Sentencia Definitiva N° 234/2025

Sentencia Nro. 234/2025 - IUE: 2-53532/2025 Montevideo, 09 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO – AMPARO”, IUE: 2-53532/2025, venidos a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación deducidos por el demandado Ministerio de Salud Pública y la actora -ad eventum- contra la sentencia No. 69/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19o Turno, Dr. Andrés Hernández Ferreiro. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 26 de junio de 2025, -en lo que interesa a la instancia- se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Fondo Nacional de Recursos (en adelante, FNR) y se condenó al Ministerio de Salud Pública (en adelante MSP) a suministrar a AA los medicamentos Teclistamab y Tocilizumab en un plazo de 24 horas, conforme a las indicaciones de su médica tratante y por todo el tiempo que la misma determine. II. Contra dicha decisión se alzó el Ministerio de Salud Pública interponiendo recurso de apelación, fundando los siguientes agravios: 1) No incurrió en ilegitimidad manifiesta, habiendo cumplido los cometidos que tiene a su cargo, dictando el marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y al elenco de prestaciones médicas determinadas por el Poder Ejecutivo, iniciando diversos procesos de actualización del PIAS y FTM, estableciendo un régimen de financiación solidario, garantizando a toda persona la posibilidad de acceder a un prestador privado y creando un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado. No tiene por cometido suministrar medicamentos directamente a la población. 2) No debió condenárselo al suministro de un fármaco no registrado en el país (Teclistamab) ya que el artículo 18 de la Ley N° 15.443 estableció expresamente la prohibición de comercializar medicamentos no registrados, lo que también es recogido por el artículo 461 de la Ley N 19.355. 3) No corresponde que el MSP financie el medicamento Tocilizumab ya que el mismo no se encuentra incorporado al Formulario Terapéutico de Medicamentos y no tiene por cometido suministrar medicamentos a la población. Solicitó que, en definitiva, se revoque la recurrida y se desestime en todos sus términos la demanda impetrada. Por su parte, la actora dedujo recurso de apelación (ad eventum), para el caso de que se revoque la condena impuesta al MSP, por considerar que el Fondo Nacional de Recursos posee legitimación sustancial pasiva en la causa. Reiteró los argumentos expuestos en su libelo inicial y solicitó que en definitiva, se condene a ambos demandados a suministrarle los medicamentos indicados por su médico tratante. III. Sustanciada la impugnación deducida por el MSP, la parte actora evacuó el traslado conferido, abogando por su rechazo e interponiendo excepción de inconstitucionalidad. IV. Por sentencia No. 874/2025 del 7 de agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y en consecuencia, inaplicables a la parte actora. Desestimó el excepcionamiento respecto a los artículos 51 Literal B de la Ley N° 18.211, 10 de la Ley N° 18.335 y 461 y 462 de la Ley N° 19.355. V. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 1 de octubre de 2025, pasando a estudio simultáneo de las Sras. Ministras. Por providencia No. 618/2025 de fecha 2 de octubre de 2025, el Tribunal requirió a las partes informaran sobre si el accionante ha recibido los fármacos indicados, dosis, fechas y efectos en su estado de salud, adjuntando la documentación respaldante. Cumplido lo requerido y completado el estudio pendiente, se acordó sentencia, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad, confirmará la recurrida, sin especiales condenas procesales, por los fundamentos que se pasan a exponer. II. Como se ha expresado por esta Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones y pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. El Sr. AA, de 61 años de edad, es portador de mieloma múltiple, diagnosticado en junio de 2021, siendo asistido en el SMI por la Dra. Mariana Stevenazzi. Recibió tratamiento en base a Ciclofosfamida + Bortezomib + Dexametasona por 6 ciclos, asociándose después, Daratumumab, al cual accedió a través de recurso de amparo. En abril de 2022 se consolidó la respuesta con auto trasplante de médula ósea. Continuó en mantenimiento con Lenalidomida por 26 ciclos pero, al constatarse progresión de la enfermedad, recibió Daratumumab + Dexametasona + Pomalidomida (al cual accedió a través de recurso de amparo). Actualmente se constató nueva progresión de la enfermedad. En este escenario, su médica tratante le indicó el fármaco Teclistamab para tratar el mieloma múltiple Tocilizumab para tratar el efecto adverso más común del uso de Teclistamab (síndrome de liberación de citoquinas). El fármaco Teclistamab no se encuentra registrado en el país, no obstante, ha sido autorizado por la FDA, EMA y es recomendado por la cátedra de Hematología de la UDELAR. El medicamento TOCILIZUMAB se encuentra registrado en el país y es comercializado por el laboratorio ROCHE. No obstante, no está incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos y por tanto su prestador de salud no tiene obligación de proporcionárselo. Carece de recursos económicos suficientes para solventar el tratamiento en forma privada, ya que se trata de medicamentos de alto costo y su ingreso es el derivado de su jubilación que asciende a $31.632. Vive con su esposa, quien no tiene ingresos, en la casa de propiedad de ambos. No tiene bienes de los cuales desprenderse, ni ahorros, para hacer frente a esta erogación. Realizó la petición del mismo ante el MSP y el FNR, sin éxito. En su contestación, el Ministerio de Salud Pública se defendió alegando que no ha incurrido en ilegitimidad manifiesta alguna, habiendo cumplido con sus cometidos. El Fondo Nacional de Recursos opuso su falta de legitimación pasiva, por considerar que, de acuerdo al marco normativo que regula su actuación, no puede suministrar un medicamento no registrado, así como tampoco financiar un medicamento no incluido en el FTM bajo su cobertura. No ha sido objeto de controversia alguna la enfermedad que padece el accionante, ni la pertinencia, idoneidad y urgencia en el suministro de los medicamentos indicados y la evidencia científica que respalda sus beneficios, todo lo que además resulta demostrado con la declaración de la médica tratante, Dra. Mariana Stevenazzi Rivas recibida en audiencia. Por otra parte, al ser requerido por el Tribunal, el 8 de octubre del año en curso, el actor agrega certificado médico expedido por su médica tratante, donde se consigna que: “Se deja constancia que el Sr. AA CI BB portador de Mieloma Múltiple ha comenzado a recibir el fármaco Teclistamab en cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 26 de junio de 2025. A la fecha, se encuentra tolerando adecuadamente dicho tratamiento, sin efectos adversos clínicamente relevantes. Se constata una franca mejoría clínica, encontrándose el paciente actualmente asintomático; asimismo, se ha logrado suspender el uso de analgésicos, lo que evidencia una mejora significativa en su sintomatología y desaparición de los plasmocitomas en el examen físico. Se adjuntan a la presente los resultados paraclínicos del marcador evolutivo más relevante en este caso, de los cuales surge una evolución muy favorable.” El Ministerio de Salud Pública, por su parte, en escrito presentado el día 8 de octubre del corriente, acreditó la compra y dosis de los medicamentos objeto de condena, el 27/06 y 20/08 del corriente año. IV. La Sala, con la voluntad unánime de sus integrantes naturales, considera que la prueba rendida en los presentes, en particular la que da cuenta de los efectos positivos de la medicación en este paciente concreto (que viene recibiendo los fármacos indicados con buena tolerancia y respuesta clínica), amerita la decisión a la que se arriba, que difiere en relación con las Dras. Schroeder Rius y García Obregón, de la expuesta en casos de medicamentos no registrados para la patología del reclamante, considerando que los agravios del Ministerio de Salud Pública, no son de recibo, por lo que se confirmará la condena a su respecto. V. La demandada Ministerio de Salud Pública no controvirtió las manifestaciones realizadas por el actor en cuanto a su diagnóstico, el tratamiento recomendado para su enfermedad, que carece de recursos económicos suficientes para solventarlo personalmente por su alto precio dosis y que la medicación solicitada resulta la más idónea para el estadío actual de su enfermedad, siendo de probada eficacia, contando la indicación con respaldo científico como fue relevado por la médica tratante deponente en autos, así como por los buenos resultados que el suministro del fármaco ha demostrado en este paciente concreto. Nada expresó el Ministerio de Salud Pública respecto a la existencia de razones de carácter científico que obsten el tratamiento indicado para la patología del accionante. En su impugnación el Ministerio de Salud Pública se agravió por entender que no se configura ilegitimidad manifiesta y que no correspondería hacer lugar a lo requerido, reiterando lo expresado en la contestación a la demanda, en el sentido de que ha cumplido con los cometidos que el ordenamiento jurídico pone a su cargo. Asimismo, señaló que no ha sido omiso, en la medida que ha ejercido sus competencias regulatorias y definido la inclusión de prestaciones en el FTM en base a criterios científicos y de costo- eficacia, criterio que expresa ha sido convalidado por el máximo órgano del Poder Judicial. Sin embargo, en autos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y por ende inaplicables a la parte actora, por entender que limitan en forma indebida el artículo 44 de la Constitución. Cabe recordar, que la Ley No. 18.211 es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Los programas integrales de prestaciones incluirán: A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud- enfermedad detectados. C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores” Por su parte, la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes usuarios de los servicios de salud, en su artículo 7 preceptúa:“Todo paciente tiene derecho una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” Por consiguiente, atento a la inconstitucionalidad declarada en autos, al hecho de que el demandado no se fundó en criterios científicos específicos y la prueba irrefutable rendida en la causa que da cuenta de los beneficiosos efectos de los fármacos en el accionante, cabe concluir que, en el presente caso, la negativa del Ministerio de Salud Pública a atender el caso del actor, proporcionándole los medios de asistencia necesarios a su situación y carencia de recursos resulta manifiestamente ilegítima. Se reclama la tutela efectiva de derechos reconocidos por la Constitución como son el derecho a la salud y a la vida. Nuestra Constitución mandata, como norma de máxima jerarquía interna, una visión del Derecho conforme a sus preceptos, no puede admitirse un enfoque entonces de la situación del actor, en que están en juego el derecho a la salud y la vida, una respuesta genérica y carente de respaldo probatorio alguno, atento a la magnitud del elemento daño irreparable. Nos encontramos frente a una prescripción médica, con historia clínica a la vista, seguida de la declaración testimonial, no acreditada como sospechosa o la existencia respecto a la médica de conflicto de interés alguno (artículos 157 y 158 del Código General del Proceso), en la cual se indican los fármacos como la mejor opción científica para el caso que nos ocupa, por lo que la negativa (basada en argumentos formalistas) del Ministerio de Salud Pública resulta manifiestamente ilegítima. Además, conforme a las constataciones que pudieron hacerse de los efectos del tratamiento en este paciente concreto, a diferencia de otros en los que se solicitan medicamentos no registrados, entiende el Tribunal que existe evidencia suficiente acerca de la eficacia delos medicamentos solicitados. Considera, asimismo, el Tribunal que no puede fundarse el Ministerio accionado en que ha actuado de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley, ni en que carece de atribuciones para suministrar directamente medicamentos a la población, cuando el accionante se encuentra comprendido y amparado en la disposición contenida en la oración final del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, en la medida que ha acreditado que se trata de una persona que carece de recursos económicos suficientes para financiar el tratamiento indicado, disponiendo la norma citada: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Por lo tanto, es la Constitución la que le impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes, como el actor, no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia, no pudiendo admitirse la defensa ensayada cuando despliega una conducta contraria a la que le impone el mandato constitucional. El Ministerio demandado no invoca ni acredita razón científica alguna para contrarrestar la prueba rendida en la causa que da cuenta de los beneficios de la medicación indicada, pese a que estaba gravado con la carga de demostrar “los hechos modificativos, impeditivos extintivos de aquella pretensión” controvertida de su adversario (artículo 139.1 del Código General del Proceso). Ni la ausencia de registro del medicamento ni la circunstancia de que el fármaco no haya sido incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, pueden impedir en este caso en concreto el acceso a la mejor opción terapéutica disponible para atacar la enfermedad que se padece, cuando surge plenamente acreditado el beneficio y pertinencia de la misma. Lo que aquí se pretende es el suministro concreto de un medicamento, por lo tanto al cumplirse con la condena impuesta en modo alguno se está violando la normativa invocada en su defensa por el Ministerio accionado. Se considera entonces que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Ministerio de Salud Pública, así como inexistencia de otros medios judiciales administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y en su mérito corresponde confirmar en todos sus términos la condena recaída a su respecto en el grado anterior. VI. Atento a la solución arribada, no corresponde ingresar a la consideración de los agravios que de forma eventual dedujo la parte actora, al no existir perjuicio a su parte, dada la confirmación de la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública. VII. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículos 56 del Código General del Proceso y 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 154, 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE LA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Analía García Obregón - Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante