Sentencia Definitiva N° 232/2026

Sentencia Nro. 232/2026 - IUE: 2-120037/2025 Montevideo, 03 de agosto de 2026 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare. Ministros Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare. VISTOS: Para dictado de Sentencia Definitiva en segunda instancia, los presentes autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO”, IUE 2-120037/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por las partes codemandadas M.S.P. y F.N.R., contra la Sentencia Definitiva N° 152/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9o turno. RESULTANDO: 1 - Por la sentencia impugnada se acogió la demanda condenándose al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de recursos a proporcionar a la actora el medicamento LAPATINIB, por el tiempo y en las dosis que se considere necesario por el médico tratante, dentro de un plazo no mayor a 24 horas, bajo apercibimiento legal. (fs. 114). 2 - Contra dicho dispositivo, interpusieron recurso de apelación los codemandados F.N.R. (fs. 123/127 vto.) y M.S.P. (115/121) quienes por las razones explicitadas en sus respectivos recursos abogaron por la revocatoria de la sentencia impugnada. 3 - Sustanciados dichos recursos, los litigantes evacuaron oportunamente los traslados conferidos. Oportunidad en la que la parte actora promovió proceso de inconstitucionalidad por vía de excepción, respecto a los art. 45 y 51 de la Ley 18.211; y art. 7, inc. 2o y 10 de la Ley 18.335. 4 - Suspendidas las actuaciones y elevados los autos ante la S.C.J., recayó Sentencia No 394/2026 que declaró la inconstitucionalidad del art. 45, inciso final de la Ley 18.211 y del art. 7, inc 2o de la Ley 18.335 y en consecuencia su inaplicación en el presente caso. 5 - Tal como surge de autos, fue franqueada la apelación, resultando asignado este Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno. 6 - Pasaron a estudio de los Sres. Ministros, acordándose la presente decisión, designándose redactor al Sr. Ministro Dr. Fernando Tovagliare. CONSIDERANDO: 1 – La Sala, por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la LOT), habrá de confirmar la sentencia impugnada en todos sus términos. 2 – En lo que respecta a la APELACIÓN DEDUCIDA POR EL CODEMANDADO M.S.P., el embate crítico desarrollado por el mismo se encuentra encaminado a cuestionar la impugnada expresando en apretada síntesis que: i) la prestación requerida se encuentra a cargo del F.N.R.; ii) la actora posee recursos para afrontar el pago del fármaco; iii) no se habría configurado la ilegitimidad manifiesta requerida por la ley 16.011, pues el M.S.P. actuó dentro del marco normativo vigente, y no fue omiso ya que cumplió con sus competencias. 3 – A criterio de la Sala, existiendo controversia sobre si el fármaco requerido, se encuentra o no bajo la cobertura Fondo Nacional de Recursos en las condiciones requeridas, corresponde rechazar el agravio articulado por el M.S.P. en vía de apelación, confirmando la decisión adoptada en primera instancia pues, el derecho a la vida y la salud de la accionante no puede quedar supeditado a controversias de carácter reglamentario o burocrático, en las que ninguno de los sujetos requeridos asume el deber constitucional de proteger la salud de una persona que se encuentra en grave riesgo de afectación. 4 – El agravio relativo a la valoración probatoria sobre la situación económica de la amparista, a criterio de la Sala resulta de recibo pues, surge de las actuaciones que la actora es viuda, vive sola en una casa de la cual es propietaria en un 50%; es jubilada docente, con un ingreso mensual de $ 109.666 y carece de ahorros o bienes de los que desprenderse para hacer frente al tratamiento. En función de las consideraciones precedentes, entiende el Tribunal que en la situación económica de la accionante, no habilita a excluirla de la protección constitucional prevista por el art. 44 de la C.N. 5 – En efecto, como anota Van Rompaey: la utilización en el inciso 2 del artículo 44 de la Carta de la conjunción disyuntiva ‘o’ entre los vocablos ‘indigentes’ y ‘carente de recursos’ implica la diferencia o contenido significativo diverso entre los dos grupos de personas a que hace referencia la norma, descartándose la idea de equivalencia o sinonimidad. (‘Algunas reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización, Rev. Judicatura, t. 52, agosto 2012, p. 150) En otros términos, la titularidad activa de la obligación asistencial en examen no depende o está condicionada a la pobreza extrema o absoluta ausencia de recursos del beneficiario, sino a la insuficiencia de ingresos para solventar el costo del medicamento prescripto para el tratamiento de su enfermedad, circunstancia ésta que en el caso en examen, a criterio de la Sala resultó comprobada. 6 – El agravio relativo a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad manifiesta’ en la actuación del M.S.P. no resulta de recibo pues, entiende la Sala que el referido requisito (ilegitimidad manifiesta) debe ser interpretado sin reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas por la Constitución Nacional. 7 – Y en función de ello, se considera que en el subexámine, se ha verificado la mencionada ilegitimidad manifiesta, en la medida que resultó acreditada la grave patología que afecta a la Sra. AA (Cáncer de mama), así como la pertinencia y necesidad (desde el punto de vista científico y médico según dictamen pericial de la Dra. Dahiana Amarillo obrante a fs. 51/53) del tratamiento indicado para mejorar su situación clínica, y aliviar su enfermedad. Y a pesar de ello, se le niega el acceso al mismo, alegándose por el M.S.P., que carece de competencia para suministrar directamente medicamentos a la población. 8 – Tal como lo ha sostenido el TAC 3o en anteriores pronunciamientos, ante la falta de argumentos de índole científica que legitimen la negativa del M.S.P. a suministrar una prestación médica indicada como la alternativa más idónea para aliviar una grave enfermedad y mejorar la calidad de vida de una persona, la misma deviene infundada y por lo tanto arbitraria; importando un incumplimiento del deber prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional y por múltiples Tratados internacionales sobre Derechos Humanos, en protección de derechos esenciales tales como: la vida, la salud, la dignidad y la calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado por la Ley No. 16.519). 9 – En fin, entiende la Sala que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública (encargado de preservar la salud de los habitantes del país), está obligado constitucionalmente (art. 44 inc. 2 CN) y legalmente (Ley 9.202) a proteger el Derecho a la salud, a la vida, a una mejor calidad de vida y a una sobrevida digna, de los habitantes del país. Y está asimismo obligado a asegurar a los pacientes carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia necesarios.Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021). 10 – La APELACIÓN INTERPUESTA POR EL CODEMANDADO F.N.R., se encuentra encaminada a cuestionar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva invocada por éste y le condenó a suministrar la prestación médica requerida, sin advertir que en el caso no se verificó ilegitimidad manifiesta alguna en su actuación (denegatoria de la cobertura solicitada), sino que se trató de una actuación ajustada a sus competencias legales, que lo limitan a otorgar cobertura de prestaciones expresamente incluidos en el F.T.M y de acuerdo a la normativa de cobertura, no siéndole exigible el deber prestacional del art. 44 de la Constitución. 11 – A criterio de la Sala los agravios esgrimidos por el F.N.R. no resultan de recibo en la medida que la prestación requerida se encuentra incluida con cobertura a cargo del F.N.R. no resultando de recibo que la resistencia a la prestación por parte del F.N.R. pueda quedar fundada en distinciones administrativas que carecen de respaldo médico científico que lo justifiquen. 12 – Como ha señalado este Colegiado en anteriores pronunciamientos, no puede hablarse en grado alguno -como pretende la recurrente- de la inexistencia de ilegitimidad manifiesta ya que se trata de una prestación que se encuentra cubierta por el F.N.R. para la enfermedad crónica que padece la amparista, que es rechazada por motivos formales. En el caso claramente se vulneran tales derechos en forma irrefragable ya que la paciente y el médico acordaron un tratamiento, dentro de los previstos por la autoridad sanitaria correspondiente, no obstante lo cual, el F.N.R. se niega a proporcionar una prestación que él mismo acordó financiar. Se vulnera claramente el principio de igualdad en la ley ya que se establece una discriminación injusta y carente de sentido al privar a la amparista de los derechos consignados anteriormente. El acto médico debe estar en conformidad con los conocimientos científicos reconocidos o aceptados al momento de que se trate. La diferencia de criterios técnicos existente entre el médico tratante y los médicos integrantes del F.N.R. no puede privar al reclamante de los derechos constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le confiere. De admitir tal posibilidad estaríamos no solo asignándole a las mencionadas autoridades un poder del que claramente carecen sino también legitimando la violación de los derechos constitucionales que la Carta magna le garantiza (artículos 7, 8, 10 y 44 de la Constitución 13 – A la luz de tales criterios, encontrándose la prestación médica bajo cobertura del F.N.R. debe suministrarlo, sin que para ello resulte necesario ingresar aquí en consideraciones sobre el alcance del art. 409 de la ley 19.889. 14 – La conducta de las partes ha sido correcta (arts. 688 del Código Civil y art. 261 del C.G.P.), en razón de lo cual no se impondrá especial condenación en costas y costos. - Por los fundamentos expuestos, normativa invocada, y arts. 197, 198 del C.G.P el Tribunal FALLA: 1o - Desestimando los recursos de apelación interpuestos por el M.S.P. y el F.N.R., y confirmando la sentencia impugnada en todos sus términos. 2o - Sin especial condenación. 3o - Honorarios fictos 14 B.P.C. 4o - Notifíquese personalmente. 5o - Oportunamente, devuélvase con las formalidades de estilo. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada