Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 283/2025 - IUE: 40-128/2025 Montevideo, 09 de octubre de 2025
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SÉPTIMO TURNO
MINISTRA REDACTORA: Dra. María Cristina Cabrera.
MINISTROS FIRMANTES: Dres. Edgardo Ettlin, Ma Cristina Cabrera y Loreley Pera.
VISTOS:
Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados:
“AA Y BB en autos: “CC S.A.
CONCURSO LEY 18.387 ART. 11 VOLUNTARIO” – RECURSO DE
APELACIÓN” IUE 40-128/2025, venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de primera instancia No 849/2025 dictada en fecha 28 de abril de 2025 (fs. 188) por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Concurso de Primer Turno, Dr. Leonardo Méndez.
RESULTANDO:
1) La sentencia interlocutoria referida declaró el concurso de CC S.A., suspendió su legitimación para disponer y obligar a la masa y declaró la moratoria provisional, de conformidad a la normativa contenida en la ley
18.387. Designó en calidad de Síndico al Dr. Alfredo Ciavattone, atento a que se trata de una hipótesis de grupo económico conformado con los concursos que se tramitan en expedientes de DD LTDA. y EE. y fijó fecha para la Junta de Acreedores para el 28 de octubre del corriente año.
2) Agraviándose de lo resuelto en la interlocutoria precedente, AA y BB interpusieron recurso de reposición y apelación a fs.
227-238, manifestando en lo sustancial, y en cuanto interesa a la presente alzada, que son hijas del fallecido GG, quien era titular del 96% de las acciones concursadas, por lo que tienen un vínculo directo con las personas y el objeto del presente proceso. La declaración de concurso afecta sus derechos patrimoniales, que integran el acervo sucesorio, resultando improcedente por no encontrarse la concursada realmente en situación de insolvencia. Por otra parte, en los hechos, el cierre inevitable de la empresa, con pérdida de cientos de puestos de trabajo, generará un pasivo post concursal impagable.
Les agravia la decisión tomada, por incumplir el numeral 6 del artículo 7 de la ley concursal. La solicitud de concurso debe acompañarse de un testimonio notarial de la resolución del órgano de administración que aprobó la presentación. El testimonio que luce a fs. 116 no corresponde a una resolución del directorio de CC S.A., puesto que para sesionar requería la presencia de dos directores. Surge del testimonio que solo compareció
FF.
Les agravia además la suspensión de la legitimación para disponer y obligar a la masa. La tasación presentada al solicitar el concurso (fs. 42), únicamente se refiere al valor del bien inmueble de la concursada y su maquinaria e instalación. No considera todos los activos, disponibilidades, créditos a cobrar, ni bienes de uso que posee la firma. Salvo en la tasación de Vanoli y Brun que solo toma en cuenta algunos activos, las demás valoraciones del activo que lucen en autos, superan largamente el monto considerado por el Sr. Juez para considerar la insolvencia de la empresa y disponer su concurso.
Les agravia la consideración de que CC S.A. integra un grupo económico y la designación como Síndico al Dr. Alfredo Ciavattone. La recurrida no se funda debidamente, ni se justifica que la concursada integra un conjunto económico. Sobre tal afirmación no existe prueba alguna. El nombramiento del Síndico designado es improcedente conforme a derecho, ya que se puede designar al mismo profesional en todos los juicios referidos, si se tratara de solicitudes conjuntas, de conformidad a lo previsto en el numeral 2 del artículo 19 de la ley 18.387, lo que no ocurre en la especie.
En consecuencia, solicitan que se deje sin efecto la recurrida o, en subsidio, de mantener la declaración de concurso, se revoque la suspensión de la legitimación para disponer y obligar a la masa y en su lugar se establezca la limitación de la misma, designándose interventor en lugar de Síndico. Se revoque además la declaración de que CC S.A. integra un grupo económico con DD S.A. y EE y se designe como interventor o síndico a una persona distinta al Dr.
Alfredo Ciavattone.
3) A fs. 247-250 la Sindicatura evacuó el traslado conferido, abogando por la confirmatoria de la recurrida por considerarla conforme a derecho, de acuerdo a los fundamentos que expone.
4) Recibidos los autos en esta Sala en fecha 18 de junio de 2025 (fs. 267) se dispuso el pasaje a estudio de rigor. Cumplido, se acordó emitir decisión anticipada según lo preceptuado en los arts. 200.1 y art. 344.2 del Código General del Proceso, designándose redactora a la dicente y dictándose la presente en el día de la fecha.
CONSIDERANDO:
I) El Tribunal, por el voto coincidente de sus miembros naturales – art. 61 de la ley 15.750 - habrá de confirmar la recurrida, en tanto los agravios articulados en sustento de la revocatoria de la providencia en análisis no logran conmover los fundamentos de la decisión dictada en primera instancia, de conformidad a lo que se expresará.
II) En primer término, cabe precisar que, por razones de orden jurídico formal, la instancia de revisión queda circunscripta a los concretos puntos objeto de agravio acorde la plataforma definida supra, operando la cosa juzgada respecto de las demás cuestiones debatidas in folios (art. 257 del C.G.P.).
III) Conforme resulta de obrados, a fs. 121-124, en fecha 13 de marzo de 2025, comparece CC S.A., solicitando su concurso necesario, al amparo de lo previsto en los artículos 1, 5, 10 y 11 de la ley 18.387. Se trata de una sociedad anónima que explota una planta frigorífica en la ciudad de Paso de los Toros, Tacuarembó, siendo una de las plantas más importantes de faena de ovinos a nivel nacional. De acuerdo a la documentación que aporta, su situación económica y financiera, así como el difícil momento que atraviesa el sector de actividad en el que se desenvuelve, solicita que se declare el concurso de la misma, a fin de evaluar, en el transcurso del proceso, las posibles opciones de reestructura, procurando salvaguardar la unidad productiva. Reclama que se proceda de acuerdo a lo previsto en artículo 44 de la ley citada, disponiéndose lo que corresponde conforme a derecho.
A fs. 133-136 obra informe del Secretario Contador HH. De fs.
139 a 187 se cumplieron los trámites previos a la decisión declaratoria del Concurso Voluntario de CC S.A., decisión que motiva la presente alzada (fs. 188).
IV) El Tribunal considera correcta la decisión de primera instancia, a la luz de la prueba ingresada a la litis y las disposiciones legales aplicables.
Se han acreditado los requisitos necesarios para la declaración concursal solicitada por CC S.A., en tanto surge de autos que el pasivo es superior al activo, por lo que éste último no resulta suficiente para la satisfacción de los acreedores, de conformidad a lo previsto en el artículo 45 de la ley 18.387.
El Concurso de CC S.A. fue pedido a fs.121-124 vto., planteando una situación de paralización virtual de sus actividades, unido a problemas del accionista principal y director, amén de problemas de la coyuntura del sector.
Esta empresa formaría parte de un conjunto económico con DD LTDA. y EE.
El informe del Secretario Contador de la Sede A-quo, no se pronuncia sobre la suficiencia del pasivo sobre el activo, sin embargo, el proveyente anterior considera suficiente, a esos efectos, la información presentada por la actora, que da cuenta de la citada insuficiencia. Todo ello sin perjuicio de que, si la relación entre activo y pasivo es distinta a la que se tuvo en cuenta para suspender la legitimación del deudor, se podrá modificar lo dispuesto, designando un Interventor con coadministración, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 numeral 3o de la ley 18.3897.
Apelan las hijas de GG (fs. 227-238, hoy fallecido.
Surge de fs. 122 vto. que su padre era el tenedor del 96% de las acciones de CC S.A. Plantean que la sociedad aún es solvente y que no se habrían considerado todos los activos que lo demuestran. Además, cuestionan que el concurso lo solicitó uno solo de los directores.
A fs. 121 resulta que el Concurso Voluntario fue solicitado únicamente por el Director FF (fs. 5). Pero surge del Certificado Notarial a fs. 5 vto., que CC S.A. había otorgado Poder General de Administración a FF. Por lo que éste tiene legitimación para pedir el Concurso (datos “C” e “I” del documento notarial a fs. 5-5 vto.) Las apelantes no demuestran que la empresa fuera solvente, más allá de que, como resulta de obrados, la vinculación de grupo económico -reconocida por la deudora-, de CC con DD LTDA. y EE (fs. 247-250) ha traído para la primera compromisos que dificultan su gestión empresarial. Tampoco se ha debatido que la planta de faena de CC debió cerrar, disminuyendo actividades, debiendo enviar a seguro de paro a los trabajadores (fs. 122), lo que augura mayores deudas.
En cuanto a que se haya nombrado como Síndico al Dr. CIAVATTONE (fs.
231), se funda en el hecho de que fue designado como tal en el concurso de las empresas vinculadas a DD. Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 numeral 3o de la ley 18.387, los nombramientos respecto a todas las empresas del mismo grupo se reputan como uno solo.
Dicha conexión empresarial ha sido admitida por la propia solicitante del concurso de autos. Por otra parte, las apelantes no acreditan cuál es el agravio concreto que dicha designación les causa. Además, la norma citada no prevé nulidad o sanción alguna para el caso de nombrarse en el último año a un Síndico en dos Concursos.
De conformidad a los fundamentos expuestos, corresponde mantener lo fallado en primera instancia en todos sus términos.
VI) En cuanto a las costas del presente grado, se imponen de precepto a cargo del perdidoso, no existiendo mérito para especial sanción en costos (artículo 253 de la ley 18.387, 57 inciso segundo del CGP y 688 del Código Civil).
Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, el Tribunal
RESUELVE:
Confírmase la recurrida, con las costas de precepto a cargo del perdidoso, sin especial sanción en costos. Oportunamente, devuélvase.
Dra. Ma. Cristina Cabrera - Ministra Dr. Edgardo Ettlin - Ministro Dra. Loreley Pera - Ministra Esc. Beatriz Crudeli - Secretaria Letrada
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.