Sentencia Definitiva N° 285/2025

Sentencia Nro. 285/2025 - IUE: 24-64/2023 Montevideo, 10 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministro Redactor: Dra. Mónica Besio. Ministros Firmantes: Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Álvaro França. AUTOS: “LOPEZ, LEONARDO C/ POLLESEL, JHON - COBRO DE HONORARIOS”. IUE: 24-64/2023.- I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Definitiva No 9/2025, dictada por la titular de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3o Turno, Dra. Claudia Muguiro, que determinó el honorario generado por el interventor - controlador de Ignapin S.A, designado en los autos IUE 2-1099/2023, en 1.256 Unidades Reajustables (U.R), más IVA e intereses legales desde la presentación de la demanda (13/10/2023), monto al que deberá descontarse lo efectivamente percibido en concepto de honorarios provisorios, no pudiendo exceder el resultado las 1.131 UR, IVA incluido, conforme aclaración de fs. 70, condenando a su pago al demandado John Joseph Pollesel, quien los deberá abonar al Cr. Leonardo López Viñán. Sin especial condena en la instancia. II) La parte demanda, a fs. 111 y sig., interpuso recurso de apelación, formulando agravios. En síntesis expresó que, la recurrida le agravia en primer lugar, en tanto reguló honorarios por un período que excedió el plazo de actuación concedido por la Sede. Dice que el encargo pericial cumplido por el contador López Viñán fue exclusivamente de 90 días, lo que fue reconocido en la propia sentencia impugnada (inicialmente de 60 días, prorrogados posteriormente por otros 30 días, a pesar de la oposición del recurrente, fs. 476). En ese sentido, la recurrida le agravia en cuanto regula honorarios por una tarea que excedió el plazo de encargo conferido por la Sede. Dice que no existe resolución que extendiera el plazo de 90 días establecido por la Sede por auto No 609/2023 (fs. 473), que a su vez prorrogó por 30 días más los 60 días originales de la intervención. Agravia que el plazo de dilación de la entrega del informe final del actor se considere como parte del plazo de la intervención (cuando no existió prórroga), no se otorgó por parte del recurrente “expresa conformidad” (providencia No 761/2023, fs. 563), como se reconoce en la sentencia recurrida. En segundo lugar, le agravia en tanto incrementó los honorarios del plazo previsto por la intervención por el plazo de dilación que el actor tuvo para presentar su informe. La sentencia impugnada no distingue el plazo que corresponde a la intervención en sí del plazo que dilató el actor, en presentar su informe final (que ya estaba realizado casi en su totalidad por los dos informes previos ya presentados). Le agravia aún más, ya que además de regular los honorarios por un plazo no previsto como parte de la intervención, refiere a un plazo de mera dilación de presentación del informe final, actividad que podría ser realizada durante el plazo de la intervención y no meses después. El hecho de que el contador no haya cumplido en el plazo otorgado por el juzgado, obedece a su accionar y no al recurrente. Dicha dilación acrecentó la condena a favor del actor y el beneficio del Sr. Pollesel se ve disminuido con un informe tardío. Le agravia lo resuelto en cuanto a que sea el recurrente quien tenga que pagar los honorarios por una dilación en la labor encomendada, que no solo no fue causada por éste, ni tuvo ninguna incidencia en ella, sino que le generó múltiples dilaciones en el ejercicio de las pretensiones reparatorias y denuncias penales, que le generó la estafa de la que fue víctima. En tercer lugar, porque amparó en buena parte un reclamo que fue deducido en pocas palabras sin fundar sobre por qué los honorarios definitivos deberían ascender a la cifra de U$S 90.000, incumpliendo flagrantemente la carga de la sustanciación. En cuarto lugar, le agravia que el monto de los honorarios a fijarse haya tomado como referencia analógica el arancel del colegio de abogados y que por tanto, adicione el IVA en tanto tal impuesto resulta ajeno al accertamento judicial de honorarios, según la jurisprudencia. Sostiene además que la jurisprudencia entiende que el arancel de honorarios de cualquier organización de que se trate, no resulta aplicable para la determinación judicial de los honorarios, sino que debe recurrirse al precio de costumbre, conforme el Art. 1834 del C.C, tomando en consideración la duración de la labor encomendada, sus características técnicas y la fuerte competitividad del mercado profesional con precios a la baja. Por último sostiene que el monto de los honorarios fijados le agravia por cuanto entiende que una cifra razonable de fijación de honorarios definitivos por el encargo judicial de 90 días cumplido por el actor, no debió exceder los U$S 24.000, debiéndose descontar de esta cifra los honorarios provisorios ya cobrados por el actor. En suma, peticiona se revoque la recurrida, desestimando parcialmente la demanda incoada, fijándose los honorarios en una suma que no supere los U$S 24.000 por todo concepto, incluyendo impuestos, cifra de la cual deberá descontarse especialmente los honorarios provisorios ya cobrados por el actor. III) La parte actora, a fs. 118 y sig., evacuó el traslado del recurso, abogando por el mantenimiento de la recurrida y la imposición de la condena en costas y costos al recurrente. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede, y recibidos los mismos, previo estudio legal, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P), y se dispuso el dictado de la presente sentencia en legal forma (fs. 126 y sig.). V) Previamente a ingresar a la consideración del objeto de esta instancia corresponde señalar que las presentes actuaciones se derivan de los autos IUE 2-1099/2023 cuyo testimonio luce acordonado, en los cuales se tramitó como diligencia preparatoria, a solicitud del Sr. Jhon Pollesel (demandado de autos), la designación de Interventor Judicial de la Sociedad IGNAPIN S.A., a los efectos de que informara respecto de la situación societaria y de negocios constatada en las oficinas de Montevideo y en la planta de Salto. La solicitud de la medida fue por el plazo de 60 días, prorrogables en función de las resultancias del informe (fs. 112). Del citado expediente resulta que el Interventor Judicial designado, Cr. Leonardo López (actor de autos) y el gestionante de la diligencia preparatoria (demandado de autos), arribaron a un acuerdo de honorarios provisorios de UR 670 (fs. 121 del testimonio acordonado). A cuenta de los honorarios se abonaron UR 402, mediante depósito en cuenta abierta a esos efectos. De los mismos surge asimismo que, en escrito de fs. 596 y sig., en el cual el Interventor presentó su tercer informe, también estimó sus honorarios definitivos en UR 1.256,25 + IVA (UR 276,35) = UR 1.532,62 IVA incluido, a los que se debe deducir el pago efectuado de UR 402, ascendiendo el saldo a UIR 1.131, y expresó que el saldo no fue cancelado. Por auto No 2133/2023 dictado es esas actuaciones, se intimó al Sr. Pollesel a que depositara en la cuenta respectiva el saldo de honorarios definitivos (fs. 622), quien en escrito de fs. 629 se opuso al monto estimado por el Interventor. El Cr. López en escrito de fs. 646 a 649, evacuó la oposición formulada por la parte contraria y reiteró el monto oportunamente estimado. A fs. 653 de esas actuaciones (fs. 1 a 4 de autos), se presentó nuevamente el Cr. López a solicitar la formación de la presente pieza a los efectos de la tramitación de la pretensión de cobro de honorarios devengados en el principal y a solicitar medida cautelar de traba de embargo específico de crédito que el Sr. Pollesel tenga contra el BROU en la cuenta abierta en los autos IUE 24-26/2023; formada la pieza, oportunamente se trabó el embargo solicitado y se confirió traslado de la demanda. VI) La Sala habrá de confirmar la sentencia recurrida en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente, por no ser de recibo los agravios incoados por la parte demandada apelante. El agravio en cuanto a que en la sentencia impugnada se regularon los honorarios del Interventor Judicial oportunamente designado en los autos ya referidos, IUE 2-1099/2023, por un período que excedió el plazo de actuación concedido por la Sede, es de rechazo. Asiste razón al recurrente en cuanto a que la medida de intervención se dispuso por el plazo de 60 días, prorrogables por pedido fundado. En efecto por providencia No 13/2023 de fecha 20/1/2023 (fs. 114-118 del principal), se designó Interventor – Controlador por un plazo de 60 días, prorrogables mediante pedido fundado y asimismo se dispuso que el honorario provisorio del Interventor sería el 50% del salario del Administrador - Director de la empresa intervenida; la designación recayó en la persona del actor, Cr. López. Surge asimismo del principal que luego de presentado el primer informe por parte del Cr. López (fs. 442-450 y documentación acompañada con el mismo obrante de fs. 160 a 441), el Sr. Pollesel - quien había peticionado la medida de intervención-, solicitó que el Interventor complementara las actuaciones llevadas a cabo, con otras que relacionó en su escrito (de fs. 465 y sig.). Ante ello el Interventor solicitó la prórroga del plazo inicialmente otorgada, a los efectos de cumplir con lo requerido (fs. 471). Por auto No 609/2023 se hizo lugar a la prórroga solicitada y se amplió el plazo por 30 días más a partir del 30/3/2023, lo que se dispuso con noticia del Sr. Pollesel quien se opuso a que se extendiera más allá del 15/4/2023, aceptando que la prórroga fuera por 15 días (fs. 476). Si bien no se dispuso una nueva prórroga de la Intervención luego de la referida, corresponde señalar que a los efectos de cumplir con lo requerido por el Sr. Pollesel, se debían cumplir distintas actuaciones, entre ellas complementar entrevistas y librar oficios a instituciones a los efectos de que las mismas verificaran la veracidad o falsedad de diferentes documentos, para lo cual se requería levantar el secreto bancario, a lo que el recurrente en definitiva no prestó su consentimiento, pese a que ello le fuera solicitado. Se cumplió por el Interventor lo requerido agregando un segundo informe (fs. 553 a 562) y por último expidió un 3o y último informe (fs. 596 y sig.), en el cual amplió lo solicitado, pero no aquello a cuyos efectos se requería el levantamiento del secreto bancario. En suma si bien no existió una nueva prórroga de la Intervención, sino que se solicitó ampliación del informe respectivo, lo cual se cumplió, el Interventor a los efectos de la fijación de sus honorarios definitivos tomó como base el tiempo insumido para en suma, la elaboración los distintos informes y así cumplir con lo encomendado y solicitado por el gestionante de la medida, Sr. Pollesel. Por lo que se comparte lo resuelto en la recurrida, la cual parte de lo oportunamente acordado entre el Cr. López y el Sr. Pollesel como honorarios provisorios (fs. 121 del principal), los que se fijaron de común acuerdo en 670 U.R., tomando en consideración que a ese momento la medida había sido dispuesta por el plazo de 60 días. De ello se extrae que resulta acorde que por la ampliación del plazo en 30 días, corresponda un honorario de 335 U.R y que por la culminación de la tarea encomendada, la cual en suma determinó que se confeccionaran tres informes a los efectos de cumplir con todo lo requerido por el solicitante de la medida, informes que resultan agregados en autos y de los cuales surge la magnitud del trabajo requerido y la información considerada a esos efectos, de todo lo cual se entiende que la suma de 251 U.R por concepto de honorarios correspondientes a la última etapa de la actuación del Interventor, a los efectos de culminar su actividad con el tercer y último informe, resulta acorde en relación a lo oportunamente pactado entre las partes del presente proceso. VII) En mérito a los fundamentos antes expuestos, tampoco es de recibo el agravio relativo a que en la recurrida se incrementaron los honorarios del plazo previsto para la intervención, debido al plazo de dilación que el actor tuvo para presentar su informe. Le agravia al recurrente que se haya fijado UR 335 por la prórroga de 30 días. Como se señalara anteriormente, entiende la Sala que dicho criterio no parece desproporcionado, ni desajustado ya que se divide el monto de los honorarios provisorios pactados considerando los 60 días del plazo originalmente fijado, entre dos y se llega al honorario de un mes, período por el cual, en definitiva se extendió la medida y es el monto pactado el que se toma y aplica, criterio que no aparece como desajustado teniendo presente el previo acuerdo de las partes. Como ya se expresara debe tenerse presente que, el mismo recurrente en su escrito de fs. 465 requirió más información y que se verificara la veracidad de documentos vinculados al BROU y al BBVA, lo cual implicó una mayor tarea y tiempo para cumplir con lo requerido. VIII) En lo que refiere al agravio por el tenor del escrito de demanda de regulación de honorarios, si bien el escrito que da inicio a las presentes actuaciones es escueto, del mismo se extrae una remisión a los honorarios definitivos determinados oportunamente en el escrito de fs. 596 y sig., en el cual se presentó el tercer informe, surgiendo de fs. 620 vlto. y 621 la liquidación respectiva, en la que estimó los mismos en UR 1.533 IVA incluido, haciendo referencia a lo que se había acordado oportunamente con el recurrente respecto de los honorarios provisorios cuando fue designado (escrito de fs. 121), sobre cuya base estimó los honorarios definitivos, lo que fue oportunamente notificado al Sr. Pollesel, disponiéndose por providencia No 2133/2023 (fs. 622) se le intimara al mismo el depósito del saldo de los honorarios. El Sr. Pollesel en escrito de fs. 629 se opuso en legal forma a los honorarios definitivos estimados por el Interventor, quien en escrito de fs. 646 evacuó la oposición, formándose oportunamente la presente pieza con el escrito presentado por el actor de autos a fs. 653 del acordonado. Es en dicho escrito que el actor solicita la expedición de testimonio de los autos IUE 2- 1099/2023 (testimonio acordonado), a los efectos de tramitar el cobro de los honorarios, formándose la pieza con el citado escrito, agregándose testimonio del principal, cuando se había dispuesto la formación de pieza con el escrito y testimonio de esos autos (decreto No 2862/2023, de fs. 5 de autos). Entiende la Sala que en mérito a lo expresado, a las resultancias antes referidas y a que el demandado pudo en tiempo y forma y de manera efectiva articular sus defensas y contestar la demanda, el agravio es de rechazo. IX) El agravio relativo a que al monto de los honorarios regulados se le adiciona el IVA, tampoco es de recibo. Es posición de la Sala que a los honorarios de los profesionales, como ocurre en este caso en el que el Interventor es un Contador Público, a los honorarios estimados se debe agregar la condena al pago del IVA, respectivo. En efecto, considera el Tribunal que el I.V.A en tanto impuesto al consumo y de carácter indirecto, procede que sea trasladado al consumidor final, en este caso al actor. X) Por último el agravio relativo a que el honorario regulado no se ajusta al precio de costumbre, es de rechazo. Advierte que el demandado se limitó a invocar que el monto, no se ajusta al precio de costumbre, refiriendo en suma que el monto fijado no se ajusta al “mercado”, sin hacer mención expresa a pautas concretas del mercado o a casos análogos. Y estima que el máximo serían U$S 24.000, sin dar detalle de elementos de base objetivos, generales y de costumbre tomados en consideración a esos efectos y traídos en concreto al caso de autos en comparación con otros similares de la práctica y que es aún más alto que el precio de costumbre. XI) La conducta de las partes en la instancia ha sido correcta, no ameritando especial condenación en costas y costos ( Art. 56.1 y 261 del C.G.P y Art. 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal FALLA: Confírmase la Sentencia Definitiva No 9/2025 dictada en autos. Sin especial condenación procesal en la instancia. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvanse. Fíjanse los H.F.P 10 B.P.C Dra. Mónica Besio. MINISTRA Dr. Guzmán López Montemurro. MINISTRO Dr. Álvaro França. MINISTRO Esc. Adriana León. SECRETARIA