado al respecto que: “Se comparte jurisprudencia y doctrina que ha señalado que `la carga de la expresión de agravios impuesta por el art. 253.1 CGP implica el examen por el apelante de los fundamentos de la sentencia y la concreción de los errores que a su juicio ella contiene, no una simple fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea (Cf. Alsina en Tratado... T. IV, págs. 389 a 391 TAC 2 sentencia 171/2014 entre otras en BJN). Y no resulta menor señalar que si el escrito de apelación no llena tales requisitos el Tribunal debe declarar desierto el recurso de conformidad a lo claramente preceptuado por el art 253 del CGP. Lo señalado, no es más que la consecuencia del hecho de tener la segunda instancia en nuestro sistema tiene un contenido sistemático, con una proyección revisiva de la sentencia y no supone un replanteo `in totum ? del pleito por el Juez superior tal como lo ha señalado prestigiosa doctrina que se puede convocar (Cf. Couture, Fundamentos... 2a.ed. Pág.256). Es por ello que la expresión de agravios debe referirse punto por punto a la sentencia y los posibles errores señalando sus defectos y aquellas decisiones que producen perjuicio (Cfm Vescovi Enrique Derecho Procesal Tomo VI pagina 112). Enseñaba Hitters que '...la expresión de agravios impuesta por el art. 253.1 CGP es el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que, a su juicio, ella contiene, de los cuales derivan los agravios de que reclama'. 'Siendo el agravio en la terminología de nuestro máximo procesalista: la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral (cf. COUTURE, Fundamentos, p. 346 , Técnica de los recursos ordinarios, pág. 418, en cita de TAC 2o sentencia 174/2007). En suma, el artículo 253.1 CGP exige que la apelación se deduzca en escrito fundado, facultando al tribunal al rechazo de plano del recurso, cuando se incumple con ése requisito.” (de la Sala Sentencia Definitiva No 144/2022 entre otras). Establecido lo anterior es que corresponde analizar la procedencia o no del recurso de apelación. Sobre esa base, en el caso no se advierte que la demandada en su escrito de impugnación (parte fs. 415, fs. 415 vlto. y parte de fs. 416) haya cumplido estrictamente con la carga de la debida fundamentación del recurso presentado y que el mismo cumpla con la exigencia de constituir una crítica razonada y concreta del fallo, al tenor de lo dispuesto en los Art. 253 y 254 del C.G.P. En efecto, en la escueta y genérica expresión de agravios articulada en menos de dos carillas, no se advierte una crítica razonada a la sentencia impugnada, lo que determina que el recurso se encuentre perjudicado por el incumplimiento de la parte demandada de la carga correspondiente. Simplemente se menciona a fs. 415 vlto., que la sentencia dictada en el Considerando 7o y en relación al lucro cesante yen lo que refiere al pago de salario y al servicio 222, solo expresó: “Se hará lugar al pago de salario y a la partida de 222 para ambos actores.”. El apelante se limitó a señalar que en la recurrida el Sr. Juez “a quo” omitió referirse a la prueba que respalde lo afirmado respecto a la devolución de los salarios caídos sin actualizar. Y en cuanto al derecho a ascender se limitó a expresar que la Ley 19.315 es la que fundamenta la litis, y seguidamente enumeró los requisitos que se deben cumplir para poder ascender efectivamente y que el actor no los cumplía. En lo que respecta al servicio 222 refirió que se trata de un ingreso que no puede ser considerado estable, ya que no siempre se realiza la misma cantidad de horas, que varía la demanda de dicho servicio y la disponibilidad de cada ofertante, y que el fallo se fundó en meras presunciones y daños hipotéticos, ya que el hecho de que los actores realizaran ese servicio no significa la continuidad del mismo. No obstante, y no habiendo la demandada cumplido a cabalidad con lo dispuesto por las normas, doctrina y jurisprudencia citadas, la Sala entiende pertinente señalar lo que se expresará seguidamente en relación a lo invocado por el recurrente. VII) Según se refiriera en el numeral precedente, en relación a los salarios caídos la demandada se limitó a expresar en el libelo recursivo que en el Considerando 7o de la impugnada, en lo que refiere al pago de salario, el sentenciante había omitido referirse a la prueba que respalde lo afirmado respecto a la devolución de los salarios caídos sin actualizar. A dicho respecto advierte el Tribunal que el Ministerio del Interior, oportunamente en la contestación de la demanda a fs. 164 in fine, en relación a los daños y perjuicios reclamados se limitó a expresar que desconocía los criterios de cuantificación de la demanda, los cuales le parecían desajustados y excesivos, a los que se opone, sin prejuicio de la oportunidad procesal correspondiente. Las partes del proceso están gravadas por cargas de afirmación y contradicción que tienen relación con el derecho de defensa, los principios de igualdad, lealtad, probidad y buena fe, también con el de congruencia (Arts. 117, 197, 198 C.G.P. (C.G.P. comentado, obra colectiva, T. 3, págs. 105 y ss., Odriozola, “La interpretación de la demanda, Judicatura, No 10, pág. 247). En particular en relación a los salarios caídos la demandada se limitó a expresar: “En lo que respecta a los sueldos, los mismos fueron reintegrados.” (fs. 165), lo cual entiende la Sala que no constituye estrictamente una controversia en los términos del Art. 130.2 del C.G.P el que dispone: “El demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda.....”. No analizó lo invocado por los actores en cuanto a que su reintegro solo se les abonaron parcialmente los sueldos caídos y a valores históricos, sin actualización, ni intereses y que entre la fecha de la notificación de su cesantía y la efectiva desvinculación, lo que percibieron no fue el salario sino licencias pendientes, por lo que dichos montos no correspondía que les fueran descontados de los reintegros y que perdieron la partida por dedicación exclusiva, PADO. La recurrida hizo lugar a lo reclamado en la demanda por concepto de las diferencias de salarios caídos, de conformidad a las respectivas liquidaciones de los actores a las que se remitió. Y la demandada no cumplió oportunamente en tiempo y forma con la carga de contradicción de lo invocado en la demanda, ni mínimamente se refirió al reclamo de lo que percibían por PADO y tampoco lo hizo en sus agravios en los que se limitó a citar la Ley 19.355. VIII) En lo que respecta al Servicio 222, la recurrida hizo lugar al rubro y sostuvo que fue acreditado que los actores realizaban dicho servicio, según la prueba documental que citó (fs. 93, 94 y 95 de la actual foliatura), por lo que se acogió el reclamo, estándose al promedio de lo que venían realizando en los meses previos a la cesantía. En relación al coactor Sr. BB, de fs. 104 a 111 lucen glosados los recibos de sueldo correspondientes a los meses 1/2017 al 8/2017, de los cuales resulta la realización de dicho servicio. En cuanto al Servicio 222, la demandada en su contestación de la demanda (fs. 165) refirió que se trata de un servicio voluntario y eventual, que la actora no aportó información a los efectos de realizar un promedio de la cantidad de horas realizadas en el período reclamado, y en el escrito de apelación (fs. 415 vlto. y 416) refirió que se trata de un ingreso que no puede ser considerado estable, ya que no siempre se realiza la misma cantidad de horas, que varía la demanda del mismo y la disponibilidad de cada ofertante, habiéndose fundado el fallo en meras presunciones y daños hipotéticos, ya que el hecho de que los actores realizaran ese servicio no significa la continuidad del mismo. La Sala considera que el trabajo realizado al amparo del denominado “Servicio 222” es eventual y no permanente, que el mismo depende de la contratación de un tercero, sin perjuicio de lo cual estaba dentro del ámbito de actuación de la demandada, controvertir en debida forma el promedio estimado al tener a su disponibilidad los medios probatorios respectivos, ya que es el Ministerio del Interior quien administra y abona lo percibido por los funcionarios por dicho concepto y pudo haber efectuado en tiempo y forma la liquidación de un promedio de lo percibido por ese rubro, lo que no hizo, reiterando en el recurso su conducta reticente. IX) Por último en relación al reclamo por lucro cesante por diferencia de sueldo entre grados. La Sala comparte que la demandada no controvirtió en debida forma el rubro reclamado, habiéndose limitado a expresar a fs. 165 que la pérdida argumentada es meramente hipotética y habiéndose limitado a referir en términos generales lo que requiere la normativa que contempla las calificaciones, y que los actores no cumplen en su totalidad los requisitos, sin explicitar en debida forma los términos de su oposición. X) La conducta de las partes en la instancia ha sido correcta por lo cual no amerita especial condenación en costas y costos (Art. 261 y 56 del C.G.P. y Art. 688 del C.C.). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, FALLA: Confírmase la recurrida. Sin especial condenación procesal en el grado. Notifíquese personalmente. Fíjanse los H.F. en 8 B.P.C. Oportunamente, devuélvanse. Dra. Mónica Besio. Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Alvaro Franca. Esc. Adriana León. Ministra Ministro Ministro Secretaria