Sentencia Definitiva N° 269/2025

Sentencia No. 269/2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO. Ministro redactor: Dr. Pablo Benítez Rodríguez Ministros firmantes: Dra. Patricia Hernández, Dra. Rosario Sapelli y Dr. Pablo Benítez VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO”, IUE 2 - 44561/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los demandados Estado – Ministerio de Salud Pública y Fondo Nacional de Recursos, contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 44/2025, del 6 de julio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno, Dra. Virginia Ginares Echenique. RESULTANDO: 1) Por el referido pronunciamiento la Sede de primer grado se dispuso: “Acógese el amparo y en su mérito condénase al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a suministrar el fármaco Emicizumab para el Rr. AA, como fuera indicado por su médico tratante, en plazo de 24 (veinticuatro) horas, bajo apercibimiento de imposición de astreintes equivalentes a 10 U.R. (diez unidades reajustables) por cada día de demora. Todo ello sin especial condenación.” (fs. 249). 2) Contra dicha decisión de primer grado se alzó el Estado –Ministerio de Salud Pública (en adelante: MSP) interponiendo recurso de apelación. En apretada síntesis, sostuvo: - Que la prestación reclamada por el actor “…no surge que sea urgente o presente riesgo de vida…” (fs. 255). “…que la patología la tiene desde el nacimiento, que pudo haber comenzado a recibir el fármaco Emicizumab mucho tiempo antes y que el fármaco que viene recibiendo en la actualidad es una alternativa válida que podría seguir recibiendo por un tiempo considerable” (fs. 255) - En el caso de autos el MSP no actuó con ilegitimidad manifiesta y por tanto la acción de amparo debió ser desestimada en todos sus términos. - El Estado ha dado pleno cumplimiento a Io dispuesto en el art. 44 de la Constitución, en la medida que: a) dictó el marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y al elenco de prestaciones médicas determinadas por el Poder Ejecutivo; b) inició diversos procesos de actualización del P.I.A.S. y del F.T.M., pudiendo citarse entre otras las recientes Ordenanzas Ministeriales N° 277 del 19/03/2019, 413 de 12/04/2019, 577 de 22/05/2019, 685 de 05/06/2019, 876 de 19/07/2019, 1003 de 15/08/2019, 1257 de 03/10/2019, 1543 de 19/11/2019, 1706 de 27/12/2019, 172 de 28/02/2020, 173 de 28/02/2020, 1938 de 28/12/2021, 1304 de 20/09/2022, 1960 de 28/12/2022, 1961 de 28/12/2022 y los Decretos N° 196/2021 y 360/2021 del 28/10/2021, así como los convenios para garantizar el acceso a Spinraza; c) estableció un régimen de financiación solidario. garantizando a toda persona la posibilidad de acceder a un prestador privado; d) creó un prestador de salud público (A.S.S.E.). encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado. Por lo tanto, habiéndose cumplido los cometidos asignados por el constituyente y garantizado el derecho a la salud, no puede concluirse que haya existido ilegalidad (como lo hace /la sentencia), y mucho menos que la misma sea "manifiesta". - La prestación reclamada “…no se encuentra incorporada al F.T.M. para la patología de la actora. Por lo tanto, no debió imputarse ilegalidad alguna al Estado” (fs. 258). - El MSP no cuenta con atribuciones para suministrar medicamentos directamente a la población En definitiva, solicita se revoque la recurrida y se desestime en todos sus términos la demanda de amparo impetrada en autos. 3) El Fondo Nacional de Recursos (en adelante: FNR) interpuso recurso de apelación contra la decisión de primer grado en los términos que surgen de la pieza escrita agregada en fs. 266/270 vto. Resumidamente, sostuvo: - Que el medicamento Emicizumab no se encuentra incluido en el FTM para la situación clínica del actor, dado que éste cuenta con 26 años de edad y el financiamiento previsto en las Ordenanzas Nos. 1938 del 28/XII/2021 y 1768 del 21/VII/2023 para pacientes de entre 1 y 17 años y 364 días. Por lo anterior, el FNR no tiene legitimación pasiva en este proceso y por ende la sentencia le agravia. - En el presente caso no existe ilegitimidad manifiesta en el comportamiento del FNR. - El FNR en tanto persona jurídica de derecho público que es se rige por el principio de especialidad y no puede realizar más que aquello que le está legalmente permitido y para hacerlo, debe cumplir con el o los requisitos que la normativa que lo regula lo ha establecido. En definitiva, solicita se revoque la sentencia recurrida y se desestime la demanda a su respecto. 4) Conferido traslado de los recursos, el mismo fue evacuado por la representante de la parte actora en los términos que surgen de la pieza escrita agregada en fs. 275/281 vto., abogando por el mantenimiento de la decisión impugnada en todos sus términos. Además, en la misma oportunidad, promovió por vía de excepción la declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto por los arts. 7 inc. 2 de la Ley N° 18.335. Por providencia Nº 2022/2025, del 18 de junio de 2025, la Sede de primer grado dispuso la suspensión del proceso y la elevación de los autos para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 283), quien –en definitiva- se pronunció mediante Sentencia N° 894, del 7 de agosto de 2025 por la cual resolvió: “Declárase inconstitucional los art. 7 inc. 2° de la Ley N° 18.335 y, en consecuencia, inaplicables a la parte actora. (...)” (fs. 289 vto.). Devueltos los autos para ante la Sede a quo, ésta dispuso el franqueo de la vía recursiva promovida en autos para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda, sin efecto suspensivo (cfme. Decreto N° 3575/2025, del 3/X/2025, fs. 298). Los autos fueron recibidos por ésta Sala en lo Civil de Segundo Turno el 6 de octubre de 2025 (cfme. 303). Culminado el estudio y puestos los autos al Acuerdo, se procede al dictado de la presente sentencia definitiva de segunda instancia. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad -art. 61 de la Ley N° 15.750-, habrá de amparar el recurso de apelación promovido por el FNR y, en su mérito, revocará parcialmente la sentencia de primera instancia sólo en cuanto no hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva propuesta por dicho demandado, desestimando la acción promovida a su respecto, por los fundamentos que se desarrollarán a continuación. II) El caso de autos. En el subexámine se presentó el Sr. AA, de 26 años de edad, promoviendo acción de amparo contra el Estado – Ministerio de Salud Pública (en adelante, MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (en adelante, FNR). Manifestó el promotor se portador de Hemofilia A Severa, esto es un trastorno hemorrágico genético, raro y grave, que no tiene cura y que es causado por una proteína de coagulación faltante o defectuosa llamada factor VIII. Sostiene el accionante que la enfermedad referida le fue diagnosticada a los tres meses de vida, tras presentar episodios de sangrados fáciles recurrentes. A lo largo de los años, he experimentado muchas hemorragias, algunas tan graves que le llevaron a ser hospitalizado. Actualmente recibe tratamiento con infusiones intravenosas de factor VIII tres veces por semana, el cual no constituye el mejor tratamiento disponible en nuestro país. Bajo este tratamiento, aún existen chances de que presente sangrados, los cuales, y considerando la historia natural de la enfermedad, le producirán daño por acumulación. Existe en nuestro país un tratamiento alternativo, de demostrada superioridad: el Emicizumab. Los beneficios clave de esta terapia son: a) su vía de administración subcutánea, b) el hecho de que permite una más sencilla y espaciada autoadministración (se administra una vez por mes), y c) que ha demostrado reducir los sangrados prácticamente a cero y disminuir la morbi-mortalidad asociada a ellos. Frente a cuadro clínico, la médica que le asiste en CASMU le indicó la necesidad de iniciar tratamiento con Emicizumab. Todo lo que viene de reseñarse ha sido debidamente acreditado en autos mediante el informe médico que luce en fs. 10, resultancias de la historia clínica incorporada a la causa (fs. 12/105), declaración de los médicos tratantes Dra. Virginia Marcalain (audiencia del 4/VI/2025, pista de audio N° 4) y Dr. Ismael Rodríguez (audiencia del 4/VI/2025, pista de audio N° 5) de donde surge: “A este paciente le hicimos el diagnóstico en el primer año de vida, porque por una operación de una hernia casi se desangra. Y ahí hicimos el diagnóstico de Hemofilia A Severa … así que lo conozco casi desde el nacimiento. … No tiene cura, es una enfermedad crónica, recién se esta investigando la terapia génica pero estamos hablando de 8 o 10 años más.” (minuto 03:14 en adelante). Consultado por la Sede respecto de la indicación de recibir el fármaco Emicizumab, respondió el testigo “Las indicaciones hoy por hoy después de tres estudios pivotales de esta droga han demostrado que la terapia o el buen standard actual es el Emicizumab. ¿y porqué? Porque a pesar de recibir profilaxis con los concentrados plasmáticos que se hace, la tasa de sangrado no llega a cero, sin embargo después del estudio Haven 6 ha demostrado que la tasa de sangrado con el Emicizumab es 0,2 %. Este paciente tiene aparte varias dificultades, la profilaxis que está recibiendo es trisemanal, requiere capital venoso, capital venoso que en él nunca pudimos lograr que él se pinchara, tiene fobia a la agujas desde muy chiquito y entonces hoy por hoy con la edad que tiene tener que conseguir que lo pinchen tres veces por semana eso ya lo inhabilita no solo a su actividad laboral sino muchas veces a hacer su actividad social. La ventaja o la diferencia con el Emicizumab es que es una droga que luego de estabilizado, que es el primer mes de tratamiento, recibe una única dosis mensual por vía subcutánea, quiere decir que el capital venoso no se estropea, que es muy valioso para estos pacientes. A su vez, en la historia de este paciente tiene un antecedente de una hemorragia grave que fue un hematoma de psoas. El hematoma de psoas con una hemorragia intracraneana son consideradas dos complicaciones hemorrágicas graves para esta enfermedad” (minuto 04:11 en adelante). III) Sabido es que el tribunal superior solo podrá ingresar al examen de aquellos puntos respecto de los cuales existe agravio del impugnante, no pudiendo abordar el análisis de cuestiones consentidas por los contendientes (cfme. Giuffra, Carolina, en “Los recursos judiciales en el C.G.P.”). Ello por cuanto “…El agravio es la medida de la apelación… El juez de la apelación no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: ‘tantum devolutum quantum appellattum” (E.J. Couture en “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Aniceto López Editor, Buenos Aires, 1942, pág. 218). Bajo tales premisas, ingresando al estudio de la impugnación, inicialmente, corresponde tener presente que no fue objeto de agravio el diagnóstico de la enfermedad que aqueja al actor ni su gravedad, así como tampoco fue cuestionada la pertinencia del tratamiento médico propuesto al paciente, el costo del medicamento reclamado y los ingresos económicos del accionante. En consecuencia, quedan fuera del objeto de la apelación las cuestiones que vienen de referirse. IV) Como fuera señalado supra, el co-demandado FNR interpuso recurso de apelación, agraviándose –en lo sustancial- por la solución desestimatoria que en la atacada se arribó en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva que interpusiera al contestar la acción. Con la finalidad de otorgar certeza a los derechos de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, por Decreto N° 265/006 fue aprobado el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) como “lista positiva de medicamentos de alto valor terapéutico, destinados a resolver el tratamiento farmacológico de los problemas sanitarios relevantes de acuerdo al perfil socio-epidemiológico nacional” (Considerando III), como “el conjunto de prestaciones de cobertura farmacológica, reuniendo los medicamentos necesarios para atender las indicaciones terapéuticas de los pacientes de instituciones y servicios de salud comprendidos en el ámbito de aplicación definitivo por el artículo 3” (art. 7 de la Ley 18.211). El mismo se integra por cuatro anexos. En el Anexo III figuran, precisamente, los medicamentos que deben ser prestados por el FNR y por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, según protocolos, guías y reglamentaciones que indique el mismo FNR (artículo 4 Decreto N° 265/2006). A su vez, su incorporación habrá de estar sujeta a las previsiones del ámbito del artículo 462 de la Ley 19.355 (D.O. del 30/XII/2015). En el caso, ha sido acreditado que el medicamento reclamado por el Sr. AA, quien cuenta con 26 años de edad, ha sido registrado ante la autoridad sanitaria de nuestro país (cfme. fs. 2) y además ha sido incluido en el Anexo respectivo del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) para el tratamiento de “... Hemofilia A severa en pacientes de edad igual o mayor a 1 año y con inhibidores de factor VIII y en pacientes de entre 12 años y 17 años y 364 días sin inhibidores de factor VIII ” (Ordenanza MSP N° 1938, del 28/XII/2021, fs. 4/5). Por lo que viene de señalarse en el párrafo precedente, en criterio de la Sala, corresponde concluir que de conformidad con la normativa aplicable al presente caso la cobertura del fármaco Emicizumab prevista en el FTM no alcanza a la situación del actor, por no ingresar en los rangos etarios previstos en la normativa. Siendo como viene de señalarse, al caso resulta enteramente trasladable lo expresado por la Sala en Sentencia N° 23/2024: “Así las cosas, el FNR no está obligado a la asistencia financiera respecto del medicamento solicitado, por ello la negativa a su cobertura no reviste de la ilegitimidad manifiesta exigida por Ley No. 16.011.- Consecuentemente, el FNR careció de legitimación causal pasiva en este juicio a su respecto, correspondiendo el amparo del agravio.” (publicada en BJN). En definitiva, no encontrándose dentro de la cobertura a la que el Fondo Nacional de Recursos está legal y reglamentariamente obligado el suministro del fármaco reclamado en autos, cabe concluir que el mismo carece de legitimación pasiva en este proceso, por lo que se amparará el recurso en estudio, revocando la decisión de primera instancia en este orden, desestimándose la demanda a su respecto. V) El codemandado MSP expresa agravios que -en lo sustancial- refieren a que, estando al tenor de lo dispuesto por el art. 1° de la Ley N° 16.011, con su actuación no ha incurrido en acto, hecho u omisión que merezca calificarse como manifiestamente ilegítimo, tal como se postula en la decisión de primera instancia. V.a.- Como ha expresado la Sala en múltiples pronunciamientos, la acción de amparo es aquella deducida a fin de obtener la protección de un derecho o libertad expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución y que aparece lesionado o amenazado con ilegitimidad manifiesta por un acto, hecho u omisión de autoridades estatales o paraestatales o por particulares; asegurando su pronto restablecimiento en ausencia de otros medios legales aptos para subsanar la situación (cfme. Bidart Campos en “Régimen Legal y Jurisdiccional del Amparo”, 1968; LJU: casos 12.673, 13.194; Simón, Luis en “Formas Diferenciadas de Tutela en el Proceso Civil Uruguayo” en “Estudios de Derecho Procesal en Homenaje a Adolfo Gelsi Bidart”, FCU, 1999, págs. 571-578). La acción de amparo ha sido calificada por Sagüés como un instituto de carácter excepcional y residual, reservado a las delicadas y extremas situaciones en las que por falta de otros medios legales de defensa, peligra la protección de derechos fundamentales (en “Acción de Amparo”, pág. 166). La procedencia de la acción de amparo está preceptivamente supeditada a la verificación de determinados presupuestos de admisibilidad de carácter subjetivo y objetivo, los cuales habrán de configurarse en una relación de complementariedad, debiendo ocurrir en su totalidad con tal modalidad a propósito del hecho, acto u omisión denunciada por el interesado como susceptible de la mentada protección (cfme. RUDP, Año 2005, nro. 1, caso 650). En este sentido, de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley No. 16.011 resultan los presupuestos objetivos del amparo, que son los siguientes: (a) acto, hecho u omisión actual, presente, real y efectivo que provoque; (b) lesión, restricción, alteración o amenaza actual o inminente, inevitable e irreparable al titular de (c) un derecho o libertad esencial de rango constitucional o legal, con (d) ilegitimidad manifiesta; (e) provocando o amenazando provocar un daño irreparable o difícilmente reparable; (f) inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado; y (g) que la demanda haya sido interpuesta dentro del plazo de caducidad de treinta días contados a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión (cfme. LJU, caso 15.708; Viera, Luis en “Ley de Amparo”, edit. Idea, 2ª edición, 1993, págs. 11-22). Por su parte, los presupuestos subjetivos aludidos en el artículo 1 de la Ley No. 16.011 están referidos a las partes, detentando legitimación causal activa cualquier persona física o jurídica, pública o privada, titular del derecho o libertad lesionados o amenazados, y detentando legitimación causal pasiva las autoridades estatales, paraestatales o los particulares. V.b.- Aplicados tales conceptos al caso en estudio emerge que la acción de amparo deducida por el Sr. AA contra el MSP cumple con los requisitos exigidos por la norma legal en que se sustenta la acción. La parte actora fundamentó la acción de amparo que instauró el 30/V/2025 en la lesión del derecho fundamental a la vida y a la salud a través de actos y omisiones manifiestamente ilegítimos que atribuye al MSP consistente en la negativa a prestarle asistencia financiera para la adquisición o suministro del medicamento de alto costo Emicizumab, que le fuera prescripto por el equipo médico que le asiste en mutualista CASMU como tratamiento de la grave enfermedad que padece. El MSP no controvirtió la patología que padece el promotor, así como tampoco cuestionó la eficacia del tratamiento propuesto al actor por sus médicos tratantes y la evidencia científica que respalda el consejo médico, esto es, la administración del medicamento Emicizumab para el abordaje de la gravísima enfermedad que le fue diagnosticada desde el primer año de vida. Ante esta situación, cobra vigencia la obligación impuesta por la Constitución al Estado de suministrar medios de asistencia “a los indigentes o carentes de recursos suficientes” (artículo 44 inciso 2º) y los correlativos derechos fundamentales al goce de la vida, a la salud y demás derechos inherentes a la personalidad humana, la que tiene un alcance mucho más amplio al que el MSP ensayó otorgarle en oportunidad de interponer su recurso de apelación. Véase que el derecho a la salud es un derecho fundamental garantizado por el artículo 44 de la Constitución y por normas de fuente internacional como el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), consagra el derecho de toda persona a la salud, “…entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.- Agrega que con el fin de hacerlo efectivo, las partes se comprometen a reconocer la salud como un ‘bien público’ y particularmente, a adoptar las medidas concretas que promuevan la atención integral de toda su extensión…” (Blengio Valdés, Mariana en “Principio de Progresividad en relación al Derecho a la Salud y sus consideraciones desde la ética y el derecho” en Revista de Derecho Público, Año 27, nro. 54, diciembre 2018, págs. 124-125; Díaz Fernández, Hugo en “El Amparo Sanitario en el Derecho Uruguayo. Aportes Básicos para su Sistematización” en LJU, Tomo 149 (abril 2014), págs. JC37-JC72; Ley No. 13.751; Ley No. 16.519). En este marco, “Se ha dicho que ‘en el Estado democrático donde los gobernantes surgen por elección de los ciudadanos, ellos son los responsables directos de que no existan desigualdades en el acceso a los bienes relacionados con la salud que deben ser considerados dentro de los Derechos Humanos”. Frente a esta obligación estatal, cada individuo cuenta con el derecho a que “…objetivamente, se le haga disponible todo lo necesario para el acceso al estado de bienestar completo, mediante las políticas y medidas de acción positiva que resulten conducentes’, al decir de Bidart Campos” (Müller, Enrique en “La equidad en los servicios de salud” en Revista Crítica de Derecho Privado, nro. 1, págs. 129-146). “…con este propósito deben realizar todos aquellos pasos que conduzcan a los más adecuados tratamientos, priorizando los derechos de los pacientes” (TAC 2º Turno, Sentencia T.A. Civil No. 216/018-2; cfme. Sentencia T.A. Civil No. SEF-0005-000003/2015-2, entre otras). Entonces, partiendo de las premisas consistentes en: la consideración del derecho a la salud como un derecho fundamental garantizado constitucionalmente, que vincula la Ética y el Derecho y que ni siquiera fue cuestionada por el MSP la eficacia del medicamento de alto costo Atezolizumab a fin de combatir la enfermedad que padece el Sr. AA; permiten concluir que el co-demandado MSP no puede so pretexto de aspectos administrativos o contables, que él mismo regula, limitar el derecho constitucional a la salud de sus habitantes (entre otros derechos fundamentales). Esto conduce a concluir que la negativa del MSP a su suministro a la parte actora comporta por sí sola una manifiesta ilegitimidad por afectación de su derecho constitucional a la salud, a la asistencia sanitaria integral y de calidad. Medicamento que, en la especie, aparece como la única chance de mejoría en la calidad de vida global del joven promotor. La protección de dichos derechos fundamentales de los habitantes exige la pronta “…puesta a disposición de los pacientes de los medios necesarios para la curación o mejoramiento de la calidad de vida…”, por esto, la no prestación del tratamiento suministro o la demora en recibirlo conlleva una amenaza actual y efectiva al derecho a la salud de la parte actora con la consecuente ilegitimidad manifiesta, amenazando provocar un daño irreparable o difícilmente reparable a su salud (artículos 7, 8, 44, 72 de la Constitución; artículos 10, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo de San Salvador; artículo 4 Ley No. 18.331; cfme. LJU: casos 15.510; 17.408; TAC 2º Turno, Sentencias: Sentencia T.A. Civil No. SEF-0005-000088/2016-2, Sentencia T.A. Civil No. 92/018-2, Sentencia T.A. Civil No. 14/019-2, Sentencia T.A. Civil No. 94/019-2, Sentencia T.A. Civil No. 156/019-2). V.c.- Finalmente, el agravio expresado por el MSP fundado en que la condena de marras supone la imposición de actuar en violación de lo previsto por el artículo 7 inciso 2º de la Ley No. 18.355, se desvaneció en tanto por sentencia de la Suprema Corte de Justicia N° 894 del 7/VIII/2025 recaída en autos (fs. 289/290), dicha norma fue declarada inconstitucional y consecuentemente inaplicable al presente caso. VI) La correcta conducta procesal de las partes determinan que no corresponda efectuar especial condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts. 56 y 261 del Código General del Proceso y art. 688 del Código Civil). Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por artículos 7, 8, 44, 72 y 332 de la Constitución de la República, Leyes Nos. 9.202, 15.181, 16.011, 17.930, 18.211, 18.335, 19.355, los artículos 6, 133, 137, 139.1, 140, 141, 154, 197 y 198 del Código General del Proceso, Decretos Nos. 265/2006, 289/009, 4/2010, 130/2017 y 465/009 y Decreto No., y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal FALLA: REVÓCASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA N° 44/2025, DEL 6 DE JUNIO DE 2025, SÓLO EN CUANTO NO AMPARÓ LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA OPUESTA POR EL FONDO NACIONAL DE RECURSOS. EN SU LUGAR, AMPÁRASE LA MISMA Y EN SU MÉRITO, DESESTÍMASE LA DEMANDA RESPECTO DEL FONDO NACIONAL DE RECURSOS. DESESTIMASE EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR EL ESTADO – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. SIN SANCIÓN PROCESAL EN LA INSTANCIA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN LOS DOMICILIOS ELECTRÓNICOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE PROCEDENCIA. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro