Sentencia Definitiva N° 215/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MARICHAL BORBA, DANIELA C/ SACYR CONSTRUCCIÓN URUGUAY S.A. Y OTROS - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”. IUE 2-117898/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 6º Turno a cargo de la Dra. Julia Isabel Rodríguez Mederos. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 33/2025 de fecha 30 de junio de 2025 (fs. 727-734), se desestima la excepción de incompetencia en razón de materia interpuesta. Se estima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta y se desestima la demanda. Sin especial condenación en costas y costos. 3) La representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 738-740) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: Desestima la demanda en base a un error in iudicando y realizando una inadecuada valoración de la resultancia probatoria emergente de autos. Respecto de la categoría de la trabajadora, la demandada no la ha desconocido y se ha demostrado que es necesaria hasta el final de este tipo de obras. Sin prueba alguna, la Sede toma como válido que las bajas de personal que se aportan, refieren trabajadores que se desempeñaban en el mismo tramo de la obra en el que lo hacía la actora, cuando la demandada no prueba tal extremo. Por lo tanto, no hace lugar al despido común, por entender que la finalización de la relación laboral se dio por el acaecimiento de la condición por la que se dio el contrato, y por consiguiente, tampoco al despido por enfermedad. Asimismo, tampoco hizo lugar al daño moral reclamado, siendo que, de la simple lectura de la historia clínica adjunta, surge la aflicción no solamente física de la actora, sino también psicológica. 4) Por decreto Nº 1389/2025 de 29 de julio de 2025 (fs. 742), se dispuso el traslado a la contraparte de la impugnación deducida por el término legal, resultando evacuado a fs. 745-748 vto. por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a fs. 751-754 vto. por los demás codemandados. 5) Por providencias Nº 1684/2025 y Nº 1692/2025 de fechas 27 y 28 de agosto de 2025, respectivamente, se tuvo por evacuado el traslado conferido y por la última de las nombradas se concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 750 y 756). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 5 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 761-762). Dejándose constancia que el Colegiado estuvo desintegrado desde el 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencia de dos de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) La parte actora se agravia, en síntesis, por cuanto la recurrida rechaza la demanda por despido especial por enfermedad, despido común y daño moral, por haber entendido que el egreso obedeció a la finalización del contrato de trabajo. La recurrente aduce error in iudicando y errónea valoración de la prueba. A nuestro juicio, no se advierte error in iudicando en la resistida y asiste razón a la apelada en la apreciación de los hechos y valoración probatoria, cuestionados por la recurrente, en tanto la Sra. Marichal, se vinculó con su empleadora SACYR CONSTRUCCIÓN URUGUAY S.A., por un contrato de trabajo para obra determinada (glosado en autos a fs. 428-429), en la categoría de Medio Oficial Armador Hierro, para prestar servicios en la obra de construcción de la empresa individualizada en la cláusula tercera, esto es “Ferrocarril Central, Montevideo, Progreso y eventuales ampliaciones”. Respecto a la duración del contrato, la cláusula quinta, establece que, contratación es temporal, por el tiempo que sean necesarios los servicios de su categoría laboral en la obra mencionada en la cláusula tercera. Y que la empresa podrá dar por terminado el contrato, cuando el avance de obra justifique la disminución de los trabajadores de su categoría laboral, aún cuando no hayan finalizado las tareas de su especialidad. Sostiene el Dr. Rodolfo Canabal, al estudiar el Contrato de Trabajo, en “Construcción: Régimen Laboral y de Seguridad Social”, en el contrato para obra determinada, el cese está ínsito en el contrato, como enseñaba el Prof. Plá Rodríguez, se verificaba un “agotamiento” del objeto del contrato. Indica, el referido autor (ob. cit. pág. 17), que es sabido que en la rama de la construcción para reputar terminadas las tareas de cierto número de operarios, no es menester que la obra haya terminado, sino que su avance sea tal que justifique el proceso de gradual prescindencia de quienes han sido contratados para trabajar en ella. Nuestra jurisprudencia entiende en general que es el empleador quien determina quien debe permanecer y quien retirarse, en el caso de haber menos tareas en la obra y entender que se necesita menos personal. El trabajo termina, cuando termina la etapa o etapas de la categoría laboral para la cual el operario fue contratado o cuando termina la obra. Doctrina y jurisprudencia inveteradamente han sido contestes en que, cuando desde el principio se convino válidamente con duración determinada, ya sea por determinado lapso de tiempo o hasta una fecha específica dada o hasta que se termine una obra o mientras no se reintegre el titular a quien se suple, se extingue sin más, una vez que respectivamente se produce el cumplimiento del tiempo previsto o se llega a la fecha pactada o se termina la obra o se reintegra el titular, y sin que sea necesario declaración de voluntad de cualquiera de las partes, por lo que, no corresponde indemnización por despido, que se considera una consecuencia de la decisión unilateral del empleador de rescindir injustificadamente el contrato. El cese de la relación laboral se produce automáticamente por el cumplimiento de la circunstancia pactada desde su inicio, no hay propiamente despido, ni como declaración de voluntad del empleador de denunciar unilateralmente el contrato de trabajo (despido directo), ni como incumplimiento o violación del empleador de las obligaciones laborales a su cargo (despido indirecto) y al no haber despido, obviamente no puede haber la respectiva indemnización (Cf. Plá, ob. cit., pág. 201; Pérez del Castillo, ob. cit., pág. 100 y 124; Héctor-Hugo Barbagelata en “Derecho del Trabajo, Los contratos de trabajo y sus modalidades”, 1982, págs. 16 y ss.; Canabellas, "Compendio de Derecho Laboral", tomo I, págs. 481 y ss.; Krotoschin, "Instituciones del Derecho del Trabajo", págs. 512 y ss.; "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Año 2004: c. 132, 135, 138, 140, 143 y 144; Año 2005: c. 125, 130 y 240; Año 2006, c. 92; Año 2007, c. 132; "La Justicia Uruguaya", s. 127046 y 130019). En el caso de la Sra. Marichal, atento a que la causa de egreso fue término de contrato, no es posible que se genere el derecho al cobro de una indemnización por despido, ni común, ni especial. Porque no fue la empresa que decidió rescindir el contrato de trabajo con la trabajadora, sino que el mismo culminó por el cumplimiento de la condición establecida en dicho documento y se entiende por tal, no la totalidad objetiva proyectada por el empleador, sino la parte que subjetivamente corresponda al respectivo trabajador dentro de aquélla (Plá Rodríguez, Curso, tomo 2, vol. 1, pág. 200 y 201). III) Como acertadamente valora la atacada a fs. 733, considerando los informes de avance de obra en relación a las cláusulas del contrato de trabajo de la actora, la misma fue contratada para trabajar en la obra del ferrocarril central para el tramo Montevideo-Progreso y eventuales ampliaciones, siendo que a su fecha de ingreso, dicho tramo tenía un avance de obra del 63% y al cese, del 97%, por lo que su situación encuadra en el concepto de avance de obra. Amén de ello, numerosos trabajadores fueron cesados por idéntica causal en noviembre de 2023, como informan los testimonios relevados en la apelada, siendo que la obra finalizó en diciembre de dicho año. Por ende, resulta plenamente compartible todo lo expuesto por la Sra. Juez a quo a fs. 733 vto. y la conclusión arribada, producto de un detallado análisis y valoración objetiva de los medios de prueba diligenciados en autos, que conduce a la conclusión que la recurrente fue cesada por agotamiento del objeto del contrato. En cambio, la argumentación de la recurrente carece de respaldo probatorio y se explica únicamente por su enfoque subjetivo sobre los hechos acaecidos. De ahí, que su expresión de agravios, no logra conmover, en nuestra opinión, los sólidos fundamentos de la apelada, en cuanto a que el cese de la actora comunicado por la empresa, se adecua a la realidad de la finalización del vínculo contractual, es decir avance de obra lo que implica el término del contrato, sin derecho a indemnización. Como corolario de todo lo expuesto, no son de recibo los argumentos en los que la accionante funda sus agravios por el rechazo del reclamo por despido especial por enfermedad y común, por ende, se confirmará la decisión arribada en el grado anterior. IV) En lo que respecta al daño moral, la recurrente confunde la teoría de la sustanciación, en base a la cual se desestimó el rubro, con la acreditación de los hechos, por lo que no formula una crítica razonada a los fundamentos de la apelada. El art. 117 del C.G.P., en virtud de la remisión que al mismo hace el art. 8 de la Ley N° 18.752, optó por la teoría de la sustanciación que establece lo siguiente: "el objeto de la pretensión y del proceso debe estar constituido no solo por la relación jurídica, sino también por los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador" (cfr. "Código General del Proceso - Anotado, comentado y concordado", Tomo 3, pág. 95). La necesidad de expresar claramente los fundamentos fácticos y jurídicos en que se funda la pretensión, que emerge del art. 117 del C.G.P., debe exigirse al momento de sentenciar, puesto que a través de ello se da cumplimiento al principio de la buena fe y lealtad procesal recogido por el art. 5 del C.G.P. Klett y Pereira Campos establecen que existe un estándar del buen litigante que “impone a las partes deber de adecuar su comportamiento procesal al modelo establecido por el legislador”, señalando que en los actos de alegación inicial, los hechos deben ser precisados de forma categórica, explícita y clara “a fin de que el relato no constituya una emboscada para el adversario” (cfr. “Valor de conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el C.G.P. en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” págs. 49 y ss.). “La especial situación que afecta al trabajador en el proceso laboral, no lo exime de cumplir con la carga señalada, cuando además se trata de los hechos en los que funda un reclamo determinado y no existe motivo lógico que le impida efectuar el relato del hecho de que se trate, en la medida que es protagonista y de él se deriva una de las pretensiones que deduce.” (Sent. Nº 363/2011 del TAT 1 del 7/09/201, entre otras). Como se dijo, nuestro sistema procesal se afilia a la “Teoría de la Sustanciación” según la cual cada petición debe presentarse con el relato de los hechos que la sustentan y de las consecuencias jurídicas que pretende extraerse de los mismos. Según Véscovi y demás autores: “no basta entonces con una mera invocación genérica respecto de lo que se pretende, sino que en todos los casos deben aducirse los hechos relevantes que den sustento a la acción o a la excepción propuesta” (cfr. Véscovi y colaboradores en la obra colectiva “C.G.P. comentado, anotado y concordado”, Tomo 3, pág. 40). Pero además, en la obra citada se indica, que si bien los magistrados tienen el poder deber de interpretar las demandas y de adecuarlas, “…tal posibilidad no significa ni autoriza a ampliar o mejorar la pretensión o la defensa deducida de manera incorrecta, inadecuada o insuficiente, situación que expresamente ha limitado el legislador en otras normas…” De todos modos, el límite necesario a tan loable labor se encuentra en que si bien corresponde a los jueces interpretar las demandas, deben cuidar de no cambiar en cuanto a los hechos constitutivos y a la causa petendi, violentando el principio de imparcialidad que debe imperar en el proceso. Por último, si el proceso es un acto triarum personae, debe concederse un papel preponderante y responsable en el planteo de los actos a los sujetos que deben cumplirlos (Véscovi y demás autores, ob. Cit., págs. 37 a 39). En este caso, la referencia al daño moral que se hace en la demanda resulta ínfima, ya que no se formula una narración precisa de los hechos ni de los fundamentos de derecho en que se sustenta. Por lo tanto, le asiste razón a la sentencia recurrida en que, en tales condiciones, la pretensión jamás podría prosperar, lo que hace el innecesario análisis de los medios probatorios. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTÍFIQUESE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA