Sentencia Definitiva N° 223/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “RODRÍGUEZ, TOMÁS Y OTRO C/ PRODOMUS S.R.L. Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-114146/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 12º Turno a cargo de la Dra. Natalia Gallardo Fulco. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 28/2025 de fecha 30 de junio de 2025 (fs. 127-145), se ampara la demanda y en su mérito, se condena a la demandada PRODOMUS S.R.L. y en forma solidaria a la demandada ANTEL, a pagar a los actores los rubros salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido; más actualización e intereses hasta la fecha de su efectivo pago, daños y perjuicios y multa, conforme lo explicitado en los considerandos respectivos. Sin especial condena. 3) La representante de la parte codemandada ANTEL, interpone recurso de apelación (fs. 149-154) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Atribuyó responsabilidad solidaria a ANTEL configurando una errónea valoración probatoria de los documentos aportados al proceso, así como una errónea aplicación de las normas de tercerizaciones, por concluir que no cumplió a cabalidad con el ejercicio del derecho a la información que habilita a mutar el carácter solidario de precepto de la responsabilidad del garante. Sin perjuicio, ANTEL ejerció el control de cumplimiento de las obligaciones laborales previsto en la Ley 18.251 y ello quedó acreditado. B) Asimismo, resulta agraviante también la condena en relación a la indemnización por despido indirecto, multa y daños y perjuicios; ya que resultan rubros que por su naturaleza punitiva, reparatoria, resarcitoria, son absolutamente ajenos al concepto de “obligaciones laborales” señalado en las Leyes 18.099 y 18.251. En consecuencia, la condena se aparta de lo previsto en la normativa. C) Adicionalmente considera excesivo el porcentaje de daños y perjuicios preceptivos sin la debida acreditación de las cargas familiares o un análisis más profundo de los perjuicios sufridos por los actores. 4) Por decreto Nº1211/2025 de fecha 29 de julio de 2025 (fs. 155), se dispuso el traslado del recurso de apelación por el término legal, resultando evacuado a fs. 162-163 vto. por la parte actora abogando por la confirmación de la recurrida en todos sus términos. 5) Por providencia Nº 1377/2025 de fecha 22 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos se dispuso franquear la alzada para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 164). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 2 de setiembre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 168-169), debiéndose dejar constancia que este Colegiado estuvo desintegrado el 2, 3, 10 al 13 de setiembre de 2025, por licencia de sus miembros naturales. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto al porcentaje fijado por concepto de daños y perjuicios preceptivos, en lo que se revoca y en su lugar, se establece en el equivalente al 10% de los rubros de naturaleza salarial, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) En primer lugar, la codemandada ANTEL se agravia por cuanto la sentenciante concluye que la responsabilidad de ANTEL es solidaria, sin embargo esa parte ha demostrado haber ejercido diligentemente su derecho a ser informada, solicitando periódicamente la documentación requerida por la ley. Agrega que el hecho de que la a quo considere que no se cumplió a cabalidad, no puede derivar en una responsabilidad solidaria cuando se evidencia una activa y permanente gestión de control por esa parte. Tales agravios, a nuestro juicio no resultan de recibo. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 18.251 y a efectos de determinar la responsabilidad de la empresa principal, es preciso distinguir si ha hecho un control de determinada documentación con la debida diligencia. Así el art. 6° dispuso: Cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informado establecido en el Artículo 4° de la presente ley, responderá subsidiariamente de las obligaciones referidas en el Artículo 1° de la Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí establecida y el alcance definido en el Artículo 7° de la presente ley. C Cuando no ejerza dicha facultad será solidariamente responsable del cumplimiento de estas obligaciones.” Por lo tanto, si la empresa principal exige la exhibición y control de los siguientes documentos: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251); responde subsidiariamente de las obligaciones laborales, pero en caso contrario la responsabilidad será solidaria. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral - Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, pág. 155-159, sostienen -sin dejar de reconocer lo opinable-, que para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria, deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la Ley 18.251, sino demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma…”. Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe de ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad, a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio antes mencionado. En el caso concreto, se comparte el análisis probatorio y las conclusiones a que arriba la recurrida. Así, la documentación agregada en autos resulta deficiente, pues no comprende todo el período en que se extendió la relación laboral del actor, no demostrándose una efectiva exhibición de la documentación que se debería controlar. A manera de ejemplo, no se agregó ni se demostró haber exigido el certificado que acredite el pago de las contribuciones a la seguridad social, expedido por el B.P.S, ni la constancia del seguro obligatorio expedido por el B.S.E. Pero fundamentalmente, ANTEL no ha acreditado que haya realizado un examen razonable y control de la documentación. Por lo tanto, cabe afirmar que, el derecho de información no fue debidamente ejercido por el recurrente, conforme a la diligencia media que le correspondía. Por ende la solución de la recurrida no es desproporcionada ni tampoco excede la razonabilidad, cuando ni siquiera se demostró que se haya llevado a cabo el control mensual esgrimido ni la solicitud de documentación a que refiere ni la intimación aludida a fs. 151. A lo que cabe agregar que los requerimientos de ANTEL para que los trabajadores continuaran trabajando, a pesar de los incumplimientos que no podía desconocer, no se ajustan a las herramientas proporcionadas por la Ley (art. 5 de la Ley 18.251), por lo que no pueden mitigar su responsabilidad. De allí, que resulta compartible la conclusión de la apelada, lo que los agravios no logran conmover, por lo que se habrá de confirmar el carácter solidario de la responsabilidad atribuida. III) La codemandada ANTEL se agravia, por cuanto considera que la recurrida acogió rubros no acreditados, lo que redunda en la violación por parte de la Sede de lo establecido en el art. 140 del C.G.P. En relación a la indemnización por despido considera que es fundamental que se revoque la condena a su respecto, pues la relación entre ANTEL y PRODOMUS, fundamentada en la Licitación Abreviada N° J103653001 y su ampliación N° J103653101, es de naturaleza comercial y no laboral, por ende la culminación de este vínculo contractual no genera, bajo ninguna circunstancia una responsabilidad indemnizatoria por despido para ANTEL, por cuanto la empresa principal no es el empleador directo. En cuanto a la multa y los daños y perjuicios, también considera que la sentencia debe ser revocada. La multa posee naturaleza punitiva que se impone al empleador directo por la omisión de pago de créditos laborales y extenderla a ANTEL, como empresa principal, desvirtúa su naturaleza y el principio de personalidad de la pena. Mientras los daños y perjuicios, buscan resarcir al trabajador por el perjuicio derivado de la falta de pago de salario, en el caso no se acreditó la existencia de cargas familiares que justifiquen la aplicación de este rubro a ANTEL, sin perjuicio de que, al igual que la multa, posee carácter punitivo y personalísimo, por lo que su imposición a la empresa principal sin una responsabilidad directa y probada en la generación del daño, excede el marco de la responsabilidad por tercerización. Contrariamente a la posición sostenida por la recurrente, se entienden que la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios preceptivos encartan en el concepto de “obligaciones laborales” previsto en las leyes de descentralización empresarial Nos. 18.099 y 18.251. Las referidas leyes, implantaron un sistema de responsabilidad que abarca a todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que, comprende tanto las obligaciones salariales como indemnizatorias. En particular, cabe tener presente que el art. 7 de la Ley 18.251, define a las obligaciones laborales alcanzadas por la responsabilidad como aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen, entre otras, de las normas internacionales ratificadas y leyes, por lo que, por lo que, siendo la multa una obligación laboral consagrada legalmente (art. 29 de la Ley 18.572) y siendo consecuencia natural de los incumplimientos constatados, se encuentra comprendida en el presupuesto de hecho de la norma. En efecto, el art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” Como lo expresan los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier en “Tercerizaciones – Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, la responsabilidad de las empresas principales o comitentes: “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes).” (pág. 107). Es más, la ley no distingue entre conceptos salariales o indemnizatorios, por lo que, tal distinción está vedada al intérprete. Así, el alcance objetivo de la responsabilidad no ha sido restringido, como lo sostiene el recurrente, por lo que, ninguna obligación laboral se encuentra excluida. Así, se comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando para descartar la posición citada por la recurrente señala lo siguiente: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Racciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación n. 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). Consecuentemente, dado que la indemnización por despido, multa y los daños y perjuicios preceptivos constituyen obligaciones laborales derivadas de la relación laboral y establecidas por ley (art. 4 de la Ley 10.489, art. 4 de la Ley 10.449, y art. 29 Ley 18.572), el recurrente debe responder por el pago de los mismos. De allí que, también en el punto, se proceda a confirmar la recurrida. IV) Finalmente, la codemandada ANTEL se agravia por el porcentaje de daños y perjuicios preceptivos aplicado, el que considera elevado sin la debida acreditación de las cargas familiares o un análisis más profundo de los perjuicios sufridos por los actores. En lo que hace al porcentaje por concepto de daños y perjuicios preceptivos, corresponde estar a los presupuestos de hecho del art. 4 de la Ley 10.449. Así, se debe atender a las cargas familiares acreditadas y al tiempo en que el trabajador dejó de percibir rubros de naturaleza salarial. Por ende, en aplicación de los parámetros contenidos en el art. 4° de la ley 10.449, considerando que los accionantes no acreditaron cargas familiares y siendo que las respectivas relaciones laborales que motivan el reclamo, en ninguno de los dos casos, ni siquiera llegaron al año de duración, a fin de determinar el periodo de incumplimiento en el pago de rubros salariales, se entiende, que en el caso de marras, resulta acorde a las pautas previstas en la normativa aplicable y a los porcentajes que se manejan en nuestra jurisprudencia fijar el mismo en el 10% (Cfr. sents. Nos. 91 del 18.3.92 y 277 del 18.10.93 del T.A.T. 1°, en "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1992, c. 426 y Año 1993, c. 238; sent. N° 142 del 28.6.93 del T.A.T. 2° en ob. cit., Año 1993, c. 240; sent. N° 11 del 25.4.97 del T.A.T. 3° en ob. cit., Años 1996-1997, c. 479; sent. N° 155 de la S.C.J. en ob. cit., Año 2000, c. 296; SEF-0012-000350 del T.A.T. 1° en ob. cit. Año 2013, c. 181, etc.). Así, manteniendo el criterio también seguido por la Sala en situaciones análogas, entendemos que corresponde amparar los agravios en tal sentido, revocar parcialmente la recurrida en dicho punto y en su lugar establecer el porcentual de daños y perjuicios preceptivos, en el 10% de los rubros de naturaleza salarial, objeto de condena. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL PORCENTAJE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS FIJADO EN PRIMERA INSTANCIA EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR SE ESTABLECE EN EL 10% DE LOS RUBROS DE NATURALEZA SALARIAL. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA