Sentencia Definitiva N° 240/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministro Redactor: Dr. Julio Alfredo Posada Xavier. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. Dr. Julio A. Posada Xavier. Dra. Ana Karina Martínez Larrosa VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “ACOSTA DOS SANTOS, OCTAVIO C/ RAMON C ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS – DESPIDO COMÚN” IUE: 2-32716/2024 venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 3/2025 del 16 de mayo de 2025 dictada por la Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 4º Turno Dra. María Fabiana Conde Amondarain RESULTANDO: 1º) Que por el referido pronunciamiento a cuya relación de antecedentes cabe remitirse se amparó la demanda impetrada en todos sus términos y se condenó a la parte demandada Ramón C. Alvarez Sociedad Anónima y Terra Plenagem Sociedad Anónima a abonar en forma solidaria a la parte actora Sr. Octavio Alejandro Acosta Dos Santos la suma de $ 1.145.949 al día del dictado de la sentencia, más reajustes e intereses hasta su efectivo pago, sin imposición de condenas procesales especiales en la instancia. 2º) Con fecha 6 de junio de 2025 la parte demandada interpuso recurso de apelación (fs. 295 a 299) agraviándose por: a) porque no se tuvo en cuenta que existieron dos vínculos laborales independientes y como consecuencia se desestimó la excepción de prescripción. b) La condena al pago de diferencias de salarios por diferencia de categoría y c) La liquidación de la indemnización por despido. Solicito que en definitiva se revoque la recurrida, haciéndose lugar a sus agravios. 3º) Por auto Nº 163/2025 del 9/06/2025 (fs. 300) se confirió traslado a la contraparte del recurso de apelación interpuesto, evacuándolo la parte actora el día22/07/2025 (fs. 307 a 310 vta.) abogando por el rechazo de los agravios y la confirmación de la recurrida en todos sus términos. 4º) Por auto Nº 225/2025 del 28/07/25 (fs. 312) se franqueó la alzada, con efecto suspensivo. Luego de subsanadas observaciones, el día 8/09/2025 se recibieron los autos en esta Sede (fs. 329), fijándose fecha para el acuerdo, disponiéndose el pase a estudio de los Sres. Ministros y procediéndose de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 18.572, dejándose constancia que no se pudo hacer el estudio simultáneo como está previsto por no contase con los medios para ello. CONSIDERANDO: I) Que el Tribunal habrá de declarar la nulidad de la sentencia definitiva dictada en autos y ordenará la remisión de los autos a la Sede subrogante a los efectos del dictado de nueva sentencia en legal forma En efecto, surge de autos que a fs. 8 el actor Sr. Octavio Alejando Acosta Dos Santos promovió demanda laboral contra Ramón C. Alvares S.A. Terra Plenagem S.A. y la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Respecto de esta última el actor desistió de la pretensión al formular su alegato a fs.273 y vta. Ahora bien, la recurrida arriba a su decisión a partir de aplicar la presunción del art. 149.4 del C.G.P. a dos empresas que fueron empleadoras, por no haber comparecido las mismas a la audiencia de declaración de parte vale decir la sentencia se fundamentó en sostener que en el caso a estudio “las pruebas producidas no logran contradecir los hechos alegados por el actor en su acto de proposición, los que deberán ser tenidos por ciertos en su totalidad” (fs. 287), sin que se analizara ninguna prueba, condenándose así a ambas demandadas a abonar al actor la totalidad de los rubros reclamados. Pues bien, a pesar de que la parte perdidosa y apelante, no ha solicitado la nulidad de la sentencia, agraviándose concretamente por determinados aspectos concretos, el Tribunal de oficio habrá de declarar la nulidad de la sentencia por falta de motivación, existiendo incluso varios aspectos relevantes de la controversia que ni siquiera fueron analizados ni resueltos por la sentenciade primera instancia. Así, por ejemplo, no se resolvió en forma expresa: a) si efectivamente se verificó un único y exclusivo vínculo laboral entre el actor y las empresas demandadas en calidad de empleadoras o bien, si en el caso existieron dos vínculos laborales independientes. b) Tampoco hubo pronunciamiento acerca de la prescripción de la acción contra la codemandada Ramón C. Alvarez S.A., oportunamente opuesta a fs. 73 vta. y ss. c) SE omitió todo análisis y decisión en relación a la existencia o no de un conjunto económico entre ambas codemandadas y d) No se analizó la procedencia o no de los rubros reclamados, y por una cuesti8ó formal se ampararon todos ellos como la diferencia de salarios por diferencia de categoría, careciendo de todo análisis la procedencia o no de la indemnización por despido reclamada. Así, y en relación al reclamo de diferencia de salarios por diferencia de categoría, debía dilucidarse lo relativo a la pertenencia o clasificación de la empleadora dentro de un grupo o sector de actividad dentro de los Consejos de Salarios y por ello, si era posible reclamar la categoría pretendida dentro del sector de la Construcción Grupo 0 o bien si debía atenderse, como lo sostienen las demandadas al Grupo 19 subgrupo 6.1. Nada de ello fua abordado ni analizado por la recurrida, desconociéndose las razones por las cuales la prueba producida en autos resultó insuficiente para desvirtuar los dichos del actor, tal como concluyó la a-quo. Del mismo modo, tampoco se ingresó determinar cuál es la naturaleza del vínculo que mantuvieron las partes (si era un contrato a término o una relación de carácter permanente) pues el actor sostiene la existencia de un único vínculo laboral con ambas codemandadas de naturaleza permanente y por el contrario, estas alegan que tanto en el año 2019 como en el 2022 el vínculo finalizó por término de contrato. II) En la sentencia No. 155/2025 del 16/7/2025 (en B.J.N.) este Tribunal expreso: “En el caso se verifica entonces, una falta total de motivación…Couture explicaba que la motivación de la sentencia, es “el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho, en los cuales el Juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los Considerandos de la Sentencia” (Cfme. “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, página 286). Y siguiendo a Couture, Véscovi y demás autores han expresado, que el autor “ve la motivación de la sentencia como un deber administrativo impuesto por la ley al magistrado, como una forma de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso concreto, a fin de poder comprobar que su decisión es un acto reflexivo emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria” (ambos autores citados en la obra “La motivación de las Sentencias”, Santiago Labat y Alejandro Santi Estefan, en RUDP 1/2016, página 73). Estos últimos autores señalan, que el deber de motivar las sentencias tiene rango constitucional, es decir, se deriva del debido proceso legal reconocido por la Carta (artículos 12 y 18) y de la reserva de derechos fundamentales de los artículos 72 y 332 de la Constitución de la República. “En la misma línea, Ignacio Soba y Bruno Gaiero en su obra “La sana crítica y la motivación de las decisiones jurisdiccionales en materia probatoria” en RUDP 3-4/2010 página 849, han señalado, que la consagración de la adecuada motivación de las decisiones judiciales como garantía, permite sostener que el sistema procesal -y consecuentemente, el Juez- se encuentra inserto, además, en el paradigma del Estado Constitucional de Derecho. Y que, por ello, también la fundamentación de las decisiones judiciales se considera -sin duda alguna- una garantía esencial para la conformación del debido proceso”| . “A partir de tal marco conceptual la Sala considera, que la consecuencia del vicio de la sentencia constatado en autos (ausencia total de motivación) acarrea la nulidad absoluta, tal como lo señalan Véscovi y demás autores en el tomo 2 de su obra, página 423). Nulidad que no puede ser subsanada o convalidada, pues “Esta categoría de nulidad se reserva generalmente para casos en que el apartamiento del modelo legal atenta contra el orden público, normas prohibitivas, o afecta principios jurídicos o procesales considerados de gran relevancia desde un punto de vista legislativo”. Y tal como viene de relevarse, la motivación de los fallos es nada más ni nada menos, lo que legitima el ejercicio del poder público de los jueces, por lo que, si el acto no cumple con el requisito de la motivación, no es legítimo, y atenta contra los principios básicos del sistema republicano de gobierno. “Tal como señala Gabriel Ohanián, no fundamentar la sentencia impide conocer la base del razonamiento que antecede al dictado del acto o de la sentencia y los hechos y derecho aplicable a la situación, e imposibilitan en los hechos su control. Por lo que, aceptar la legitimidad de los actos que no pueden ser controlados en su regularidad jurídica, implica por vía colateral la implantación del poder absoluto, y todo el sistema de garantías se torna ilusorio. Sostiene, en definitiva, que “El acto carente de fundamentos no se puede comprender, por tanto, no se puede embatir con crítica razonada contra el mismo pues no se conocen las razones que motivan su existencia. Y concluye en consecuencia, que la absoluta falta de motivación -como acontece en el caso- vicia el acto hasta invalidarlo, sin cuestionarse el acierto o desacierto sobre qué ha resuelto, sino el cómo fue resuelto, de manera que, una vez más, los fines no pueden cumplirse en menoscabo de los medios: el fin no justifica los medios. Por ello, tales actos son según el autor, insubsanablemente inválidos, afirmando que la sentencia que carezca de tales requisitos “debe considerarse nula, pues el fallo inmotivado no cumple la finalidad que el derecho le asigna, genera indefensión y torna aplicable lo dispuesto en el artículo 110 inciso 2º del CGP. El ordenamiento ha jerarquizado la obligación de motivar de tal manera que su ausencia, si es total, debe ser penada con la mayor severidad, esto es, la nulidad” (Cfme. “El derecho humano a las decisiones motivadas” en LJU tomo 130.). De manera entonces que el Tribunal tiene siempre la posibilidad de analizar y declarar aún de oficio la nulidad de la sentencia en mérito a lo establecido en los artículos 111, 116 y 257.4 del C.G.P. Es decir, que, aunque la nulidad no haya sido reclamad a por una de las partes, el Tribunal puede y debe examinar aún de oficio si se ha incurrido en alguna nulidad. Como expresara Tarigo: “…el tribulan de alzada debe examinar, aunque el recurrente no lo haya invocado, si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable” es decir, en alguna nulidad absoluta que, por serlo, no puede ser objeto de subsanación o convalidación, ni expresa ni tácita (Cfm. Enrique Tarigo en “Lecciones de Derecho Procesal”, Tomo II, pág,. 263). Y el art. 111 del C.G.P. es claro al establecer que “La nulidad deberá ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, cuando la ley la califique expresamente como insubsanable o el acto carezca de alguno de los requisitos indispensables para su validez”. De modo pues que la falta de pronunciamiento sobre una muy importante parte del reclamo o casi todo lo que formaba parte de objeto del debate no hace sino llevar a la conclusión de que la sentencia no reúne los requisitos esenciales mínimos para su validez, dado que no se explicitaron las razones ni fundamentos que justifiquen o legitimen la decisión adoptada, violentando las normas de los artículos 107 y 198 del C.G.P. También en la sentencia No. 305/2020 del en B.J.N. el Tribunal expresó: “…procederá a declarar la nulidad de la sentencia definitiva de primera instancia dictada en autos por incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 197 y 198 del C.G.P., esto es, por falta de fundamentos y ordenará la remisión de estas actuaciones al subrogante a los efectos de que proceda a dictar nueva sentencia….La sentencia de autos no está fundada en tanto no expone el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales se sustentaría la decisión”. “Al respecto la doctrina ha expresado: “Consideramos que en el actual estado del Derecho es posible sostener que la motivación se erige en una de las garantías del debido proceso, en cuanto el privar a las partes de controlar si se han respetado los hechos introducidos por éstas, si se ha valorado correctamente la prueba, si se ha razonado lógicamente, y si se han aplicado las normas y principios adecuadamente, afecta directamente el derecho de defensa.” “Nuestro ordenamiento jurídico procesal, sin embargo, no ha previsto expresamente la nulidad del acto sentencia por ausencia de este requisito, sin perjuicio de ello, algunos tribunales han declarado la nulidad de la sentencia por carecer de todo fundamento”. “Doctrinariamente se ha destacado, en cuanto al contenido de la motivación, que ésta debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. Debe ser expresa, es decir que el tribunal debe consignar claramente sus propios argumentos, que en un itinere lógico llevan a adoptar la decisión. No es admisible la remisión a otros actos o reemplazarla por una argumentación genérica o global, por ejemplo, a la prueba producida”. “Debe ser clara, las razones o motivos deben ser expuestos en forma clara, de manera que no den lugar a dudas, para que aquellos puedan ser fácilmente comprendidos”. “Debe ser completa e incluir todos los argumentos de cada una de las cuestiones sometidas a decisión y que la justifican” (Cfm. Angel Landoni Sosa, Código General del Proceso, Comentado, anotado con jurisprudencia, Vol 2B, pág. 621 y ss.). “En definitiva, el Tribunal, siguiendo el mismo criterio aplicado reiteradamente en casos similares, habrá de declarar la nulidad de la sentencia ya que ésta no se ajusta a lo preceptuado por los artículos 15 y 16 de la Ley 18.572 y arts. 197 y 198 del C.G.P. por aplicación del art. 31 de la Ley Nº 18.572 y carece de la fundamentación necesaria, lo que genera indefensión.” “En efecto, tal como lo expresa el Dr. Gabriel Ohanian Hagopián (La Justicia Uruguaya Tomo 130 doctrina 10), existe un derecho humano fundamental a que las decisiones jurisdiccionales sean debidamente motivadas. “Admitido entonces que los derechos del sujeto requieren reconocimiento y protección, y que ésa es la finalidad del Estado, concluimos que las decisiones de los órganos estatales actuando en sus funciones administrativa y jurisdiccional, deben contener los fundamentos de hecho y derecho que preceden a su dictado y los determinan, para que así puedan ser objeto de intelección por aquellos a quienes se dirigen: justiciables y administrados…No fundamentar impide conocer la base del razonamiento que antecede al dictado del acto o sentencia y los hechos y derecho aplicables a la situación, e imposibilitan en los hechos su control…El acto carente de fundamento no se puede comprender, y por tanto no se puede embatir con crítica razonada contra el mismo pues no se conocen las razones que motivan su existencia”. Para Tarigo la motivación de la sentencia es la base imprescindible para la eventual impugnación de la misma, estableciendo que es “algo así como el espejo revelador de los errores del sentenciante” “En consecuencia, la ausencia absoluta de motivación vicia el acto hasta invalidarlo, sin cuestionarse el acierto o desacierto sobre qué se ha resuelto, sino el cómo fue resuelto, de manera que, una vez más, los fines no pueden cumplirse en menoscabo de los medios: el fin no justifica los medios”. “Tales actos son insubsanablemente inválidos y no cumplen la teleología concreta que se asigna a los poderes públicos, dado que la finalidad del Estado no es otra que la obtención del bien común, o bienestar general que no se logra en supuestos de avasallamiento de los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a los individuos”. Y en el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia entre otras en la sentencia No. 349/2009 del 2/10/2009 (también en la B.J.N.) a cuyos fundamentos cabe remitirse. Y en tanto la Sra. Juez a-quo ya emitió opinión sobre el asunto, se ordenará la remisión de estos autos al subrogante natural a efectos de que proceda a dictar nueva sentencia en legal forma. III) Las costas serán de oficio, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts. 56.1, 261 del C.G.P. y 688 del C.Civil). Por lo expuesto, los fundamentos expresados, las normas legales citadas y lo establecido por los artículos 197, 198 y 344 del C.G.P. y art. 17 de la ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847 EL TRIBUNAL FALLA: DECLARASE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS Y REMÍTANSE LOS MISMOS AL SUBROGANTE A EFECTOS DEL DICTADO DE NUEVA SENTENCIA EN LEGAL FORMA. COSTAS DE OFICIO Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. MARIA GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRO DRA. ANA KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA