Sentencia Interlocutoria N° 541/2025

N.º 541 Montevideo, 9 de octubre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “ AA . Control de detención ” IUE: 687 - 489 /202 5 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora pública de la imputada AA, Dra. María Del Carmen Rodríguez, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 277/2025 dictada en la audiencia celebrada el 10 de setiembre de 2025 por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia Especializada en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de Rivera de 1º turno, Dra. María Bazán, con intervención de la Sra. Fiscal Departamental de Rivera Especializada en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de 1º turno, Dra. Katia Aviles. RESULTANDO : I) a- El día 10 de setiembre de 2025, la titular de la acción penal compareció ante la Sede Judicial solicitando la prorroga de la detención de AA señalando que la misma fue aprehendida el día 9 de setiembre de 2025, a la hora 22:30. Fundó el requerimiento en que estaba desarrollando la indagatoria preliminar para continuar con la instrucción del caso, encontrándose pendientes declaraciones y el diligenciamiento de otras evidencias en procura del esclarecimiento de los hechos. Asimismo, para brindarle a la Defensa acceso total a la carpeta investigativa. b- Se convocó a audiencia para el día 10 de setiembre de 2025. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 277/2025 dictada en la instancia referenciada se resolvió: “...Téngase por efectuada en legal forma la detención de AA y téngase presente los hechos manifestados respecto a la policía, las agresiones recibidas tomando conocimiento Fiscalía en esta instancia de que radicara la denuncia...” b- La Defensa anunció la interposición de recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- Por Dispositivo Nº 278/2025 se prorrogó la audiencia por el plazo máximo constitucional respecto a la detención de la imputada. III)a- El día 18 de setiembre de 2025, la Defensa compareció ante la Sede Judicial exponiendo por escrito los agravios que constituyen el fundamento de la vía impugnativa anunciada en la audiencia celebrada el 10 de setiembre de 2025, respecto a la providencia Nº 277/2025 dictada en la misma. Como antecedente refirió que la imputada fue detenida en Sede Policial al ser llamada para notificarle una sentencia por violencia doméstica que se había radicado en su contra por parte de su tío. Puso de manifiesto que la situación ha perdido relevancia práctica en virtud que la detención fue cesada antes de cumplirse las 48 horas, no obstante lo cual se requiere una resolución a efectos de garantizar derechos. No existió flagrancia al momento de la detención así como tampoco orden de detención emitida por Juez competente, incumpliéndose por ende con los requisitos constitucionales que habilitan taxativamente la privación de libertad ambulatoria. De lo que surge del acta recabada a la funcionaria policial, la imputada concurrió de manera voluntaria a la seccional al ser llamada vía telefónica y así quedó detenida por un presunto delito, el cual no cometió. Se configura una clara orfandad probatoria ya que no se cumple ni el mínimo estándar de semiplena prueba, en tanto no se utilizaron por parte de los funcionarios policiales las cámaras corporales al momento de proceder a la detención, violándose el protocolo vigente en la órbita del Ministerio del Interior que obliga al uso de las mismas. Las causas de la detención no resultan claras, al respecto se requiere una base firme y no conjeturas que habiliten varias interpretaciones. De lo referido por la Agente policial BB se desprende que ante la negativa a firmar las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación, así como de retiro de su hogar, la denunciada presuntamente manifestó que de su casa solo saldría muerta. Ante dicha situación, se comunicó a Fiscalía, quien dispuso su detención. Claramente no existía flagrancia para proceder a la detención y menos potestad fiscal para ordenar la misma sin previa orden del Juez competente. No se comparte la posición fiscal en cuanto refirió que únicamente mantuvo la misma en flagrancia, una vez que la Policía comunica que ya estaba detenida. De todo el marco fáctico de ocurrencia de los hechos se desprende una detención ilegal, en tanto no existió flagrancia, no existía orden de detención judicial y de lo que surge de la lectura literal del acta de la policía actuante. Agregó que la imputada sufrió lesiones al momento de la detención aunque no opuso resistencia al arresto, vulnerándose así su derecho a la integridad física. No recibió la lectura de sus derechos al ingresar a la calidad de detenida, desconociendo por qué razón se procedía a ello. En definitiva, reclamó se revoque la impugnada, teniéndose por ilegal la detención practicada. b- Por Providencia Nº 283/2025 del 19 de setiembre de 2025, se confirió traslado del recurso de apelación a la Fiscalía por el plazo de 6 días. c- El día 26 de setiembre de 2025, la representante del Ministerio Público evacuó el traslado conferido abogando fundadamente por el mantenimiento de la hostilizada. Analizó los agravios y los descartó señalando que los mismos no son tales. En tal sentido indicó que el día 9 de setiembre de 2025, la víctima CC radicó denuncia por violencia doméstica contra su sobrina AA. Refirió tener problemas de convivencia con la imputada, con la cual vive en un mismo predio, siendo objeto de amenazas de muerte e insultos por parte de la misma. La víctima solicitó medidas cautelares, retiro del hogar e ingreso al SME. Fue entonces que la Sra. Juez dispuso el retiro del hogar para la imputada y la prohibición de comunicación y acercamiento hacia la víctima por el plazo de 180 días en un radio de 500 metros. La imputada fue citada para ser notificada de las medidas por la autoridad policial, presentándose pasadas las 22:00hs. No le asiste razón a la Defensa que la imputada fue detenida al ser llamada para notificarle la denuncia, sino que la detención se dio en un contexto de flagrancia delictual propia, tal como fue recogido en la providencia pronunciada. Surge de la carpeta investigativa a la que accedió la Defensa que la funcionaria BB puso en conocimiento de las medidas judiciales a la imputada. Ante esto, se alteró de inmediato, insultando a los funcionarios policiales presentes, amenazándolos. Refirió a que no iba a firmar ninguna notificación, que volvería a la casa y que de allí solo saldría muerta, después de matar a su tío CC. Tales extremos fueron consignados bajo acta de declaración por la referida funcionaria policial. Concomitantemente, la autoridad policial comunicó telefónicamente a la Sra. Juez y la Fiscalía lo que estaba sucediendo. Fue en ese marco, que se procedió a la detención de la imputada, en flagrancia delictual propia tal como lo edita el art. 279 literal A del CPP. No asiste razón a la Defensa a que la imputada únicamente manifestó disconformidad, sino que hubo un plus en su conducta, pues insultó a los funcionarios policiales y profirió amenazas de muerte a su tío, enmarcado en un contexto de violencia doméstica. La Defensa omitió decir que la imputada no solo manifestó que de su casa solo saldría muerta, sino que saldría muerta después de matar a su tío CC, tal como surge del acta de declaración. Ante la detención, la imputada se desacató e insultó nuevamente a los funcionarios policiales presentes, por lo que se solicitó apoyo. Acto seguido fue trasladada para la revisión médica, constatándose “erosión en mejilla izquierda y el resto sin lesiones”. Luego de ello, previa lectura de derechos, la imputada fue alojada en el celdario. En pericia psiquiátrica que se le practicó por el ITF (Dra. Anahid Ohanian) se consignó que es portadora de trastorno de la personalidad borderline, siendo atendida por dicha facultativa en el servicio de psiquiatría, debido a impulsividad, descontrol de la ira y baja tolerancia a las frustraciones, características del trastorno que presenta. La carencia de filmación no apareja ilegalidad de la detención pues no se requiere necesariamente la misma para acreditar lo consignado. En suma, se debe confirmar en todos sus términos la recurrida. d- Por Decreto Nº 298/2025 del 29 de setiembre de 2025, se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. IV) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 277/2025 dictada en la audiencia celebrada el 10 de setiembre de 2025, por la que se tuvo por legalmente efectuada la detención de AA. Los motivos de sucumbencia articulados por la Defensa, no tienen la virtualidad jurídica necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación, las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular con el pleno ejercicio del derecho de defensa. El tracto procesal es estrictamente ajustado a derecho pues la providencia pronunciada no integra el elenco de las enumeradas taxativamente en el artículo 365 del CPP, en las que el recurso de apelación se interpone y sustancia en la misma audiencia en la que se pronunció la resolución. Por el contrario, tal como se hizo en la especie, se siguió el régimen general previsto en los artículos 361 y siguientes del CPP, con su remisión al Código General del Proceso. Ello sin perjuicio de consignarse que por las consecuencias que apareja una decisión declarando legal o ilegal una detención, bien podría integrar el nicho de las previstas en el citado artículo 365 del CPP. III) Como cuestión previa, importa destacar que la circunstancia relativa a que la detención de AA cesara antes del vencimiento del plazo constitucional de 48 horas, sin consecuencias en principio para la misma, no determina que la vía recursiva carezca de objeto. En efecto, más allá que al sustanciarse el recurso de apelación ya había cesado la detención de la imputada, se hace necesario decidir la cuestión planteada por las consecuencias de hecho y de derecho que aparejó la misma. IV) Corresponde consignar que conforme el artículo 15 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente”. En consecuencia se prevén dos supuestos para la detención de una persona, los que está definidos por la existencia o no de flagrancia. En tal sentido, la expresión flagrancia se refiere a la llama , que denota con certeza la combustión. Cuando se ve la llama, es indudable que alguna cosa arde. La palabra “flagrante” viene del latín “flagrans-flagrantis” que proviene del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego o llama (conforme Cisterna Pino, Adolfo, en su obra “La Detención por Flagrancia en el Nuevo Proceso Penal” página 22). La flagrancia refiere a las circunstancias fácticas que permiten una detención. Está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito, que proporciona en términos procesales una mayor convicción tanto respecto al delito mismo cuanto a la responsabilidad del presunto autor. La flagrancia es un Instituto procesal que justifica privar a una persona de su libertad ambulatoria por parte de la autoridad policial, dentro del contexto de una situación de urgencia. Está regulado en el art. 219 del CPP. Así en el “literal A” la flagrancia propia, esto es, la persona sorprendida en el acto de cometer un delito. Es un acción que se está cometiendo actualmente, se está ejecutando o cometiendo ahora. En otras palabras se lo sorprende “con las manos en la masa”. En los literales B y C la flagrancia impropia. En el primero de estos cuando “inmediatamente después de la comisión del delito una persona fuera sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo”. En el segundo de los referidos literales “en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuera hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”. Cuando no existe flagrancia, para la detención de una persona se requiere una orden judicial. Al respecto cabe consignar que el instrumento de la orden de detención, mereció en el CPP una mínima, limitada y subsidiaria regulación. En efecto, el artículo 218 alude a que nadie puede ser privado o limitado en su libertad física, sino de acuerdo a las normas constitucionales y legales. A su vez el artículo 220 refiere a que en caso de flagrancia delictual la persona “deberá ser detenida aún sin orden judicial”. Fiscalía para solicitar al Juez competente una orden de detención, debe esgrimir argumentos que la justifiquen, debe explicar fundadamente que cuenta con semiplena prueba, pero no se exige una prueba de calidad plena. Además el estándar requerido es al momento en que se hace la solicitud de detención del imputado. Entonces Fiscalía le debe justificar al Juez que dispone de las evidencias necesarias para cumplir con el mandato constitucional. V) Precisado lo anterior, importa destacar que en la especie el tema en cuestión está constituido por si existía o no flagrancia delictual. Ello es afirmado por la titular de la acción penal y negado por la Defensa, dos caras de la misma moneda con signos y consecuencias muy distintas. VI) En dicho ámbito, corresponde consignar que el artículo 31 bis de la Ley de Procedimiento Policial Nº 18315 consagra con el nombre de: “Presunción de legitimidad de la actuación policial” que el proceder de los funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones es ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, una presunción relativa que requiere prueba en contrario para hacerla caer. Esa prueba no fue producida por la Defensa, que lo que hizo fue analizar evidencias, sumar la lógica e invocar elementos que surgen de la situación fáctica producida. Por lo tanto, partiendo de la presunción legal de la legitimidad de la actuación policial, sin que se haya producido prueba en contrario, y sin perjuicio de analizar los extremos aludidos por las partes, corresponde concluir que la detención practicada en su oportunidad se llevó a cabo en flagrancia delictual, por lo que es ajustada a derecho. VII) Ubicados en dicho terreno, debe tenerse en cuenta que en este estadio procesal la decisión se adopta en el marco de la oralidad argumentativa, donde las partes efectúan alusiones, invocando argumentos a su favor. A su vez, sin que la Sala pueda acceder al legajo de la investigación fiscal. Así las cosas, emerge en forma prístina que el 9 de setiembre de 2025 el Sr. CC, tío de la imputada AA presentó denuncia en Sede Policial contra la misma por violencia doméstica. Refirió a problemas de convivencia pues residen en el mismo predio. También a amenazas de muerte e insultos. Enterada que fue la Sede Judicial con competencia en la materia le impuso a AA medidas cautelares consistentes en el retiro del hogar, la prohibición de comunicación y acercamiento hacia la víctima por el plazo de 180 días y un radio de 500 metros. Fue entonces que la autoridad policial la convocó telefónicamente para notificarle la resolución judicial. Una vez en la dependencia policial y al tomar conocimiento de las medidas cautelares dispuestas a su respecto, la imputada lejos de notificarse para luego eventualmente acudir a un profesional del derecho con la finalidad de ejercitar las acciones judiciales que entendiera del caso, lo que hizo fue comenzar a proferir insultos a los funcionarios policiales presentes. Llegó a amenazarlos e incluso a manifestar que de la casa solo saldría muerta después de matar a su tío. En tales circunstancias, es que se procedió a su detención por parte de la autoridad policial. Hubo insultos y se tuvo que solicitar apoyo a otros funcionarios para poder neutralizar la situación. En consecuencia, fue una detención que tiene su anclaje en la ley pues resulta ajustada a la flagrancia delictual propia prevista en el literal A del art. 219 del CPP pues la imputada estaba llevando a cabo actos en la dependencia policial que podrían tener la apariencia de ilícitos, concretamente de un desacato. Por lo tanto, la detención no respondió a la decisión que adoptó la Sede con competencia en materia de Familia Especializada fijándole a la imputada medidas cautelares, sino a la conducta desplegada por la misma al tomar conocimiento del tenor de las mismas. En otras palabras, habría insultado, amenazado y hasta manifestado una desobediencia abierta al mandato judicial, lo que la colocó en principio en una situación de apariencia ilícita. Como corolario, la detención que posteriormente cesó sin que se hubiera adoptado ninguna resolución en el sentido de vincularla a un proceso, es ajustada a derecho, sin que la argumentación vertida por la Defensa en la propia audiencia de control de la misma o en sede de agravios afecten su legalidad. Para no soslayarlo, todo lo relativo al trato dado por la Policía así como las lesiones sufridas por la imputada, no son cuestiones que acceden al grado en esta etapa ya que se encuentran en fase de investigación por parte del Ministerio Público. A su vez, el eventual no uso de las cámaras personales por parte de los funcionarios policiales, vulnerando supuestamente el protocolo de actuación existente en la materia, es un problema administrativo que no derrama consecuencias en el plano legal. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONF Í RMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 277/2025 DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 10 DE SETIEMBRE DE 2025, POR LA QUE SE TUVO POR LEGALMENTE EFECTUADA LA DETENCIÓN DE AA . OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Gabriela Merialdo Cobelli – Ministra Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }