Sentencia Definitiva N° 215/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Mónica Pereira Andrade, María del Carmen Corujo Milán y Lina Fernández Lembo.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Lina Fernández Lembo.- VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “DA ROSA VIERA NESTOR C/ RECAYTE RICHARD Y OTROS. PROCESO LABORAL ORDINARIO. (Ley 18572)”, IUE 2-13750/2025 , venidos a conocimiento de este Tribunal por los agravios deducidos contra la sentencia Nro.37/2025, DE 24 DE JULIO DE 2025, dictada por la Señora Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 16to Turno, Dra. Adriana Morosini. RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, decidió en lo medular: amparar la demanda incoada y en su mérito condenar a PRODOMUS SRL, Richard Recayte y en forma solidaria a ANTEL a abonar al actor Nestor Fabian DA ROSA VIERA, la suma de $ 403.816 pesos, con más reajustes e intereses desde la fecha de exigibilidad y hasta la del efectivo pago (fs. 130). 2) A fs.A fs. 175 y ss obra comparecencia de ANTEL, quien expresa que la recurrida le causa agravio en síntesis en los siguientes puntos: Por la responsabilidad que se atribuye a ANTEL, de carácter solidario. Invoca en síntesis haber cumplido con los contralores que conforme al articulo 4to. de la Ley 18251, le permitirían exonerarse de responsabilidad solidaria, pasando a ser subsidiaria. Sostiene ajenidad a los hechos que conforman la condena y que por lo tanto no le alcanza responsabilidad por los rubros indemnización por despido, multa, por su naturaleza jurídica, y daños y perjuicios preceptivos. Pide la revocatoria de la apelada en la medida d ellos referidos agravios. Invoca que Antel no fue empleadora Invoca que la contratación de PRODOMUS por ANTEL lo fue en el marco de una licitación pública. Por la condena solidaria, invoca que su parte cumplió con los controles establecidos en el articulo 4to. de la Ley 18251. Sostiene que quedó demostrado que su parte había cumplido con los controles. Por la condena por la multa legal que sostiene que se trata de una sanción cuando no se abonen en tiempo y forma los créditos laborales y que solo puede incurrir en el supuesto el empleador directo del trabajador. Y por los daños y perjuicios preceptivos que considera excesivos, en cuanto al porcentaje estimado por la apelada. Pide la revocatoria por el acogimiento de los agravios deducidos en el escrito recursivo. 3) Se confirió traslado del recurso (fs. 179). 4) A fs. 182 y ss. obra escrito de la parte contraria, evacuando el traslado conferido, quien aboga por el mantenimiento de la recurrida por los argumentos que expresa en su respectiva comparecencia. 5) Se franqueó la alzada concediéndose apelación, fs. 185. 6) Recibidos los autos en esta Sala, se dispuso el pasaje a estudio de las actuaciones, notificándose a ambas partes. El estudio se verificó de modo sucesivo, por imposibilidad material por carencia de medio técnicos adecuados para realizar estudio conjunto, y cumplido el estudio, se acordó la sentencia, que se dicta en el día de la fecha en los términos acordados. CONSIDERANDO: 1) La Sala con el número de voluntades legalmente exigido (artículo 61 Ley 15750) adopta solución confirmatoria de la sentencia apelada por considerar que los argumentos de la recursiva no son idóneos para provocar la solución revocatoria pretendida. 2) Respecto del tipo de responsabilidad adjudicada por la sentencia apelada a ANTEL, la Sala comparte la decisión adoptada por la sede A quo. En primer término, son absolutamente irrelevantes los argumentos basados en no haber sido el ente empleador directo del actor. Porque la base de su responsabilidad es legal y se ubica en las leyes 18099 y 18251. Tampoco la demandada logró articular defensa alguna con sustento normativo o fáctico precisos y acordes susceptibles de enervar el fundamento de la condena que se ubica en la norma legal contenida en el artículo lro de la Ley 18251. Por lo tanto ANTEL es una parte más del proceso que responde en la medida de la existencia de las normas legales que regulan las relaciones “tercerizadas”, Es coparte. ANTEL No estaba habilitada a deducir respuesta de expectativa y paralelamente invocar responsabilidad subsidiaria, sin incurrir en clara postura contradictoria. En etapa de apelación sostiene que cumplió con el derecho deber de informarse. Dice haber controlado la información recabada pero no invoca ni logra acreditar que se cumpliera con un control razonable conforme al paradigma del buen hombre de negocios. Como es conteste la jurisprudencia laboral que corresponde conforme a derecho efectuar la empresa principal si pretende que su responsabilidad mute a subsidiaria. La cuestión fue correctamente abordada por la Señora Juez A quo. Considerando, fs. 156, que Antel en función de las resultancias de fs. 42 a 89 poco u nada había efectuado para acreditar haber cumplido el efectivo derecho a la información. De modo cabal y eficiente, según actuaciones a fs. 42 a 89. Al apelar lo que invoca ANTEL se ubica en sostener inexistencia de vínculo laboral directo con el actor carece de todo respaldo normativo y resulta irrelevante dado el objeto específico de controversia. Ello aunado a la carencia de referencias en el escrito recursivo a las resultancias fáctico probatorias de autos, determina que ANTEL quede incursa en las previsiones del artículo 253.1 C.G.P. Dicha norma determina tener por desistido al pretendido recurrente que no formula crítica razonada y fundada de los argumentos de la sentencia apelada en los puntos invocados como de agravio por quien pretende deducir apelación. Así ANTEL sostiene que acreditó haber dado cumplimiento al artículo 4to de la Ley 18251, pero no dice concretamente cuáles habrían sido los controles razonables concretos efectuados. Mencionando solamente aportes relacionados ante el BPS, lo que no se vincula concretamente con los reclamos de autos. En el punto corresponde por tanto tener por desistido al ente. En tanto, no puede sostenerse que los magros argumentos del ente configure técnicamente agravio art. 253.1 C.G.P, en el nral. 7 a fs. 199 vto. Esta Sala se afilia al criterio de los Dres. Rosembaum y Castello que consideran que con base a las disposiciones legales vigentes, artículo 4to. Ley 18251 se exige no solo que se requiera documentación a la empresa proveedora sino que se efectúe un control razonable de la misma. Incluso el artículo 4to. ejusdem inciso final prevé que la empresa principal pueda requerir datos personales del trabajador para completar información que fuere necesaria, y ello también lo prevé la ley 18048 específicamente para entes públicos. Como lo ha sostenido reiteradamente, esta Sala se afilia al criterio doctrinario del control razonable, cuyo cumplimiento no se agota en la simple petición de documentación al prestador proveedor . Coincidente con la doctrina, según expresan ROSEMBAUM Y CASTELLO en: “Subcontratación e Intermediación laboral. Tercera Edición FCU (Julio de 2012). Recuerdan los autores de referencia en el punto “En la mecánica de la ley, la empresa principal no tiene obligación de controlar si el intermediario, subcontratista o suministrador de mano de obra cumplen adecuada y regularmente con sus obligaciones laborales y previsionales en relación con sus trabajadores. Sin embargo, si así lo hace, se verá beneficiado al aplicársele un régimen de responsabilidad patrimonial un poco más benigno en cierto modo, la ley busca permitir a la empresa que actúa con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que se manifiesta a través del ejercicio de potestades de contralor sobre los terceros con los que se vincula en el marco de los procesos de descentralización, así como también persigue elevar los niveles de cumplimiento de la legislación laboral y previsional, trasladando la carga de información a la empresa principal o usuaria…” (Ob. cit. Pgs. 175). Considera la Sala que, razonablemente, el sentido de requerir a la usuaria documentación e información, para que despliegue algún tipo de consecuencia supone algo más que el mero requerimiento. Lo que lleva a coincidir con Rosembaum y Castello en cuanto a que se requiere que la usuaria haya realizado un examen razonable control de la misma” como muestra de la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras servicios y mano de obra. (Cf. Op. Cit pg. 176). 3) En cuanto a la condena por la multa legal, afirmando sin ningún fundamento explicitado tampoco que la multa o aplica sino al empleador directo por ser una sanción que se establece por el atraso en los créditos laborales es también absolutamente carente de fundamentación. Lo anterior determina considerar a la parte demandada desistida del recurso. En aspectos jurídicos el argumento por el cual pretende ANTEL que no está obligada a pagar la multa, es contrario a derecho, pues el artículo 7mo no distingue en modo alguno entre tipo de créditos que se integran como parte de la responsabilidad objetiva del Ente frente a incumplimientos del empleador directo. Ni siquiera contiene invocación precisa de fundamento de derecho alguno de lo que expresa la recursiva en el punto. Entonces, la conducta de la parte codemandada queda subsumida en el artículo 253.1 C.G.P. Debiendo tenerse a la apelante por desistida del recurso. Aplican a la apelante las consideraciones vertidas de larga data por las Salas de Apelación en materia civil y laboral, sobre las consecuencias no fundamentar adecuadamente el recurso de apelación: h a dicho este Tribunal en consideraciones que sus integrantes comparten, en cuanto al alcance de las cargas de fundamentación que gravan al apelante: “…no se advierte que el agravio movilizado exteriorice error en la decisión sustancial, compartiéndose en tal sentido el enfoque que la parte demandada formula al evacuar el traslado de la apelación” (Cfm. Sent. 247/2007). Ha dicho esta misma Sala, con diversa integración, en criterio que sus actuales miembros naturales comparten y que se adecua a las exigencias que respecto de la apelación, en cuanto debe plantearse mediante escrito fundado (artículo 17 de la ley 18572) contiene la actual regulación procesal laboral especial. “…Ciertamente, la decisión impugnada efectúa adecuada valoración de la resultancia probatoria emergente para arribar a una respuesta dilucidatoria compartible por el Cuerpo”. Ha tenido oportunidad de señalar la Sala que “la expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto de error in iudicando, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado. Ello, debido a que el reexamen en la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado atacando sus bases fácticas y jurídicas (antecedente sent. Nº 47/00; AJL., 2000, c. 66; PALACIO, Manual de Derecho Procesal, t. 2, p. 138-139; 352/02; AJL. 2002, c. 30; 438/02; AJL. 2002, c. 32; 147/03; AJL. 2003, c. 58)”. En la misma línea otra sentencia de este Tribunal consideraba: “Que liminarmente entiende la Sala que en el recurso promovido se reiteran los contenidos del escrito de contestación y de alegato, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo.- Es sabido que “la expresión de agravios constituye una necesidad, puesto que constituirá la medida de la apelación (‘la pretensión de la segunda instancia’), dentro del régimen dispositivo que nos rige. Inclusive en el Derecho positivo uruguayo (Código General del Proceso) se establece que todo escrito (introductorio) de apelación debe ser fundado y que si así no lo fuera se ‘tendrá por desistido’ (Vescovi, Derecho Procesal, tomo VI volumen 2 página 127).- La Jurisprudencia vernácula al respecto precisa que “La expresión de agravios no constituye una simple fórmula carente de sentido, sino que exige un análisis pormenorizado de la sentencia que causa perjuicio a la parte, por medio de una crítica razonada del pronunciamiento antecedente, demostrando los motivos que se tienen para considerarla errónea, refutando en forma clara y concreta las conclusiones de hecho o aplicación de derecho. En consecuencia, debe reputarse como una inobservancia a la carga de fundar el recurso de apelación, la mera disconformidad con la sentencia; con lo cual no existe fundamento alguno para modificar las conclusiones del primer grado.” (cfm. sentencia del T.A.C. de 1er. Turno Nro. 67/97 citada en la R.U.D.P. Nro. 3-4/1998, summa 264, página 385).-( cf. de esta Sala: SEF-0014-000171/2014, BJN pública) TAT 3ro.entre otras Sentencia Nº 47 de 2/3/2000 integrado por los Dres. Piatniza, Molinari y Gómez Franco. Tal criterio ha sido compartido por los integrantes naturales actuales de la Sala en concordancia con el criterio homogéneo de los Tribunales de Apelaciones, en cuanto al alcance que corresponde asignar al articulo 253.1) C.G.P y a la exigencia de que el recurso sea “fundado”. Actualmente y luego de la entrada en vigencia de la ley 18572 y modificativa posterior, igualmente resultan enteramente aplicables las consideraciones precedentes al proceso laboral por cuanto las referencias que la ley contiene al recurso de apelación también entienden que este tiene que ser fundado para ser admisible (artículo 17 inciso lro.) lo que remite al concepto de “fundado” desarrollado por la doctrina y jurisprudencia en base al ya mencionado artículo 253.1 C.G.P. Ante la carencia de fundamentación la consecuencia jurídica no es otra que tener al recurrente por desistido del recurso en los puntos afectados por la carencia referida. El tener por desistido el recurso, determina como consecuencia, por razones de carácter formal, que la sentencia de primera instancia quede confirmada íntegramente. La conducta procesal de las partes no amerita especiales condenas procesales en costos en el grado. Las costas de oficio. ( artículos 56 C.G.P y 688 C.C) Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en las normativas precitadas y lo dispuesto en los artículos 197 y 198 C.G.P, 17 y 18 , 30 y 31 Ley 18572, el Tribunal; FALLA : TENER POR DESISTIDA A LA CODEMANDADA ANTEL DEL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO Y POR CONSECUENCIA CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVANSE LAS ACTUACIONES A LA SEDE DE ORIGEN. REGISTRE LA SECRETARÍA DE LA SALA LOS DÍAS INHÁBILES Y LAS LICENCIAS DE QUE HUBIERAN HECHO USO LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE Y REMÍTASE COPIA DE LA PRESENTE POR MEDIO IDÓNEO A QUIEN DICTÓ LA SENTENCIA IMPUGNADA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO- MINISTRA. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA. ESC. DORA ROBAINA CAMPO- SECRETARIA LETRADA.-