Sentencia Definitiva N° 280/2025

Sentencia Nro. 280/2025 - IUE: 2-11770/2024 Montevideo, 08 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 4o TURNO Ministro redactor: Dr. Álvaro França Ministros firmantes: Dra. Mónica Besio Dr. Guzmán López Montemurro AUTOS: “VIANA JOVER, FELIPE Y OTRO C/ MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA – DAÑOS Y PERJUICIOS”. IUE: 2-11770/2024.- I - El objeto de la instancia está determinado por el contenido del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Definitiva N.o 5/2025, así como por la fundamentación del recurso de apelación contra la Sentencia Interlocutoria N.o 1427/2024, dictadas por el Titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4o Turno , Dr. Carlos Aguirre. II - La parte demandada - fs. 434 - en su recurso de apelación contra la sentencia definitiva 5/2024 y fundamentación de la apelación contra la Sentencia Interlocutoria N.o 1427/2024, se agravió, en lo sustancial, por lo siguiente. En lo que hace a la interlocutoria manifestó que, le agravia porque consideró que la parte actora en lugar de concurrir a la audiencia preliminar personalmente, lo hizo a través de su padre con poder para pleitos y que ello no constituye motivo para su ausencia. Respecto de la sentencia Definitiva N.o 5/2025 , se agravió en su totalidad, porque no se condice con la realidad de los hechos, sostuvo que existe errónea valoración de la prueba y que la fundamentación del fallo fue insuficiente. Sostuvo la recurrente que no existió falta de servicio alguna, más allá del desarrollo de doctrina atinente al tema, el A Quo no concluye nada sobre el punto en forma concreta referido al caso. No hace mención a ninguna prueba específica que acredite la responsabilidad de su parte. La falta de servicio sola no alcanza, debe estar probado el nexo causal entre el hecho y el daño y ello no fue explicitado. Su parte no fue partícipe del sacrificio del animal ni causante de la enfermedad y por tanto por un supuesto error de diagnóstico no se lo puede responsabilizar. En la recurrida no se valoró la prueba, ni en uno, ni en otro sentido, se limita a cuestiones doctrinarias sin remisión al caso concreto. Se agravió de los hechos que se dan por controvertidos, ya que su parte cuestionó los alegados en la demanda tal como hizo respecto del monto reclamado, que fue desconocido en cuanto a su procedencia y montos. También se agravió de las referencias a la ?mala fe ? reclamando que siempre actuó en forma ajustada a derecho, colaborando con la Sede. Tampoco es cierto que no haya habido esfuerzo suficiente en justificar el error involuntario que fuera admitido y que según la realidad de los hechos fue consecuencia de la falta de personal y el exceso de trabajo. En suma, solicitó se revoque la interlocutoria N.o 1427/2024 y en su mérito se tuviera por desistido del proceso al actor en virtud de su incomparecencia personal a la audiencia preliminar, de acuerdo al art. 340 del CGP. Subsidiariamente, se revoque la sentencia definitiva N.o 5/2025 conforme a los agravios articulados por su parte. III - La recurrencia fue sustanciada con la parte actora - fs. 463 - quién solicitó se confirmara las recurridas, sentencias interlocutoria N.o 1427/2025 y la definitiva N.o 5/2025 en todos sus términos con las sanciones procesales que correspondieran. IV- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos giraron a estudio en la forma de estilo y se acordó el dictado de la presente en forma anticipada (articulo 200 CGP). V- El Tribunal confirmará las recurridas por lo que se dirá. VI- El caso, en apretada síntesis, corresponde relevar, tal como se dijera en el primer grado, que compareció Héctor Viana Ferber en representación de Felipe e Ignacio Viana Jover y en lo sustancial promoviendo demanda por daños y perjuicios como consecuencia de los siguientes hechos. En el año 2022 sus representados exportaron 3 equinos a los Estados Unidos de América entre los que se encontraba la yegua Santiguada a efectos de participación en competencias de polo. Antes de realizar la exportación de esa naturaleza era necesario llevar adelante controles veterinarios de los animales para confirmar la adecuada situación sanitaria siendo ese requisito tanto para la exportación de Uruguay como para la importación en Estados Unidos de América. El MGAP por intermedio de los servicios técnicos a su cargo realizó los exámenes veterinarios correspondientes que arrojaron resultados negativos para las diferentes enfermedades que se consideran habilitándose por tanto el viaje de los animales. Una vez llegados a los Estados Unidos de Norteamérica, se procedió por parte de los servicios técnicos de dicho país a realizar similares controles los cuales concluyeron que en el caso de la yegua Santiguada padecía de piroplasmosis equina, enfermedad que no había sido diagnosticada en Uruguay (los exámenes habían arrojado resultado negativo para dicha afección) en forma previa al viaje. Luego de la repetición de testeos se confirmó el diagnóstico positivo, lo cual derivó en última instancia en el sacrificio de la yegua generándose los perjuicios directamente vinculados al accionar del demandado. Se reclamó en la demanda por la falta de servicio la suma de U$S 8.045 por la compra de Santiguada en Uruguay; U$S 5.550 por las gestiones de exportación y viaje; U$S 3.869 por los gastos generados durante la cuarentena común de 7 días de Santiguada en Miami; U$S 14.611 por los gastos generados durante la cuarentena extraordinaria de los 3 equinos costo de veterinario y vertedero de Santiguada. En definitiva, se pidió un total de U$S 32.075 con más los intereses desde el ilícito con los reajustes. VII- Establecido lo anterior, corresponde ingresar a la consideración de los recursos de apelación de la demandada . 1) En cuanto a los agravios que tiene que ver con la Interlocutoria Nro. 1427/2024. La interlocutoria recurrida dispuso tener por agregada la documentación ofrecida, sin perjuicio de los defectos de índole formal de la misma, disponer para la subsanación un plazo de 20 días, conforme a la prueba glosada en autos, tener por justificado motivo fundado de incomparecencia de la parte actora, la que se entendio debidamente representada, no siendo necesario al respecto acudir al procedimiento del art 133.1 numeral 4 del CGP. Establecer que el plazo dispuesto era a los efectos de cumplimiento del art 72.3 del CGP en tanto que la documentación obra testimoniada. Observa el Tribunal que los agravios de la demandada tienen relación con la incomparecencia en forma personal de los actores Felipe e Ignacio Viana Jover que fueron representados en la oportunidad procesal mencionada por el Dr. Héctor Viana Ferber (padre) conforme poder para pleitos agregado en autos. En la audiencia preliminar (fs. 287) se alegó para no venir que vivían en USA lo que acreditó sumariamente con la prueba documental que agregó (fs. 269/285) y que fuera agregada en los términos mencionados en forma previa conforme interlocutoria recurrida. En la citada audiencia la demandada interpuso recurso de apelación por entender que correspondía aplicar la sanción del artículo 340 CGP fundada en la inasistencia de los actores, tal como surgía de la documentación aportada por la contraria (que no desconoce y acepta en cuanto a su incorporación al proceso) que lleva a concluir (a la recurrente) que no existe motivo de justificación para admitir la incomparecencia (fs. 289). En oportunidad de fundar el recurso de apelación contra la interlocutoria la demandada acompañó con su escrito documentación (fs. 431/433) respecto de la cual cabe observar que fue incorporada válidamente al proceso ya que no se cumplió con lo establecido en el artículo 253.2 CGP sin que mediara agravio de parte (ver fs. 445 decreto que confiere traslado de la apelación, fs. 477 auto de franqueo, fs. 493 pasaje a estudio). Establecido lo anterior, el Tribunal ingresará al agravio de la demandada respecto a si correspondía aplicar la sanción del artículo 340 CGP o no. El Tribunal ha ponderado desde larga data la aplicación de la sanción establecida en el artículo 340 CGP priorizando el acceso a la justicia y ejercicio de los derechos sustanciales (artículo 11 CGP). La aplicación de la sanción mencionada con las graves (draconianas) consecuencias que acarrea debe reservarse a los casos en los cuales existe un verdadero desinterés o voluntad manifiesta de desconocer la convocatoria judicialmente notificada. Como bien dice el demandado los actores pudieron, eventualmente, al conocer la convocatoria a audiencia solicitar prórroga o eventualmente pedir autorización previa para comparecer por apoderado (artículo 340 CGP). La motivación que atribuye el recurrente (no pedir prórroga, comodidad, preferir el torneo de polo en USA) no pasan de ser, a juicio del Tribunal, meras alegaciones. Al momento de la celebración de la audiencia preliminar, se acreditó sumariamente que tenían su residencia en EEUU por parte de su apoderado, quién contaba con todas las facultades necesarias para cumplir los actos previstos en el artículo 341 CGP y por tanto nada hubiera cambiado en cuanto a reclamar la presencia personal de los actores. En suma, sin perjuicio de lo dicho, considera el Tribunal que los agravios de la demandad en el punto son en definitiva formales y no cabe más que compartir fundamentos de actores (fs. 463/468) a los cuales cabe remitirse, desestimar el agravio y confirmar la interlocutoria recurrida. 2) De los agravios contra la definitiva Sentencia Nro. 5/2025 que amparó la demanda. En cuanto a la fundamentación o motivación del fallo que fue insuficiente, el Tribunal no lo entiende de recibo. Debe señalarse que, tal como se ha reiteramente señalado por la doctrina la motivación debe ser expresa, clara, completa y lógica. El Juez debe consignar en forma expresa sus propios argumentos en relación a la sentencia que dicta. Las ideas que la sentencia expresa deben poder ser comprendidas sin ningún tipo de duda. La Sentencia debe abarcar tanto los hechos invocados por las partes confrontándolo con las pruebas producidas, como el derecho que entiende resuelve el conflicto sometido a su decisión. La Sentencia debe ser además lógica, esto implica que si bien el Juez tiene libertad para apreciar y valorar las pruebas y tiene amplitud para decidir que eficacia le asigna a la prueba producida, no puede incurrir en arbitrariedad al sentenciar. (Cfme CGP Anotado. Véscovi y Otros. T. VI. P. 65 y siguientes). Y que en similar sentdio la Suprema Corte de Jusitica se ha pronunciado al afirmar que la ley exige que los fallos de los Jueces tengan una adecuada fundamentación, pero no se les impone determinada extensión o profundidad en sus argumentos. La Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre el punto, la invocada escasa extensión en el desarrollo argumental de la recurrida no le impidió a la parte ejercer su defensa sin limitaciones articulando agravios contra la sentencia deduciendo la presente impugnación. Lo que debe primar es el finalismo jurídico sobre el formalismo legal. (Cfme Sentencia Interlocutoria No 2584/2013 de la SCJ). En el caso luego de citar doctrina por todos, conocida referida a la responsablidad del Estado (artículo 24 de la Constitución) en el considerando 4 el Magistrado refiere al caso, analiza la prueba y concluye en la responabilidad estatal derivada del error de diagnóstico derivado de un procedimento de idéntica naturaleza realizado por la División de Laboratorios Veterinarios dependiente del MGAP ( fs. 425). En cuanto a que no existió falta de servicio, el Tribunal discrepa con la recurrente y desestimará el agravio movilizado. La falta de servicio surge admitida, ya que al contestar la demanda se reconoce como un hecho absolutamente irresistible que el animal en cuestión (La yegüa Santigüada) tenía la enfermedad, por la cual fue finalmente sacrificada. Asimismo, se reconoció que previo a su salida del país se le hizo el examen correspondiente por parte del MGAP (sin el cual no podía salir del país) y arrojó un resultado NEGATIVO (fs. 254 vto.). Estos son hechos admitidos. Considera el Tribunal que la argumentación dialéctica así como estrategia procesal elegida por la demandada (si bien válida) no se compadece con la prueba producida en autos, ni con los Actos Propios de la Administracion que en la instancia administrativa previa reconoce la existencia de un error de procedimiento realizado lo que se atribuyó ya sea a un operario (dependiente de la demandada) o instrumental utilizado. El informe realizado con fecha 28 de junio de 2022 por la División de Laboratorios Veterinarios DILAVE (fs. 371/372) suscrito por la entonces Directora (Dra. Valeria Gayo Ortíz) es claro, no admite dos lecturas y como consecuencia de ello se reconoce por un lado que el resultado emitido por USDA no fue desconocido y por otro el error en el servicio padecido en URUGUAY. Considera el Tribunal, que ante tal conducta previa (en sede administrativa) adoptada por el departamento técnico de la demandada en la cual se reconoce/admite el error que dio cuenta de un resultado NEGATIVO, por el cual se permitió la salida del país en condiciones sanitarias no aptas con las consecuencias ya sabidas la exigencia de realización de una pericia que reclama la recurrente correspondía para desvirtuar lo concluido por sus propios dependientes. O sea, si lo que pretendía era demostrar que la yegua se contagió en el exterior o que los test realizados en el exterior (que implícitamente reconoce como bien realizados y acordes al estado sanitario de infección de la yegüa) era su carga ofrecer el diligenciamiento de la pericia. La salida del país con un resultado negativo que a la postre – según lo admitido en los antecedentes administrativos – fue erróneo determinaba, prima facie, la responsabilidad de la demandada por la falta de servicio (artículo 24 de la Constitución). Quién alega un hecho impeditivo tiene la carga de probarlo (artículo 137, 139 y concordantes CGP). Y en cuanto al que debe estar probado el nexo causal entre el hecho y el daño y ello no fue explicitado, se comparte con el recurrente que el nexo causal entre el daño y el accionar debe ser probado. Se discrepa en cuanto entiende que, su parte no fue partícipe en el resultado final, ya que es claro que de no haber mediado el error con la consiguiente falta de servicio el sacrificio del animal no hubiera tenido lugar. No se trata de encontrar o fundar la responsbilidad de la Administración en la causa de la enfermedad o contagio sino, como surge claramente y fuera alegado que de haber diagnosticado en forma POSITIVO el animal no hubiera salido del país, ni sacrificado en los EEUU. Considera el Tribunal que si pretendía exonerarse con los argumentos invocados en la contestación de la demanda debió probar los hechos por ella alegados, esto es que el test realizado por sus dependientes fue correcto, que la yegüa se contagió a posteriori, o que los test realizados en EEUU fueron erróneos. El medio probatorio para poder hacerlo, claro está, era la pericia ( artículo 177 CGP ) era su interés hacerlo si pretendía desvirtuar lo reconocido en forma previa en la instancia administrativa. La prueba de la falta de servicio conexa causalmente con el daño reclamado (sacrificio de la yegua) resulta de los antecedentes administrativos (expediente No 005-2004/22 tipo 1) generados a instancia de la parte actora, de los que resulta el error de la Administración ya mencionado que en forma poco ordenada fue agregado en autos. En tales antecedentes resulta afirmado que luego del test negativo que habilitó la salida de la yegua del país se realizó por parte de DILAVE, que confirmó un resultado POSITIVO tal como fue en los test resalizados en EEUU (fs.197 vto.) lo cual es relevado en el informe de la Asesor Letrado (Dra. Dahiana Cardozo fs. 75 vto.). Tales elementos fueron agregados con la contestación de la demanda, sin embargo, en conducta procesal reprochable se afirmó por la demandada que no había certeza de que el examen serológico realizado en Uruguay hubiera sido defectuoso (fs.255). Se soslayó la existencia de ese segundo testeo que se mencionó en forma previa que confirmara lo constatado en EEUU. En audiencia preliminar se le intimó (fs. 289) la agregación de los antecedentes administrativos del expediente No 2022 7 - 5 – 1 - 2004 así como toda otra actuación administrativa relativa a los hechos bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 168 CGP. La demandada cumplió parcialmente forma con la agregación del expediente mencionado y luego de ser advertido por la parte actora (fs. 361), agregó lo faltante del expediente y solicitó que se convocara a la audiencia de alegatos (fs.389 y vto.). Ahora bien, de la investigación administrativa ordenada por DGSG/No 16/2022 de fecha 21 de octubre de 2022 (fs. 237/238) que sin duda resulta una cuestión conexa con la petición administrativa de los actores en la contestación de la demanda nada se dijo soslayándose en forma inexplicable sus resultancias pese a haber sido intimada en los términos pedidos referidos y en el marco del artículo 168 CGP. En suma, por lo dicho, el Tribunal entiende que la prueba agregada valorada conforme a las reglas de la sana crítica y de la experiencia (artículo 140 CGP) permiten tener por acreditada la falla en el servicio, esto es la realización de un test con resultado NEGATIVO que fue ERRONEO, confrontado con los POSITIVOS realizados en EEUU y el segundo realizado en el país. La estrategia de la demandada fue de negar, no explicar y sembrar dudas en forma constante desconociendo los hechos propios (conducta de la Administración en la instancia propia administrativa propia y previa a la judicial), lo cual en el marco de lo establecido en el artículo 132 CGP y lo dicho en forma previa determina la confirmación plena de la responsabilidad. La falta de servicio, para el Tribunal se presente como clara más allá de los agravios de la demandada. Si bien puede concederse que no fue partícipe del contagio y/o de la enfermedad, permitió, al hacer un test erróneo que el animal saliera del país con las consecuencias que tuvo (fue sacrificado). Aún para el caso de entender que hubo controversia de la prueba proporcionada por su parte (AA) surge admitido la existencia de un error en el test de la yegua. En esta instancia, poco importa como se enfermó, sino que estaba enfermo y se le permitió viajar con las consecuencias sabidas. La demandada para tener éxito en su argumentación debió pedir pericia que informara respecto del desarrollo de la enfermedad, forma de contagio, plazo de manifestación y porque los otros no la padecieron, etc. así como explicar las contradicciones internas ya mencionadas lo cual no hizo. En cuanto a los montos objeto de condena. El Tribunal en términos generales comparte con los actores que han acreditado los daños. El sacrificio de la yegua, no es controvertido y se encuentra causalmente vinculada con la falla de servicio por lo que viene de señalarse en forma previa. Considera el Tribunal, que la conducta de la demandada fue poco clara y meramente controversial ya que se limitó a cuestionar sin ofrecer prueba alternativa que sirviera de apoyatura a sus agravios. No se advierte por tanto que existan elementos para apartarse de lo reclamado ni para diferir a la vía del 378 CGP con bases nunca propuestas ni siquiera en forma alternativa más allá de impresiones de la página MERCADO LIBRE respecto del valor de un ejemplar de caballo criollo sin que se tengan elementos técnicos (pericia) para entender que se compadecen con el ejemplar sacrificado. La contraparte en su demanda agregó factura de compra de la yegüa Santiguada, así como de los gastos por traslado, despachante de Aduana , por la cuarentena y demás relacioandos en la demanda (fs. 147 vto.) que se consideran causalmente vinculados con el hecho generador de la responsabilidad estatal. En Sede de agravios la demandada vuelve a reiterar los cuestionamientos a los montos efectuados en la demanda (fs. 259/262) sin que en su momento ofreciera prueba útil para desvirtuar lo documental agregado por la actora quién en su alegato dio respuesta razonable de lo que cuestionaba la demandada (fs. 401 y vto. con remisión a la demanda). Como se dijera, en ausencia de otros elementos y resultando razonablmente acreditado los montos reclamados es que se desestimará el agravio de la demandada. Finalmente, en cuanto al agravio por la condena en costas y costos debe recordarse que el artículo 688 CC distingue tres grados de responsabilidad y las consiguientes condenas en cada caso. El primer grado está referido a la actuación de las partes de acuerdo a los principios de buena fe y lealtad procesal recogidos por los Art. 2, 24, y 62 del C.G.P), estándose frente a aquellas hipótesis en las cuales la parte actúa con el convencimiento sincero de que le asiste razón en su accionar. El segundo grado refiere a la situación en que la parte actúa con ligereza culpable, sin la diligencia media de un buen padre de familia, en forma irreflexiva, con falta de prudencia y de cálculo de las consecuencias de su accionar; en este caso la sentencia debe imponer la condena en costas a la parte que actúa de esa forma. El tercer grado corresponde a aquellos casos en que la parte actúa con malicia que merezca la nota de temeridad. Siguiendo a Chiovenda existe temeridad cuando se actúa con conciencia de no tener razón y de la injusticia de la causa que se defiende (Conforme: autor citado en “La condena en costas” N° 313), incurre en temeridad quien propone pretensiones o defensas sabiendo que carecen de fundamento, con conciencia y voluntad de actuar contra derecho, con convencimiento de actuar contra derecho o sin derecho. En el caso, el Tribunal entiende que se configura el tercer grado mencionado en forma previa ya que corresponde calificar la conducta de la parte demandada como encuadrada en la malicia temeraria (artículo 688 del C.C.) puesto que en forma continua y permanente con los elementos previos ha persistido en la negación de la responsabilidad en contra de los actos propios de la Administración sin ánimo de colaborar y sólo fundada en una estrategia negacionista de su responsabilidad. VIII - La confirmatoria en un todo y por lo dicho en forma previa corresponde aplicar en el caso las costas y costos de la presente instancia ( artículo 56 y concordantes CGP , 688 CC). Por los motivos expuestos , normas citadas , el tribunal, FALLA : Confirmase las recurridas con costas y costos de la presente instancia de cargo de la recurrente. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase en la forma de estilo (Honorarios fictos 5 BPC). Dra. Mónica Besio Ministra Dr. Guzmán López Montemurro Ministro Dr. Álvaro França Esc. Adriana León Ministro Secretaria