Sentencia Definitiva N° 233/2025

Sentencia Nro. 233/2025 - IUE: 2-43882/2025 Montevideo, 09 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO”; IUE No 2-43882/2025 venidos a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación deducidos por el actor y el demandado Ministerio de Salud Pública, contra la sentencia No.46/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18o. Turno, Dr. Diego Saravia García. RESULTANDO: I . Por el referido pronunciamiento de primer grado, se amparó la demanda promovida en relación al Ministerio de Salud Pública, condenándolo a suministrar al actor el medicamento los medicamentos RITUXIMAB Y BORTEZOMIB en plazo de 24 horas y se declaró la falta de legitimación pasiva del codemandado Fondo Nacional de Recursos. II. Contra dicha decisión se alzó la parte actora, deduciendo apelación “ad eventum”, para el caso de revocarse la condena al MSP, considerando que el FNR ostenta legitimación en la causa, solicitando se ampare la demanda a su respecto, revolcándose la recurrida en el punto, conforme los argumentos detallados ampliamente en su demanda. El Ministerio de Salud Pública también dedujo recurso de apelación, agraviándose, en sustancia, por entender que no incurrió en ilegitimidad manifiesta, habiendo cumplido con los cometidos que le ha impuesto la Constitución y la Ley; indicó que la prestación reclamada no se encuentra incluida en el FTM para la patología del actor, citando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 18.335 y en los artículos 6, 45 y 46 de la Ley 18.211. Entiende que carece de atribuciones como órgano dispensador de medicamentos (no pudiendo suministrarlos directamente a la población) y de potestades para definir por sí la inclusión de fármacos en el FTM. Finalmente, señala que la condena impuesta omitió considerar la escasez de recursos económicos y su necesidad de priorizar y racionalizar, garantizando la sustentabilidad del sistema. Solicitó que, en definitiva, se revoque la recurrida y se desestime en todos sus términos la demanda impetrada. Al evacuar el traslado conferido del recurso deducido por el MSP, la parte actora solicitó declaración de inconstitucionalidad, pronunciándose por la SCJ la sentencia No. 887/2025, de fecha 07/08/25, fs. 203/204, que declaró inconstitucionales el inciso segundo del art. 7 de la Ley 18.335 y el inciso final del art. 45 de la Ley 18.211. III. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 2 de octubre de 2025, requiriéndose por providencia de fecha 6 de octubre de 2025 informe a las partes respecto a si el actor ha recibido los fármacos y eventual incidencia en su estado de salud, compareciendo con fecha 8 de octubre de 2025 el accionante expresando que “actualmente lleva 5 ciclos de tratamiento con excelentes resultados y tolerancia. Gracias al tratamiento ha normalizado su hemograma, función renal e Ionograma. Actualmente se encuentra en RESPUESTA COMPLETA (RC).Por lo que debe continuar con el tratamiento.” CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad, confirmará la impugnada, sin especial condenación en costas y costos. II. Como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. Compareció en autos, el amparista, de 69 años de edad, quien se asiste en la Asociación Española y es portador de MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTROM ASOCIADA A AMILOIDOSIS. Fue estudiado con hemograma, biopsia de médula ósea, PET y ETT que confirmaron el diagnóstico. Se completó valoración con mielograma el 13 de mayo de 2025 donde se halló 39% de linfocitos y 12% de plasmocitos. En este escenario se indicó tratamiento en base a RITUXIMAB, BORTEZOMIB y DEXAMETASONA, requiriendo por el presente los dos primeros. Ambos fármacos se encuentran registrados en nuestro país pero no para la patología (infrecuente) del actor, y se encuentran incluídos en el FTM para el tratamiento de otras enfermedades. Se ha acreditado en la causa la enfermedad que padece el actor, la pertinencia y urgencia en recibir la medicación reclamada y su falta de recursos para adquirirlo en forma privada, así como los efectos favorables en su estado de salud, conforme lo informado a requerimiento de la Sala. IV. Como se adelantara, la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública será confirmada, no siendo de recibo los agravios deducidos, habiendo quedado demostrada la existencia de ilegitimidad manifiesta en su proceder. En efecto, los medicamentos requeridos están registrados en nuestro país; es decir, cuentan con “certificado de registro y autorización de venta de especialidad farmacéutica”, por lo que poseen el debido “informe técnico favorable de eficacia y seguridad” (artículo 462 de la Ley No. 19.355), encontrándose a la venta para su adquisición por aquellos que cuentan con los recursos económicos suficientes. La conducta del Ministerio de Salud Pública resulta manifiestamente ilegítima en el presente, en tanto a un paciente, que carece de recursos económicos, con indicación de los medicamentos avalada por su médico tratante, que padece enfermedad con riesgo de vida, se le expresa que no se los brinda porque los mismos no están incluidos en el FTM, cuando el actor no cuenta con tiempo para aguardar las resultancias de ningún otro trámite. No demuestra el Ministerio de Salud Pública la existencia de razón de carácter científico que obste a la inclusión de los fármacos en el FTM, ni su suministro en el caso concreto. Por otra parte, de acuerdo al texto del artículo 44 de la Constitución, la competencia del Estado no es la de un mero regulador de un sistema nacional de salud sino la procura del “perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”; estableciendo además como competencias del Estado “todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas”. De manera pues, que el Ministerio de Salud Pública no puede excusarse únicamente realizando una descripción genérica de sus cometidos y diciendo que los cumple, sin aportar elementos concretos (frente a un reclamo particular) que así lo avalen. Cabe recordar, que la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud, en su artículo 7 preceptúa: “Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” Por su parte, la Ley No. 18.211 es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Los programas integrales de prestaciones incluirán: A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud- enfermedad detectados. C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores.” La negativa del Ministerio de Salud Pública resulta genérica, sin realizar un estudio de la situación personal del paciente. El derecho a la vida, la salud de la persona, elevados al rango de norma constitucional fundamental no puede quedar supeditado a alegaciones genéricas como la de infolios. Se reclama la tutela efectiva de derechos reconocidos por la Constitución como son el derecho a la salud y a la vida. Nuestra Constitución mandata, como norma de máxima jerarquía interna, una visión del derecho conforme a sus preceptos, no puede admitirse un enfoque entonces de la situación del actor (en que están en juego el derecho a la salud, la vida), una respuesta genérica y carente de respaldo probatorio alguno, atento a la magnitud del elemento daño irreparable. Nos encontramos frente a una prescripción médica, con historia clínica a la vista, seguida de informe y declaración testimonial de la médica tratante, no acreditada como sospechosa o la existencia respecto al galeno de conflicto de interés alguno (art. 157 y 158 del Código General del Proceso),en donde se indica el fármaco (que se encuentra registrado y se comercializa en el país) como la mejor opción científica para el caso que nos ocupa, a lo que se suma en el caso la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto del inciso segundo del art. 7 de la Ley 18.335 y el inciso final del art. 45 de la Ley 18.211, así como la comprobada eficacia en este paciente. La negativa del Ministerio de Salud Pública basada en argumentos formalistas, teniendo presente la situación particular del accionante constituye un obrar manifiestamente ilegítimo. Por otro lado, el Ministerio accionado no acredita la existencia de razones de índole científica que contrarresten los beneficios del medicamento en el caso concreto, pese a que estaba gravado con la carga de demostrar “los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión” controvertida de su adversario (artículo 139.1 del Código General del Proceso). Tampoco puede ampararse el Ministerio accionado en que ha cumplido con los cometidos que tiene a su cargo y que carece de atribuciones para suministrar directamente medicamentos a la población, cuando el reclamante se encuentra comprendido y amparado en la disposición contenida en la oración final del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, en la medida que se ha acreditado que se trata de una persona que carece de recursos económicos suficientes para financiar el tratamiento que se le ha indicado, disponiéndose en la norma citada que: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Por lo tanto, es la Constitución la que le impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes, como el actor, no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia, no pudiendo admitirse entonces la defensa ensayada cuando despliega una conducta contraria a la que le impone el mandato constitucional. Por otra parte, no demuestra el Ministerio de Salud Pública (ni ofrece prueba para hacerlo) que la sustentabilidad del sistema de salud esté en riesgo por suministrar el fármaco solicitado en el caso concreto. V. Se considera entonces que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Ministerio de Salud Pública, así como inexistencia de otros medios judiciales administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y en su mérito corresponde confirmar en todos sus términos la condena recaída a su respecto en el grado anterior. VI. No corresponde expedirse sobre la apelación “ad eventum” deducida por el actor, para el caso de revocatoria de la condena impuesta al MSP, en tanto la misma será confirmada. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículos 56 del Código General del Proceso y 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 154, 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS. HONORARIOS FICTOS: 3 BPC PARA LA PARTE NO EXONERADA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria