Sentencia Definitiva N° 257/2025

Sentencia Nro. 257/2025 - IUE: 449-308/2022 Montevideo, 09 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "B.S.E. C/ BAUTISTA CORREA, SERGIO - DAÑOS Y PERJUICIOS" I.U.E 449-308/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva N°1/2025, dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Treinta y Tres de 3er Turno, Dra. Alejandra Corbo. RESULTANDO: 1) Por la sentencia definitiva impugnada, la Magistrada actuante amparó parcialmente la demanda, y en su mérito condenó al demandado a pagar al actor la suma de $ 9.439, con actualización e interés legal desde la fecha en que se hizo efectivo el pago por parte del B.S.E. a la asegurada; sin especial condena procesal (fs. 125-134). 2) En tiempo y forma comparece la representante legal del B.S.E. e interpone recurso de apelación (fs. 137-140). Conferido el correspondiente traslado (providencia No 104 /2025), es evacuado en tiempo y forma por el Defensor de Oficio designado, quien abogó por la confirmación de la hostilizada en todos sus términos (fs. 143 y vto.). 3) Por providencia No 221/2025 (fs. 144), el tribunal a quo franqueó la alzada de la apelación con efecto suspensivo. Los autos fueron recibidos por el Tribunal, y pasaron a estudio por su orden. Culminado el mismo, se acordó el dictado de la presente decisión por anticipado, designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 200 del C.G.P.). 4) Tengan presente las partes que por licencia médica de una de sus integrantes naturales, el Tribunal se encuentra integrado por el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren. CONSIDERANDO: I) El Tribunal debidamente integrado por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), y en la ocasión por unanimidad de sus integrantes, habrá de revocar la sentencia definitiva impugnada, y amparará la demanda, condenando al demandado al pago de la suma pretendida $ 1.121.076, más reajustes e interés legal, por los fundamentos que dará; sin especial condena procesal en la instancia. II) En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P.), el Tribunal de alzada por mandato legal (arts. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P.) se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y el art. 257.4 del C.G.P.. Corresponde al Tribunal -preceptivamente- efectuar el examen de la procedencia y regularidad formal de los recursos, con antelación al estudio de los agravios, pues el régimen de los medios impugnativos es de orden público. En virtud de lo referido en los Resultandos, no existe impedimento formal para analizar el mérito del accionamiento movilizado por la parte actora. III) En la recurrida el tribunal a quo efectuó un correcto resumen del caso y de las resultancias procedimentales, a lo que el Tribunal se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. El caso: tratan las presentes actuaciones de una acción subrogatoria (art. 669 del C. Comercio), iniciada por el B.S.E. contra el responsable del siniestro de tránsito ocurrido el día 4 de junio de 2018, por el cual debió abonar a su asegurada la suma de $ 1.121.076, en concepto del costo de reparaciones a la camioneta embestida. El siniestro ocurrió en oportunidad que el vehículo marca Toyota Hilux (asegurado por Yara López ante el B.S.E.), circulaba por la Ruta N° 5, cuando es embestida por el demandado, quien circulando en sentido contrario (conduciendo una camioneta marca Mitsubishi), realizó una maniobra de giro antirreglamentaria, siendo la causa del siniestro. Como consecuencia del hecho ilícito, la camioneta Toyota experimentó daños cuyo costo de reparación fue abonado por el B.S.E. a López operando subrogación legal a favor de la empresa aseguradora (art. 669 del C Comercio). El demandado debió ser emplazado por edictos por no conocerse su domicilio. Vencido el plazo legal, se designó Defensor de Oficio, quien contestó la demanda asumiendo actitud de expectativa (fs. 76-77). En instancia de alegatos (fs. 115-116), el Defensor de Oficio reconoció que la culpa imputada a su representado en el siniestro ha sido acreditada; sin perjuicio entiende que no se acreditó en forma fehaciente el monto de los daños que se reclaman en autos, siendo la documental aportada por el B.S.E. copias simples de documentos en los cuales no se sabe quién es el autor, ni si fueron confeccionados por perito idóneo a efectos de la tasación que en ellos se recoge. IV) La recurrida señaló que la acción se encontraba prescripta al momento de presentarse la demanda, pero al no resultar relevable de oficio, amparó la demanda en forma parcial, condenando al demandado a abonar al B.S.E. solo el importe de $ 9.439 (gastos de transporte), más reajuste e interés legal desde la fecha de pago del B.S.E., por considerar que era el único monto abonado que se acreditó en legal forma, desestimando el resto. V) Apelación del B.S.E. (fs.137-140). Los agravios del apelante están encaminados a cuestionar: i) que la acción no estaba prescripta al momento de presentar la demanda, pues la a quo soslayó la suspensión de los plazos por las Ferias Sanitarias (162 días); ii) incorrecta valoración de la prueba respecto al daño y su cuantificación; iii) incorrecto dies a quo del reajuste e interés legal, el que debe ser desde el hecho ilícito. VI) Como primera consideración este Tribunal señala que el tribunal a quo ingresó en innecesarias consideraciones sobre la prescripción de la acción, en virtud de que no fue invocada. Por tanto, habiendo manifestado la Magistrada actuante en forma correcta, que la prescripción no es relevable de oficio, no debió pronunciarse sobre cuestiones ajenas al objeto del proceso. Ello motivó que el actor articulara un agravio que carece de objeto y por tanto la Sala no ingresará a su examen. VII) Respecto a la desestimatoria del reclamo económico (en los términos pretendidos) por incumplimiento de la carga de la prueba. Los agravios son de recibo por las razones que seguidamente se darán. No existe controversia en autos respecto de la existencia y forma de ocurrencia del siniestro de tránsito objeto de autos; por contrario el Defensor de Oficio admitió en instancia de alegato en forma expresa, que de las probanzas diligenciadas surge acreditada la culpa de su representado (fs.115). Tampoco está cuestionada la legitimación activa del B.S.E. para promover la acción subrogatoria al amparo del art. 669 del C. Comercio. Y tampoco existe controversia respecto de que el actor pagó a la asegurada por el siniestro acaecido (el día 4 de junio de 2018), la suma de $ 1.121.076 por los desperfectos sufridos por el vehículo asegurado, Toyota Hilux año 2018 (documentos originales que lucen a fs. 51- 52). Ahora bien, el Tribunal no desconoce la desprolijidad del B.S.E. al ofrecer la prueba, pues no realizó mayor esfuerzo al momento de aportar la prueba documental, la que en su mayoría trata de copias simples contraviniendo lo dispuesto en el art. 72 del C.G.P.. Ahora bien, los documentos no originales no se encuentran prohibidos, tampoco fueron desconocidos o impugnados por la parte contraria (art. 170 y ss. del C.G.P. al respecto); en su consecuencia no puede afirmarse que carezcan de valor probatorio, como lo entendió la recurrida. En ese marco y con las consideraciones realizadas supra, este Colegiado considera que no existe obstáculo para amparar la demanda, y condenar a la suma en el importe pretendido. Ello porque el B.S.E. acreditó que pagó a su asegurada la suma de $ 1.121.076 como consecuencia de los daños que experimentó el vehículo asegurado, los que se tienen por razonablemente acreditados con la documental adjunta (parte de siniestro fs.15, parte policial fs. 20 y ss). Y el monto en cuestión, corresponde al monto de las reparaciones tasadas menos el deducible (fs.32 a 38), no existiendo prueba en contrario, además de ser los importes en cuestión razonables atendiendo a los daños experimentados en una camioneta de alta gama. Por lo tanto, corresponde amparar la acción subrogatoria en los términos solicitados por el B.S.E., conforme al petitorio 3° (a fs. 56 vto.), por el importe abonado a la asegurada ( $ 1.121.076 ). VIII) Respecto del reajuste e interés legal. El apelante considera que el dies a quo del reajuste e interés legal debe ser desde el hecho ilícito. La Sala comparte con la a quo que el dies a quo del reajuste debe ser desde la fecha en que el B.S.E. realizó el pago (exigibilidad). Y respecto del interés legal la Sala tiene posición que debe estimarse desde la presentación de la demanda (art. 1348 del C.C.), sin embargo, no modificará lo establecido al respecto en primer grado, porque de así disponerlo sería en perjuicio del apelante lo que está prohibido (art. 257.1 C.G.P.). IX) La conducta de las partes en la segunda instancia ha sido correcta, no amerita sanción procesal (art. 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, arts.197, 198 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: Revócase la sentencia definitiva impugnada. Ampárase la demanda condenándose al demandado a pagar al actor la suma de $ 1.121.076, más reajuste e interés legal desde la fecha de pago por parte del B.S.E. a la asegurada. Sin especial condena procesal. H.P.F. 10 B.P.C.. Notifíquese a las partes a domicilio. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dra. Claudia Kelland - Ministra Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada.