Sentencia Definitiva N° 238/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “PACHECO MARGARET C/ SEMMI CERRILLOS SRL y otros – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-88775/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación deducidos por ambas partes contra la sentencia definitiva de primera instancia No. 40/2025, del 28 de julio de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Trabajo de la Capital de 19º turno, Dr. Diego Marcel Prieto Silvera. RESULTANDO: 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 515 a 569, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se desestimaron las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por Valmores S.A., Asociación Española, ASSE y MUCAM. Se amparó parcialmente la demanda y se condenó a Semmi Cerrillos SRL y a Valmores S.A. en forma solidaria a abonar a la actora la suma de $ 476.122 y solidariamente a la Asociación Española, a Médica Uruguaya, a CUDAM y a ASSE a abonar a la trabajadora, cada uno de ellos, la suma de $ 79.353. Todo más reajustes e intereses legales desde octubre de 2024 hasta la fecha de pago efectivo, sin perjuicio de los descuentos que pudieren corresponder. Costas y costos en el orden causado, sin especial sanción en el grado. 2.- A fojas 577 a 580 consta recurso de apelación introducido por la codemandada ASSE, donde se agravia porque se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva a su respecto. 3.- Por su parte, la codemandada Médica Uruguaya, MUCAM, impugnó la sentencia a fojas 584 a 591, agraviándose por la desestimatoria de su falta de legitimación pasiva y el alcance de su responsabilidad. 4.- La parte actora también recurrió la sentencia, en este caso mediante escrito de fojas 593 a 599, en el cual planteó como agravios el hecho de que la sentencia estuviera a la liquidación alternativa de la codemandada Semmi Cerrillos SRL, y por la distribución del monto de condena entre los codemandados. 5.- También la codemandada CUDAM apeló la sentencia conforme surge de fojas 601 a 614, agraviándose porque se tuviera por acreditada una hipótesis de subcontratación y la no consideración de la falta de sustanciación que afecta a la demanda. 6.- Por último, la codemandada Asociación Española fundó agravios contra la sentencia dictada a fojas 623 a 625 por desestimarse la excepción de falta de legitimación pasiva que opusiera y por la condena a abonar descansos intermedios. 7.- Conferidos los respectivos traslados de los recursos, fueron evacuados. 8.- Por auto 1673/2025, del 2/9/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 9/9/2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 9.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- La Sala, mediante la voluntad conforme de sus integrantes naturales, confirmará parcialmente la sentencia definitiva apelada, revocándola en los aspectos y por los fundamentos que a continuación se expondrán. 2.- El caso de autos refiere al reclamo de la Sra. Margaret Pacheco, quien demandó a Semmi Cerrillos SRL, Valmores S.A., Asociación Española, CUDAM, ASSE y MUCAM, relatando que ingresó a trabajar el 3 de mayo de 2022 y egresó por despido el 13 de diciembre de 2023. Se desempeñó como enfermera en ambulancia especializada, realizando traslado de pacientes de urgencia y emergencia y traslados coordinados desde cualquier parte del interior del país hacia los sanatorios en Montevideo de las mutualistas con las que había convenio. Señaló que nunca se le abonaron los descansos intermedios trabajados, a partir de mayo 2023 se le dejó de abonar tickets alimentación y aguinaldo y a partir de julio el salario. A mediados de agosto de 2023 se la envió a seguro de desempleo por suspensión total de actividad, y al finalizar éste en diciembre le dieron de baja por despido. Invocó la responsabilidad de las demandadas a través de un conjunto económico integrado por Semmi Cerrillos SRL, Valmores S.A. y La Española, aunque formalmente figuraba como su empleador la primera, y de las restantes demandadas por subcontratación, agregando que en el caso de La Española, de no considerarse que forma parte del conjunto económico, deberá ser responsabilizada por las leyes de tercerización. Las demandadas contestaron formulando controversia, siendo resuelta por la sentencia definitiva del grado anterior en los términos referidos en el primer Resultando. 3.- En primer término, se habrá de considerar el agravio de ASSE por haberse desestimado la excepción de falta de legitimación pasiva que interpusiera. Señala la recurrente no compartir los fundamentos del fallo por cuanto no consideró toda la prueba diligenciada sino que se basó en declaraciones de testigos, de las que considera realiza un análisis erróneo. Insiste ASSE en la ocasionalidad de su vínculo con las empresas empleadoras de la actora, Semmi Cerrillos SRL y Valmores S.A., con traslados en su beneficio puntuales y no periódicos. No hay controversia, pues, en punto a que ASSE contrató los servicios de Semmi Cerrillos SRL y Valmores S.A., sino en el hecho de si fueron traslados ocasionales o puntuales como alegó ASSE en su contestación de demanda y se redujeron a los especificados a fojas 104 vto. Pues bien, respecto de la prueba de tal alegación ASSE pretende que se privilegie la prueba documental acompañada (informes de fs. 93 a 101), sin reparar en dos circunstancias que obstan a dicha valoración. En primer lugar, el hecho de que esos informes provienen o fueron confeccionados por la propia institución, sin respaldar su contenido con documentación objetiva que acredite las prestaciones a que refieren, por ejemplo si una compra directa involucra un solo traslado o varios. Y en segundo lugar, se ha de tener presente que, en caso de discordancia entre lo que surge de los documentos y lo que emerge de los hechos, debe privilegiarse lo que sucede en el terreno de los hechos por sobre las formas o lo formal. Precisamente, atendiendo a lo que ocurría en el plano fáctico, los testigos fueron contestes en confirmar la permanencia y estabilidad de traslados y prestación de servicios para ASSE en el período de tiempo en que la actora trabajó. Katherine Marichal, también enfermera, declaró que para ASSE se hacían traslados coordinados, para realizar tomografías, traslados que diariamente “son un montón”, también traslados de hospital a hospital, al Clínicas, al Pereira, pero la gran mayoría del Hospital de Las Piedras al Hospital de Canelones. Tambien del Hospital a los tomógrafos que podían ser de Crami, Comeca (fs. 298 in fine). Posteriormente refirió que los traslados de diálisis para ASSE eran algo de todos los días, mayormente de mañana (fs 299). Esto último es corroborado por Brian Foliadoso, chofer de ambulancia, quien detalló que de los servicios que prestaban para ASSE tenían un móvil sólo para diálisis, todos los días, hacia Las Piedras y a veces a Montevideo, y en la especializada hacían traslados coordinados para ASSE (fojas 305). Los traslados especializados eran con enfermeros, y entre ellos estaba la actora, Sra. Pacheco (fs. 309). Juan Gularte, también chofer de ambulancia especializada, relató que para ASSE se hacían traslados para hacer alguna tomografía, que podían ser tres llamados en un día, como a veces uno o ninguno. Coincidió en que los traslados eran del Hospital de Las Piedras hacia alguno de Montevideo o lugares del interior que identificó (fs. 312). Natalia Calero, enfermera, señaló que había una licitación con ASSE para el traslado de pacientes del Hospital de Las Piedras hacia el centro de diálisis, uno en Las Piedras y otros en Montevideo, y tambien se cumplían traslados de pacientes para fisioterapia u oncología (fs. 316). Finalmente, Néstor Espinosa, chofer de ambulancia, declaró en el mismo sentido que los anteriores, refiriendo traslados para ASSE de pacientes para diálisis, oncología, fisioterapia, desde su casa a los hospitales, o de hospitales hacia otros hospitales o centros de recuperación (fs. 322). Relatos que permiten inferir que el vínculo no era ocasional o puntual como esgrimió ASSE, sino una vinculación permanente y dotada de cierta estabilidad, al punto de aludir a una licitación, lo que excede el mecanismo de compra directa invocado por la codemandada recurrente. Más aun, en los propios informes aportados por ASSE, que dan cuenta de contrataciones realizadas a las empresas empleadoras de la actora, no se descartan otras vinculaciones con la misma por fuera de las informadas. El informe de fojas 93 de la Unidad de Control de Compras y Contrataciones de ASSE detalló algunas facturas abonadas al grupo empresarial empleador, pero dejó expresa constancia de que se pudieron haber generado “otras contrataciones a través de SAME 105”. Lo que no sólo no fue descartado, sino que fue corroborado por SAME en informe de fojas 101. El propio testigo Jorge Bravo, socio minoritario de Semmi Cerrillos citado por ASSE en su recurrencia, refirió también a una licitación con ASSE por el tema de los traslados de pacientes con diálisis a los que aludieron el resto de los testigos, e incluso señaló que “se vencía una y se llamaba a la otra, y seguíamos trabajando por compra directa”, éstas según las necesidades de la cantidad de pacientes (fs 329). Manifestaciones que dan idea de un vínculo estable, con continuidad, y descartan la ocasionalidad pretendida por la impugnante para invocar la configuración de la hipótesis de excepción prevista en el artículo 2 de la ley 18.251. A tales efectos la prueba ofrecida por ASSE no se presenta como idónea y suficiente, no aportando los recibos de pago por los servicios contratados a Semmi, ni los contratos que la vincularon con la referida SRL. Por estos fundamentos se habrá de desestimar el agravio a examen. 4.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por Médica Uruguaya (MUCAM), el motivo de agravio lo constituye la desestimatoria de su excepción de falta de legitimación pasiva, y el alcance de su responsabilidad según la sentencia dictada. La Sala habrá de otorgar razón a esta impugnante, acogiendo su primer agravio. Surge de obrados que, al contestar la demanda, Médica Uruguaya alegó no haber contratado nunca, ni haber tenido convenio, con la empresa empleadora de la actora (fs. 82). Señaló que la prestación de servicios a sus asociados del departamento de Canelones la realiza a través de la empresa Galyner S.A. (Emergencia Uno) y que, en todo caso, si Galyner contrató los servicios de Semmi Cerrillos SRL ello constituye una hipótesis de subcontratación en cadena, que no queda comprendida dentro del sistema de responsabilidad consagrado en las leyes de tercerización. Consecuentemente, acreditó el contrato celebrado con Galyner S.A. en el año 2006, por el cual ésta le prestaría servicios de emergencia y urgencia móvil a todos los afiliados de MUCAM dentro del radio de acción de Emergencia Uno y cobertura de policlínicas dentro del radio de acción de ésta en Montevideo y Ciudad de la Costa del Depto. de Canelones (cláusulas primera y quinta, fojas 74-75). Por su parte, del contrato celebrado entre Galyner S.A. y el grupo SVA que integran Securi SRL, Semmi Cerrillos SRL y Valmores S.A. de fecha 23/9/2020, resulta que la primera está contratada para brindar servicios médicos a los afiliados de MUCAM en el departamento de Canelones, y contrató a SVA para que prestara por su cuenta y orden (cláusula primera) servicios de urgencia y emergencia móvil extra hospitalaria y traslados comunes y especializados siempre que el paciente afiliado a MUCAM se ubique dentro del Departamento de Canelones, en las áreas que enumera la cláusula tercera (a.6), que es la zona de influencia de Canelones donde la actora dijo trabajar fundamentalmente (contrato a fojas 380-394). Por tanto, Médica Uruguaya logró demostrar que lo verificado en el caso fue una tercerización en cadena, que no resulta abarcada por las leyes de tercerización, postura que la Sala ha sostenido en múltiples oportunidades siguiendo a Rosembaum y Castello (Subcontratación e intermediación laboral, FCU, 2a Edic, pág 186). Si bien el contrato originario entre Médica Uruguaya y Galyner S.A. comprendía dentro del departamento de Canelones sólo la zona de Ciudad de la Costa, la zona de actuación se fue extendiendo con el paso del tiempo, lo que explica que, quince años después Galyner SA decidiera “delegar” parte de los servicios subcontratados con Médica Uruguaya a las empresas empleadoras de la accionante en una zona de Canelones mucho más amplia, zona donde estaban instaladas y prestaban servicios las empleadoras de la trabajadora reclamante. Por tanto, no hay prueba de que efectivamente Semmi Cerrillos SRL y Valmores S.A. hayan celebrado algún acuerdo contractual para la atención y asistencia de los usuarios de la Médica Uruguaya directamente con ésta institución. Por lo que la actuación de la actora y la asistencia brindada por sus empleadoras directas a usuarios o socios de MUCAM obedece a esa subcontratación de Galyner a estas prestadoras identificadas como SVA. Lo refuerza la declaración de la testigo Paola Montes, quien es socia minoritaria de Semmi y señaló que el único contrato que firmó Semmi Cerrillos para la atención y traslado de pacientes de la Médica Uruguaya fue con Galyner (fojas 425). La recurrida concluyó en la existencia de subcontratación directa entre MUCAM y el grupo económico que integran las codemandadas Semmi y Valmores S.A. por los traslados que exceden la zona geográfica abarcada por los contratos en que interviene Galyner SA, es decir los traslados desde Rivera, Tacuarembó, Lavalleja, Florida que mencionaron los testigos, pero este no es un hecho alegado en la demanda. Era la actora quien tenía que haber alegado que respecto a MUCAM y sus afiliados los traslados se hacían a departamentos alejados de Montevideo y Canelones, y en cambio sólo hay una escueta frase que indica que “además se hacían traslados de pacientes coordinados desde cualquier parte del interior del país hacia los sanatorios de Montevideo de las mutualistas …”. Por lo que la sustanciación fue realmente defectuosa, no señalando, por ejemplo, con qué frecuencia se realizan aproximadamente para cada una de las demandadas traslados a sus sanatorios desde puntos alejados del país, lo que bien pudo ser articulado por la trabajadora. Esta falta de sustanciación y precisión en el reclamo fue lo que permitió que los testigos vinieran a llenar el vacío argumental de la demanda, aludiendo a traslados desde zonas o departamentos como Rivera, Tacuarembó, Lavalleja, Florida, que ni fueron mencionados en la demanda. De estas referencias se terminó haciendo eco la recurrida, con lo que llenó, indebidamente, un vacío de la demanda. Por otra parte, comparte la Sala con la recurrente que esos traslados a puntos mas lejanos del país fueron servicios ocasionales o muy puntuales, por ende no abarcados por la responsabilidad que deriva de las leyes de tercerización. Aunque tambien es de ver que el contrato celebrado entre Médica Uruguaya y Galyner S.A., en su cláusula sexta, deja abierta una puerta para que, en el marco de dicho contrato la subcontratada pudiera cumplir otros servicios o traslados no comprendidos en las cláusulas anteriores, previa coordinación con la Médica. En cuya hipótesis formarían parte de la tercerización en cadena por la cual no corresponde responsabilizar a MUCAM frente a la actora. 5.- La codemandada CUDAM introdujo como agravios contra la sentencia el hecho de que haya tenido por acreditada una hipótesis de subcontratación a su respecto y que no haya considerado la falta de sustanciación que afecta a la demanda. El fundamento de la sentencia de primera instancia para condenar a CUDAM es que a esta mutualista, a pesar de no haber contratado a la empleadora formal de la actora, Semmi Cerrillos SRL en el último tiempo (ya que entendió que la contrató hasta marzo de 2022), desde abril de 2022 quien pasó a facturarle fue la empresa Securi SRL, por un servicio de emergencia móvil que brindaba el grupo económico SVA, con recursos humanos y materiales de todas las sociedades del grupo (Semmi, Securi y Valmores). Sin embargo, a criterio de la Sala asiste razón a la impugnante en su agravio, pues la actora no sólo no demandó a Securi SRL sino que ni siquiera invocó que conformara con las otras dos empresas un conjunto económico. Por lo que la recurrida fundamentó la legitimación pasiva de CUDAM en haber contratado los servicios de una empresa (Securi SRL) a quien la trabajadora, pudiendo hacerlo, no demandó, y no invocó que formara parte del grupo empresarial que oficiaba como empleador. Por lo que vulneró el principio de congruencia, atribuyendo responsabilidad a CUDAM a partir de hechos no invocados por la demandante en su acto de proposición. Como bien señala la apelante, el juez no se encuentra constreñido por la calificación jurídica que de los hechos realicen las partes, pero sí lo está por la invocación de hechos que se realicen en la demanda, no pudiendo alterarlos ni introducir otros, distintos de los articulados en el acto pretensivo, a riesgo de violentar el principio de incongruencia y las disposiciones de los arts. 197 y 198 del CGP. Y si en la demanda la empresa Securi SRL no fue siquiera nombrada, nada tenía que controvertir CUDAM respecto del vínculo con la misma (aun cuando supiera que era integrante del mismo grupo empresarial). Por estos fundamentos es que se acogerá el agravio y se amparará la excepción de falta de legitimación pasiva, absolviendo a CUDAM de la condena impuesta. . 6.- Por su parte, la codemandada Asociación Española apeló el fallo dictado y se agravió por la decisión desestimatoria de la excepción de falta de legitimación pasiva que interpuso. Su fundamento radica en que ha quedado demostrado que la empleadora de la actora fue Semmi Cerrillos SRL y reiterar lo dicho en la contestación de la demandada en cuanto a negar que formara parte de un conjunto económico o que cumpliera el rol de empleadora de la actora en los hechos. Sin embargo, soslaya que la responsabilidad que le atribuyó la recurrida no fue por su condición de empleadora sino en el marco de lo dispuesto en las leyes de tercerización, y que sobre tal hipótesis no fue explícita en su contestación acerca de razones o fundamentos por los que no sería aplicable a su respecto. Se limitó a señalar que la empleadora presta servicios a múltiples empresas, pero no explica por qué ello sería un obstáculo o impedimento para la atribución de responsabilidad en su caso. La recurrente no se enfoca en atacar los fundamentos de la sentencia expuestos a fojas 540, por lo que este agravio no se encuentra debidamente fundado y será desestimado. También se agravió la Asociación Española por la condena a abonar los descansos intermedios, manifestando error en la valoración de la prueba diligenciada y haber quedado demostrado que la actora sí gozó de los descansos intermedios. Pero, nuevamente, no atacó el principal argumento de la sentencia, cual es que la propia empleadora de la accionante no controvirtió la procedencia del rubro y sólo cuestionó la liquidación del mismo (fs. 557), lo que resulta enteramente cierto y se desprende inequívocamente del escrito de fojas 67 y ss. Esto resulta suficiente argumento para desestimar el agravio. No obstante, cabe agregar que tampoco se critican las conclusiones de la sentencia de fojas 559 en cuanto a la imposibilidad de goce del descanso y la permanencia a la orden de los trabajadores por cualquier eventualidad, durante todo el turno. Y de la prueba testimonial se desprende que efectivamente no se gozaba del descanso intermedio, como expusieron los testigos Brian Foliadoso (a fojas 306), Juan Gularte (a fojas 313), Natalia Calero (a fojas 318) y Néstor Espinosa (a fojas 323). Estos testimonios priman por sobre los dichos en sentido contrario del testigo Jorge Bravo (a fojas 330 in fine y 331), por ser una declaración aislada y con notorio interés en la causa, ya que se trata de un socio de Semmi Cerrillos SRL con una participación de un 2 % en la empresa. Por estos fundamentos, también este agravio será desestimado. 7.- Por último, cabe considerar el recurso de apelación de la parte actora, que en primer término se agravió por la liquidación aprobada por la sentencia. Señaló que al amparar la liquidación realizada por Semmi Cerrillos SRL estuvo a los montos líquidos que la misma contiene, y sin embargo refiere a la posibilidad de efectuar los descuentos legales que correspondan, asi como no fue determinado cómo se llegó a los montos líquidos que Semmi consigna, cómo se calcularon los descuentos. Argumentos que la Sala comparte, por lo que amparará el agravio, disponiendo estar a la liquidación efectuada por la parte actora. Porque ha de estarse a montos nominales, sin perjuicio de luego realizar los descuentos legales que correspondan, y porque no es correcta la observación de la sentencia de que la actora haya considerado daños y perjuicios calculados sobre la indemnización por despido (ver fs. 44 vto. in fine y 45) y en cuanto al número de jornales de ipd tampoco la liquidación de la empleadora discrimina el cálculo de acuerdo al período trabajado. Un segundo aspecto objeto de agravio es la distribución de la condena en forma equitativa entre todos los codemandados, lo que entiende la parte actora carente de fundamento jurídico, interpretando erróneamente el concepto de solidaridad. Señala que el tiempo que la actora dedicó a cada una de las empresas, en cantidad de usuarios atendidos, no es relevante, sino que lo relevante es el tiempo de vigencia del contrato, y la cantidad de usuarios atendidos sólo podría repercutir en el precio de los servicios que Semmi facturará a la empresa principal. Y la fórmula de cálculo y pago de los servicios no es oponible al trabajador. Por último, aun aplicando el criterio de la sentencia, critica que se dividiera la condena entre 6, considerando a Semmi y Valmores como dos personas distintas, entendiendo que, en todo caso debió dividirse entre cuatro (Asociación Española, CUDAM, ASSE y MUCAM). En lo que respecta a la proporción en que deben responder las codemandadas condenadas, la Sala concuerda con la recurrida en que no puede establecerse una responsabilidad del 100 % de cargo de cada una de las referidas, como pretende la parte actora en su recurso, pues lo impide lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 18.251. En efecto, la norma citada dispone que “la cuantía máxima por la que responderá el patrono o el empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo”. En la especie, ese límite equivale al tiempo dedicado por la actora a la atención de los servicios requeridos por cada una de las empresas usuarias o tercerizadoras o que beneficia a sus usuarios. Asimismo, se coincide en la dificultad para hallar una medición del tiempo dedicado por la trabajadora a la atención del servicio prestado a cada una de las empresas mediante atención de sus usuarios o afiliados. Si la trabajadora no cuenta con elementos para justipreciar tal dedicación, son las propias empresas usuarias o principales quienes deberían haberlos aportado. No habiéndolo hecho, debe implementarse algún mecanismo de división, pues resulta palmario que la trabajadora no pudo haberse dedicado el 100 % de su tiempo de trabajo a atender los usuarios de una de las empresas principales y también a los usuarios de las restantes. En tanto se revocará la condena impuesta a MUCAM y a CUDAM, resta determinar cómo se divide la condena entre quienes permanecen condenadas: Asociación Española y ASSE. Y a juicio de la Sala no es posible atribuir otra forma de división que por tercios, ya que no se cuenta con ningún elemento objetivo que permita utilizar algún criterio de división fundado en períodos de trabajo o cantidad de traslados, ni las mencionadas empresas formularon liquidación alternativa. Y se consideran tercios en base a que uno de ellos corresponde a SEmmi Cerrillos SRL y Valmores S.A. como conjunto económico que presta servicios a clientes propios, además de los que atiende por el vínculo de tercerización, según concluyó la sentencia a fojas 561, sin que fuera objeto de cuestionamiento alguno. Por tanto la Asociación Española y ASSE se condenan en forma solidaria por un tercio de la condena cada una de ellas. 8.- Las costas del grado serán de cargo de las demandadas, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO DESESTIMÓ LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE MUCAM Y CUDAM, EN CUANTO ESTUVO A LA LIQUIDACIÓN ALTERNATIVA PRESENTADA POR LA CODEMANDADA SEMMI CERRILLOS SRL Y EN CUANTO A LA DIVISION DE LA CONDENA ENTRE LAS DEMANDADAS, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR AMPARASE LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA DE MUCAM Y DE CUDAM, ABSOLVIENDOLAS DE LA CONDENA IMPUESTA, Y ESTESE A LA LIQUIDACION FORMULADA EN LA DEMANDA EN CUANTO A LA CONDENA A LAS CODEMANDADAS SEMMI CERRILLOS SRL Y VALMORES S.A. Y A LA ESTABLECIDA EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE SENTENCIA EN RELACION A LAS EMPRESAS USUARIAS. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LAS DEMANDADAS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-