Sentencia Definitiva N° 214/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Mónica Pereira Andrade, Lina Fernández Lembo y María del Carmen Corujo Milán.- MINISTRA REDACTORA: Dra. María del Carmen Corujo Milán.- VISTOS: Para dictado de Sentencia Definitiva de Segunda Instancia estos autos caratulados: “AA C/ COMISION DE APOYO DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA UNIDAD EJECUTORA Y A.S.S.E. PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18572)”, IUE 2-58061/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal, en función de los agravios deducidos contra la Sentencia Nro.2/2025 del 28 de Mayo del 2025, dictada por la Señora Juez Letrado de Bella Unión de 1er Turno, Dra. Paula Andrea Ramilo Berreta, obrante a fs.591/630. RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, a cuyo correcto relato de antecedentes cabe remitirse en lo medular falló “Desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co-demandada Comisión de Apoyo. Amparando la demanda impetrada y condenando en forma solidaria a Comisión de Apoyo y ASSE al pago de los rubros indemnizatorios y salariales que ascienden a la suma de $ 1.593.900,5, más actualización monetaria e interés legal que se devengue hasta su efectivo pago.” 2) A fs. 634 la parte actora interpone recurso de apelación directa y ad eventum contra la Sentencia. En cuanto a la directa señala que el fallo desestima el rubro diferencias de salario por entender que la rebaja de categoría se encuentra justificada y como consecuencia de las faltas cometidas, las que no surgen cometidas. Y en cuanto a la apelación ad eventum es por el caso de que la parte demandada recurra por la condena al despido abusivo. 3) Por auto 60/2025 del 9 de Junio del 2025 se tuvo por presentado el recurso de apelación y se dio traslado por el término legal. 4) A fs. 646 ASSE interpone recurso de apelación, manifestando que le agravia que la Sentencia haya considerado la existencia de un empleador complejo, siendo que surge de la prueba que son dos personas jurídicas diferentes. A fs. 649 presenta recurso de apelación Comisión de Apoyo expresando que le agravia que se condenara a abonar un despido abusivo, entendiendo que la actuación compromete la integridad del funcionamiento institucional. 5) Por auto 64/2025 del 10 de Junio del 2025 se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y se confirió traslado por el término legal. 6) A fs.660 evacua el traslado del recurso de apelación Comisión de Apoyo, a fs 663 lo hace ASSE y a fs 668 y 672 la parte actora. 7) Por decreto 74/2025 del 25 de Junio del 2025 se franqueó el recurso de apelación (fs. 680) 8) Recibidos los autos en este Tribunal pasaron a estudio, sucesivo, por imposibilidad material de efectuar estudio conjunto (artículo 17 Ley 18.572) por carencia de medios técnicos adecuados a ello. Una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (artículo 61 Ley 15.750) se acordó la presente Sentencia, en los términos en que se dicta en el día de la fecha. CONSIDERANDO: 1) La Sala adopta solución confirmatoria parcial de la recurrida por los siguientes fundamentos. 2) En cuanto a los agravios deducidos, se analizará en primer término la apelación deducida por las co-demandadas ASSE y Comisión de Apoyo, para luego proceder al análisis del agravio de la parte actora. ASSE expresa que le agravia que se haya considerado la existencia de un empleador complejo y por tanto se rechazó la falta de legitimación pasiva de dicho co-demandado El actor demandó en forma conjunta y solidaria a ambas co demandadas ASSE y Comisión de Apoyo en virtud de su vinculación con el objeto de autos y por la configuración de un empleador complejo y que en el caso fue ASSE quien tomó la decisión de sugerir el despido del actor. Por su parte la co-demandada ASSE a fs. 408 manifestó que carece de legitimación porque hay inexistencia del vínculo funcional con el actor, dado que este reconoció expresamente que su vínculo contractual era con Comisión de Apoyo, lo que surge de la propia demanda . Con relación al punto la Sala ha sostenido en Sentencia No 164/2022 “La parte actora se agravia por el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por ASSE”. El agravio es de recibo. La Sala comparte con el apelante que el hecho de que el trabajador conozca quién es su empleador no descarta que se verifique un supuesto de empleador complejo. En el caso la legitimación pasiva de ASSE está dada porque se beneficia del trabajo del actor prestado formalmente para Comisión de Apoyo en dependencias de ASSE. En doctrina el Dr. Fernando Delgado Soares Netto, en “La reformulación del concepto de “Empleador Complejo” luego de las Leyes de Tercerizaciones”, RDL Tomo LVII-N°255 Julio- setiembre 2014, señala en cuanto a la figura del empleador complejo y su rendimiento conceptual en la actualidad, que dicha figura data de fines de la década de 1980. Enseña el autor citando a CASTELLO, que dicha figura se define como comprensiva de “aquellas formas de relacionamiento empresarial en las que existe una pluralidad de empresas que organizan, dirigen y se benefician simultáneamente de los servicios de un trabajador, pero que, en principio carecen de lazos de dependencia entre sí y no están sometidas a un mismo centro de dirección”. Luego la obra citada, analiza la vinculación entre el concepto de empleador complejo y la figura de la personería laboral del empleador y expresa: “Podríamos señalar que la personería laboral del empleador es el telón de fondo o el punto de partida que permite el desarrollo entre otras del concepto de empleador complejo, existiendo una relación de género a especie” (obra citada pág. 441). Entre los fundamentos del concepto señala el autor: “a) La necesidad de recurrir a los principios propios del Derecho del Trabajo, especialmente el protector, de primacía de la realidad y de razonabilidad, b) Una noción amplia del sujeto empleador, c) La voluntad de evitar el fraude y simulación laboral, d) El derecho laboral debe responsabilizar tanto al empleador directo como al mediato o indirecto, o sea todos aquellos sujetos que integren el proceso global de producción y de un modo u otro se beneficien del trabajo”. Luego de citar el criterio de RASO respecto de la existencia de conjunción de empleadores o en palabras de éste último autor de “co-empleadores”, expresa que las distintas modalidades de vínculo entre los co-empleadores se aplica en situaciones en que las empresas son genuinas, auténticas actuando en un pie de igualdad, como en los casos en que una de ellas posee una supremacía o interferencia sobre la otra u otras (pág. 444). Y agrega el autor que se menciona entre los fundamentos jurídicos de las figuras, la indivisibilidad de las obligaciones laborales y el régimen del Código Civil regulado en los artículos 1376 y 1381 (pág. 446). Y menciona asimismo el criterio de Castello indicando el carácter residual de la figura del empleador complejo pasible de incorporar “aquellas situaciones que no pudieran calificarse de conjunto económico pero que supusieran la existencia de responsabilidad laboral de diversos co empleadores” (pág. 447). Específicamente en cuanto a la supervivencia y compatibilidad de la figura del empleador complejo luego de la entrada en vigencia de las Leyes 18099 y 18251, del trabajo reseñado, en consideraciones que la Sala comparte, afirma la supervivencia y reacomodamiento de la figura por cuanto las previsiones de dichas leyes “...no supone la subsunción o desaparición de la figura del empleador complejo, ya que dicha innovación normativa no atrapa todas las circunstancias de hecho que motivan su aplicación”. Produciéndose “un reacomodamiento del concepto o limitación de su alcance, en virtud de que por ejemplo al regularse por las Leyes 18099 y 18251 el suministro de mano de obra, este tipo de situaciones específicas se regulan por dicha normativa” (pág. 449). Por su parte, la jurisprudencia en casos similares, en conceptos que se comparten por la Sala ha sostenido: “...analizando la evolución del instituto, encontramos que la denominada Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es actualmente un Servicio Descentralizado, con personería jurídica propia y de naturaleza privada, que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. “A su vez, la Comisión de Apoyo de Programas Asistenciales Especiales de la UE 068 de ASSE, fue creada de acuerdo a la Resolución Ministerial N°312 de fecha 16 de junio de 1993, conforme lo previsto por el art. 82 de la Ley 16.002 , a lo que debe agregarse el art. 149 de la Ley 16.170 y 396 de la Ley 16.736 y Decreto No 193/000, por lo que, goza de personería jurídica y presupuesto propio, regulándose por el derecho común (art. 765 inc. 3 Ley 16736). Tiene como cometido el mejoramiento de la gestión de áreas hospitalarias, sus miembros integrantes son honorarios, no tiene fines de lucro, no presta servicios de salud directamente, sino que apoya la gestión hospitalaria de la unidad ejecutora en cuestión, siendo su deber celar por los fondos públicos que se les transfiere y obtener niveles de prestación de salud equiparable a los servicios privados. “Por consecuencia, no debe soslayarse a la hora de emitir opinión que la Comisión de Apoyo reconoce su origen en la necesidad de mejorar la gestión hospitalaria en los centros de tratamiento intensivo a fin de alcanzar el nivel que se advertía en las instituciones privadas, extendiéndose luego a distintos proyectos del área asistencial... debiendo tenerse presente que la Comisión no presta servicios en forma directa, sino que, como viene de decirse, apoya la gestión hospitalaria de la unidad ejecutora en cuestión, aplicando para ello fondos públicos. “El art. 396 de la Ley 16736 habilitó la transferencia de recursos económicos a las Comisiones de Apoyo (ASSE) los cuales deberán ser ejecutados bajo la supervisión del Director de cada unidad ejecutora (Hospital). “Cabe inferir de lo expuesto, que la situación de autos se acerca a una eventual hipótesis de empleador complejo, que sean la Comisión y ASSE dos órganos distintos e independientes, no obsta a que integren un supuesto de empleador complejo. “Sobre el punto se comparten los siguientes conceptos vertidos por el TAT 2° turno en Sentencia TAT 2o 511/012 en un caso similar al que nos ocupa: “...A manifestado este Tribunal “lo que interesa a juicio de la Sala y conforme la opinión jurídica recibida al respecto, es que para configurar dicha complejidad de empleador importa la dependencia concomitante del trabajador respecto de más de una empresa: no la vinculación que estas mantuvieran entre sí”. “Según entendió esta Cámara, la dependencia directa del trabajador de su empleador, no se determina exclusivamente por la contratación inicial sino por el relacionamiento ulterior que apareciere realmente subordinado el mismo a determinada persona. Habiéndose constatado que el trabajador contrata con determinada empresa que le indica destino y salario, pero realizándose el trabajo en y para otra empresa y bajo las órdenes de ésta, en consecuencia, para la Sala “son responsables cada uno po r e l t o d o ” ( S e n t e n c i a T A T 3 o 5 0 / 0 0 7 de este Tribunal)”. “...Y aplicando estos conceptos al caso de autos, de la prueba producida y que bien valora la Sentencia recurrida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 140 del C.G.P., se acreditó que ASSE controlaba en forma directa la actividad de los actores y se beneficiaba de la misma. Asimismo surge acreditado que ASSE designó a los integrantes de la Comisión de Apoyo, como que el principal recurso financiero de la misma es brindado por el Ministerio de Salud Pública a través de ASSE y esta contrata, selecciona el personal que se desempeña en los hospitales y la dirección de los mismos efectúa el control y dirección de su trabajo, en igual condición que lo hace la Comisión de Apoyo, todo lo que hace que se tenga por cierta la existencia de un empleador complejo, por lo que se rechaza el agravio a su respecto” (Cfme. TAT 4° Sentencia TAT 4to SEF-0511-000125/2013 de 14/5/2013, Echeveste (R), Patrón, Fernández de la Vega, AJL 2013 caso 321” En este caso resulta probado que era ASSE quien analizaba la situación funcional del actor, ya que surge a fs. 79 y 114 que fue el Directorio de ASSE quién resolvió realizar una auditoria interna a efectos de determinar irregularidades en la gestión de Recursos Humanos, con el fin de verificar la existencia de exceso de gastos en la contratación de suplentes, así como en las compras de insumos, desde el año 2019 al 30 de Junio del 2020 y como consecuencia de ello se decidido instruir investigación administrativa tendiente a comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del Servicio y a la individualización de responsables si los hubieran. Posteriormente en base a que se consideraron insuficientes las explicaciones planteadas y en cumplimiento con el art.204 del Procedimiento Administrativo y Disciplinario de ASSE, se resolvió remitir testimonio del expediente a la Comisión de Apoyo para que adopte en su ámbito la resolución que entienda conveniente, sugiriendo la desvinculación contractual del actor (fs 81). Por lo que se confirmará la recurrida por entender que en definitiva ASSE es quien se benefició con el trabajo del actor al desarrollar su tarea en el Hospital de Bella Unión y ejerció el control disciplinario del mismo, es más le dio un cargo que admite es de confianza, lo que no existe en el ámbito del derecho del trabajo en el sector privado con el mismo contenido que en el sector público. Pues en este último rige como principio general la inamovilidad salvo en el caso de los cargos de confianza, y en el ámbito privado rige el principio de continuidad de la relación laboral. 3) En cuanto a los Agravios de Comisión de Apoyo esta señala que le agravia que se haya considerado la existencia de un despido abusivo. No compartiendo la calificación del despido como abusivo, ya que la Sentencia reconoce que el actor incurrió en faltas funcionales reiteradas especialmente en el manejo de documentación vinculada a las asistencias, ausencias, y listas de suplentes, lo que a su entender constituye un incumplimiento grave de los deberes inherentes al cargo de confianza que ocupaba como Jefe de Recursos Humanos. Señalan que no se trata de una mera omisión formal, sino de una actuación que compromete la integridad del funcionamiento institucional. Agrega que la Sentencia entendió que una doble sanción, primero con el retorno al cargo de origen y luego con el despido, por lo que entiende que hay un desconocimiento de la naturaleza del cargo de confianza. Porque la remoción de su cargo como Jefe de Recursos Humanos y el retronó a su cargo de origen como Auxiliar de Registros Médicos no es más que el cese de funciones de un cargo de confianza, sin que ello implique una sanción disciplinaria. Por lo que no hay rebaja de categoría sino que fue contratado como Auxiliar de Registros Médicos y posteriormente por necesidades de servicio fue designado para ocupar el cargo de jefe de Recursos Humanos, el cual es de confianza. Se trata de una reasignación temporal en función de la confianza depositada en él. Lo primero que observa la Sala es que si bien se lo consideraba un cargo de confianza, teniendo en cuenta que era empleado de Comisión de Apoyo, una institución de derecho privado, no se puede hablar de un cargo de confianza como se utiliza el término en el ámbito del derecho público. Un cargo de confianza en el sector privado,un cargo de confianza es aquel que desempeña un empleado que trabaja en contacto directo con el empleador o el personal directivo, maneja información confidencial y, a menudo, participa en decisiones o supervisa otras áreas de la empresa. La característica principal es la confianza depositada por el empleador, quien delega funciones de alta responsabilidad, representación e incluso de mando, que implican una relación muy cercana y la capacidad de influir en las decisiones y objetivos del negocio, no quedando excluido del estatuto de trabajador y por tanto amparado por el principio de continuidad y todos los principios propios del derecho laboral. Mientras que un cargo de confianza en el sector publico son aquellos que la Ley o la Constitución designan como sujetos a libre designación y remoción por el Presidente de la República o la autoridad facultada, lo que generalmente ocurre con los Directores de entes autónomos, Secretarios, y Directores Jurídicos, Económicos o similares de organismos estatales. Estos cargos se caracterizan por una fuerte conexión política con el gobierno de turno y no están sujetos al mismo sistema de carrera administrativa que los cargos presupuestados. (régimen de inamovilidad). En todo caso el actor era un mando medio, dentro de una empresa de derecho privado, con muchos años de desempeño en el Hospital de Bella Unión y se lo bajo de categoría luego de haber recibido un ascenso, y la abusividad está dada porque lo rebajan de categoría y a los días lo despiden por Notoria Mala conducta. La Sala comparte el análisis, profundo y extenso de toda la prueba obrante en autos realizado por la Sra. Juez “a quo” de la que surge que ninguno de los hallazgos atribuidos al actor administrativamente fueron tales. Así, la Sede analiza la evaluación del desempeño del actor que realizó la Administración y en cuanto a la falta de conocimiento y control del actor sobre funcionarios con causal de junta médica, relevó que el actor siempre se encontró con conocimiento de la cantidad de funcionarios con dicha causal. Señalando la Sentencia al respecto que “no hay un solo medio probatorio que haga presumir que no existía ningún tipo de control documental sobre la situación actual de esos 27 funcionarios, y que los demandados estuvieron en absoluto desconocimiento de ello”. La testigo BB, superior jerárquica del actor, quien controlaba que los funcionarios concurrieran a trabajar, en el juicio dijo: “sí, se lleva un bibliorato con copia de los certificados, una planilla Excel donde se registra...” y que “el actor no tenía errores en sus funciones, ni tampoco lo tenía el servicio en general, había un control de las ausencias”. Las encargadas de cada servicio le hacían llegar al actor la documentación de cada servicio, por lo que la Sede considero: “lo cierto es que, infolios, no se desprende que se haya acreditado una sola ausencia de personal no justificada que a raíz del control defectuoso del actor haya provocado daños irreversibles en el sector de RRHH o suplencias que no fueran necesarias”. Respecto del control horario resultó probado que el sistema FSA instalado en el año 2021 y que el mismo tenía falencias reconocidas por la propia demandada. Concluyendo la Sede que la falta cometida “no afectó el servicio, ni justificó gastos indebidos”, por lo cual la deficiencia no fue tal y demostró la sinrazón de la conclusión de ASSE y Comisión de Apoyo. Y respecto de la documentación de respaldo de las suplencias o faltas surgió probado de los testigos compañeros de trabajo y jerarcas, que la misma siempre obró en dependencias de la Comisión de Apoyo, solo que archivada por año, en vez de por cada funcionario, pero sin perjuicio real y concreto alguno. En relación a la falta de constancias de cumplimiento con la lista de prelación de suplentes convocados, la Sede analiza el contexto dentro del cual transcurrió la labor del actor, en cuando a que el procedimiento seguido para el llamado a suplentes no era decidido por el actor, pues era la nurse quien llamaba al suplente cuanto fuera necesario y la demandada no agregó prueba que demostrara la efectiva desatención del orden de prelación en el llamado a suplentes, ni perjuicio de algún funcionario. La Sede concluyó que “la comisión desarrolla como agravios situaciones que en los hechos nunca se suscitaron”. La Sala concuerda como se ha señalado con el fundamento del fallo puesto no ha resultado probado que el actor cometió falta que mereciera la invocación de notoria mala conducta y la existencia de dos sanciones por un mismo hecho, tratando de aplicar un concepto de cargo de confianza dentro de un sistema de derecho privado, lo que demuestra una finalidad extra laboral, y que hace merecedora del concepto de despido abusivo. 4) En cuanto a los agravios del actor, este señala que el primero de ellos es que se desestima el rubro diferencias de salarios, por considerar que la rebaja de categoría se encontraba justificada. Así señala la Sentencia que resulta probado que el actor manejaba en forma irregular su cargo como Jefe de Recursos Humanos por mal manejo de resguardo de documentación referente a asistencias y ausencias de funcionarios, así como a no dejar las constancias respectivas en relación a la utilización de lista de prelación de suplentes. Considerando que tales irregularidades pudieron provocar eventualmente daños mayores si se prolongaban en el tiempo, por lo que se justifica la rebaja de categoría y su retorno como auxiliar de registros médicos. Si bien existieron irregularidades como el no resguardo de la documentación de asistencias y ausencias en el legajo del funcionario y archivarlas en biblioratos por años, no implica que la documentación no existiera o no estuviera guardada, o no dejar constancia del orden de prelación, tales hechos pudieron ser considerados negativamente, pero pudieron ser objeto de una sanción disciplinaria, observación, suspensión y no una rebaja salarial, pues no hay proporcionalidad. La Sala procederá a revocar la recurrida en el punto, pues del propio análisis de la conducta del actor por la Sede “a quo” surge que la rebaja de categoría carece de relación con las faltas consideradas, que no fueron tales y además, fue desproporcionada en tanto no se trato de una suspensión ya que fue definitiva. Se estará a la liquidación presentada por el actor a fs 28 suma que deberá actualizarse con intereses y reajustes desde su exigibilidad hasta su efectivo pago. Más la multa y los daños y perjuicios. 5) La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de condenas procesales en el grado, las costas de cargo de la demandada según lo dispuesto por los artículos 56 C.G.P, 688 Código Civil y 337 Ley 16226). Por tales fundamentos, normas citadas; arts. 197, 198, 253 y 257 C.G.P y 17 y 18 Ley 18572, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DE AUTOS, SALVO EN CUANTO NO HIZO LUGAR AL RUBRO DIFERENCIA DE SALARIOS EN QUE SE LA REVOCA Y SE CONDENA A LAS DEMANDADAS A ABONAR LA SUMA QUE SURGE DE LOS CONSIDERANDOS Y SEGÚN LA LIQUIDACIÓN DE LA DEMANDA. Y SE RELEVA EL ERROR MATERIAL DEL FALLO EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA QUE FUE OPUESTA POR ASSE. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE HONORARIOS FICTOS 3 BPC A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS.- DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO- MINISTRA. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO CAMPO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-