Sentencia Definitiva N° 239/2025

SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. Gabriela Rodriguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SPATAKIS CACCIATORI, DARWIN c/ COMISION DE APOYO DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE UE 068 (ASSE) – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-95407/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 31/2025, dictada el 28 de julio de 2025 por la Sra. Jueza Letrada de Trabajo de la Capital de 12º turno, Dra. Natalia Gallardo Fulco. RESULTANDO: 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 302 a 335, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se desestimó la excepción de incompetencia material, se amparó la excepción de prescripción, la de falta de legitimación pasiva, y se desestimó la demanda, sin especial condenación. 2.- A fojas 339 a 343 consta recurso de apelación introducido por la parte actora, agraviándose por haberse desestimado la existencia de la relación laboral. 3.- Conferido traslado del recurso a la contraparte, fue evacuado a fojas 347-353, abogando por la confirmatoria de la recurrida. 4.- Por auto 1458/2025, del 3/9/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 11/9/2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 5.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- Por la voluntad unánime de sus integrantes naturales, la Sala confirmará la muy bien fundada sentencia recurrida, por los fundamentos que se expondrán a continuación. 2.- En autos tramita el reclamo del Dr. Darwin Spatakis, quien invocó que ingresó a trabajar para la Comisión de Apoyo de Programas Asistenciales Especiales de ASSE el 6 de abril de 2011. Lo hizo bajo la modalidad de Arrendamiento de servicios, cumpliendo tareas de médico de emergencia en ambulancias de SAME 105. Señaló que hacía 3 guardias de 12 horas por semana, marcaba horario de entrada y salida de la guardia, trabajaba en equipo conformado por enfermero, chofer de la ambulancia y él como médico. La ambulancia era controlada por GPS. Todos los años gozaba de algunos días de descanso que se documentaban como “interrupción transitoria de tareas” pero en los hechos era una licencia. Quien le asignaba guardias era el Coordinador, quien dependía del Jefe o Director de Servicio. Si no podía concurrir a trabajar no podía enviar a otro médico en su lugar, sino que avisaba y el Coordinador enviaba a otro médico. El 14 de noviembre de 2023 recibió un telegrama colacionado donde se le comunicaba la rescisión del contrato, lo que le generó gran impacto emocional y económico, no informándole motivos. Reclamó el pago de licencias, presentismo, aguinaldo, horas nocturnas, indemnización por despido y daño moral. La demandada opuso excepciones de incompetencia, de prescripción y de falta de legitimación pasiva. Contestó contradiciendo la existencia de una relación laboral, señalando que el actor es un profesional independiente de la salud y no un trabajador subordinado, que expidió facturas y recibos comerciales por sus honorarios. Sostuvo que la relación siempre fue comercial y no laboral, plasmada en un contrato que tiene el aval de las gremiales médicas, a través de convenios colectivos con el Sindicato Médico del Uruguay, la FEMI y el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Continuó analizando otras características del vínculo, como la ausencia de exclusividad, no estar sujeto a potestad disciplinaria, y controvirtió los rubros reclamados. La sentencia recurrida desestimó la pretensión por entender que lo que vinculó a las partes fue un contrato de arrendamiento de servicios, y no se probó que en la realidad se tratara de una relación laboral encubierta. 3.- La Sala comparte cada una de las apreciaciones y elementos que releva la sentencia recurrida en contra de la laboralidad del vínculo que unió al actor con la Comisión de Apoyo, sin perjuicio de reconocer las dificultades que se presentan en este, como en otros casos donde se discute la laboralidad del vínculo, por existir indicios a favor y en contra de la pretensión instaurada. Sin perjuicio de ello, sólo cabe contradecir enfáticamente al recurrente, cuando señala que la sentencia se limita a que existía un contrato de arrendamiento y que el profesional estaba al día en sus obligaciones tributarias, atribuyéndole incorrecta valoración de la prueba. Aunque no señala concretamente en qué consistieron dichos errores de valoración. Por el contrario, la recurrida examina la prueba diligenciada, las resultancias de cada uno de los medios de prueba allegados al proceso, interpreta y valora dichas emergencias contrastándolas con los elementos caracterizantes de un vínculo de naturaleza laboral, y arriba a la conclusión de no contar con prueba suficiente para concluir que lo que existió entre las partes se tratara de una relación dependiente. En primer lugar, la suscripción de un contrato de arrendamiento de servicios al comienzo del vínculo, el que obra a fojas 3, que se renovó automáticamente por períodos de un año, hasta por más de una década. Y si bien el accionante, en el numeral 3 de su demanda, indicó que la Comisión le “hizo firmar” el contrato de arrendamiento de servicios, dando la idea de que fue obligado a ello, no hay prueba en autos de algún condicionamiento o presión ejercido sobre el actor, más allá de su natural interés en acceder al puesto que se le ofrecía. Y en consonancia con la naturaleza de dicho contrato, consta la expedición de facturas, algunas de las cuales acompañó a la demanda (fs. 44 a 55). Las que no consignan el pago de una suma fija, como suele ser el salario salvo algún pago extra, sino importes variables, montos diversos que dan la pauta del pago de un precio acorde a los servicios efectivamente prestados. En el contrato también se pactó la no exclusividad, lo que favoreció la existencia de otros vínculos y el desempeño del Dr. Spatakis bajo distintas modalidades, tal como se desprende de su Historia Laboral de fs. 255 a 264, lo que relevó la sentencia. Y también es posible apreciar la flexibilidad del vínculo, reconocida por el actor ya en su demanda, al expresar que cumplía determinado número de guardias semanales, sin perjuicio de que lo pudieran llamar para ofrecerle una guardia extra y “éste aceptarla” (numeral 4 de fojas 78 vto.), lo que da idea de cierta libertad para decidir las guardias a laborar. Máxime cuando del contrato no surge estipulado un número determinado de guardias a realizar por semana o por mes, como tampoco un horario determinado a cumplir, ni un mínimo ni máximo. Esta flexibilidad en el manejo de las guardias a realizar y horas dedicadas a la prestación del servicio comprometido constituye un indicio contrario a la laboralidad del vínculo. El recurrente hace hincapié en la constatación de subordinación, elemento característico de una relación de dependencia, por el hecho de que debía cumplir un horario determinado, bajo supervisión y contralor de quien considera empleador, el acatar órdenes, la entrega de herramientas para realizar la tarea. Ahora bien, de acuerdo al contrato celebrado, el actor fue contratado como médico suplente para realizar tareas en el Servicio de Unidades móviles de la RAP (Red de Atención del Primer Nivel). Por tanto, no podía desconocer que iba a trabajar inserto en la organización de esa Red de Atención de Salud, instrumentada por Asse, a quien la Comisión contratante está destinada a apoyar, entre otras formas, contratando recursos humanos para brindar el servicio de salud. Ello implica una organización del servicio concreto, tanto en lo que refiere a los recursos materiales referidos (móviles de emergencia, instrumental, medicación, uniformes que identificaran al servicio frente al público en general y los usuarios en particular) y de los recursos humanos, instrumentando guardias, horarios, equipos de trabajo, asignando llamados de urgencia a atender por cada equipo. Pero se comparte con la recurrida que las consecuencias de esa organización para el actor, como el hecho de que le indicaran el domicilio al cual dirigirse, la clave (relativa a la gravedad o urgencia de cada caso) y datos personales del paciente, no es suficiente para determinar la existencia de directivas de trabajo impartidas al actor, y menos órdenes concretas de cómo desarrollar su labor profesional. El servicio SAME (es decir, ASSE, ni siquiera su contratante Comisión de Apoyo) se limitaba a proporcionarle datos para el cumplimiento del servicio, lo que no es comparable a subordinación jurídica ni ejercicio del poder de dirección por parte de la demandada. Respecto de este punto cabe reparar en el testimonio de Alexander Riaño, quien fue adjunto a la Dirección de SAME 105 e indicó que “para la ejecución del servicio el médico no recibe indicación de tiempo en que debe realizar el servicio y cómo debe hacerlo” (fs. 246). Lo que debe interpretarse en el sentido de que al actor, como médico, no se le daban pautas de cuánto tiempo concurrir o permanecer en cada domicilio (pese a que se le pagaba el servicio por hora). Ni siquiera invocó la demandada que le impusiera un límite de tiempo para la consulta de los pacientes, como suele ocurrir por ejemplo, con el número de pacientes a atender en una hora de policlínica en una institución de salud. Por supuesto, tampoco hay evidencia de que se le diera alguna directiva relacionada a cómo actuar o el protocolo médico a ejecutar en la atención de los pacientes. El testigo Richard Fernández corroboró la versión de Riaño, al señalar que si bien toda la información se maneja desde la cabina (que comunica los llamados, la categoría (clave), patología, datos del paciente, antecedentes, zona a dónde concurrir), “no da pautas de cómo trabajar, ni instrucción respecto del tiempo a destinar a cada paciente …” (fs. 247). Por lo que, estrictamente, no puede hablarse de que la demandada le imprimiera dirección al trabajo del actor, sino que a través de SAME 105 se le daban los datos o insumos indispensables para el cumplimiento del servicio, sin interferir en cómo llevaba a cabo el mismo. El propio Fernández, que compartió guardias con el actor, dijo que éste “puede cambiar los días, básicamente, miércoles, martes, fin de semana”, lo que se interpreta como cierta libertad en el manejo de sus guardias y en aceptar o rechazar algunas, como ya lo indicó el propio actor en su demanda, lo que da idea de que no hay una sujeción total. También se comparte con la sentencia que el contralor de cumplimiento de un horario se constituye en un elemento imprescindible, desde que el pago por las tareas (precio) se pactó en relación a un valor hora (cláusula cuarta del contrato), y por ello no constituye, en el caso, un indicio de subordinación. Tampoco hay indicios de ejercicio del poder disciplinario, o de que el actor tuviera que reportar o rendir cuentas de la actividad cumplida a un superior. Los dichos de los testigos Nilson Caraballo, en cuanto a existir régimen disciplinario por el cual se controla a los médicos la vestimenta, el trato con el paciente, el trato con el equipo de trabajo, y la posibilidad de ser sancionado si no se cumple, así como de Alexander Riaño sobre que los médicos están sujetos a sanción disciplinaria a través de un Reglamento por parte de Comisión de Apoyo, no pueden ser tenidos en cuenta, porque no son hechos que haya alegado el accionante en la demanda. Y es sabido que los testigos no están habilitados para introducir hechos al proceso. El hecho de que las unidades fueran controladas por GPS no es indicador del ejercicio del poder de dirección, ni de que el GPS haya sido instalado para controlar estrictamente la labor de los ocupantes de la unidad (chofer, enfermero, médico), sino que puede obedecer a múltiples factores como temas de seguridad, contralor de variables como recorrido, gasto de combustible, necesidad de tener ubicable la posición de las unidades para efectuar nuevas derivaciones, etc. En cuanto a los insumos para la labor, el propio actor señaló en la demanda que eran proporcionados por ASSE y no por la Comisión demandada, no realizando ninguna inferencia o razonamiento tendiente a explicar el vínculo entre ambos o por qué la actuación de ASSE proporcionando insumos debe imputarse a la demandada. Y ni siquiera tentó indicar el reclamante que se encontrara inserto en la estructura organizativa de la demandada, teniendo personal a cargo, o reportando a un superior. Por ejemplo, indicó que la ambulancia estaba conformada por un equipo de trabajo compuesto por chofer, enfermero y médico, pero no alegó que él como médico fuera el superior y los demás ocupantes estuvieran a su cargo o bajo sus órdenes. En suma, no surge acreditado que el accionante cumpliera su labor profesional bajo las órdenes y supervisión de Comisión de Apoyo, y sujeto a contralores propios de un empleado dependiente, como afirmó en su demanda a fojas 81. Por último, y sumado al análisis que antecede, resulta crucial para desestimar los agravios el hecho de que el recurrente ni siquiera hace referencia a uno de los fundamentos de la sentencia, cual es que el vínculo y la contratación del actor se ajustó perfectamente a lo previsto en los Convenios suscritos por Comisión de Apoyo con gremiales médicas como la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva y las Sociedades Anestésico Quirúrgicas, la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay, la Federación Médica del Interior, el Sindicato Médico del Uruguay, que constan en documentos agregados a fojas 115 a 190. En todos estos convenios, ratificados en su vigencia por acta de acuerdo celebrada en el MTSS el 15/11/2005, se prevé la contratación de médicos por la misma modalidad contractual acordada entre el actor y la demandada, de la cual los distintos convenios aportan un contrato modelo, similar al firmado por el Dr. Spatakis. El actor no alegó que esos convenios no estén vigentes, o hayan caducado, o que no fueran aplicables a su situación, siendo todos muy anteriores a su contratación, ocurrida en 2011. Por ejemplo, el convenio con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva es del año 2000. El pago de la contraprestación por el servicio en función de la hora de trabajo resulta avalado por estos convenios. Incluso las “interrupciones transitorias” del servicio por parte del médico, que el accionante invoca como indicio de laboralidad, surgen establecidas en varios de estos convenios con las organizaciones profesionales. Y si bien son una especie de sucedáneo de la licencia, como bien refirió la recurrida, se fijan en base a otros parámetros y no equivalen al instituto de la licencia existente en el ámbito del Derecho del Trabajo. Simplemente parece razonable que las asociaciones de profesionales obtuvieran en esos acuerdos un derecho a la interrupción de una prestación contractual que está prevista para prolongarse a lo largo del tiempo, considerando la necesidad de algún descanso por parte del profesional prestador del servicio. No puede soslayar la Sala la única referencia del recurrente a los acuerdos multicitados, expresando que no surge de ellos que las contrataciones de profesionales estén marginadas de la protección legal del Derecho del Trabajo. Manifestación que resulta incongruente con la propia naturaleza de las contrataciones de profesionales estipuladas en dichos convenios, que siendo un arrendamiento de servicios, se encuentra naturalmente marginado del Derecho del Trabajo, pues su naturaleza es la de un contrato civil. Precisamente, lo significativo es que las Asociaciones de profesionales aceptaran como válido y legítimo que la Comisión de Apoyo se vincule con profesionales médicos bajo esta modalidad, en las condiciones que son acordadas. Para que sean aplicables la legislación de orden público y los principios del Derecho del Trabajo, de contenido protector, es necesario encontrarse en una relación de naturaleza laboral, una relación de trabajo dependiente, presupuesto que no se logró probar en estas actuaciones. 4.- Las costas del grado serán de oficio, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE OFICIO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-