Sentencia Definitiva N° 213/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Mónica Pereira Andrade, María del Carmen Corujo Milán y Lina Fernández Lembo.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Lina Fernández Lembo.- VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva de segunda Instancia estos autos caratulados: “SUAREZ JULIO C/SEGURIDAD ORIENTAL SRL Y OTROS. PROCESO LABORAL ORDINARIO. (LEY 18572)”IUE 2-96643/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal, por los agravios deducidos contra la sentencia definitiva de primera instancia, fs. 550 y ss, Nro 30/2025, dictada por el Señor Juez Letrado del Trabajo de de 19no Turno, Dr. Diego Prieto Silvera. RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, falló en lo esencial “Desestimar las excepciones previas de incompetencia material del Tribunal, inadecuación del trámite dado a la demanda y prescripción. Amparar parcialmente la demanda y en su mérito condenar a Seguridad Oriental SRL a pagar al actor julio Suárez la suma de $ 708639. Condenar subsidiariamente a la Administración Nacional de Correos (ANC) a pagar al actor Julio Suárez la suma de $ 20579, condenar solidariamente al Banco de seguros del Estado a pagar al actor Julio Suárez la suma de $ 123.481, Condenar solidariamente a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) a pagar al actor Julio Suárez la suma de $ 98764. Condenar subsidiariamente a la Administración de Telecomunicaciones del Estado (Antel a pagar al actor Julio Suárez la suma de $ 264.668 pesos. Condenar subsidiariamente a la Intendencia Departamental de Montevideo a pagar al Actor Julio Suárez la suma de $ 201143. A las sumas correspondientes con más reajustes e intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda (hasta donde fueron calculados) a la fecha de pago efectivo, y sin perjuicio de las deducciones legales que pudieren corresponder por concepto de tributos y cargas sociales. Costas y costos por el orden causado, sin especial condena en el grado (fs. 594/595). 2) Obra a fs. 602 y ss. comparecencia dela parte actora quien se agravia por no haberse dispuesto condena por concepto de descanso intermedio e incidencias respecto del B.S.E., respecto del período trabajado en el B.S.E, por haber considerado el Señor Juez acreditado en que en ese lugar los guardias contaban con relevo para gozar de la media hora de descanso intermedio. Invoca el criterio jurisprudencial que entiende aplicable para considerar gozado el descanso intermedio. Remite a testimonios vertidos en autos que afirma le dan razón a su reclamo en el punto. Dice no compartir la determinación de daños y perjuicios preceptivos formulada en el grado anterior. Por el porcentaje que solicita sea del 15% reclamado por su parte (fs. 603/604). 3) A fs. 608 y ss. obra comparecencia de ANTEL, expresando que le causa agravios la apelada, en síntesis en los siguientes puntos: Por atribuirse responsabilidad solidaria a ANTEL con base en las leyes 18099 y 18251, si bien reconoce que Ante fue destinataria del servicio prestad por Seguridad Oriental, postula que ello no implica que haya existido subordinación técnica, jurídica o económica entre el actor y el Ente y mucho menos una participación activa en la relación laboral. Y se acreditó que Antel cumplió con los requerimientos legales establecidos en el artículo 4 de la Ley 18251. En cuanto a la exigencia y control de la documentación exigible y por ello postula que su responsabilidad debería ser subsidiaria. Le agravia que se considerara atendible el reclamo por descansos intermedios y afirma que los testigos acreditaron que los descansos se tomaban si era posible dependiendo de las condiciones del servicio. Por la licencia y vacacional que dicen se originan en la relación laboral entre el actor y su empleadora y que Antel no asumió rol alguno en su pago liquidación o administración. Por la cuota parte del despido. Sostiene en su respaldo que Antel no fue empleadora ni participó en la terminación del contrato. Y cita doctrina que afirma respalda su criterio. Por la multa legal, que dice tiene naturaleza sancionatoria y por ello se requiere que el empleador demandado no haya comparecido o haya incurrida en conducta procesal omisiva injustificda. Por los daños y perjuicios preceptivos, por el carácter excepcional de la sanción. Y que se vulnera el principio de legalidad y tipicidad sancionatoria. Por el límite temporal y cuantitativo. Sostiene que el actor prestó servicios en instalaciones de Antel entre Mayo de 2022 a abril de 2023 y que la condena la sentencia la extiende hasta el 30 de julio de 2023, por períodos en que el actor ya no prestaba servicios para el ente y que ello es un “agravio manifiesto”. No se analizó lo que Antel hubiera debido pagar si hubiera sido el actor contratado directamente por ANTEL. Pide la revocatoria de la sentencia dictada en la medida de los agravios. 4) A fs. 614 y ss obra comparecencia de la Intendencia Municipal de Montevideo, quien afirma le causa agravio que se condenara a su parte por concepto de despido indirecto. Sostiene que los incumplimientos de la empleadora no son suficientes para configurar causal de despido indirecto. Invoca que el salario de julio de 2024 la actora lo percibió en setiembre de 2024 y que por lo tanto le fue abonado, y que el pago del salario del mes de agosto vencía al quinto día hábil del mes siguiente, el viernes 6 de setiembre de 2024, y que dado que el actor se consideró indirectamente despedido el miércoles 11 de setiembre de 2024, únicamente hubo dos días hábiles de atraso en el pago del salario de agosto de 2024. El salario del mes de agosto le fue pago en octubre de 2024, por lo que podía haber continuado el vinculo laboral. Niega que hubiera un atraso de hasta dos meses. Invoca que la decisión del actor de considerarse indirectamente despedido fue prematura. Y que ello no fue valorado adecuadamente por la sentencia de primera instancia. En cuanto a la condena por descansos intermedios, invoca que no se valoró el testimonio de algunos declarantes aquejados de sospecha, porque tienen reclamos judiciales. Entre otros el rubro descanso intermedio y que tienen un interés directo y subjetivo en la causa. Señala escasa actividad en el Cementerio en que se desempeñaba el actor por las noches. Y que por ello queda en evidencia que podía gozar de su descanso sin inconveniente alguno. Y que el mero hecho de no contar con relevo no supone que no se goce del descanso intermedio. Sostiene que no es posible al trabajador salir por la seguridad del propio trabajador por temas de inseguridad exterior y negocios cerrados. No había supervisión del patrón que le impidiera gozar del descanso pide la revocatoria de la apelada, en la medida del escrito recursivo. En los puntos descanso intermedio y despido indirecto, fs. 618. 5) Se confirió traslado de los recursos. 6) A fs. 621 y ss. comparece el B.S.E, deduciendo apelación sosteniendo que la recurrida en síntesis le causa agravio por cuanto: se dispone condena solidaria y no subsidiaria a su respecto. Refiere a la documentación que prevista legalmente y que ello resulta de la interrelación de datos que el B.S.E mantiene con el BPS. Y que su parte accede y controla la declaración nominada de historia laboral. Destaca su calidad de empresa del Estado. Admite no haber adjuntando recibos de sueldo, porque fueron proporcionados por la actora y que dichos recibos son objeto de contralor por una empresa externa contratada a tal fin. Que accede a ellos por el sistema de acceso directo al B.S.E. En cuanto al despido invoca que de los registros de marcas que su parte agregó al proceso solo pudo acreditar 93 jornales efectivamente trabajados y que quedó acreditado que las oficinas del BSE se gozaba de la media hora de descanso, dice no compartir la liquidación por concepto de despido y multa legal. Y que las marcas acreditan que la continuidad alegada por el actor no fue tal, trabajando únicamente 92 jornales en la Central de Servicios Médicos. Y que los jornales correspondientes figuran en el pen drive del modo que su parte detalla al apelar a fs. 623 vto/ 624. Y que por lo tanto la liquidación debió ser la que dice resulta de sus propios registros. Y por el valor del jornal de $ 1520 le corresponde el pago de una suma de $ 12160. Y que el B.S. E debería responder por el período que efectivamente trabajó en la institución. Y que se tenga en cuenta el método de cálculo que su parte realiza en la contestación y en el escrito recursivo. Pide la revocatoria de la apelada en todos sus términos. 6) Se confirió traslado de los recursos. Obra a fs. 633 escrito de la parte actora, quien expresa en síntesis que procede el mantenimiento de la recurrida por los argumentos que expresa en el escrito respectivo. 7) A fs. 643/646 a 649, consta comparecencia de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Banco de Seguros del Estado evacuando el traslado dado del escrito recursivo de la parte actora. En los términos que resultan de las respectivas comparecencias. 8) Se franqueó la alzada concediéndose los recursos por providencia 1540/ 2025, a fs. 651. 9) Recibidos los autos en este Tribunal, pasaron a estudio sucesivo, por imposibilidad material de realizar estudio conjunto por la carencia de medios técnicos adecuados a ello. Culminado el estudio y una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (artículo 61 Ley 15750), se procede al dictado de la presente sentencia, en el día de la fecha en los términos acordados. CONSIDERANDO: 1) La Sala adopta solución confirmatoria de la recurrida, con el alcance y en los términos, por los fundamentos que a continuación se expresan de conformidad con el orden que corresponde al contenido de los diversos agravios argüidos por las partes. 2) En primer término se agravia la parte actora por el rechazo al reclamo por descansos intermedios por el lapso de desempeño del accionante en dependencias del B.S.E. El actor dijo haberse desempeñado para el Banco de Seguros del Estado durante 2019 y 2020 en la Central de Servicios Médicos que quedaba en la calle Mercedes y Julio Herrera (Ex Sanatorio del B.S.E.) en la demanda a fs. 34 vto. sin deslindar lugares ni modo de trabajo expresó que no podía usufructuar la media hora de descanso intermedio. En su escrito de apelación a fs. 602 y ss. alega el actor que si no se gozaba del descanso porque no había un lugar especial para el descanso y si no podía salir porque no tenía quien lo sustituyera, es claro que no podía disfrutar del mismo. En su respaldo cita los testimonios de los deponentes FAN Y SIERIG. No fueron estos los únicos testigos que depusieron sobre el punto. El enfoque del actor en la presente etapa, no solo no toma en cuenta la escasa fundamentación y argumentos fácticos incluidos en la demanda en el punto, sino que analiza la prueba rendida parcialmente y de modo insuficiente para acreditar razón en el punto de agravio. A fs. 493 y ss. declaró Ferreira. Conoció al actor trabajando en la empresa, también era guardia de seguridad y coincidieron trabajando en BPS y para la IMM: No siempre coincidían en los turnos. Declara que se cumplía la media hora, en el ex sanatorio, la testigo salía en el descanso salvo algún que faltara personal. Mandaban relevo. Expresa que la salida al descanso se firmaba en planilla. Y que al actor podía pasar que lo rotaran en los puestos. Elizondo dependiente del B.S.E no recuerda donde vio al actor. Lo que relata la testigo de que el sanatorio dejó de funcionar y la mudanza del mismo en ellos años 2018/2019, son hechos no invocados en los actos iniciales de proposición por lo tanto no están habilitadas las partes a pretender introducirlos en etapa de apelación en su respaldo. So riesgo de generan indefensión del contrario, conculcando además lo dispuesto por el artículo 257 C.G.P. El actor en la demanda no deslindó haber trabajado en Florencia Varela, ni dijo especificidades del servicio del B.S.E en que invoco haberse desempeñado. Por lo que esa circunstancia no puede ser considerada incorporada al objeto del proceso y de la prueba en el presente grado de la causa. La testigo también corrobora que había relevo. Y que salían del lugar avisando al encargado. Los guardias dice que no estuvieron mas luego de la venta del local, que ubica sin certeza entre el 2019 y el 2020. En ese contexto tampoco las declaraciones invocadas por la parte actora son aptas para provocar solución revocatoria favorable a su interés en el punto. Pan relata haber sido supervisor, y haberlo controlado en el B.S.E. Para el B.S.E dice el testigo que ella estuvo afectada en el ex sanatorio, en el central y en el anexo, del sos descansos dice “según”, y agrega que cuando se quedaba cubriendo algún descanso cuando falta gente y se le pedía, se pagaba simple. Corresponde señalar que la parte actora fue omisa en interrogar al testigo sobre el alcance del pago que relata. Tomando en cuenta que el descanso intermedio de media hora una vez se abona con el sueldo, la circunstancia de que el testigo diga que cuando se hacía se pagaba simple. Implica interpretar que cuando se hacía, esporádicamente y no según lo reclamado por el actor en la demanda se abonaba una vez más. Lo que en modo alguno coincide con lo demandado ni con lo pretendido por el actor en etapa de apelación. Sierig, relata respecto del B.S. E. que nunca se cruzó con el actor y que el testigo solo venía al viejo sanatorio cuando faltaba gente. No sabe si el actor trabajo en central. Entonces, basta cotejar los extemporáneos argumentos del recurso de la parte actora, con los términos de la demanda y con lo que declaran los testigos que el deponente invoca en su favor respecto de su desempeño para el B.S.E, para concluir en la absoluta insuficiencia de la prueba para adoptar la solución condenatoria revocatoria parcial que pretende el actor respecto de los descansos a que no se hizo lugar en el grado anterior. El agravio es por tanto improcedente. Lo mismo sucede con el argumento de la parte actora por el cual pretende que los daños y perjuicios preceptivos se determinen en un porcentaje de un 15%. No solo es criterio de la Sala que existe cierto margen de discrecionalidad en materia de daños y perjuicios en cuanto a su determinación para el decisor del primer grado, sino que además la apelación en el punto para ser admisible debía considerar, al menos argumentalmente las pautas dispuestas por el artículo 4to. de la Ley 10449 para demostrar error del A quo en el porcentaje aplicado. Lo que en autos no se verifica. Y si lo antedicho no se entendiera suficiente, también el argumento es de frontal rechazo porque el actor en la demanda no reclamó un 15% por el concepto por el que se agravia sino que aplicó un 10%, lo cual echa por tierra cualquier intento revocatorio en la presente etapa (v. fs. 137). Se comparte el criterio adoptado por el sentenciante en los puntos de agravio que vienen e referirse. Deducen agravio por haber sido condenados por concepto de trabajo en tiempo de descanso intermedio por un lado ANTEL, quien dedica al punto escasas líneas en las cuales no analiza la prueba rendida en autos, analizada por el A quo, sino que sostiene que no se probó impedimento alguno por parte del Ente para el goce del descanso. Ni que Antel limitara su ejercicio invocando que la organización del trabajo era de cargo de Seguridad Oriental. En cuanto a la condena dispuesta por descansos semanales trabajados, toma en cuenta este Colegiado, que la sentencia hizo un análisis pormenorizado de la prueba rendida en el punto, particularmente la testimonial, para concluir (fs. 584/585) que habían quedado acreditados los lugares y organismos de desempeño de tareas y que en muchos de los servicios, dicha prueba acreditaba, salvo en el caso del B.S.E que el actor no había podido gozar de los descansos intermedios. Y que ello configuraba incumplimiento grave, entre otros, de la empleadora. Dados los fundamentos del A quo y las resultancias de autos ha de concluirse que los codemandados, que, como ANTEL, en este y otros puntos, omiten efectuar una crítica razonada, por medio de análisis probatorio, cuantificado y preciso de los fundamentos de la sentencia de modo tal de demostrar error del A quo, incumplen con la carga mínima de sustanciación del recurso. Y es criterio unánime de los tribunales de alzada en la materia, de larga data, que cuando no existe agravios formulado como crítica fundada y razonada, no hay agravio en sentido técnico. Y por lo tanto la parte omisa queda incursa en las previsiones del artículo 253.1 del C.G.P, debiendo tenerse por desistido del recurso a la parte en los puntos defectuosamente articulados de su memorial de argüidos agravios. Tal lo que ocurre con el escrito recursivo de ANTEL, en punto a descansos intermedios, a fs. 608 vto. y también en punto a los rubros licencia y salario vacacional. Y en el resto de los puntos los escasos argumentos que articula ANTEL carecen de total respaldo fáctico y normativo. Así, es irrelevante que ANTEL impidiera o no el descanso del actor. El actor se desempeñó en dependencias del ente. Por lo tanto ni siquiera pueden invocar desconocimiento del modo de trabajo del actor. La responsabilidad consagrada para las formas tercerizadas de prestación de trabajo es en garantía, se trata de un mecanismo amplificador de responsabilidad por créditos laborales y la base de la responsabilidad es legal especial. Es impertinente, es decir ajeno al objeto de la controversia y de lo que regulan las leyes 18099 y 18251 afirmar que el ente no tuvo injerencia directa en las condiciones de trabajo del actor o que no asumiera rol en el pago, porque no es ese el núcleo generador normativamente de su responsabilidad, dispuesta en el caso. Los argumentos que expresa ANTEL son genéricos, imprecisos, carecen de invocación siquiera normativa alguna. Son apenas la expresión del malestar o disconformidad del organismo por haber sido condenado, pero ello no configura agravios en sentido técnico. La Sala reitera nuevamente los fundamentos relativos a lo que viene de afirmarse sobre los supuestos de aplicación al presente del artículo 253.1 C.G.P. “Sobre el alcance del articulo 253.1 C.G.P como exigencia de admisibilidad del recurso de apelación v. con diversas integraciones de esta Sala: sent. Nº 47/00; AJL., 2000, c. 66; PALACIO, Manual de Derecho Procesal, t. 2, p. 138-139; 352/02; AJL. 2002, c. 30; 438/02; AJL. 2002, c. 32; 147/03; AJL. 2003, c. 58); S 247/2007; SEF-0014-000171/2014, BJN pública y sobre alcance de exigencia de liquidación precisa en el proceso laboral ordinario regulado por Ley 18572, v. del TAT ler. Turno v. TAT ler. Turno, S. 411.2011 en BJN pública). Basta con la simple lectura del escrito recursivo y por el modo en que la demandada pretendió estructurar su memorial de agravios, para considerar que la parte incumple con el requisito de que la apelación debe ser fundada. Ello, con el alcance que la jurisprudencia de las Salas especializadas otorga a dicha exigencia. De larga data la doctrina y jurisprudencia han establecido las pautas para analizar lo requerido en el artículo 253.1 C.G.P. Ha tenido oportunidad de señalar esta misma Sala y otras de las materias civil y laboral que: “la expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto de error “in iudicando”, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado. Ello, debido a que el reexamen en la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado atacando sus bases fácticas y jurídicas (antecedente sent. Nº 47/00; AJL., 2000, c. 66; PALACIO, Manual de Derecho Procesal, t. 2, p. 138-139; 352/02; AJL. 2002, c. 30; 438/02; AJL. 2002, c. 32; 147/03; AJL. 2003, c. 58). SEF-0014-000171/2014, BJN pública) En la misma línea se ha considerado: “Que liminarmente entiende la Sala que en el recurso promovido se reiteran los contenidos del escrito de contestación y de alegato, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo.- Es sabido que “la expresión de agravios constituye una necesidad, puesto que constituirá la medida de la apelación (‘la pretensión de la segunda instancia’), dentro del régimen dispositivo que nos rige. Inclusive en el Derecho positivo uruguayo (Código General del Proceso) se establece que todo escrito (introductorio) de apelación debe ser fundado y que si así no lo fuera se ‘tendrá por desistido’ (Vescovi, Derecho Procesal, tomo VI volumen 2 página 127).- La Jurisprudencia vernácula al respecto precisa que “La expresión de agravios no constituye una simple fórmula carente de sentido, sino que exige un análisis pormenorizado de la sentencia que causa perjuicio a la parte, por medio de una crítica razonada del pronunciamiento antecedente, demostrando los motivos que se tienen para considerarla errónea, refutando en forma clara y concreta las conclusiones de hecho o aplicación de derecho. En consecuencia, debe reputarse como una inobservancia a la carga de fundar el recurso de apelación, la mera disconformidad con la sentencia; con lo cual no existe fundamento alguno para modificar las conclusiones del primer grado.” (cfm. sentencia del T.A.C. de 1er. Turno Nro. 67/97 citada en la R.U.D.P. Nro. 3-4/1998, summa 264, página 385).-(cf. de esta Sala: SEF-0014-000171/2014, BJN pública) Esta Sala especializada de 3er Turno en Sentencia Nº 47 de 2/3/2000 con diferente integración (Dres. Piatniza, Molinari y Gómez Franco) en criterio compartido por quienes suscriben la presente se afiliaba al criterio de referencia. En cuanto al alcance que corresponde asignar al articulo 253.1) C.G.P y a la exigencia de que el recurso sea “ fundado” nada obsta actualmente y luego de la entrada en vigencia de la ley 18572 y modificativa posterior, a la aplicación de los dispuesto por la disposición establecida en el Código General del proceso en el punto. Pues también la ley especial, 18572, en su texto contiene la exigencia de que el recurso de apelación tiene que ser “fundado” para ser admisible (artículo 17 inciso lro.) lo que remite al concepto de “fundado” desarrollado por la doctrina y jurisprudencia en base al ya mencionado artículo 253.1 C.G.P. Ante la carencia de fundamentación la consecuencia jurídica no es otra que tener al recurrente por desistido del recurso en los puntos afectados por la carencia referida. Situación que es la que se verifica en estos autos. Y es suficiente por sí para sellar negativamente la suerte del agravio”. Los mismo aplica al agravio de ANTEL por haberse dispuesto condena por concepto de indemnización por despido a su respecto. En primer lugar, y con carácter general y con alcance para los integrantes de la parte demandada que invocan agravio por entender no estar obligados al pago de rubros indemnizatorios o por la multa legal, una vez más este Colegiado reitera lo que es su criterio coincidente con el de la totalidad de las Salas de Apelación especializadas de la materia. En el punto, no hay norma que determine o habilite interpretar de modo contrario al interés de los trabajadores que la ley quiso excluir del ámbito de responsabilidad de las empresas usuarias los conceptos de referencia, entre otros. Ha dicho esta Sala en consideraciones trasladables al ocurrente: “En efecto, como señala la parte actora al evacuar el traslado de la apelación, es prácticamente unánime en los Tribunales de alzada especializadas en la materia que el texto de la ley aplicable no amerita una interpretación restrictiva del alcance de responsabilidad de las empresas usuarias, como el que pretende la parte recurrente. “En cuanto al alcance objetivo de la responsabilidad consagrada en las leyes 18099 y 18251El artículo 7mo refiere a las “obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1ro. de la Ley 18099 de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de.. y detalla un conjunto de fuentes de obligaciones, entre otras las leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios. El artículo 8vo. establece los límites de dicha responsabilidad en función del lapso de la vinculación de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra. El artículo 1ro. refiere a la responsabilidad de todo patrono o empresario, “de las obligaciones laborales”. La doctrina ubica el ámbito de aplicación de la norma contenida en el artículo 7mo, ejusdem, como continente de las obligaciones y que se resuelven en el pago de una suma de dinero. “GARMENDIA Y GAUTHIER, en: “Tercerizaciones, Segunda Edicion, FCU, Mdeo, pgs. 132/133), Dice que la redacción del artículo 7mo de la Ley 18251 superó la crítica a que se había sometido la anterior solución legal en cuanto a las obligaciones laborales cuyo cumplimiento puede ser verificado mediante el cotejo de documentos, pero que no hizo lo propio respecto de las obligaciones laborales que por su propia naturaleza no pueden ser documentadas. Y los autores refieren a las obligaciones de hacer. Y dice que hubiera sido deseable una formula que limitara la responsabilidad a las obligaciones de dar. Y luego agregan los autores “ Sin embargo, una cosa es dejar señaladas las dificultades de control que por su naturaleza pueden presentar determinadas obligaciones laborales y otra muy distinta sería interpretar que dichas dificultades provocan que la responsabilidad legal no abarca tales obligaciones laborales cuyo cumplimiento (por no ser documentable) puede resultar difícil controlar. “En tal sentido, el sistema instaurado por estas dos leyes no reparó en este aspecto a los efectos de delimitar la esfera de las responsabilidades que atribuye al patrono o empresario principal y, al contrario, el alcance material de las responsabilidades implantadas incluye todas las obligaciones laborales, independientemente de su naturaleza y del grado de dificultad que puede conllevar el control de su cumplimiento por parte de aquel”. Entonces, no son equiparables ni van de la mano las circunstancias que habilitan el poder deber de informarse o de controlar determinados supuestos generadores de obligaciones respecto del alcance de la responsabilidad consagrada, sin distinción en base a ello por el texto legal vigente. La redacción no distingue y por ende no puede hacerlo el intérprete. No se recibe la apelación deducida en el punto.” (Cf. 48/2021). El planteo de ANTEL soslaya considerar siquiera el derecho aplicable en su calidad de empresa usuaria regulada por las leyes denominadas de tercerización. Lo antedicho aplica a la multa legal, que se trata de un crédito laboral, dispuesto por la Ley especial en el artículo 29 de la Ley 18572, y que por lo tanto ingresa en el ámbito de responsabilidad de la recurrente. En cuanto a la condena por daños y perjuicios preceptivos una vez más resultan de frontal rechazo los argumentos de ANTEL, por los cuales pretende exonerarse de responsabilidad invocando que no tuvo participación laboral directa en la situación del actor ni en su desvinculación, por no ser ese el fundamento legal de su responsabilidad en el ocurrente. El fundamento no es un vínculo laboral directo, lo que ANTEL pretende desconocer. En etapa de apelación ANTEL sostiene discrepancia con el lapso amparado en la sentencia para el calculo de lo condenado. E invoca que ello configura un “agravio manifiesto”. Carece la argumentación del ente del grado mínimo de detalle, respaldo fáctico argumental con referencia a las resultancias de autos y cuantificación acorde, que le gravaba proporcionar para cumplir con los requisitos del artículo 253.1 del C.G.P. Lo que invoca es impreciso y no dice en que afinca de la prueba rendida su pretendido agravio. El cual se rechaza por lo antedicho. La Intendencia Municipal de Montevideo, dedujo agravio, en punto a la condena por concepto de despido indirecto, sostiene que no hubo incumplimientos de gravedad que justificaran que el actor se considerara indirectamente despedido. Sin embargo del escrito recursivo incluso, resulta admitido que el actor cobró su sueldo con retraso desde el mes de julio de 2024. Admitiendo que el salario del mes de julio el actor lo cobró recién en setiembre de 2024. Resulta de total rechazo conforme a criterio normativo y a elementales reglas derivadas de la protección especial que la normativa de nivel superior asigna al trabajo dependiente y al salario. Sostener que un trabajador que vive de su salario no se ve afectado de un incumplimiento grave cuando se retarda el pago de su salario implica desconocer la naturaleza alimentaria del salario y asimismo una clara conculcación del principio de realidad propio de la materia laboral y de la regla de experiencia, subsidiaria en la valoración de la prueba conforme a las reglas procesales contenidas en los artículos 140 y ss. del C.G.P. La decisión del actor de considerarse despedido sobrevino cuando ya había existido un atraso significativo, y por ende ya se había configurado el despido indirecto con el atraso. Además fue invocado por el actor incumplimientos relativos al derecho a la licencia. La intendencia alega que el actor solo sufrió un retardo de un mes en el pago de su salario, pero no toma en cuenta que para quien vive de su salario, un mes no es un lapso insignificante. Una vez vencido el plazo legal de pago de los salarios, y en un contexto de otros incumplimientos como el derecho al goce del descanso intermedio constatado en autos, entre otros, el actor estaba plenamente habilitado a considerarse indirectamente despedido cuando lo hizo. Y los argumentos en contrario de la recursiva carecen a juicio de la Sala de sustento fáctico y normativo. Cabe agregar que la parte actora quedó acreditado que no había gozado la licencia en lapsos anteriores como incumplimiento adicional. Todo lo cual determina la confirmatoria de la recurrida en el punto. Invoca asimismo la Intendencia Municipal de Montevideo agravio por la condena al pago de descanso intermedio trabajado. Agrega la calidad de testigos aquejados de sospecha. No se comparte el argumento. Los testigos son la única prueba disponible para el trabajador. Se trata por ende de testigos necesarios y presenciales de lo que relatan. Paralelamente, la causa de sospecha, como circunstancia procesal, no invalida el testimonio aquejado, sino que determina su consideración a la luz de las reglas de la sana crítica (artículos 157, 158 y 140 y ss. C.G.P, 30, 31 y 1ro Ley 18572). Por lo tanto, y en el conjunto de la prueba rendida los testimonios, analizados en detalle por el Señor Juez y solo mencionados genéricamente por la Intendencia aportan elementos de convicción favorables a la tesis de la parte actora. Por el contrario los argumentos de la Intendencia a fs. 616 y ss. adolecen de la misma falta de respaldo fáctico y normativo conforme a las reglas de la sana crítica, la experiencia y a pautas de razonabilidad. Liminarmente y con carácter general, a la cuestión de cuando debe considerarse que se goza del descanso intermedio, es criterio reiterado de esta Sala el siguiente, en concordancia con criterio de la Suprema Corte de Justicia, de larga data expresado y que mantiene plena vigencia: “Como ha afirmado la Suprema Corte de Justicia, en su Sentencia Nro. 166 del 18.6.1999 “se debe tener presente la finalidad de tal descanso que conforme a Plá Rodríguez, se trata de un período en que el trabajador debe interrumpir su tarea, y recuperar el uso de su libertad, para disponer de su tiempo como le plazca, descanso fuere en el local, como fuera de él, según la exclusiva decisión del trabajador, quien durante el descanso no se halla a disposición del empleador, según la referencia del C.I Nro. 30 art. 2do. (Curso T.II, v. I,p.19 Y conceptúa que si tal restitución del uso de la libre decisión no operara se frustraría el propósito del instituto, sin el descanso intermedio se otorga de una manera sui generis, contraria a su propia finalidad u objetivo, existirá derecho a reclamarlo.(T.A.T lro. Sent. 73/2007 ADJL,c.165). Si el descanso se otorga de una manera sui generis, contraria a su propia finalidad u objetivo, se entiende que existe derecho a reclamarlo. Trabajar y descansar al mismo tiempo, no puede considerarse un verdadero y real descanso intermedio (TAT 3ro. Sent. Nro.210,31.5.2007,Gómez Franco (R), Piatniza, Molinari, AJL 2007, caso 168, pg. 113-314). Es el actor quien debe probar que efectivamente trabajó durante la jornada de labor en forma ininterrumpida, en forma plena cabal, segura y eficaz, que deje lugar a dudas razonables. Tratándose de un trabajo que excede el ordinario, debe ser probado por quien lo alega (art. 139 C.G.P). La jornada de labor se clasifica en continua o discontinua, según la duración del descanso intermedio y la remunerabilidad o no del mismo. En las continuas el descanso es menor (generalmente media hora) y es remunerado, pues ese lapso se computa como trabajo efectivo. En las discontínuas el descanso es mayor (dos horas o dos horas y media, pudiendo llegar a reducirse hasta una hora) y no es remunerado (Larrañaga Zeni en “Manual de beneficios laborales y de la seguridad social” pág. 25). La finalidad del descanso es proteger la integridad del trabajador, éste tiene que interrumpir su tareas y recuperar la libertad de disponer de su tiempo tanto en la jornada continua como en la discontinua”. “Frente a este marco general de valoración del punto, los argumentos de la Intendencia fueron, que el actor trabajaba en el Cementerio en el turno de la noche y que es un hecho notorio que hay escasa o nula actividad en dicho periodo en el Cementerio…”. Resultan irrelevantes dichos argumentos, pues el trabajo del actor no consistía en atender el flujo de personas en el cementerio sino la seguridad en el lugar durante las noches. Obviamente el Cementerio en la noche ha de concluirse que no tiene afluencia de concurrentes, pero ello nada tiene que ver con el modo de trabajo y lugar de desempeño del actor y sus características. Si bien al actor le grava probar el trabajo en tiempo de descanso intermedio, no puede soslayarse que a la demandada grava invocar y acreditar cuales serían las circunstancias y condiciones de trabajo materiales y concretas, en función de las tareas del trabajador y modo de organizarse las mismas, que habilitaban y permitían el goce del descanso. Lo que la Intendencia no hace en ninguna etapa del proceso. Si la Intendencia pretendía controvertir el reclamo u obtener su absolución en la presente etapa era su carga acreditar que el actor podía durante la media hora recuperar su libertad para hacer de ese tiempo un tiempo de efectivo descanso en el lugar si lo deseaba o fuera de el, si hubiera sido su voluntad. Son irrelevantes las consideraciones del recurrente sosteniendo que el actor no habría tenido interés en salir del cementerio, pues no se trata de eso sino de si estaban dadas las condiciones organizativas y materiales para que el actor descansara en tiempo y forma. Nótese que la recursiva no dice que el actor tuviera la posibilidad de salir de su puesto de vigilancia para acceder a un lugar con comodidades, retirándose de su puesto. No basta para ello que el “movimiento del cementerio fuera escaso”. No se invoca que hubiera un lugar específico alejando del lugar en el puesto o garita para descansar en forma ni relevo previsto. No basta tampoco que no hubiera supervisión puesto que si no había condiciones objetivas para un goce adecuado dicho argumento resulta inocuo. El testigo Iglesias cuyo testimonio la apelante soslaya fue clara en expresar que no les obligaban a firmar la media hora pero no tenían relevo, y que no había lugares para que los trabajadores descansaran, sin poder dejar el puesto ni comer en el mismo. Lo que pone de manifiesto lo inidóneo de los argumentos de la intendencia como pretendidos agravios. Ferreira corrobora ausencia de relevo. Y coincide Pan supervisor del actor. Por lo tanto los argumentos de la Intendencia no logran desvirtuar el análisis y conclusiones a las que arribo el A quo en base al conjunto de la prueba rendida que la codemandada ni siquiera analiza en el escrito recursivo. El agravio es improcedente. Agravia al B.S.E que se le condenara, según invoca, solidariamente. En su respaldo afirma interconexión de datos con el BPS. Los argumentos de la codemandada refieren solo a datos formalizados por declaraciones unilaterales de la empresa proveedora frente al BPS. Sin embargo admite paralelamente que no aportó siquiera al proceso los recibos de salarios que invoca haber tenido en su esfera de conocimiento. Los argumentos son imprecisos e insuficientes. Nótese que ni siquiera dice que controles reales hacía. Es criterio de la Sala en coincidencia con un sector de la doctrina y con el total de la jurisprudencia de los Tribunales de alzada que no basta con requerir información sino que el control debe ser razonable y el que haría cualquier sujeto bajo el paradigma del buen hombre de negocios. En tal sentido es de ver que el artículo 4to. de la Ley 18572 además de prever la exigencia de exhibición d e documentación que detalla en los literales A) a D) de la norma, en el inciso final de la referida disposición expresa que la empresa usuaria, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. Y los controles “pertinentes” no pueden ser otros que aquellos adecuados al cumplimiento del paradigma que viene de referirse. Es decir controles relativos a la situación de cada trabajador, respecto de las diversas obligaciones abarcadas en el ámbito de responsabilidad objetivo marcado para el alcance de responsabilidad de la empresa principal en el articulo 7 de la Ley. Este último inciso no hace sino prácticamente reiterar lo dispuesto específicamente para entidades estatales en la Ley 18098 articulo tercero in fine respecto a la comunicación al organismo de que se trate si este lo requiere de los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio para que el organismo realice los controles “correspondientes”. Esta Sala se afilia al criterio de los Dres. Rosembaum y Castello que consideran que con base a las disposiciones legales vigentes, artículo 4to. Ley 18251 se exige no solo que se requiera documentación a la empresa proveedora sino que se efectúe un control razonable de la misma. Incluso el artículo 4to. ejusdem inciso final prevé que la empresa principal pueda requerir datos personales del trabajador para completar información que fuere necesaria, y ello también lo prevé la ley 18048 específicamente para entes públicos. Como lo ha sostenido reiteradamente, esta Sala se afilia al criterio doctrinario del control razonable, cuyo cumplimiento no se agota en la simple petición de documentación al prestador proveedor . Coincidente con la doctrina, según expresan ROSEMBAUM Y CASTELLO en: “Subcontratación e Intermediación laboral. Tercera Edición FCU (Julio de 2012). Recuerdan los autores de referencia en el punto “En la mecánica de la ley, la empresa principal no tiene obligación de controlar si el intermediario, subcontratista o suministrador de mano de obra cumplen adecuada y regularmente con sus obligaciones laborales y previsionales en relación con sus trabajadores. Sin embargo, si así lo hace, se verá beneficiado al aplicársele un régimen de responsabilidad patrimonial un poco más benigno en cierto modo, la ley busca permitir a la empresa que actúa con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que se manifiesta a través del ejercicio de potestades de contralor sobre los terceros con los que se vincula en el marco de los procesos de descentralización, así como también persigue elevar los niveles de cumplimiento de la legislación laboral y previsional, trasladando la carga de información a la empresa principal o usuaria…” (Ob. cit. Pgs. 175). Considera la Sala que, razonablemente, el sentido de requerir a la usuaria documentación e información, para que despliegue algún tipo de consecuencia supone algo más que el mero requerimiento. Lo que lleva a coincidir con Rosembaum y Castello en cuanto a que se requiere que la usuaria haya realizado un examen razonable control de la misma” como muestra de la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras servicios y mano de obra. (Cf. Op. Cit pg. 176). También invoca la Intendencia respecto de la condena por indemnización por despido, invocando que solo hubo 93 jornales de trabajo efectivo y que ello resulta del pendrive aportado en el expediente y pide que se revoque la cuantificación del grado anterior estándose a la alternativa formulada por su parte, que sostiene es tal por la suma de $ 12.160. No asiste razón a la recurrente. En la demanda se indicó como período trabajado para el B.S.E los años 2019 y 2020 que coinciden con el desmantelamiento del Hospital. La testigo Elizondo dicen o recordar fechas precisas. Y agrega que los guardias continuaron trabajando custodiando todo el edificio de la Central de Servicios Médicos hasta su ocupación por el Ministerio del Interior. Y la misma testigo y Ferreira coincidió trabajando en el sanatorio en el período 2016, durante tres años y medio, hasta que se mudaron. Paralelamente no hay ningún elemento que avale que las únicas asistencias del actor sean las aportadas por la demandada en pen drive. La propia recurrente había dicho a fs. 400 vto que había hecho un esfuerzo para recopilar, en el breve plazo para contestar la demanda, todas las marcas “ que encontramos de la empresa” referentes al período indicado por el actor en la Central de Servicio Médicos. De los dichos mismos de la demandada resulta la falta de fehaciencia de lo que afirma su parte. La apelación es una simple reiteración de lo que afirmó su parte a fs. 403 y vto. Todo lo cual obsta a la consideración del agravio como basado en prueba suficiente para hacerle lugar. Sin perjuicio de lo antedicho, tampoco puede soslayarse que los valores a los que arriba su parte como alternativos carencen de detalle suficiente, en cuanto a de que modo computa y que conceptos incluye para el cálculo del valor del jornal de IPD, no detalla haber considerado conceptos como las alícuotas u otros computables. Todo lo cual converge en el sentido de no hacer lugar al referido agravio. Entonces las razones antedichas determinan la íntegra confirmatoria de la sentencia apelada. La conducta procesal de las partes no amerita especiales condenas procesales en costos en el grado. Las costas de oficio. ( articulo 56 C.G.P, 688 Código Civil) Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en las normativas precitadas y lo dispuesto en los artículos 197 y 198 C.G.P, 17 y 18 , 30 y 31 Ley 18572, el Tribunal; FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVANSE LAS ACTUACIONES A LA SEDE DE ORIGEN. REGISTRE LA SECRETARÍA DE LA SALA LOS DÍAS INHÁBILES Y LAS LICENCIAS DE QUE HUBIERAN HECHO USO LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE Y REMÍTASE COPIA DE LA PRESENTE POR MEDIO IDÓNEO A QUIEN DICTÓ LA SENTENCIA IMPUGNADA.