Sentencia Definitiva N° 217/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Mónica Pereira Andrade, María del Carmen Corujo Milán y Lina Fernández Lembo.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Lina Fernández Lembo.- VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/CORSUR SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO. PROCESO LABORAL ORDINARIO”, IUE 2-102733/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal por los agravios deducidos contra la sentencia definitiva de lra. Instancia Nro27/2025 de 15 de mayo de 2025, dictada por la Señora Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 7mo Turno, Dra. Elena Salaberry. RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, falló en lo esencial: Desestimando la excepción de prescripción anual opuesta por el Ministerio del Interior. Haciendo lugar a la demanda y en su mérito condenando a Corsur S.A y a Ministerio del Interior este en forma subsidiaria al pago a AA de los rubros reclamados conforme liquidación realizada en la demanda dichos rubros deben ser actualizados con más intereses legales, a la fecha de su efectivo cobro acondicionándose el 10% de daños y perjuicios sobre los rubros de naturaleza salarial y la multa de precepto. Costas a la demandada y costos por el orden causado (fs. 606). 2) A fs. 640 y ss. obra comparecencia del Ministerio del Interior quien expresa que le agravia la sentencia dictada, en síntesis, en los siguientes puntos: Por cuanto no se hace lugar a la declaración de caducidad pedida en vía de excepción y se acoge la demanda instaurada, según la liquidación realizada en la demanda. Invoca que sin distinción se condena a su parte subsidiariamente. Sostiene que no puede recaer sus hombros la incontestación de la demanda expresada por Corsur. No se analizó la controversia planteada por su parte respecto a la procedencia del reclamo por indemnización por despido especial accionada. Se condena a todo lo reclamado por la actora sin deslindarse y como si la actora hubiera trabajado en forma ininterrumpida en dependencias del Estado. Invoca el vínculo contractual laboral directo entre CORSUR S.A y la reclamante. E invoca la delimitación temporal de responsabilidad dispuesta en el articulo lro inciso 3ro de la Ley 18099. La sentencia no articula una liquidación propia articulada por sobre la formulada por el contrario. Sostiene que no le alcanza responsabilidad por rubros indemnizatorios que su parte no tuvo la oportunidad de controlar. Su parte solo puede responder por aquello que conoce. Solo puede responder por aquellas obligaciones que surgen de la documentación que puede obtener del empleador con la habilitación que le confiere la ley. La sentencia carece de fundamentación para apartarse de la liquidación formulada por su parte, la cual afirma es ajustada a derecho. El Ministerio del Interior no podía conocer que la actora estaba en régimen de licencia por gravidez. La carga de probar los extremos necesarios recaían sobre la parte actora. Corsur decidió no afrontar ninguna de las obligaciones para con sus dependientes. No es una desvinculación personal por la condición de estar la reclamante amparada por la licencia maternal. Equivoca la sentencia al afirmar que el despido se había producido al reintegrarse luego de su licencia por maternidad, siendo que la actora había afirmado haber sido despedida el 5 de octubre cuando debía reintegrarse el 10 del mismo mes. Declaro a fs. 16 haber sido despedida dentro de la licencia maternal. Le agravia que la condena no disponga las cargas tributarias. Pide en síntesis la revocatoria de la apelada en todos sus términos. 3) Se confirió traslado del recurso a la parte contraria, fs. 645. 4) Comparece la parte contraria a fs. 650 a evacuar el traslado abogando por la confirmatoria de la recurrida por los argumentos que expresa en el escrito respectivo. 5) Se franqueó la alzada concediéndose la recursiva, fs. 664. 6) Recibidos los autos en este Tribunal, el expediente pasó a estudio sucesivo, por imposibilidad material de realizar estudio conjunto por la carencia de medios técnicos adecuados a ello. Culminado el estudio y una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (artículo 61 Ley 15750), se procede al dictado de la presente sentencia, en el día de la fecha en los términos acordados. CONSIDERANDO: 1) La Sala adopta solución íntegramente confirmatoria de la apelada, por los siguientes fundamentos: 2) No existe agravia fundado para ser considerado técnicamente tal,respecto del rechazo de la “caducidad” que alega la recurrente. Si bien se menciona por la recursiva inicialmente el punto, no se constata análisis jurídico ni crítica razonada apta para evidenciar error de la sentencia. Sin perjuicio de lo cual, corresponde señalar que en materia de créditos como el de autos el instituto de la prescripción, que no de la caducidad, esta regulado en la ley 18091, artículo lro. La Sala comparte con la sentenciante que el computo del plazo de un año previsto legalmente inicia nuevamente por la interrupción verificada por la citación a audiencia de conciliación, por imperio de la normativa laboral especial. La fecha del despido considerada por la contraria también al apelar es el 5 de octubre de 2023, Y habiendo sido presentada la demanda el 22 de octubre de 2024, no medió prescripción de la acción por haber operado la interrupción del plazo por la citación a conciliación. En cuanto al alcance de la incontestación e incomparecencia de la empleadora directa a controvertir los términos del a demanda, la sentencia de modo genérico e impreciso refiere a la aplicación de la regla general de admisión. Si bien ello es correcto, pues también en materia laboral ante hipótesis de incontestación aplica la regla general de admisión, en caso de demanda acumulativa subjetiva inicial, como es la de autos, al amparo del artículo 10 de la Ley 18251, corresponde señalar que no se traslada la consecuencia de la regla general de admisión a los codemandados, aplicable solo a los términos fácticos en que afinca la demanda y no a los aspectos normativos, jurídicos del reclamo. En tal sentido es que es correcto lo actuado diligenciando prueba y celebrándose audiencia y siguiéndose el tracto procesal provocado por la controversia instaurada por el Ministerio del Interior. Como también lo es la salvedad que la sentencia expresa al mencionar la aplicación de la regla general de admisión, indicando que alcanza lo fáctico en lo que la prueba rendida no indique lo contrario. No se trata en puridad de que la regla general de admisión en sus efectos de tener por consecuencia por acreditados los hechos invocados en la demanda a la codemandada, sino de un efecto procesal diverso. Esto es: que dependerá de la prueba y hechos invocados y acreditados por el codemandado compareciente y de la valoración probatoria que se efectúe del total del cúmulo rendido en las actuaciones, el tener o no por acreditados los hechos invocados en la demanda. Puesto que un mismo hecho común a ambas partes, por razones elementales de lógica no puede considerarse probado respecto de un sujeto y no respecto de otro, salvo que dependa de circunstancias personales de cada uno de los sujetos codemandados. Formulada la puntualización precedente, es que procede analizar la situación del Ministerio recurrente, en función del contenido de los argüidos agravios. Sostiene la apelación planteada en autos que el Ministerio no está obligado a responder por la indemnización especial accionada. En autos es un hecho no controvertido que el despido accionado afincó en que la maternidad de la actora, quien expresa en autos que se encontraba de licencia por esa circunstancia. RASO DELGUE, recuerda doctrina que expresa la existencia de un “fuero maternal” configurado por la ley 11577 y normas complementarias posteriores. El articulo 17 del a referida ley, expresa que en el caso previsto en el articulo anterior, la obrara no podrá ser despedida y que si lo fuere, el patrón deberá satisfacer un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda. Sobre la naturaleza de la responsabilidad del empleador, recuerda el autor que una cuestión de de entre las principales debatidas se ubica la determinación de como opera la responsabilidad, si opera por el simple hecho de comprobarse el estado de gravidez, o si es subjetiva si comienza a correr a partir del conocimiento del embarazo. La actora dijo haber comenzado la licencia maternal el 5 de julio de 2023, habiendo dado a luz el día 5 de agosto de 2023. Advirtiendo el 5 de octubre de 2023 que se le había dado la baja, comunicándosele entonces que estaba despedida, al consultar la actora su situación (fs. 15/16). La demandada apelante y compareciente en autos, cita doctrina, en su respaldo conforme a la cual no solamente se debe requerir la exhibición o presentación de la documentación, sino demostrar que se ha realizado un examen razonable del control del a misma. Conforma al paradigma del buen hombre de negocios. Criterio que ha sido el que la Sala aplica, de larga data por coincidir con el criterio que postulan Rosembaun y Castello, citado por la demandada a fs. 202 y vto. Detalla a fs. 205/206 los controles que dijo llevaba su parte de la documentación requerida a la empresa. Recibiendo la nomina correspondiente entre otros nominas del BPS, recibos de sueldo de trabajadores enviados a dependencias del Ministerio y facturas pagas. Invoca fiscalización de los recibos de sueldos con los aportes que surgen de la nomina del BPS. En el caso de trabajador amparado a seguro por enfermedad así como por licencia maternal, el BPS en la información disponible para empresas y usuarios deslinda códigos especiales, que indican la situación concreta del beneficio que se presta a una determinada trabajadora. 3) La demandada aportó al proceso un registro de marcas que en coincidencia con las fechas que denuncia la actora de estar amparada al régimen de licencia por maternidad, indica como fecha de la última marca el día 4 de julio de 2023. Marcas a fs. 194 a 196. Es decir que la demandada tuvo conocimiento de que a partir de esa fecha la trabajadora no prestaba tareas. Y siendo disponible para información obtenible del BPS el determinar si un trabajador se encuentra amparado a beneficio de seguro por enfermedad, o maternidad o cualquier otra circunstancia vinculada a las nóminas, que la demandada invoca que controlaba mensualmente, ha de concluirse que la empresa usuaria estaba en condiciones, de haber realizado el control que invocó haber realizado, de conocer la situación de la actora al momento de su cese. La responsabilidad que establecen las leyes de tercerización abarca conforme al artículo 7mo de la la ley18251, “Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo lro de la Ley 18099..” y el artículo lro dispone que alcanza “las obligaciones laborales de éstos (refiere al empleador directo) , hacia los trabajadores contratados…”. Esta Sala al igual que todas las de segunda instancia especializadas en la materia, se ha pronunciado en criterio que entiende que la referencia del artículo 7mo no habilita distinción alguna basada en que la naturaleza del rubro que genera la obligación laboral sea de carácter salarial o indemnizatorio. No existe texto legal que avale un distingo contrario a una interpretación favorable al trabajador, aun si se entendiera que el texto deja margen de duda, lo que a criterio de esta Sala no es el caso. La ley es clara y solo consagra las limitaciones que la ley dispone a texto expreso. El articulo 3ro de la Ley 18098 respecto de los sujetos públicos mencionados en el artículo lro, en el articulo 3ro, dispone específicamente que la autoridad publica incluirá en los pliegos una clausula reservándose el derecho de exigir a la empresa contratada toda la documentación que acredite, el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa l pago del os servicios prestados. Y agrega “Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos d que se puedan realizar los controles correspondientes”. Nótese entonces que también el artículo 4to. de la Ley18251, inciso final dispone que además de la documentación que refiere la norma en los literales A= a D= la ley faculta a la usuaria a requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. En consecuencia, conforme a la normativa vigente y aplicable, que consagra el marco tuitivo de derechos del trabajador y muy particularmente de la trabajadora grávida, y paralelamente los poderes deberes de la apelante en dicho marco legal, como corresponsable y garante del debido cumplimiento de los créditos laborales, de cualquier naturaleza, y en el contexto fáctico probatorio de autos, el argumento de la apelante de no haber conocido el embarazo carece de toda significación. La actora es un hecho no controvertido, ni por la empleadora principal ni por la codemandada devenida recurrente que estaba en goce de licencia maternal, en circunstancias en que constaba al Ministerio que se desempeñaba en sus dependencias, teniendo el poder deber de hacerlo, frente a la inexistencia de marcas posteriores ninguna información adicional requirió. Es decir pudo y debió informarse y conocer dicha circunstancias precisa por la que atravesaba la actora y no lo hizo. Y ello ingresa en su ámbito de disposición y responsabilidad. Entonces, más allá del criterio que se sustente sobre si en términos generales la responsabilidad de la empleadora es subjetiva u objetiva frente a hipótesis de trabajadora grávida, en la especie y conforme a las leyes que regulan la responsabilidad del Ministerio en calidad de usuaria, a juicio de la Sala corresponde que la codemandada también sea responsabilizada por la condena indemnizatoria que deriva del despido de la actora en las circunstancias que vienen de mencionarse. 4) La parte codemandada al apelar no formula crítica razonada ni cuantificada, ni acompañada de liquidaciones precisas, de modo tal de evidenciar error en el criterio de la sentenciante A quo de remitir a liquidaciones formuladas por la parte actora en la demanda como parte de la condena. Si la parte que ahora se agravia pretendía condena por sumas diferentes, era su carga haber instaurado tempestivamente una controversia seguida de una liquidación precisa alternativa que evidenciara errores del contrario, y en la presente etapa de la sentencia. Nada de ello hace tampoco la parte que pretende deducir agravio en etapa de apelación. Esta Sala con diversas integraciones, reiteradamente, hace caudal del criterio sustentado en sentencia de la Sede homóloga de ler Turno, aplicable a la actuación procesal de la demandada en autos, en aspectos liquidatorios. “Ha dicho la Sala de Apelaciones de ler. Turno, en tal sentido: “El artículo 15 de la Ley exige el dictado de sentencia líquida, como consecuencia de lo previsto acerca del contenido de la demanda, en cuanto a que proceda a la “liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados”, según dispone el artículo 8, debe concluirse, que una oposición correcta, que cumpla con el artículo 130.2 C.G.P, requerirá una controversia precisa, que no sólo discuta teóricamente lo efectuado por el actor, sino que a la vez realice la liquidación que se considera correcta, realizando las correspondientes operaciones.- “ (omissis) La ley 18572 que rige este proceso, establece, en su artículo 8, que la demanda debe ajustarse a lo previsto por el art. 117 C.G.P, agregando además que “deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados…” y el artículo 9, establece que “ el demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 C.G.P, por lo que no puede existir duda alguna que la remisión expresa a las normas aludidas, determina la aplicación de aquéllas con la interpretación que siempre se ha efectuado con respecto a ellas, en cuanto a que adoptan la mencionada teoría de la sustanciación, con las consecuencias derivadas de ello.- Pero, además, se agrega una clara referencia a la liquidación de los rubros objeto de reclamo, estableciendo la necesidad de realizarla, disponiendo los montos de cada uno de los rubros reclamados, a tal punto que pone de cargo del juez controlarla y, en su caso requerir que se subsanen los defectos, estableciendo incluso un plazo de tres días para ello, con apercibimiento de tener por no presentada la demanda.-De acuerdo a ello se advierte la importancia que la nueva ley atribuyó a la liquidación de los rubros, estableciendo, en consonancia con ello, en el artículo 15, que las sentencias de condena en los procesos regulados “ deberán establecer el monto líquido de los mismos, incluidas multas, intereses, actualizaciones y recargos que correspondieren”.- “La exigencia aludida determina que, en el ámbito de la ley, la demanda no cumple cabalmente con el artículo 8, si además de los requisitos legales impuestos por el artículo 117 C.G.P, no establece los montos líquidos que reclama, por lo que, la constatación tampoco se ajustará a lo que dispone el artículo 130 C.G.P, si no contiene a su vez, la liquidación que considera adecuada en caso, de oponerse a la formulada por el contrario.. Puede decirse hoy, a la luz de la Ley 18.572 que se ha agregado un plus a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 117 C.G.P, en la medida que no se admite la posibilidad de señalar un valor estimativo, cuando no fuere posible determinar el valor de la causa, por tanto se advierte que sólo existe una pequeña variación con respecto a esa norma, en tanto siempre debió indicarse el valor de la causa, resultando poco probable en materia de reclamos laborales, que quedara abierta la posibilidad que la norma establecía en cuanto a que no fuera posible la estimación, en cuyo caso, la parte debía justificar su imposibilidad de establecer el monto real, realizando simplemente una estimación. Más allá de lo señalado, con la redacción del artículo 8 y 9 de la Ley 18.572, no quedan dudas que tanto demanda como contestación deben contener la liquidación de los rubros reclamados, la primera porque lo establece claramente el artículo 8 y la segunda por la remisión al artículo 130 del C.G.P, determina que deba contener el pronunciamiento categórico sobre los hechos alegados y la autenticidad de los documentos, lo que incluye también la liquidación, por lo que en caso de silencio, respuestas ambiguas o evasivas, deberá tenerse como admisión de esos hechos. “Obviamente que no existirá posibilidad de que la demandada acuda a lo dispuesto por el artículo 130.2 in fine C.G.P, en tanto en materia laboral, no podrán circunstancias excepcionales por las que proceda no aplicar la regla prevista por la norma, que permitan que el tribunal no aplique la regla que se deriva de la disposición, puesto que no existirán “ razones debidamente fundadas expuestas para invocar que no recuerda algún hecho o circunstancia alegada por el actor”, en tanto, tratándose de un vínculo laboral, el empleador siempre tendrá la posibilidad de controvertir los montos reclamados, puesto que al pagar el salario es quien mejor conoce su monto, mientras que los criterios de liquidación en su mayoría son legales.- De todas maneras y teniendo presente la posibilidad de que se niegue la existencia del vínculo o que se aduzca alguna otra circunstancia que determine la no aplicación de la regla estricta del artículo 130.2 CGP, la misma norma establece que la demandada deberá exponer “razones debidamente fundadas”, como también establece la misma norma. La exigencia del artículo 130.2 C.G.P, aplicable al proceso laboral ordinario regido por la Ley 18572, en base a su artículo 9, en cuanto a que debe pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda, implica que la defensa deba contener también la introducción precisa de los hechos que contradigan la versión del contrario, puesto que basta la negativa, cuando ésta es la postura procesal asumida, pero ello no sucede cuando se alega hecho impeditivo, modificativo o extintivo y ello fundamentalmente porque el artículo 139 C.G.P, coloca como carga de la prueba de quien los alega, a esos supuestos, por lo que haciendo una interpretación contextual de ambos artículos, debe concluirse que si la parte demandada alega alguno de esos supuestos, no le bastará la negativa genérica, para cumplir con el artículo 130.2 C.G.P, sino que le será exigible la alegación clara y precisa, no vacía de contenido, de esos hechos, puesto que de otro modo no nacería su carga de acreditarlos.- “Siendo así, la reticencia sobre la alegación de supuestos como éstos, debe obrar en contra de los intereses de quien incurre en esa omisión.- “No es suficiente decir que la liquidación del contrario no es acertada, sino que debe indicarse con precisión las objeciones que merece la practicada, incluso en su caso, planteando excepción, como la de defecto legal en el modo de preparar la demanda o aún solicitando aclaración en oportunidad de la audiencia única.- Y esa omisión debe analizarse teniendo presente que la conducta de las partes en el proceso, determina extremos a tener en cuenta al decidir.- Se comparte el criterio de Klett y Pereira Campos ( Valor de la conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatorio en el CGP, en RUDP, pag. 49 y ss), que existe un Standard del buen litigante “que impone a las partes deber de adecuar su comportamiento procesal al modelo establecido por el legislador. Esto es: actuar de un modo leal, veraz y de buena fe, prestando la mayor colaboración en todos y cada uno de los actos que integran el proceso”, mientras que, los autores siguiendo a Muñoz Sabaté, indican diversas inconductas procesales que se tornan en inferencias incriminativas, entre las cuales se incluye, la conducta omisiva, donde la parte “ se limita a negar la pretensión o la excepción del contrario y no cumple el deber procesal de exponer todas las circunstancias de hecho que concurren a fundar sus alegaciones (pretensiones o excepciones)”.- “No existe en nuestro ordenamiento una norma que habilite a que la formula contenida en la contestación de la demanda, implique la alegación de hechos en forma genérica, puesto que las reglas que reciben el comportamiento procesal de las partes lo impide, debiendo incluirse en la aplicación de la ley 18.572 también la liquidación de los rubros, cuando se cuestiona la formulada por el contrario.- Debe agregarse que ya sea el texto legal del artículo 8 de la Ley 18.572, como la remisión expresa que formula el artículo 9 de la misma, determinan que ni siquiera deba acudirse a las normas de integración previstas por el artículo 31 , puesto que la norma tiene previsión y remisión expresa, por tanto debe entenderse que ella tiende a la aplicación de los principios recogidos en la propia norma, no resultando necesario cuestionarse la existencia de normas claras al respecto, mientras que la interpretación que de ellas debe hacerse se ajusta a lo previsto por el artículo 30 de la Ley 18.572, puesto que la mencionada precedentemente exime de realizar apreciaciones diferentes, dado que el texto claro no admite dos interpretaciones.- Señala Selva Klett ( Nuevas especialidades del proceso sobre materia laboral, pág. 169), refiriendo a la trascendencia de las normas que regulan los actos de proposición, en la ley 18572, que “ guarda relación con el principio de buena fe y lealtad que, como vimos aparece reforzado en esta nueva regulación para todos los partícipes del proceso, aún antes de su iniciación. El estricto cumplimiento de la carga permitirá un ejercicio más adecuado del derecho de defensa, porque, como se dijo, la ley requiere del actor la realización de la liquidación de cada uno de los rubros demandados”.- La misma autora, refiriendo al contenido de la contestación, expresa que “deberá cuestionar en forma concreta y detallada los rubros y sus montos, y , en tal caso, proponer su propia liquidación” (Op. cit. pág. 177).- De acuerdo a lo señalado puede concluirse que a la luz de lo previsto por las normas aplicables al proceso laboral regido por la ley 18.572, la controversia que el legislador requiere con respecto a la liquidación significa la necesidad de efectuar la que la demandada considere del caso, por lo que una contestación no cumplirá cabalmente con el artículo 9 de la Ley 18572 y por consiguiente con el artículo 130 C.G.P, al que aquél remite, cuando la demandada omita pronunciarse con respecto a la liquidación y tal pronunciamiento no sólo abarca la controversia sobre los criterios de liquidación utilizados por la contraria, sino también la formulación precisa de la liquidación que entienda pertinente.- Es así que la liquidación no está controvertida en forma, según las disposiciones citadas, cuando simplemente se cuestiona su método o su resultado, puesto que a ello debe sumarse la realización de la liquidación que se pretende acertada.- Aún cuando, la demandada discuta los criterios de liquidación, no puede considerarse que ha cumplido con las normas señaladas, porque faltará un extremo para ser considerada una controversia amparada por esas disposiciones, es decir la expresión precisa de los montos de los montos y cifras a las que se arriba en mérito a la controversia que se efectúa con relación a las fórmulas de liquidación efectuada.- De acuerdo a la nueva ley, la controversia de la liquidación que puede considerarse admisible desde el punto del artículo 9 y del artículo 130 C.G.P, debe contener las cifras que se pretenden correctamente, no bastando cuestionar los pasos seguidos para la formulación de la misma.” (TAT ler. Turno, S. 411.2011 dictada en expediente fa. 2.5047/2010.) “Y sigue el fallo de mención. Lo mismo sucede en la segunda instancia donde el agravio es la medida de la apelación y por tanto, se debe partir de los extremos alegados para determinar la razón o sinrazón del recurrente, puesto que también debe completar su agravio con la realización de las operaciones que lo llevan a discutir la liquidación y por tanto, considerar que no ha cumplido con esa alegación en forma cuando esa liquidación está ausente.” Específicamente, en cuanto al argumento relativo a que corresponde detraer importe de tributos, esta Sala tiene criterio firme en el punto en cuanto a que es ajeno al objeto del proceso de conocimiento el determinar adeudos de carácter líquido. Lo que se adeuda por créditos laborales a un trabajador ha de calcularse a valores de salario nominal, por ser éste el concepto salarial, que utiliza la normativa laboral, consejos de salarios, recibos, y ser esta la contrapartida total del trabajador por su trabajo. Si quien paga por estos créditos está obligado por imperio de leyes ajenas al derecho laboral a efectuar pagos o retenciones por créditos tributarios u otros a nombre del actor o propio por ser sujetos de retención o deudores subsidiarios, ello es ajeno al objeto del presente proceso y al del presente pronunciamiento, en el presente estado de la causa. 5) La conducta procesal de las partes no amerita especiales condenas procesales en costos en el grado. Las costas de oficio. ( articulo 56 C.G.P 688 Código Civil) Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en las normativas precitadas y lo dispuesto en los artículos 197 y 198 C.G.P, 17 y 18 , 30 y 31 Ley 18572, el Tribunal; FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVANSE LAS ACTUACIONES A LA SEDE DE ORIGEN. REGISTRE LA SECRETARÍA DE LA SALA LOS DÍAS INHÁBILES Y LAS LICENCIAS DE QUE HUBIERAN HECHO USO LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE Y REMÍTASE