Sentencia Definitiva N° 232/2025

Sentencia Nro. 232/2025 - IUE: 2-42258/2025 Montevideo, 09 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón. Ministros Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO”; IUE No 2-42258/2025 venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación deducido por el FNR, contra la sentencia No 58/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9o. Turno, Dr. Alejandro Recarey Mastrangelo. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento, el Sr. Juez a quo falló, en lo que interesa a la instancia: “CONDENANDO IN SOLIDUM AL FONDO NACIONAL DE RECURSOS Y AL MSP, A FINANCIAR A LA ACTORA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ARTERIA CARÓTIDA PETICIONADO EN LA DEMANDA; SEGÚN LO REQUIERA EL EQUIPO MÉDICO TRATANTE. Y POR TODAS LAS SESIONES QUE RESULTEN NECESARIAS. TODO EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DELANTE DICHO REQUERIMIENTO. Y BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICACIÓN DE ASTREINTES. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN” II. Contra el mismo se alza el FNR agraviándose por entender que no está legitimado pasivamente, puesto que el procedimiento requerido no está en el FTM bajo su cobertura financiera. Por lo tanto, ninguna ilegitimidad manifiesta puede atribuírsele a su conducta, atento a que como persona pública no estatal que es, no se encuentra dentro de las entidades comprometidas a la protección del derecho a la vida y a la salud, teniendo solo el deber de financiar aquello que se pone a su cargo. III. La parte actora evacuó el traslado conferido, abogando por la confirmatoria, reiterando en lo medular lo expuesto en su escrito inicial y dedujo excepción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia por sentencia No. 908/2025, de fecha 07/08/25, fs. 165/166, declaró inconstitucional el art. 7 inciso 2 de la Ley 18335 y, en consecuencia, inaplicable a la parte actora. No se apeló y por tanto quedó firme la condena al MSP, razón por la cual no ingresa como objeto de la alzada. IV. Franqueado el medio impugnativo, el expediente es recibido en el Tribunal el 1/10/2025, requiriéndose a las partes por providencia de fecha 2/10/2025 informen si se ha cumplido con la condena recaída, en plazo de tres días. Con fecha 8/10/2025 compareció la parte actora solicitando la ampliación del plazo concedido, por encontrarse el médico fuera del país, petitorio que será proveído en la presente. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad, habrá de revocar la decisión apelada en el punto objeto de agravio, en los términos y por los fundamentos que a continuación se explicitarán. II. En efecto, el procedimiento requerido no se encuentra incluido en el PIAS, bajo cobertura del Fondo accionado, por lo cual corresponde declarar su falta de legitimación pasiva en la causa. En efecto, de la normativa invocada y suficientemente explicitada por el Fondo, emerge que el cometido de la Institución es la cobertura financiera de medicamentos y técnicas terapéuticas siempre y cuando se hayan cumplido todas las exigencias que el sistema prevé (Ley No. 16.343, decreto reglamentario No. 358/993, Art. 313 de la Ley No. 17.930 y Decreto No. 265/006). El FNR no es un organismo asistencial sino financiador y de conformidad con el principio de especialidad de todo organismo público, no puede realizar sino las actividades derivadas de su definido marco competencial. En la medida en que la conducta del FNR se adecuó al marco normativo que lo regula no puede válidamente sostenerse que su actuación es ilegítima. Es el MSP quien decide qué medicamentos y procedimientos o técnicas se incorporan bajo la cobertura del FNR y para qué patologías, requisito necesario para que nazca la obligación a cargo del FNR de suministrarlos. En reciente sentencia dictada por esta misma Sala, identificada con n° 127/2020 se ha expresado en términos trasladables a la presente: “En lo que refiere al Fondo Nacional de Recursos, en hipótesis como la de obrados, en que el medicamento no está incluido en el FTM, o sí lo está, pero no para la patología que se reclama: ... la negativa del FNR no resulta ilegítima, pues el marco normativo no le habilita a brindar medicamentos o tratamientos que no estén comprendidos en el FTM. (Ley No 16.343, Decretos Nos.358/993 y 265/2006; art. 313 de la Ley No 17.930). (Sentencia DFA-0004000878/2013 SEF-0004-000192/2013). Tal como señalara en diversos pronunciamientos el TAC 1°: IV) El Tribunal recuerda que el Fondo Nacional de Recursos es una persona pública no estatal cuyo cometido según Ley No16.343 de 24/12/92- es asegurar cobertura a prestaciones de medicina altamente especializada, afecciones, técnicas y medicamentos- que la Comisión Honoraria Administradora determine siguiendo un procedimiento que exige el previo asesoramiento de una Comisión Técnica Asesora sobre Medicina Altamente Especializada, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública. El procedimiento a seguir está reglamentado por Decretos del Poder Ejecutivo No358/993 de 5/8/93 y No265/006 de 7/8/06 y el Fondo Nacional de Recursos sólo debe suministrar los medicamentos que hayan sido incluidos en los respectivos anexos del Formulario Terapéutico de Medicamentos. Como expresamente señala el apelante, la Ley No17.930 de 19/12/05 dispuso que la inclusión de nuevas afecciones e introducción de nuevas técnicas y medicamentos únicamente podrá hacerse con asesoramiento de la Comisión Técnica Asesora en materia de salud. V) Como persona pública no estatal el Fondo Nacional de Recursos sólo tiene los cometidos y obligaciones que le han asignado las leyes y ninguna de ellas le impone, ni le permite, suministrar medicamentos que no figuren en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). La Ley No 16.343 establece que el patrimonio del Fondo Nacional de Recursos estará destinado exclusivamente a los fines previstos por dicha ley (art.3 inc.5). VI) Como destaca el Ministro Dr. Eduardo Vázquez, no existe un derecho subjetivo de la actora que tenga como correlato un deber del Fondo Nacional de Recursos de suministrarle el medicamento. Ello, en tanto no es un organismo de asistencia sino financiador y, de conformidad con el principio de especialidad de todo organismo público, no puede sino realizar las actividades derivadas de su definido marco competencial (T.A.C. 6o Sentencia No 209/2009). (omissis) IX) Se reitera que, tal como surge de la normativa indicada, resulta que el cometido de dicha persona pública no estatal es la cobertura financiera de medicamentos y prestaciones, siempre y cuando se hayan cumplido las exigencias que el sistema prevé (Leyes Nos. 16.343, 17.930 y 18.211 y Decretos Nos. 358/1992, 265/2006,465/2008 y 289/2009). Por lo tanto, no se configura ilegitimidad manifiesta alguna (art. 1o Ley No 16.011) en la negativa del FNR a brindar la cobertura financiera de la prestación (Sentencia Nro.107/2019 de fecha 2/8/2019)”. III. No se hará lugar a la extensión del plazo requerido por la parte actora, con fundamento en que el médico tratante se encuentra fuera del país, puesto que lo requerido, informar si se ha dado cumplimiento al procedimiento objeto de condena, considera la Sala pudo informarse en el plazo de tres días concedido a tales efectos. IV. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (arts. 56 del Código General del Proceso y 688 inciso 2o del Código Civil). Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos; de conformidad con lo establecido por los arts. 7, 8, 72 y concordantes de la Constitución de la República; por la Ley No 16.011 de 19/12/1988; y demás disposiciones complementarias, el Tribunal integrado, FALLA: I. Al plazo solicitado por la parte actora en escrito precedente no ha lugar. II. Revócase la condena impuesta al Fondo Nacional de Recursos, desestimándose la pretensión deducida a su respecto. III. Costas y costos de la alzada se distribuirán en el orden causado. IV. Devuélvanse oportunamente estos obrados a la Sede de origen, con copia para el Sr. Juez actuante. DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ MARICHAL - DRA. CECILIA SCHROEDER RIUS - DRA. ANALÍA GARCÍA OBREGÓN MINISTRAS ESC. MÓNICA FALÓTICO SUBROGANTE