Sentencia Definitiva N° 241/2025

SENTENCIA DEFIFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “FERNANDEZ PEÑA, MYRIAM C/ NAKLE BUSCHIAZZO, GONZALO Y OTROS, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-92019/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera instancia N.º 23/2025 de fecha 17 de julio de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 4º Turno, Dr. José Luis Nicola Trías. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 23/2025 (fs. 322 a 352) se falló: “Desestimando la defensa de defecto en el modo de proponer la demanda opuestas por Gremca y Asociación Española conforme a lo expresado en el Considerando II literal A de esta sentencia. Amparando la defensa de excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por las codemandadas Gremca y Asociación Española conforme a lo expresado en el Considerando II literal D de esta sentencia. Amprando parcialmente la demanda y en su mérito condenando a la demandada SECURI SRL, VALMORES S.A, Eduardo Nakle y Gonzalo Nakle solidariamente, al pago de los rubros reclamados, más 10% por concepto de daños y perjuicios preceptivos, multa legal, reajustes e interés legal desde la fecha de la presentación de la demanda y hasta su efectivo pago, conforme a lo expresado en el Considerando III de esta sentencia, sin especial condenación en costos. Ejecutoriada, cúmplase, autorizándose los desgloses a los que hubiere lugar y, oportunamente, archívese. Notifíquese a domicilio electrónico de conformidad al art. 15 de la ley 18.572”. 3) Con fecha 1º de agosto de 2025 (fs. 355 a 362) compareció la parte actora a través de su letrado patrocinante e interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos, agraviándose de la solución de primera instancia en cuanto amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las codemandadas Gremca y Asociación Española. 4) Por decreto N.º 1204/2025 de fecha 4 de agosto de 2025 (fs. 364), se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y se ordenó conferir traslado del mismo por el término legal de diez días; traslado que fue evacuado por las demandadas en los términos que surgen de los escritos de fs. 370 a 374 y de fs. 377 a 379, bregando por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia. 5) Sustanciado el recurso, por providencia N.º 1407/2025 de fecha 28 de agosto de 2025 (fs. 381), se ordenó el franqueo del mismo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 9 de setiembre de 2025 (fs. 387), el mismo día se fijó fecha para el acuerdo y se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros (fs. 388). 7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a confirmar en todos sus términos la muy fundada sentencia de primera instancia, por considerar que ninguno de los embates críticos de la parte recurrente logra desestabilizar los meditados y sólidos fundamentos de la misma. II) El caso de autos. La actora Sra. Myriam Fernández Peña inició demanda laboral para obtener el cobro de diversos créditos laborales contra Gremca, Valmores S.A (Grupo SVA - Canelones Emergencia), Securi SRL, Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, Gonzalo Nakle y Eduardo Nakle. Argumentó la accionante, que su empleador formal fue la empresa Securi SRL, pero que el verdadero empleador fue el conjunto económico integrado por todas las empresas demandadas. Refirió, asimismo, que los codemandados Gonzalo y Eduardo Nakle se encuentran “vinculados” a la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y que justamente crearon estas empresas (Securi SRL, Valmores S.A y Gremca) para brindarle servicios a la primera de las nombradas. Postuló, en definitiva, que la legitimación pasiva de todas las accionadas deriva de que todas conforman un conjunto económico y subsidiariamente fundó la legitimación pasiva y la responsabilidad solidaria de Gremca y de la Asociación Española, en base a las leyes de tercerización. En lo atinente a su labor, indicó que ingresó a trabajar para todas las demandadas el día 12 de junio de 2021 en calidad de Licenciada Jefa de Enfermería o Jefa del Servicio de Enfermería hasta el mes de diciembre de 2023 en que fue despedida. Señaló, que cubrió servicios de la Asociación Española en el ex local de Gremca en 8 de octubre primero en sectores Covid y luego para usuarios quirúrgicos, y los fines de semana en la Asociación Española, además de indicar, que organizaba la logística de los Economatos de la empresa Securi SRL, coordinado a partir de diciembre de 2021 el servicio de enfermería a domicilio, teniendo en su calidad de supervisora y como Jefa de Enfermería personal a cargo, tales como Licenciados de Enfermería, Auxiliares de Servicio, Choferes y personal administrativo, agregando, que las tareas realizadas fueron las correspondientes a su cargo de Licenciada Jefa de Departamento de Enfermería. Reclamó aguinaldo correspondiente al año 2023, licencia y salario vacacional correspondiente al año 2022 y 2023 y la indemnización por despido. A su turno los codemandados Valmores S.A, Securi SRL y Gonzalo y Eduardo Nakle afirmaron, que la única empleadora y quien contrató a la licenciada Fernández fue la empresa Securi SRL, indicando, que la accionante era dentro de la empresa una persona de confianza. Luego de ello, dirigieron sus esfuerzos básicamente en cuestionar la liquidación de los rubros realizada en la demanda. Por su parte Gremca y la Asociación Española contestaron la demanda en términos de controversia, pero fundamentalmente enfocadas en cuestionar su falta de legitimación pasiva oponiendo a tales efectos la referida defensa como excepción previa. De este modo, cuestionaron la calidad de empleadores atribuida en la demanda y que conformaran con el resto de las demandadas un conjunto económico. De igual forma entendieron que no resultaba aplicable a su respecto las leyes de tercerización, sin perjuicio de que la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos reconoció la existencia de un vínculo comercial con la codemandada Securi SRL; además de cuestionar que, bajo el supuesto de tercerización, la accionante no haya confeccionado una liquidación por separado para cada una de ellas en función de los periodos laborados para cada una. III) La sentencia de primera instancia desestimó la defensa de defecto legal en el modo de proponer la demanda opuestas por Gremca y la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y a su vez, amparó la falta de legitimación pasiva opuesta por dichas codemandadas y, por consiguiente, desestimó la demanda a su respecto tanto en la hipótesis de la existencia de un conjunto económico conformado con el resto de las accionadas, como por considerar que no resultaban aplicables a su respecto las leyes de tercerización. En mérito a ello, amparó parcialmente la demanda y condenó a Securi SRL, Valmores S.A y a los Sres. Gonzalo y Eduardo Nakle a abonar a la accionante la totalidad de los rubros reclamados. Contra tal decisión se alzó la parte actora, agraviándose tal como fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia, por el amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por las codemandadas Gremca y Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. IV) Acorde a lo que viene de relacionarse, corresponde ingresar a analizar cada uno de los cuestionamientos de la actora por el amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva. Y fundando su agravio la accionante sostuvo en líneas generales y en resumida síntesis, que no comparte la valoración probatoria realizada en el grado anterior, pues según indicó, surge probado que realizó tareas para dichas demandadas y que las tareas cumplidas para ambas estaban íntimamente “ligadas” al giro de las empresas excepcionantes como prestadoras de salud. Indicó, además, que la sede a-quo no realizó una correcta valoración de las alegaciones realizadas por las partes, particularmente no tomó en cuenta ni consideró lo señalado por los codemandados Securi SRL y Gonzalo y Eduardo Nakle en sus alegatos, en cuanto reconocieron que ella laboró para Gremca y la Asociación Española de Socorros Mutuos a través de Securi SRL, única empleadora directa. Afirmó, además, que el sentenciante a-quo valoró incorrectamente la prueba testimonial diligenciada, sin perjuicio de no haber aplicado los principios generales del Derecho Laboral, ni las presunciones establecidas en los artículos 149.4 y 168 del CGP. Como se anunció, en opinión de la Sala no le asiste razón a la impugnante, no resultando atendibles ninguno de los cuestionamientos articulados contra la sentencia de primera instancia, la que en opinión del Cuerpo realizó sin lugar a dudas un acabado y detallado examen de los puntos en debate, relacionando con precisión las postulaciones de cada una de las partes, para a partir de ahí construir el camino argumentativo a partir del cual edificó su decisión, fundamentando acabadamente las razones por las cuales la actora no logró acreditar la legitimación pasiva de Gremca y de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, ya sea en su pretensión principal de que las mismas constituían un conjunto económico con el resto de los demandados, ya sea, en la acción subsidiaria ejercida, la cual se basó en afirmar la responsabilidad de las mismas a partir de la aplicación de las leyes de tercerización. Y lo primero que se impone señalar, es que el escrito recursivo realiza una argumentación que no luce ordenada en su formulación y que claramente mezcla y entrecruza las dos situaciones por las cuales pretendió la responsabilidad de la Asociación Española y de Gremca, esto es; ya sea la conformación de un conjunto económico o bien una hipótesis de tercerización. No se trata, por tanto, de una argumentación prolija, ordenada, ni lineal, que deslinde por un lado los agravios porque no se reconociera el conjunto económico y por otro, los agravios porque no se condenara a dichas instituciones de salud como empresas principales o usuarias en el marco de las leyes 18.099 y 18.251. Y ello necesariamente debió hacerlo la apelante, porque en la demanda se planteó como fundamento primario o principal de la responsabilidad atribuida a tales accionadas, el del conjunto económico, y como argumento subsidiario, el de la tercerización de actividades. Así y a vía de ejemplo, puede observarse, que en el numeral 3 de fs. 355 la recurrente como primer cuestionamiento a la sentencia de primera instancia transcribió los fundamentos y pasajes de la misma por los cuales el sentenciante a-quo tuvo por no acreditado una hipótesis de tercerización, refiriendo la apelante concretamente, que no comparte la valoración de la prueba realizada por el a-quo en este punto. Pero luego en el numeral 5 a fs. 335 vto. alude o refiere, en cambio, a los fundamentos dados por la sentencia para desestimar el conjunto económico, señalando seguidamente, que no comparte la valoración probatoria porque el servicio prestado a otras entidades como CUDAM o Emergencia Uno no resultó probado, y porque no se tuvo en cuenta el reconocimiento efectuado por Securi SRL y Gonzalo y Eduardo Nakle en los alegatos, en cuanto a que fue contratada para el servicio que Securi SRL prestaba a la Asociación Española y a Gremca, además de haber afirmado dichos demandados en dicha instancia, que su desvinculación -que no fue la única- se debió a que cesó el contrato que venían desarrollando con aquellas instituciones. Pero en opinión del Tribunal, lo afirmado por dichos codemandados en sus alegatos no importa reconocimiento del conjunto económico y ello sin perjuicio de considerar, que la apelante ni siquiera explicó por qué razón tales afirmaciones resultaban suficientes para tener por acreditado tal figura de creación doctrinaria y jurisprudencial. Es decir, la recurrente no detalla ni trasluce cuál es su razonamiento y cómo es que en función de que dichos codemandados afirmaron que fue contratada por Securi SRL para prestar servicios a la Asociación Española (que explota Gremca) puede considerarse acreditada le existencia del conjunto económico, no analizando tampoco, cómo es que por el hecho de que ella fuera desvinculada cuando cesó el contrato que los vinculaba con ambas accionadas, puede necesariamente concluir en una relación de causa-efecto en la existencia de un conjunto económico entre todos los demandados. Si bien es de admitir que es cierto que en autos no surgió acreditado que Securi SRL, Valmores S.A y las personas físicas demandadas efectivamente le prestaran servicios a otras prestadoras de salud, tal como había señalado la Asociación Española en su contestación de demanda, ello no es un elemento determinante ni que por sí mismo y desprovisto de toda otra consideración autorice a sostener la existencia del conjunto económico entre todos los demandados, máxime cuando analizada la recurrencia, no se aprecia ningún cuestionamiento concreto ni puntual contra las acertadas fundamentaciones del a-quo que lo llevaron a concluir en la inexistencia de un conjunto económico conformado por la totalidad de los demandados. Así, la Sala no advierte ni una sola critica enderezada a rebatir, por ejemplo, la afirmación de la sentencia de que no surge probado de que los hermanos Nakle hayan creado las empresas Securi SRL y Valmores S.A con la exclusiva finalidad de prestarle servicios a la Asociación Española y a Gremca. Tampoco se advierte que se haya criticado la conclusión del a-quo, en punto a que no hay prueba que avale que Securi SRL como empleadora formal de la actora actuara bajo una dirección común o una comunidad de intereses económicos subyacente con Gremca y la Asociación Española. Es más, el decisor de primer grado agregó, que se aprecia o advierte a Securi SRL como una empresa independiente que buscaba y representaba sus propios intereses económicos, además de tener una dirección verdaderamente autónoma y separada respecto de Gremca y la Asociación Española, no siendo controlada por éstas (fs. 339), no surgiendo del escrito de apelación crítica alguna contra tales conclusiones del a-quo. Importa señalar, asimismo, que, ahondando en la fundamentación de la desestimatoria de la figura del conjunto económico, el sentenciante también hizo hincapié a fs. 340 en ciertas deficiencias argumentales de la actora a la hora de sustentar su reclamo global contra todas las demandadas bajo la figura del conjunto económico, señalando especialmente, que la accionante no explicó por qué las personas físicas Gonzalo y Eduardo Nakle formaban parte del conjunto económico, reprochándole además a la accionante, la falta de explicitación acerca de cómo tales personas dirigieron, decidieron u organizaron el grupo, especialmente las instituciones Gremca y Asociación Española, no surgiendo tampoco del escrito de apelación ninguna crítica concreta y objetiva que apunte a un error o desacierto de lo concluido por la sentencia en este punto. Por lo cual, claramente no puede entenderse que el escrito de apelación contenga crítica alguna o al menos un cuestionamiento fundado y razonado contra los fundamentos por los cuales se concluyó que Gremca y la Asociación Española no conformaban un conjunto económico con el resto de los demandados. Sin perjuicio de ello, la apelante argumentó, que la sentencia admitió que la codemandada Asociación Española contrató a Securi SRL a efectos de obtener servicios, lo que, a su criterio “exime a la actora de cualquier probanza, respecto de alegado conjunto económico, o subsidiariamente la responsabilidad de la Asociación Española por los créditos salariales e indemnizatorios no abonados a la actora” (fs. 357); argumentación que este Colegiado no tiene el honor de compartir y ello por varios órdenes de razones. En primer término, porque en esta crítica puntual se aprecia justamente ese desacierto de la parte recurrente en cuanto a la confusión e interposición de agravios de manera indistinta y sin distinguir los dos fundamentos que invocó en su demanda para convocar la responsabilidad de todos los demandados en forma conjunta; lo que no resulta procedente. En este punto cabe reiterar, que la sentencia fue sumamente prolija al deslindar ambas hipótesis de responsabilidad, y esta cita que efectúa la recurrente refiere al análisis efectuado por el a-quo y titulado “La falta de legitimación pasiva fundada en la inaplicabilidad de las leyes de tercerización” (fs. 341), por lo que es claro, que la impugnante se vale de las afirmaciones del a-quo realizadas al analizar la falta de legitimación pasiva fundada en las leyes de tercerización, pretendiendo que lo dicho abona su tesis en punto a la existencia de un conjunto económico. No obstante, y, en segundo lugar, parece de una obviedad extrema que lo afirmado por la sentencia en punto a reconocer que la Asociación Española contrató a Securi SRL a los efectos de obtener servicios que decidió tercerizar, no tiene la virtualidad para demostrar en forma poco más que automática como pretende la accionante, la existencia de un conjunto económico. De sostenerse la posición de la recurrente, habría que admitir que toda empresa que contrata o delega en otra un segmento o parcela de su actividad conformaría un conjunto económico con dicha empresa, lo que no resulta admisible, sobre todo, cuando como en el caso, ni siquiera se alude en la recurrencia a la presencia o existencia de los indicadores que doctrina y jurisprudencia al cabo de los años han ido construyendo para delinear esta especial figura. Luego de esto, la apelación se enfoca o se centra en el análisis de la prueba testimonial allegada a la causa, realizando la recurrente su propia valoración de los testimonios, pero ello según interpreta el Tribunal, en aras de rebatir la conclusión de la sentencia en punto a que no resultaba de aplicación en la especie la hipótesis de tercerización de servicios, por la especial situación funcional y tareas cumplidas por la demandante, en la medida en que no surgió probado que ésta trabajara directamente para Gremca y la Asociación Española en las actividades que fueron tercerizadas. Entonces, sobre la desestimatoria de existencia de un conjunto económico, solo cabe reiterar, que no existe agravio fundado, dado que no existe una argumentación encaminada a deconstruir las lúcidas conclusiones del a-quo sobre el punto, pues tal como fuera analizado, no fueron rebatidos ni criticados razonadamente cada uno de los fundamentos de la sentencia sobre el punto, además de que tampoco se vislumbra una argumentación que demuestre el error de la sentencia en este controversial aspecto. V) En otro orden y en cuanto a la existencia de tercerización la Sala considera, que debe partirse de su reconocimiento en la sentencia según resulta de fs. 341 y 342; por lo que, lo que los agravios articulados por la accionante ponen en entredicho es puntual y concretamente, la conclusión del sentenciante a-quo de que la actora no realizó tareas de manera directa en beneficio del empresario principal, considerando que la misma no ingresa en la categoría de trabajadores sujetos a una triangulación por la cual están subordinados a su empleador, pero ejecutan tareas materiales que constituyen el servicio que éste presta a la empresa principal. Y sobre este aspecto la Sala también comparte la valoración de la prueba testimonial realizada en la instancia anterior, no coincidiendo con la recurrente en que en que se haya verificado error alguno en la valoración de los testimonios allegados a la causa. En efecto, la prueba testimonial que analizó la sentencia es clara, y coloca o posiciona a la actora en una labor de coordinación o supervisión y de organización del servicio que Securi SRL brindaba a la Asociación Española y a Gremca y no estrictamente al efectivo desempeño de las tareas comprometidas a las mismas. Así, Mathías Saravia, licenciado en enfermería, que según indicó, trabajó con la actora desde diciembre de 2021 a mayo de 2022, refirió a que la licenciada Fernández Peña era la persona que “le ordenaba cubrir guardias”. Y si bien afirmó que la misma era su jefa, fue claro al precisar, que lo era en lo referente “a donde me tenía que presentar, servicio, turno y todo lo que pasara dentro de su guardia” (fs. 204). De lo dicho por el testigo se desprende entonces, que la accionante no oficiaba como Licenciada Jefa de Enfermería para las indicaciones técnicas en el quehacer cotidiano del testigo como licenciado en enfermería, ni tampoco para dirigir su desempeño efectivo como licenciado en enfermería, al punto que también señaló, que al dirigirse al lugar físico donde debía desempeñarse “íbamos al departamento de enfermería quien asignaba los servicios, no sé quién era la encargada si era funcionaria de la ESPAÑOLA” (fs. 205). De esta última parte de la declaración del deponente se extrae sin margen de duda razonable, que esa encargada o responsable de enfermería no era la actora. Marcelo Morales por su parte, indicó que “no trabajé nunca” con la actora, agregando, que tenía referencias de compañeros de militancia sindical acerca de su trabajo, aludiendo concretamente, que el trabajo al que refería era el de “jefa coordinadora de enfermería”, que “les distribuía guardias en las dos instituciones”, y luego mencionó, que “era ella quien los convocaba a estas guardias” (fs. 207). En similar orientación, Susana Rodríguez señaló a la actora como su jefa, trabajando ella en Gremca, mientras que sobre si misma señaló, que cumplía horario de 6 a 14 y que trabajaba 4 días y descansaba uno. En tanto, respecto de la accionante afirmó, que “no sé qué horario hacía, sé que visitaba en la mañana la emergencia, porque yo la veía en ese turno. En el piso también y se por otros compañeros que ella había venido en otros turnos” (fs. 269). Como puede observarse, esta deponente tampoco habla o refiere a un desempeño efectivo como licenciada en enfermería por parte de la actora, ni alude tampoco al cumplimiento de un horario, si no, que lo máximo a lo que apunta es a la existencia de “visitas”, sobre todo en el horario de la mañana en el que ella laboraba y del que puede dar fe. Y a fojas 271 la misma testigo, preguntada por las tareas de jefatura que realizaba la actora, dijo no poder “decir un cien por ciento, pero era la jefa, supervisaba al personal y controlaba”. Finalmente cabe señalar, que el testigo Matías Paz, trabajador del Hospital Maciel y militante de la FFSP, declaró que nunca trabajó con la actora, pero que sabía a través de un compañero también militante que trabajó con ella, que trabajaba para Gremca y para la Asociación Española (fs. 209). Por lo que, en principio y acorde a su propio relato, se trata de un testigo de oídas, que dice saber que la actora trabajaba en dichas mutualistas por comentarios de otro compañero. Y si bien el testigo -desdiciéndose de su primaria afirmación- indicó que vio trabajar a la licenciada Fernández Peña en la Asociación Española (fs. 209), se trata de un testimonio totalmente aislado en este sentido, no precisando siquiera el deponente, las circunstancias en las que la vio a la actora, ni fecha en la que presuntamente la habría visto, ni el lugar o sección dónde la vio, ni qué estaba concretamente haciendo la accionante en ese momento; lo que ciertamente no luce como un testimonio consistente a la hora de tener por acreditado que la accionante realmente cumpliera su labor en las instalaciones de la Asociación Española. Y este mismo testigo, que inicialmente afirmó que era conocedor de que la actora laboraba en la Asociación Española y para Gremca por comentarios o a través de otro compañero, luego también desdiciéndose de su primigenia versión, indicó que sí había visto a la actora en Gremca porque él iba siempre a buscar a su compañero Mathías (refiere a Mathías Saravia, también testigo). Pero siendo así, no explicó el deponente cómo y por qué al inicio de su declaración afirmó que sabía del desempeño de la actora para estas instituciones por comentarios de otro compañero. Por lo que, lo oscilante y divergente de su relato, no otorga credibilidad a su testimonio sobre este punto. Máxime, además, que cuando se pretendió profundizar y se le interrogó sobre lo que veía haciendo a la actora en esas ocasiones en Gremca, sólo pudo dar cuenta de que la vio “llenando una historia clínica, escribiendo a mano” (fs. 210 in fine); versión que resultó absolutamente contradicha por los testimonios de Viviana Quiroga y María José Sanguinetti (Gerenta de RRHH de Gremca y Auxiliar Administrativa de Gremca respectivamente) quienes indicaron sin fisuras, que las historias clínicas en Gremca son llenadas exclusivamente por los médicos, pero no a mano, sino a través de su registro en forma informática, aspecto este último corroborado incluso por la testigo Rodríguez a fs. 271. Todo lo cual permite inferir, la insinceridad del testimonio brindado por el testigo y por ello mismo, la nula eficacia convictiva a la hora de acreditar el desempeño de la actora en las propias instalaciones de la Asociación Española y de Gremca tal como ésta postuló en su demanda. Por otra parte, es de ver, que la recurrente, al criticar de errada la valoración de la prueba testimonial por parte del juez a-quo, argumentó que “probó que razonablemente su trabajo hizo posible el cumplimiento de la obligación principal de las empresas demandadas” (fs. 357). Pero lo importante ciertamente es determinar en beneficio de quién realizó su trabajo, y ello claramente lo hizo en beneficio exclusivo de su empleadora, para que ésta cumpliera adecuadamente la prestación de trabajo que comprometió con la Asociación Española, es decir, para que se cumplieran las guardias que ésta o Gremca necesitaban cubrir. La propia expresión transcripta en el escrito de apelación trasunta una diferencia muy significativa entre “hacer posible el cumplimiento de la obligación principal” (el servicio de salud comprometido), y, por otro lado, “cumplir la obligación principal”, que importa ejecutar el servicio de salud para la empresa usuaria o principal de manera directa. Porque como bien relaciona la sentencia de primera instancia y no es criticado puntualmente por la impugnante, por más que surja probado que la Asociación Española contrató los servicios de Securi SRL (empleadora formal de la accionante) lo esencial o gravitante en este caso, es determinar si efectivamente la reclamante como Licenciada Jefa de Enfermería trabajó directamente para la empresa usuaria cumpliendo la obligación principal comprometida. Y en aras de justificar que su desempeño se encontraba dentro del alcance las leyes de tercerización también argumentó la impugnante, que integró el colectivo de trabajadores que trabajando como dependientes “contribuyó” a la prestación del servicio principal, lo que no emerge cuestionado, pues para eso la contrató Securi SRL, es decir, para organizar esa prestación, con todas las responsabilidades que señaló en la demanda que ello implicaba. En otro orden, también señaló la recurrente, que probó que se desempeñaba como Licenciada en Enfermería en el local de Gremca de 8 de octubre en el servicio de enfermería, y que los fines de semana iba a la Asociación Española a cubrir licenciadas y Auxiliares de Enfermería (fs. 357 vto.). Pero esto que invoca no puede entenderse probado, desde que nadie afirmó haberla visto realizando tareas efectivas y operativas de Licenciada, salvo el testigo Paz, cuyo testimonio sobre este punto no puede ser considerado ni tomado en cuenta por las razones ya apuntadas. Y si acudimos a los propios término de la demanda, allí puede apreciarse, que la descripción de tareas que realiza la actora en un primer momento parece ajustarse a la realización directa y efectiva de tareas de jefa de enfermería y de atención de usuarios, pero a poco que se continúa con el análisis de la descripción de lo abarcado por su cargo, ya empieza a llamar la atención todas las actividades que no están relacionadas con un efectivo desempeño en el cargo propiamente de una Licenciada Jefa de Enfermería. Y en este sentido cabe observar, que la propia accionante afirmó que también organizaba la logística de los economatos de Securi SRL, lo cual implica distribuir todos los pedidos de las distintas bases de emergencias móviles a las que la empresa vendía servicios: Salinas, Atlántida, Cerrillos, Pando, Barros Blancos, Dolores, San José (fs. 12 vto.in fine). A ello se suma, que a partir de diciembre de 2021 en que se agregó el servicio de enfermería a domicilio, tenía que coordinar para cubrir todos los servicios. Y, por si fuera poco, cuando enumera el personal que tenía a cargo, queda claro que no era una Licenciada en Enfermería “operativa”, sino que su desempeño implicaba que en los hechos desarrollaba tareas compatibles con un cargo gerencial o de confianza como indicó la propia empleadora formal en su contestación de demanda, pues afirmó que tenía a cargo licenciados de enfermería, auxiliares de servicio, choferes, administrativos (fs. 13). En tal escenario y acorde a sus propias alegaciones, debe convenirse, que resulta imposible que estuviera 6 horas en un sanatorio dirigiendo directamente la prestación del servicio de enfermería, porque su rol en la empresa era claramente otro. Y ello también explica el alto salario que dijo percibir ($ 189.681). Los cargos de responsabilidad como el de la actora (más allá de la denominación que se le de por parte del empleador) como los de los gerentes y otros jerarcas, no están comprendidos en la responsabilidad de las empresas usuarias por las leyes de tercerización, y ello, porque como en el caso, no son prestadores de servicio o de trabajo para éstas, sino para su empleador, y ello, a fin de que pueda cumplir el servicio o trabajo que se le ha tercerizado. En el mismo sentido que lo concluido por el sentenciante a-quo, la Sala con la actual integración ha afirmado en sentencia Nº 200/2023 (disponible en BJN) y en temperamento que resulta perfectamente aplicable al supuesto de autos, que: “Finalmente cabe señalar, que también conspira contra la pretendida existencia en el caso de una hipótesis de subcontratación, el hecho no menor de que la actora ni siquiera realizaba las tareas inherentes a la ejecución de esa actividad de enseñanza, porque no era docente sino administrativa del CASIU y su trabajo sólo beneficiaba a ésta, en todo caso para que estuviera en condiciones de cumplir el cometido de brindar las horas de docencia comprometidas por la Embajada a través de CASIU. Es decir, la hipótesis de subcontratación tampoco se configura, dado que las tareas desarrolladas por Alejandra Bassani no se cumplieron directamente en el “presunto” servicio encomendado a su empleadora por parte de ANEP. Y esto último no resulta intrascendente, por cuanto las figuras de externalización de mano de obra consagradas en las leyes 18.099 y 18.251 y particularmente la “subcontratación” no alcanza a todos los empleados de la empresa subcontratada, sino tan solo a aquellos que prestan los servicios contratados directamente para la empresa principal o usuaria. Sobre este punto Rosenbaum y Castello analizando el tema de la limitación de la responsabilidad desde el punto de vista temporal consagrada en el artículo 8 de la ley 18.251, analizan este aspecto al señalar, que dicha regla o disposición “…parece razonable, ya que la responsabilidad sólo puede surgir si hubo utilización o aprovechamiento del trabajo y por el tiempo que se verificó la situación. Ello excluye toda posibilidad de reclamación contra la empresa principal o usuaria, por parte de trabajadores contratados por el intermediario, suministrador de mano de obra o subcontratista, que no hayan trabajado o intervenido directa y efectivamente en obras y servicios realizados a favor de la primera, extremo que deberá ser acreditado fehacientemente por el trabajador” (obra citada, página 193). Con igual enfoque Mario Garmendia y Gustavo Gauthier sostienen que “… el patrono o empresario principal es exclusivamente responsable por aquellos trabajadores que directamente hubieran estado involucrados o afectados a la ejecución de la obra o servicio, quedando excluidos por tanto, aquellos otros que no prestaron servicios directamente para aquellos, por más que integren la nómina de dependientes del subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra” (“Tercerizaciones, Análisis de las leyes 18.099 y 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, FCU, 2da. Edición mayo de 2012, páginas 143 y 144). A nivel jurisprudencial también se ha señalado, que “El punto no deja de tener trascendencia, pues debe tenerse presente que la doctrina ius laboralista es conteste en que conceptualmente la subcontratación no alcanza a todos los empleados de la empresa subcontratada, sino tan solo a quienes prestan los servicios contratados directamente para la empresa principal o usuaria” (Sentencia Nº 89/2013 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno, extraída de la Base de Jurisprudencia Nacional). Con similar orientación el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno ha afirmado que “En cuanto al agravio por la no condena en forma solidaria o al menos subsidiaria a la empresa Farmacia El Túnel al pago de los rubros objeto de condena, el Tribunal observa que el actor no prestaba el servicio tercerizado, sino que su actuación estaba referida a la coordinación de los cadetes y la misma no encuadra dentro de las previsiones de las leyes de tercerizaciones (…) la actividad del actor era prestada a su empleadora Desarrollo Postales SRL para nada vinculada en la actividad de la farmacia el Túnel que lo que hizo fue contratar los servicios de cafetería pero no puede endilgársele responsabilidad por la actividad administrativa que en esa empresa contratada se desarrolla, máxime que no está vinculada su actividad a la misma. Entonces debe desestimarse este agravio del actor” (Sentencia Nº 7/2013 de fecha 6 de febrero de 2013 publicada en la BJN); todo lo que en conjunto determina que la actividad prestada por la actora no quede abarcada por la responsabilidad consagrada en las leyes de tercerización. Es más, la recurrente parte incluso de la premisa errónea, de haber probado “la realización efectiva de trabajo para las demandadas” (fs. 359 vto.), para postular a partir de ello la inversión de la carga de la prueba con base en el principio de disponibilidad del medio probatorio. Pero tal como viene de señalarse, ese presupuesto no ha resultado acreditado, por lo que no rige la inversión de la carga probatoria, como tampoco tiene incidencia en el resultado del proceso la presunción del artículo 149.4 del CGP (invocada a fs. 362) por no haberse presentado las demandadas a diligenciar la declaración de parte. En síntesis, y acorde a todo cuanto viene de señalarse se concluye, que el agravio es de franco rechazo, todo lo que determina que corresponda confirmar en todos sus términos la muy sólida sentencia de primera instancia que amparó la excepción de falta de legitimación pasiva de Gremca y de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. VI) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de oficio y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA: CONFIRMASE EN TODOS SUS TERMINOS LA SENTENCIA APELADA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE OFICIO Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-