Tribunales de Apelaciones · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº
Sentencia Definitiva N° 281/2025
9 de octubre de 2025
El Tribunal confirma la sentencia definitiva de primera instancia que condena al demandado (conductor del omnibus) al pago de los rubros daño moral y lucro cesante, atribuyéndole el 50% de la responsabilidad en el accidente de tránsito a la víctima.
- Ficha (IUE)
- 2-51788/2021
- Procedimiento
- Proceso civil ordinario
- Materia
- Derecho civil
- Importancia
- Media
- Resultado (estimado)
- Confirma
- Redactor
- Dr. Guzman LOPEZ MONTEMURRO
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Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 281/2025 - IUE: 2-51788/2021 Montevideo, 09 de octubre de 2025
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO.-
Ministro Redactor:
Dr. Guzmán López Ministros Firmantes:
Dra. Mónica Besio Dr. Alvaro França AUTOS: “AA Y OTROS C/ BB. DAÑOS Y PERJUICIOS. IUE 2-51788/2021”.-
I) El objeto de la instancia.
El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva No 144/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024 (fs 867), dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5to Turno Dr. Juan José Benítez Caorsi.-
II) El caso.
Rectamente interpretada la demanda presentada el día 1 de noviembre de 2021 movilizada por los reclamantes AA, CC, DD y EE, de conformidad con los criterios de aplicación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No 10. P. 244 y ss), debe de concluirse que en la misma se pretende indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 4 de enero de 2020.
Expresaron que el día 4 de enero de 2020 siendo aproximadamente la hora 18:15 el actor AA conducía el vehículo Fiat modelo Uno S año 1987 color verde matrícula AAO FF por la calle Cerro Largo (como acompañantes iban su cónyuge DD y sus hijos EE y CC) cuando al pretender cruzar la intersección de la misma con la calle Minas, éste es impactado por el ómnibus marca Scania modelo K 113 T año 1993 color blanco matrícula STU GG, propiedad de TRASLADOS ALCOBA SRL. Conducido por su dependiente BB que se dirigía por Minas hacia el Palacio Legislativo no respetando el cartel de “Ceda el Paso” correspondiente.
Señalaron que la responsabilidad del demandado es clara. No respetó el derecho de preferencia que beneficiaba al vehículo conducido por el actor conforme lo establecido en el art. 17 de la ley 18191. El demandado actuó de modo imprudente, negligente e imperito al efectuar una maniobra de cruce de una intersección cuando no tenía la preferencia para hacerlo. Que por su parte la responsabilidad de la codemandada TRASLADOS ALCOBA SRL deriva de su condición de propietaria del ómnibus que ocasionó el daño, ya sea porque era conducido por su dependiente o auxiliar, o ya sea por ser quien trasladara en forma irresponsable la guardia hacia su conductor (es decir responde por el hecho de su dependiente como por el hecho de las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado).
Reclaman indemnización por gastos médicos ocasionados, lucro cesante a favor de AA (pasado y futuro) y daño moral sufridos por todos los accionantes, y peticiona se ampare la demanda.
La parte actora con fecha 10 de agosto de 2022 modificó la demanda y demandó asimismo a HH y JJ. Que ambos son socios de TRASLADOS ALCOBA SRL y son los propietarios del ómnibus que protagonizó el accidente, son quienes ejercen la guarda del mismo junto a la referida sociedad. Ante ello solicitan se modifique la demanda y peticionan se condene a los Sres. HH y JJ en forma solidaria al pago de las sumas dinerarias reclamadas junto al resto de los demandados.
La parte demandada integrada por HH, JJ y TRASLADOS ALCOBA SRL contestaron el accionamiento controvirtiendo el mismo, y oponiendo excepción de Falta de Legitimación Pasiva.
Expresaron que si bien el ómnibus que participó del siniestro perteneció y fue explotado comercialmente por esta parte, por contrato firmado el 29 de enero de 2019 el bien fue prometido en venta al Sr. BB, habiéndole entregado la posesión del mismo el día 26 de diciembre de 2018. Que ante ello, es únicamente el Sr. BB quien al momento del accidente que motiva el litigio, tenía la guarda del bien. Solicita se ampare la excepción de Falta de Legitimación Pasiva opuesta.
Señalaron que los comparecientes no fueron empleadores del codemandado al momento del accidente, por lo que desconocen las condiciones en que ocurrió el siniestro, correspondiendo formular respuesta de expectativa, estando a las resultancias de la prueba diligenciada en autos para otorgar respuesta definitiva.
Peticionaron se desestime la demanda instaurada contra los comparecientes.
El demandado BB contestó la demanda oponiéndose a la misma.
Expresó que no son ciertas las afirmaciones establecidas en la demanda en cuanto a las circunstancias en las que ocurrió el accidente de fecha 4 de enero de 2020. Que el ómnibus se encontraba detenido en la intersección de la calle Minas con Cerro Largo a la espera de realizar el cruce, mientras que el vehículo Fiat roza el frente del ómnibus y su conductor pierde el dominio del mismo, produciéndose allí un giro sobre sí mismo y el golpe fuerte contra el cordón de la vereda de la esquina referida. El Fiat era conducido en forma errática y negligente por el actor AA quien se encontraba bajo los efectos de haber ingerido alcohol. Que el ómnibus se encontraba detenido en su marcha, asomando mínimamente al cruce y el coche embestidor fue el Fiat. Que el compareciente respetó totalmente la normativa vial, incluso deteniendo la marcha del rodado por él conducido en el cruce con cartel de “Ceda el Paso”, no operando una posible presunción de culpa. Que la responsabilidad en el accidente es exclusivamente del actor y no del demandado.
Señaló que controvierte existencia y monto de los daños y perjuicios reclamados.
Peticiona se desestime la demanda.
III) La Sentencia Definitiva impugnada.
En la impugnada se dejó constancia que por providencia interlocutoria oportunamente dictada se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de los codemandados HH, JJ y TRASLADOS ALCOBA SRL, por lo cual las actuaciones continuaron exclusivamente contra el codemandado BB.
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a las partes en el accidente, el A Quo entendió que el demandado no tomó las precauciones necesarias para evitar el daño, puesto que en el cruce tenía la calidad de no preferente en atención al cartel de “Ceda el Paso” que tenía de frente.
Que no fue probada la ingesta de alcohol que el demandado alega tenía el actor al momento del siniestro, que el examen de sangre realizado no fue concluyente por insuficiencia de la muestra. Que por tanto resultó acreditada la responsabilidad del demandado al no haber adecuado su conducta al principio de precaución. Que sin perjuicio de ello, también le asiste responsabilidad al accionante AA quien en momentos previos al accidente (conforme surge de la prueba testimonial recabada) se percató del peligro e incluso tuvo la convicción de que el demandado no iba a frenar en el cruce pero igualmente continuó la marcha. Que si bien es cierto que el actor tenía la preferencia, ello no es óbice para adoptar un comportamiento que evite el siniestro, máxime cuanto tenía plena conciencia y previsibilidad de lo que podía suceder imputándose en esa circunstancia el juicio de reprochabilidad que reduce la indemnización. Que por tanto corresponde otorgar el 50 % de responsabilidad en el siniestro a cada uno de los participantes del accidente.
En la Sentencia impugnada el A Quo entendió que:
- Respecto del Daño Moral corresponde estar a la suma dineraria recibida por SOA por parte de AA, CC y DD (fs 629, 631 y 630), ya que en realidad el monto condenado en concreto es el doble al otorgado por la indemnización obligatoria de SOA pero se vio reducido en un 50 % por la responsabilidad que le es atribuida a la actora.
- Condenó a la demandada al pago de $ 7.500 en concepto de daño material a favor del actor AA.
- Condenó a la demanda al pago de $ 75.373 en concepto de lucro cesante pasado.
IV) El recurso de apelación interpuesto por la actora (fs 885).
La parte expresó que causa agravios el rechazo del rubro Lucro Cesante Futuro reclamado por pérdida de chance.
Señaló que en el caso el Magistrado debió comparar (cosa que no hizo) los siguientes estados patrimoniales: el del actor en forma previa al accidente y el inmediatamente posterior al mismo y el generado de futuro una vez consolidadas las lesiones. Que el actor AA sufrió fractura de clavícula y escapula izquierda con múltiples heridas cortantes en hombro izquierdo, fractura expuesta de puño izquierdo y herida cortante en dorso de articulación MCF de 5to dedo mano izquierda y herida cortante de brazo izquierdo (estuvo en Unidad de Cuidados Intensivos una semana). La perito constató secuelas, tales como limitación funcional leve de hombro izquierdo, limitación funcional de puño homolateral, del 5to dedo homolateral, cicatrices, y en 5to dedo de la mano izquierda presentación de deformación llamada dedo martillo.
Expresó que la actividad laboral del mencionado actor antes del accidente era la de “chofer de Imprenta”. Desde el día 26 de octubre de 2009 al 31 de octubre de 2012 trabajó ininterrumpidamente para la empresa IMPRENTA LA ECONOMICA S.A., y a partir del 1 de noviembre de 2012 hasta el presente en forma interrumpida para la empresa BADINEL S.A.
Que por dichas tareas percibía un ingreso mensual de $55.387 nominal. Que la perito señaló que, el actor tiene una incapacidad funcional permanente del 14 % y en cuanto a la incapacidad laboral específica señaló que si bien puede realizar su tarea de chofer de camión, lo hace con dolor sobre todo al final de la jornada laboral, lo que se compadece con un trastorno leve en su actividad. Que el dolor es factor limitante importante para la función muscular. Que los testimonios de KK, LL y MM hicieron referencia a las secuelas del actor, pero el Magistrado las omitió considerar ya que ni siquiera hizo mención a las mismas. Que surge probado que las limitaciones físicas descriptas comprometen dicha capacidad y dan lugar al Lucro Cesante Futuro por Pérdida de chance reclamada. Que corresponde por lo tanto revocar la impugnada y amparar el rubro Lucro Cesante Futuro en base a la liquidación oportunamente formulada.
La parte accionante también articuló agravios respecto al monto del rubro Daño Moral.
Indicó que el Sr. AA además del daño derivado de las lesiones padecidas, se le ha afectado su vida laboral ya que se le ha generado una incapacidad específica permanente de futuro para sus tareas como “chofer”, así como para cualquier otra que requiera de correcto agarre y destreza en su mano izquierda (mano hábil). Que ha quedado con secuela inevitable y permanente, tal como una cicatriz en mano izquierda con el correspondiente daño estético, lo que ha incidido en su vida en relación, por lo que corresponde aumentar el Daño Moral a la suma de U$S 20.000. Esto es la suma de $ 732.000 a la fecha del hecho ilícito menos los $251.211 percibidos por el mismo en concepto de SOA, conforme jurisprudencia que cita para casos similares.
Expresó que en lo que refiere al Sr. CC, conviene precisar que sufrió factura de antebrazo izquierdo quedando ingresado en Sala del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, se le constató además una alteración de aspecto traumático secuelar del accidente de obrados del sexto y séptimo arcos costales posteriores izquierdos a correlacionar con antecedentes. Que ante lesiones similares la jurisprudencia ha condenado al pago de la suma de $ 350.000 aproximadamente, de lo cual debe ser descontado la suma de $ 239.185 percibidos por concepto de SOA.
Indicó que respecto de la Sra. DD, la misma sufrió politraumatismos leves de codo izquierdo y muslo derecho y herida cortante frontal izquierda, siendo dada de alta en forma inmediata. Que ante lesiones similares la jurisprudencia ha condenado al pago de la suma de U$S 2.000, equivalente a $ 73.200 a la fecha del ilícito, menos los $12.959 percibidos por SOA.
Manifestó que en lo que refiere a la Sra. EE la misma sufrió traumatismo facial y orbitario derecho y traumatismo de rodilla izquierda, siendo dada de alta en forma inmediata. Que en julio de 2021 se constató que a raíz del accidente de obrados presentó un quiste de unos 3 milímetros en pierna derecha que le generó importante dolor para lo que requirió extracción quirúrgica. Que ante lesiones similares la jurisprudencia ha condenado al pago de U$S 2.000 equivalente a $ 73.200 a la fecha del hecho ilícito.
Peticiona se revoque parcialmente la impugnada y se amparen los agravios articulados.
V) La parte demandada evacuó el traslado que le fuera conferido abogando por la confirmatoria de la impugnada (fs 898).
VI) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede y previo pasaje a estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada.
VII) La Sala confirmará la Sentencia Definitiva recurrida conforme las consideraciones que se expondrán.
VIII) La incidencia causal en el evento dañoso resuelta en primera instancia quedó ejecutoriada y por exiliada de la presente instancia.
Asistimos en la especie a un supuesto de accidente de tránsito del tipo colisión vehicular, que debe dilucidarse por lo preceptuado por el artículo 1319 y siguientes del Código Civil, el cual exige la demostración de la culpa contraria por aquel que la imputa debiendo estarse al comportamiento personal de los protagonistas en el evento dañoso, y a la prueba aportada por las partes respecto a los elementos de la responsabilidad por hecho propio que le atribuye la actora a la demandada, conforme a los principios generales sobre la carga de la prueba.
El artículo 1324.1 del Código Civil consigna que hay obligación de reparar el daño causado por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. La doctrina ha señalado sobre el punto, que la responsabilidad por el hecho de las cosas es una modalidad o subtipo de la responsabilidad por hecho propio dado que las cosas no pueden cometer ilícitos. Como la responsabilidad es la que se origina por un hecho del hombre, ésta se divide en directa o por hecho propio, e indirecta o por hecho ajeno, siendo la responsabilidad por el hecho de las cosas una modalidad de la primera. Debe determinarse quién es el guardián de la cosa, puesto que las cosas por sí mismas no pueden producir daños, sino que estos daños son frutos del obrar humano. Una vez que el actor logre acreditar la participación de la cosa en el daño, se generará una presunción de responsabilidad en contra del guardián de la cosa (por su falta de vigilancia) que se desprende del inciso final del art. 1324. Se presume que la conducta del guardián fue negligente porque éste tenía el deber de vigilar la cosa a los efectos de evitar la producción de daños hacia terceros, y no fue diligente porque el daño se produjo. Dicha presunción es de tipo relativa puesto que admite prueba en contrario; la responsabilidad cesa si el guardián logra demostrar que obró con la diligencia de un buen padre de familia. (Cfme C.C. Comentado. Miguel Tomé. 2da edición. p. 426 y siguientes).
Ahora bien, cuando se trata de la colisión de dos vehículos en movimiento, razones de lógica conducen a concluir que las dos presunciones que pesan sobre los respectivos guardianes se anulan recíprocamente y se vuelve al Derecho común, es decir al régimen del artículo 1319 del Código Civil: cada parte tendrá la carga de probar que la contraria actuó con imprudencia, negligencia o impericia.
En el caso el decisor de primer grado entendió que la incidencia causal en el evento dañoso fue compartida. Se estableció que el demandado no tomó las precauciones necesarias para evitar el daño ya que en el cruce tenía la calidad de no preferente en atención al cartel de “Ceda el Paso” que tenía de frente, pero además se consideró que también le asistió responsabilidad al accionante AA quien en momentos previos al siniestro se percató del peligro y tuvo la convicción de que el demandado no iba a frenar en el cruce, pero de igual forma continuó la marcha provocándose de este modo el accidente. En la impugnada se resolvió por lo tanto que le cabía el 50 % de incidencia causal a cada uno de los conductores participantes del accidente.
Ninguno de los litigantes articularon agravios sobre tal decisión, por lo que no corresponde al Tribunal ingresar en tal cuestión.
IX) El agravio de la parte actora sobre la desestimatoria del rubro Lucro Cesante futuro por supuesta pérdida de ingresos del Sr. AA por su actividad laboral de chofer, será desestimado.
El lucro cesante es definido como la pérdida económica futura y cierta por parte de la víctima, como consecuencia del evento ilícito. A diferencia del daño emergente donde en principio el perjuicio es actual o presente, en el lucro cesante el daño es futuro ante dinero que no ingresará al patrimonio de la víctima. La pérdida es cierta, pues existe certeza sobre su ocurrencia, aspecto que aleja a este daño del llamado daño eventual o hipotético que no es indemnizable. Con una tesitura similar, Díez Schwerter define al lucro cesante como la diferencia entre la entidad del patrimonio tal como estaba en el momento de la injuria y la que tendría por medio del aumento que no se ha realizado, por causa directa del hecho ilícito y que sin él ciertamente se hubiese obtenido. (Cfme Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. Tomé y Moreno pág 280 y siguientes).
En la impugnada el Sr. Juez A Quo resolvió condenar a la parte demandada al pago de la suma de $ 75.373 en concepto de lucro cesante pasado sufrido por el actor AA, pero desestimó el lucro cesante futuro reclamado por el referido accionante. En efecto, el sentenciante entendió que no surge de la prueba pericial diligenciada, un grado de incapacidad específica para la tarea de chofer de camión que amerite amparar el rubro, por lo que no habiendo afectación para la tarea específica no corresponde condena alguna.
La parte actora se agravió de tal decisión y en breve síntesis señaló que el actor AA sufrió varias lesiones y la perito constató secuelas tales como limitación funcional leve de hombro izquierdo, limitación funcional de puño homolateral, del 5to dedo homolateral, cicatrices, y en 5to dedo de la mano izquierda presentación de deformación llamada dedo martillo. Que la actividad laboral del mencionado actor antes del accidente era la de “chofer”, que la perito señaló que el actor tiene una incapacidad funcional permanente del 14 % y en cuanto a la incapacidad laboral específica señaló que si bien puede realizar su tarea de chofer, lo hace con dolor sobre todo al final de la jornada laboral, lo que se compadece con un trastorno leve en su actividad. Que el Magistrado omitió considerar además las resultancias de la prueba testimonial ofrecida que hicieron referencias a las secuelas del actor, por lo que corresponde amparar el rubro lucro cesante futuro por Pérdida de chance reclamada.
La Sala coincide con el decisor de primer grado en cuanto a que para resolver sobre la procedencia o no del rubro en análisis, corresponde estar a la prueba pericial diligenciada en obrados para determinar la existencia o no de secuelas que limiten la actividad laboral del referido accionante. Tal como lo establece el Art. 177 del C.G.P la prueba pericial procede a los efectos de la verificación de hechos para lo cual se requieren especiales conocimientos artísticos, científicos o técnicos, como ocurre con los hechos relativos a la medicina, conocimientos de los que el juez en general carece. Se señala en el Código General del Proceso comentado y anotado de Ángel Landoni y equipo que “....el dictamen pericial constituye una declaración de ciencia, un juicio basado en la ciencia del perito, que tiene por función suministrar razones o argumentos para la formación del convencimiento del juez respecto de los hechos sometidos a dictamen.” ( obra citada Vol. 2 A pág. 540), correspondiendo recurrir fundamentalmente a dicho medio probatorio cuando se requieren los referidos conocimientos artísticos, científicos o técnicos, sin perjuicio de la valoración que de la prueba producida en la causa debe efectuar el juez en aplicación de las reglas de valoración de la prueba establecidas por el Art. 140 del C.G.P.
La prueba pericial realizada por la Dra. Manikowski que le fuera solicitada al ITF (fs 830 a 836) concluyó que en lo que refiere a grados de incapacidad general la misma es funcional permanente del 14 %, y que en lo que refiere al grado de incapacidad laboral específica es posible concluir que el estado secuelar le permite al periciado realizar su tarea de chofer de camión con dolor sobre todo al final de la jornada laboral, lo que se corresponde con un trastorno leve en su actividad.
La Sala considera que las consideraciones realizadas por la perito en cuanto a que más allá de un trastorno leve en la actividad, el Sr. AA puede continuar desarrollando su tarea de chofer, determina la sinrazón del agravio del apelante. En efecto, se coincide con el Sr. Juez A Quo cuando señala que no habiendo afectación para la tarea específica de “chofer” no corresponde condena alguna por el rubro lucro cesante por supuesta pérdida de ingresos que el referido reclamante pudiere experimentar por dicha labor, por lo que el agravio será desestimado.
X) Los agravios de la parte actora sobre cuantificación del rubro Daño Moral fijado en primera instancia para los actores AA, CC y DD, y sobre la denegatoria del rubro Daño Moral para la actora EE, también serán desestimados.
En relación al Daño Moral la Sala tiene reiteradamente decidido que la obligación de quien lo ocasionó no tiene carácter de resarcimiento del perjuicio, como en el daño material, sino de satisfacción o reparación. El Daño Moral está íntimamente vinculado a la violación de derechos de la personalidad: atentados a la integridad física, al honor, a la intimidad, a la libertad, difamación, dolor por la muerte de un ser querido, el dolor físico y la angustia mental, la pérdida de la expectativa de vida, etc. La jurisprudencia mayoritaria exige para su reparación, que el daño tenga cierta gravedad, trascendencia o entidad, la indemnización por daño moral debe reservarse a situaciones de especial entidad o trascendencia que deben acreditarse por quienes proponen su existencia y monto de conformidad con los principios generales. La denominada "pecunia doloris" procura al sujeto lesionado una satisfacción la cual es un subrogado que lo reintegra del daño mismo o lo distrae (Messineo, Manual de Der. Civil y Comercial, T. VI, p. 556). Sobre tal principio ha elaborado una jurisprudencia que procura ser congruente en sus pronunciamientos manteniendo un criterio de proporcionalidad adecuado a los valores económicos del medio y a las cuantías fijadas para casos similares, teniendo presente como elemento objetivo la entidad de la lesión o del dolor sufrido, su duración, sus secuelas, la incidencia en la vida en relación del dañado, en definitiva la magnitud del infortunio (Sentencias de la Sede No. 44/2021, 50/2022 y 86/2022).
En la Sentencia impugnada el A Quo entendió que correspondía el amparo del rubro Daño Moral exclusivamente respecto de los accionantes AA, CC, pero que teniendo presente que el demandado solo debe responder por el 50 % del daño padecido en función de su incidencia causal en el accidente, debía de tenerse por satisfecho su cuantificación con la suma dineraria que les fuera abonada a los tres referidos reclamantes por la denominada ley “SOA”. El sentenciante específicamente señaló que el monto dinerario que le corresponde a los Sres. AA y CC es $ 500.000 a cada uno (a la fecha de la demanda conforme cotización del dólar en $ 42.95) esto es la suma de U$S 11.641 para cada uno, y que correspondía desestimar el rubro Daño Moral reclamado por las accionantes DD y EE.
La parte actora se agravió de tal decisión y en síntesis señaló que:
- Respecto del actor AA, teniendo en cuenta las secuelas constatadas, su afectación a su vida laboral, cicatriz en mano izquierda (daño estético que incide en su vida de relación), corresponde fijar el monto a la suma de U$S 20.000, equivalente a la suma de $ 732.000 a la fecha del accidente menos los $ 251.211 percibidos por SOA.
- Respecto del actor CC teniendo en cuenta que sufrió fractura de antebrazo izquierdo, se le constató una alteración de aspecto traumático secuelar del accidente de obrados del sexto y séptimo arcos costales posteriores izquierdos a correlacionar con antecedentes, corresponde fijar el monto a la suma de $350.000 de lo cual debe ser descontado la suma de $239.185 percibidos por concepto de SOA.
- Respecto de la actora DD, la misma sufrió politraumatismos leves de codo izquierdo y muslo derecho y herida cortante frontal izquierda, siendo dada de alta en forma inmediata, por lo que corresponde fijar el monto a la suma de U$S 2.000, equivalente a $ 73.200 a la fecha del ilícito, menos los $12.959 percibidos por SOA.
- Respecto a la actora EE corresponde amparar el rubro daño moral, ya que la misma sufrió traumatismo facial y orbitario derecho y traumatismo de rodilla izquierda, siendo dada de alta en forma inmediata, por lo que corresponde cuantificar el mismo en U$S 2.000 equivalente a $ 73.200 a la fecha del hecho ilícito.
Resulta probado que los cuatro accionantes sufrieron lesiones de diversa entidad producto del accidente de tránsito que motiva el litigio. Surge de informes del SAME (fs 23, 106, 398 y 399, 446 a 449), historias clínicas emitidas por el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (fs 24 a 105, 107 a 114, 116 a 128, 510 a 574, 562 a 570, fs 577 a 608 y de fs 637 a 776).
a) Sobre la cuantificación del rubro daño moral de los actores AA y CC.
La Sala considera que en atención a la forma en que el decisor de primer grado cuantificó el rubro para ambos accionantes (resolvió que debía darse por satisfecho con el pago de SOA), corresponde en primer término, tener presente a cuánto ascendieron las sumas dinerarias abonadas por SOA a los actores AA, CC. Surge de la prueba por informes agregada en obrados y que fuera emitida por el BSE (fs 629 y 631) que en el mes de diciembre de 2020 al accionante AA se le abonó la suma de $ 251.144 (al 29 de diciembre de 2020 según cotización del dólar en $ 41.05, ascendía a U$S 6.118), y al reclamante CC se le abonó la suma de $ 239.185 (es decir U$S 5.826). El sentenciante cuando resolvió dar por satisfecha la indemnización solicitada por el rubro daño moral de ambos reclamantes con lo percibido por SOA, señaló que producto de la incidencia causal del 50 % que le cupo a la actora en el siniestro, correspondía a la demandada responder solo por el 50 % del rubro en análisis. De este modo debe concluirse que el sentenciante de primer grado fijó el rubro Daño Moral para AA en U$S 12.236 (el doble de lo percibido por SOA) mientras que para CC lo fijó en U$S 11.652 (el doble de lo percibido por SOA).
En el caso del actor CC surge probado que producto del siniestro sufrió fractura de antebrazo izquierdo, quedó ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, no contando en el caso ni con prueba testimonial ni con prueba pericial alguna que determine o no la existencia de secuelas. La Sala concuerda con el A Quo en cuanto a que la cifra dineraria fijada de U$S 11.652 por el rubro Daño Moral es adecuada, razonable y concuerda con parámetros jurisprudenciales que “mutatis muttandi” pueden aplicarse en casos análogos donde la víctima ha sufrido fracturas sin secuelas (Sentencia de la Sala No 15/2020).
En el caso del actor AA de la prueba pericial agregada en autos surge que las lesiones provocadas en el evento dañoso, como ser fractura de clavícula y escapula izquierda con heridas cortantes en hombro izquierdo, fractura de puño izquierdo y herida cortante en dorso de dedo de mano izquierda, etc, generaron una incapacidad funcional permanente del 14 %. La perito señaló que en lo que refiere secuelas (fs 832 vto) puede señalar que presenta limitación funcional leve de hombro izquierdo, limitación funcional de puño, cicatrices por heridas cortocontusas y penetrantes superficiales y originadas en abordajes quirúrgicos (fijadores externos), en 5to dedo de mano izquierda presenta deformación llamada dedo en martillo dada por lesión del tendonextensor y que clínicamente se presenta con flexión de la articulación interfalangica distal, y agregó que el dolor residual también puede ser considerado secuela, en ocasiones puede disminuir o aumentar con el tiempo. La perito agregó que en lo que refiere a grados de incapacidad general la misma es funcional permanente del 14 %, y que en lo que refiere al grado de incapacidad laboral específica es posible concluir que el estado secuelar le permite al periciado realizar su tarea de chofer de camión con dolor sobre todo al final de la jornada laboral, lo que se corresponde con un trastorno leve en su actividad. Agregó la perito que el paciente al momento del accidente fue ingresado a cuidados intermedios para mejor observación por el traumatismo torácico con buena evolución y posterior ingreso a sala a cuidados moderados, que presentó incapacidad temporaria total 100 % durante la internación del 4 al 13 de enero de 2020, luego incapacidad temporaria parcial limitante para actividades cotidianas e impeditivas para actividades laborales mientras mantuvo los fijadores externos de miembro superior izquierdo hasta el 6 de marzo, y luego hasta la consolidación de las secuelas lo que se estima se alcanzó en mayo de ese mismo año, a partir de ese momento se considera establecida la incapacidad funcional permanente y específica. Por último señaló que el dolor se estima en valor 3 moderado con necesidad de analgesia común, y que el daño estético derivado de deformación del 5to dedo en valor 2 leve.
Los testigos MM, LL y KK señalaron que AA estuvo internado en el Hospital Militar una semana más o menos, estaba en la cama, tenía dificultad para moverse, podía ir al baño con ayuda, estaba dolorido de la mano izquierda, le daban calmantes, lo operaron, que luego se fue a la casa, que tuvo secuela en la mano izquierda, tiene dificultad en la mano, en el brazo, no quedó bien de la mano y de los dedos, no le quedó igual como la tenía antes del accidente, le cuesta el agarre, manipular con esa mano, no tiene la misma fuerza, que con el tiempo se fue recuperando y volvió a la normalidad pero estuvo como 4 meses sin poder trabajar.
La Sala considera también que la cifra dineraria de U$S 12.236 establecida en primera instancia para cuantificar el daño moral sufrido por el Sr. AA también es adecuada, razonable y concuerda con parámetros jurisprudenciales que “mutatis muttandi” pueden aplicarse en casos análogos donde la víctima ha sufrido fracturas con secuelas (Sentencia de la Sala No 97/2023 donde se fijó el daño moral en U$S14.583 pero donde la víctima a diferencia de AA, tuvo riesgo de muerte y secuelas que determinaron incapacidad específica para tarea habitual).
b) Sobre la existencia del daño moral de las actoras DD y EE que el sentenciante desestimó en el primer grado.
La Sala desestimará el agravio.
Surge (fs 633) que la actora DD percibió la suma de $ 11.959 por concepto de SOA, esto es la suma de U$S 291 al momento del referido pago (cotización del dólar al 29 de diciembre de 2020 de $ 41.05). La referida actora sufrió politraumatismos leves de codo izquierdo y muslo derecho y herida cortante frontal izquierda, siendo dada de alta en forma inmediata.
Surge también acreditado que la actora EE no recibió indemnización por ley SOA (fs 635), habiendo sufrido traumatismo facial y de rodilla izquierda siendo dada de alta en forma inmediata.
La Sala concuerda con el decisor de primer grado en cuanto a que no corresponde amparar el rubro Daño Moral de las mencionadas accionantes, ya que no existiendo prueba testimonial diligenciada para probar tal daño (éste no opera in re ipsa en el caso), y no existiendo prueba pericial que pudiere haber evidenciado secuela alguna, producto del evento dañoso, debe concluirse que más allá de la angustia y padecimiento sufrido en el momento del evento dañoso, no surge probado que el hecho ilícito causado por el demandado le hayan provocado a las reclamantes un perjuicio moral de tal entidad que merezca ser indemnizado, por lo que se habrá de desestimar el agravio. El Tribunal considera, como se indicara ut supra en al presente providencia, (siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria), que el daño moral exige para su reparación, la existencia de un daño que tenga cierta gravedad, trascendencia o entidad, ya que dicha indemnización debe reservarse a situaciones de especial entidad o trascendencia que deben acreditarse por quienes proponen su existencia y monto de conformidad con los principios generales, lo que en el caso y para las dos reclamantes referidas no ha acontecido.
XI) La conducta de las partes en el proceso ha sido correcta por lo que no existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado (Art. 688 C.C. y 56 del CGP).
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA:
Confirmase la Sentencia impugnada sin especial condenación en la instancia.
Honorarios fictos 3 BPC.
Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase con copia en la forma de estilo.
Dr. Guzmán López.-
MINISTRO
Dr. Alvaro França.-
MINISTRO
Dra. Mónica Besio.-
MINISTRA
Esc. Adriana León.-
SECRETARIA
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.