Sentencia Definitiva N° 219/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Lina Fernández Lembo, María del Carmen Corujo Milán y Mónica Pereira Andrade.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Mónica Pereira Andrade.- VISTOS: Para Sentencia Definitiva de Segunda Instancia estos autos caratulados: “TECHERA, TEDDY c/ VARELA y VARELA SRL y otros - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-100456/2024, venidos a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia Definitiva N°25/2025 de 2 de junio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Trabajo de la Capital de 12° Turno, Dra. Natalia Gallardo. RESULTANDO: 1) La Sentencia recurrida, a cuyo correcto relato de antecedentes cabe remitirse, desestimó la excepción de incompetencia material de la Sede. Y amparó la demanda, condenando a la co-demandada Varela y Varela SRL a pagar al actor los rubros licencia, salario vacacional, descansos semanales e indemnización por despido indirecto. Y condenó en forma solidaria al Banco de Seguros de Estado y en forma subsidiaria a la Intendencia de Montevideo, por los rubros licencia, salario vacacional e indemnización por despido indirecto, según lo expresado en los Considerandos respectivos, más actualización, intereses, multa, 15% por daños y perjuicios preceptivos sobre rubros salariales. 2) A fs. 259/261 comparece el representante de la parte co-demandada Intendencia de Montevideo interponiendo recurso de apelación contra la referida Sentencia deduciendo agravios porque se desconoce la carga de la sustanciación del actor, señala que en la Sentencia se dice que hay inconsistencias en la defensa porque por un lado se reconoce la existencia del vínculo entre la empresa y la Intendencia, y por otro se cuestiona el vínculo entre el actor y la Intendencia. Expresa que el actor no ha acreditado ninguno de los vínculos que menciona como base de su pretensión contra la Intendencia. Porque se hace lugar al despido indirecto y por condenar a la Intendencia al pago de este rubro. Porque la Sentencia no tuvo en cuenta la liquidación alternativa realizada por la Intendencia. Porque se desestimó la excepción de incompetencia de la Sede en razón de materia. 3) A fs. 266/269 comparece la representante del Banco de Seguros del Estado, interponiendo recurso de apelación contra la referida Sentencia, deduciendo agravios por la condena solidaria dispuesta a su respecto, expresa en síntesis que el Banco controla y que los recibos de sueldo no fueron adjuntados porque son controlados por la empresa externa que el Banco contrata a tales efectos. También le agravia la condena por los rubros licencia, salario vacacional e indemnización por despido, manifestando que la Sentencia no tomó en cuenta que el actor trabajó para otras empresas. Y el porcentaje de daños y perjuicios preceptivos que considera excesivo por no acreditarse cargas familiares. 4) Por decretos N°988/2025 y 1021/2025 se confirió traslado de los recursos interpuestos, siendo evacuados por la representante de la parte actora a fs. 275/276 solicitando se confirme la sentencia recurrida. 5) Por providencia N°1077/2025 se franquearon los recurso de apelación interpuestos ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo que por turno correspondiere. 6) Recibidos los autos en el Tribunal, se dispuso el pasaje de los mismos a estudio de las Sras. Ministras, el que se llevó a cabo en forma sucesiva por imposibilidad material y técnica de realizarse en forma simultánea. Una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (art. 61 Ley 15.750) se acuerda el dictado de Sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO: 1) La Sala por la voluntad coincidente de sus integrantes naturales, adopta solución en los términos, por los fundamentos y con el alcance que a continuación se expresan. 2) Cabe establecer que el actor, empleado de la empresa de seguridad Varela y Varela SRL, reclamó por tercerización a la Intendencia de Montevideo, Banco de Seguros del Estado y Consorcio Cruz del Sur, expresó que era guardia de seguridad, prestando servicios para las demandadas y que además también trabajó en ARREDO con la cual llegó a un arreglo. Indicó que trabajó en el Consorcio Cruz del Sur el período 3/11/2018 - 16/6/2022; en el Banco de Seguros del Estado del 1/6/2023 al 31/12/2023; en la Intendencia de Montevideo del 3/1/2024 al 13/5/2024 y en ARREDO del 5/6/2024 al 11/8/2024. Hizo liquidación por cada período trabajado respecto de cada uno de los demandados. 3) La parte co-demandada Intendencia de Montevideo se agravia porque la Sentencia no pondera la carga de sustanciación del actor. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que la co-demandada Intendencia de Montevideo a fs. 130 manifestó que el actor no cumplió con la carga de sustanciación porque no acreditó ni argumentó qué vínculo lo une a ella. La Sala coincide con la Sentencia en cuanto a que la contestación de la demanda es contradictoria, por un lado reconoce el vínculo con Varela y Varela SRL por el servicio de vigilancia, pero cuestiona el vínculo con ella del actor, cuando es claro que existió una relación de tercerización y así fue explicitado en la demanda. La propia co-demandada agrega documentación de que había contratado a Varela y Varela SRL y el actor figuraba en planilla de trabajo a fs. 72. A entender de la Sala, no son de recibo ninguno de los argumentos de la Intendencia de Montevideo, procede confirmar la Sentencia recurrida en el punto. 4) La Intendencia de Montevideo se agravia porque se hace lugar al despido indirecto y por la condena al pago de este rubro. Expresa en síntesis el apelante que la Sentencia hace mención a que se puede considerar indirectamente despedido por el no pago de horas extras, pero en el caso no reclama este rubro, sino el pago de dos meses de sueldo, licencia y salario vacacional del último año, y los salarios fueron pagos por su mandante y que por licencia y salario vacacional no se puede considerar despedido porque se encontraba en plazo para gozar de los mismos. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que la empresa cerró el 30 de agosto de 2023 y el actor expresó que no le pagaron los salarios de dos meses, que luego le fueron abonados por ARREDO, solo eso ya da lugar a considerarse despedido, si bien es cierto que los rubros licencia y salario vacacional del 2023 no eran exigibles estando en plazo para su goce y cobro. Siendo irrelevante por otra parte que el despido fuera posterior al período trabajado para la Intendencia de Montevideo. Se confirma la Sentencia en el punto. 5) La Intendencia de Montevideo también se agravia porque la Sentencia no tuvo en cuenta la liquidación alternativa realizada por su parte. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que el apelante no dice concretamente por que razón estaría mal la liquidación acogida por la sentenciante, solo remite genéricamente a la que realizada por su parte mencionando los recibos que no analiza. En este agravio la co-demandada se remite a fundamentaciones anteriores, pero omite efectuar crítica concreta respecto del fundamento por el cual la Señora Jueza a quo admitió la liquidación de la demanda, por lo que el recurso no cumple la carga del art. 17 de la Ley 18.572 y 253.1 del CGP. Desde este punto de vista se considera que la parte incumple con el requisito de que la apelación debe ser fundada. Doctrina y jurisprudencia han establecido las pautas para analizar lo requerido en el artículo 253.1 del CGP. Ha tenido oportunidad de señalar esta Sala y otras de las materias civil y laboral que: “la expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto de error “in iudicando”, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado. Ello, debido a que el re-examen de la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de las pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio, sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado, atacando sus bases fácticas y jurídicas (antecedentes de la Sala Sentencias 47/2000, AJL 2000 caso 66; 352 y 438/2002, AJL 2002 casos 30 y 32; 147/2003, AJL 2003 caso 58). En la misma línea se ha considerado: “Que liminarmente entiende la Sala que en el recurso promovido se reiteran los contenidos del escrito de contestación y de alegato, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo. Es sabido que “la expresión de agravios constituye una necesidad, puesto que constituirá la medida de la apelación (‘la pretensión de la segunda instancia’), dentro del régimen dispositivo que nos rige. Inclusive en el Derecho positivo uruguayo (Código General del Proceso) se establece que todo escrito (introductorio) de apelación debe ser fundado y que si así no lo fuera se ‘tendrá por desistido’ (Vescovi, Derecho Procesal, tomo VI volumen 2 página 127).- La Jurisprudencia vernácula al respecto precisa que “La expresión de agravios no constituye una simple fórmula carente de sentido, sino que exige un análisis pormenorizado de la sentencia que causa perjuicio a la parte, por medio de una crítica razonada del pronunciamiento antecedente, demostrando los motivos que se tienen para considerarla errónea, refutando en forma clara y concreta las conclusiones de hecho o aplicación de derecho. En consecuencia, debe reputarse como una inobservancia a la carga de fundar el recurso de apelación, la mera disconformidad con la sentencia; con lo cual no existe fundamento alguno para modificar las conclusiones del primer grado.” (cfm. sentencia del TAC de 1er. Turno Nro. 67/97 citada en la R.U.D.P. Nro. 3-4/1998, summa 264, página 385; Sent. de esta Sala SEF-0014-000171/2014, BJN pública). Ante la carencia de fundamentación, la consecuencia jurídica es tener al recurrente por desistido del recurso en los puntos afectados por la carencia referida. Situación que se verifica en estos autos y es suficiente para desestimar el agravio. 6) En cuanto al agravio de la parte co-demandada Intendencia de Montevideo se desestimó la excepción de incompetencia de la Sede en razón de materia. El agravio no es de recibo. En este agravio procede aplicar también como en el anterior el art. 253.1 CGP teniendo por desistida a la recurrente por cuanto solo remite a los argumentos expuestos en la contestación de demanda, incumpliendo así la carga de fundamentación según criterio de la Sala desarrollado en el agravio anterior. 7) La parte co-demandada Banco de Seguros del Estado se agravia por la condena solidaria dispuesta a su respecto. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que el co-demandado solo aportó algunos recibos y depósitos bancarios, ahora tardíamente alega que como es un organismo del Estado y tiene acceso a datos verifica las nóminas de BPS con las planillas del MTSS. Todo lo expresado señala la extemporaneidad del pretendido agravio. La plataforma fáctica que debe atenderse es exclusivamente la alegada en la demanda y contestación, no corresponde que la Sala analice hechos diferentes, que fueron introducidos al apelar, y por tal motivo no fueron en congruencia tratados en primera instancia. La extemporaneidad de los agravios, prevista para esta instancia en el art. 257 num. 1o refiere a la regla de la “non reformatio in pejus”, susceptible en caso de tomarse en cuenta de generar indefensión. La Sala se afilia al criterio doctrinario del control razonable que excluye la simple recepción de documentación por parte del empleador directo. La ausencia de prueba susceptible de acreditar controles efectivos vinculados a la situación de autos, determina considerar, que la responsabilidad de la co-demandada Banco de Seguros del Estado ha de ser solidaria por los rubros condenados en autos. La Sala ha sostenido: “La recepción de la documentación referida por las co-demandadas no acredita que hubieran actuado de acuerdo al parámetro de “buen hombre de negocios” en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios y mano de obra” (Cf. Rosembaum y Castello, obra citada, pág. 158). Los autores de referencia destacan que la empresa “no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos (alude a los proveedores) se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma” y concluyen que “no basta con aportar los documentos mencionados en el art. 4° de la Ley 18.251, sino también acreditar que ha realizado un control razonable de los mismos”. (TAT 3° SEF-0014-000171 de 20/6/2016, AJL 2016 c. 724). Procede entonces confirmar la Sentencia apelada en punto al alcance de la responsabilidad del co-demandado Banco de Seguros del Estado. 8) El Banco de Seguros también se agravia por la condena de los rubros licencia, salario vacacional e indemnización por despido, manifestando que la Sentencia no tomó en cuenta que el actor trabajó para otras empresas. El agravio no es de recibo. Cabe establecer que el Banco de Seguros del Estado al contestar la demanda a fs. 147 y ss. controvierte la liquidación, señala que en la demanda el actor relata que trabajó para el Banco de Seguros del Estado el período comprendido entre el 1° de junio y 31 de diciembre de 2023, lo que dice no es cierto. Controvierte la frecuencia del servicio prestado por el actor en el Banco de Seguros del Estado. Refiere a las planillas aportadas con los jornales trabajados por un total de 58 días. En base a esos días calcula lo que admite podría adeudar. Pero el despido no lo liquida con precisión, sino que dice que le corresponde abonar el 50% porque el actor denuncia seis meses de trabajo para el ente. La demanda a fs. 13 vto. y ss. computa 4,3 meses para la Intendencia de Montevideo, 6 meses para el Banco de Seguros del Estado y 4 años para el Consorcio del Sur. Por su parte, el Banco de Seguros del Estado invoca un menor número de jornales. La Sentencia no consideró liquidación alternativa a fs. 147/148 en base a los jornales que el actor trabajó para el Banco porque alegó que el actor era trabajador mensual y sus ingresos eran por Varela y Varela SRL, por lo que la liquidación del actor debe hacerse por el vínculo con su empleador. A entender de la Sala la liquidación de la Sentencia no es correcta porque la defensa del Banco de Seguros del Estado había sido que el actor trabajó solo 58 días durante todo el período y remitió a los registros de marcas. La Sentencia no tuvo en cuenta los hechos alegados por el Banco de Seguros del Estado que remitió a un pendrive con los registros según ofertorio de prueba a fs. 148 vto. No basta que fuera mensual para condenarla por trabajo continuo todo el mes, lo que es correcto. Pero en la apelación lo que dice el Banco de Seguros del Estado es distinto de lo que dijo al contestar, porque ahora refiere al trabajo para el Consorcio del Sur, que no coincide temporalmente con el lapso reclamado a su parte en la demanda. Es decir, si el Banco de Seguros del Estado hubiera sostenido su defensa y además hubiera analizado al apelar los registros que surgen del pendrive, hubiera podido tener razón, pero abandonó en etapa de apelación la primer defensa y lo que dice al apelar en cuanto que el tiempo de trabajo era compartido con otros clientes, concretamente Consorcio del Sur es incorrecto. Consecuentemente, a entender de la Sala procede confirmar la Sentencia recurrida en el punto. 9) También se agravia la parte co-demandada Banco de Seguros del Estado por el porcentaje de daños y perjuicios preceptivos, el que considera excesivo, al no haberse acreditado cargas familiares. El agravio es de recibo. El art. 4° inc. 3 de la Ley 10.449 de 12/11/1943 establece: “Por el solo hecho de ser condenado al pago de salarios de acuerdo con este artículo... el patrono o empresario deberá los daños y perjuicios emergentes del no cumplimiento de su obligación, los que serán fijados por el Juez de la Sentencia definitiva, teniendo en cuenta: el número de familiares a cargo del obrero o empleado perjudicado; el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador dejó de percibir el salario mínimo correspondiente, y la diferencia entre la tasa de los salarios acordados al trabajador según la planilla y la mínima señalada en el certificado a que se refiere el inciso anterior...”. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia para el caso de que no se acrediten cargas familiares, se revoca la Sentencia recurrida fijándose el monto de daños y perjuicios preceptivos en el 10% de los rubros de naturaleza salarial. 10) La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de especiales condenas en costos, siendo las costas de cargo de la demandada condenada (arts. 337 Ley 16.226, 56.1 CGP y 688 Código Civil). Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y así como en los arts. 17 y 18 de la Ley N°18.572, artículo 198 del Código General del Proceso el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA, SALVO EN EL PORCENTAJE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS QUE SE FIJAN EN EL 10% DE LOS RUBROS DE NATURALEZA SALARIAL Y TÉNGASE POR DESISTIDA A LA APELANTE INTENDENCIA DE MONTEVIDEO RESPECTO DE LOS AGRAVIOS REFERIDOS A LA INCOMPETENCIA DE LA SEDE EN RAZÓN DE LA MATERIA Y EL AGRAVIO LIQUIDATORIO. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN COSTOS EN EL GRADO, SIENDO LAS COSTAS DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA. HONORARIOS FICTOS 5 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS QUE CORRESPONDIEREN. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO MINISTRA. - DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA.- ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-