Sentencia Definitiva N° 272/2025

Sentencia No. 272/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro Redactor: Patricia Hernández Ministros Firmantes: Rosario Sapelli, Pablo Benítez y Patricia Hernández.- Montevideo, 10 de octubre de 2025.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y otro – AMPARO – IUE 2-50719/2025”, tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3º Turno, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva nro. 45 del 20/VI/2025 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia Suplente, Dra. Rossana Re Fraschini Benítez.- RESULTANDO: 1) Que se da por reproducida la relación de hechos formulada por la juez a quo por ajustarse a las resultancias de autos.- 2) Que por la sentencia definitiva apelada se amparó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y se condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a suministrar a la parte actora el medicamento de alto precio solicitado en el plazo de veinticuatro días, de acuerdo a las indicaciones del médico tratante.- 3) Que de fs. 78 a fs. 83 compareció el Ministerio de Salud Pública (MSP) e interpuso recurso de apelación.- Indicó como agravio la condena impuesta al suministro del medicamento de alto costo solicitado.- Fundamentó el mismo en: (a) no incurrió en ilegitimidad manifiesta que habilite esta acción de amparo; (b) esto, en tanto el MSP cumplió con todas sus competencias y atribuciones encomendadas por la Constitución y la ley, no estando obligado al suministro de medicamentos; (c) el Poder Ejecutivo aprobó un listado de productos prioritarios para la salud a los que están obligados a proporcionar los prestadores de salud y cumplió con el artículo 44 de la Constitución al dictar un marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y a un elenco de prestaciones médicas, inició procesos de actualización del PIAS y del FTM, estableció régimen de financiación solidario y creó un prestador de salud público; y (e) el artículo 7 inciso 2º de la Ley 18.335 limita el derecho de acceso a los medicamentos y/o procedimientos debidamente autorizados por el MSP e incluidos en el FTM: el medicamento solicitado no se encuentra incluido en el FTM para la patología de la parte actora.- Solicitó la revocatoria de la apelada y desestimación de la demanda.- 4) Que por providencia nro. 1949 del 26/VI/2025 se confirió traslado del recurso de apelación por el plazo legal.- 5) Que el co-demandado FNR fue notificado de providencia nro. 1949/2025 el 16/VII/2025 pero no evacuó el traslado conferido.- 6) Que de fs. 88 a fs. 96 compareció la parte actora evacuó el traslado conferido e interpuso excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 7 de la Ley 18.335 y 45 inciso final de la Ley 18.211.- Respecto del traslado conferido, afirmó: (a) se configuraron los requisitos para el éxito de la acción de amparo incoada; (b) la ilegitimidad manifiesta se evidencia a través de la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos; y (c) se trata de tratamiento eficaz, el hecho de que no se encuentre registrado no es obstáculo para el amparo del derecho a la salud, requiriéndose en el caso la recepción del tratamiento como la opción terapéutica restante.- Solicitó la confirmación de la apelada.- 7) Que por providencia nro. 2081 del 17/VII/2025 se suspendió el proceso y en virtud de la excepción de inconstitucionalidad interpuesta se dispuso su elevación para ante la Suprema Corte de Justicia.- 8) Que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia nro. 840 del 7/VIII/2025 se declararon inconstitucionales los artículos 7 inciso 2º de la Ley 18.335 y 45 inciso final de la Ley 18.211 e inaplicables a este caso.- 9) Que por providencia nro. 3319 del 6/X/2025 se franqueó el recurso de apelación interpuesto para ante este Tribunal.- Estos autos fueron recibidos el día 6/X/2025 y efectuado su estudio, se acordó el dictado de la presente.- CONSIDERANDO: I-Que esta Sala, habrá de confirmar la sentencia definitiva de primera instancia nro. 45 del 20/VI/2025, en virtud de los fundamentos que se exponen a continuación.- II- Apelación por el Ministerio de Salud Pública (MSP).- Agravio: Condena impuesta e ilegitimidad manifiesta atribuida.- 2.1- Que el MSP compareció de fs. 78 a fs. 83 e interpuso recurso de apelación.- Esgrimió como agravio la atribución de actuación con ilegitimidad manifiesta y la condena a suministrar a la pretensora el medicamento de alto costo no registrado Ramucirumab (“Cyramza”) en el plazo de veinticuatro horas.- Fundamentó éstos en: (a) las leyes le imponen al MSP el deber de velar por la higiene y salud pública pero no el deber de dispensar directamente medicación a la población: el MSP cumplió con todas las atribuciones específicas enmarcadas en su competencia; (b) el artículo 44 de la Constitución tampoco consagra un derecho subjetivo irrestricto a reclamar medicamentos/procedimientos cuando el paciente carece de recursos suficientes para afrontar su costo sino que lo consagrado es el principio de gratuidad con relación a las prestaciones de salud previstas en la política sanitaria estatal; y (c) además, dictó marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y al elenco de prestaciones determinadas por el Poder Ejecutivo, inició procesos de actualización del PIAS y del FTM, estableció régimen de financiación solidario y creó prestador de salud público (ASSE).- 2.2- Que se habrán de desestimar los agravios por lo que se expresa a continuación.- 2.3- Que la acción de amparo es aquella deducida a fin de obtener la protección de un derecho o libertad expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución y que aparece lesionado o amenazado con ilegitimidad manifiesta por un acto, hecho u omisión de autoridades estatales o paraestatales o por particulares; asegurando su pronto restablecimiento en ausencia de otros medios legales aptos para subsanar la situación (cfe. Bidart Campos en “Régimen legal y jurisdiccional del amparo”, 1968; LJU: casos 12.673, 13.194; Simón, Luis en “Formas diferenciadas de tutela en el proceso civil uruguayo” en “Estudios de derecho procesal en homenaje a Adolfo Gelsi Bidart”, FCU, 1999, págs. 571-578).- La acción de amparo ha sido calificada por Sagüés como un instituto de carácter excepcional y residual, reservado a las delicadas y extremas situaciones en las que por falta de otros medios legales de defensa, peligra la protección de derechos fundamentales (en “Acción de Amparo”, pág. 166).- La procedencia de la acción de amparo está preceptivamente supeditada a la verificación de determinados presupuestos de admisibilidad de carácter subjetivo y objetivo, los cuales habrán de configurarse en una relación de complementariedad, debiendo ocurrir en su totalidad con tal modalidad a propósito del hecho, acto u omisión denunciada por el interesado como susceptible de la mentada protección (Cfe. RUDP, Año 2005, nro. 1, caso 650).- En este sentido, de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 16.011 resultan los presupuestos objetivos del amparo, que son los siguientes: (a) acto, hecho u omisión actual, presente, real y efectivo que provoque; (b) lesión, restricción, alteración o amenaza actual o inminente, inevitable e irreparable al titular de (c) un derecho o libertad esencial de rango constitucional o legal, con (d) ilegitimidad manifiesta; (e) provocando o amenazando provocar un daño irreparable o difícilmente reparable; (f) inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado; y (g) que la demanda haya sido interpuesta dentro del plazo de caducidad de treinta días contados a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión (LJU, caso 15.708; Viera, Luis en “Ley de Amparo”, edit. Idea, 2ª edición, 1993, págs. 11-22).- Por su parte, los presupuestos subjetivos aludidos en el artículo 1 de la Ley 16.011 están referidos a las partes, detentando legitimación causal activa cualquier persona física o jurídica, pública o privada, titular del derecho o libertad lesionados o amenazados, y detentando legitimación causal pasiva las autoridades estatales, paraestatales o los particulares.- 2.4- Que aplicados estos conceptos a la hipótesis del sub-lite, emerge que la acción de amparo deducida por el Sr. AA, de 45 años de edad, contra el MSP cumple con los requisitos exigidos.- La parte actora fundamentó principalmente la acción de amparo que dedujo en la lesión del derecho fundamental a la vida y a la salud a través de actos y omisiones manifiestamente ilegítimos del MSP consistentes en la negativa al suministro del medicamento de alto precio no registrado Ramucirumab (“Cyramza”) prescripto por su médica oncóloga tratante en COSEM, Dra. Andrea Schiavone, a fin de mejorar su situación clínica.- Padece de adenocarcinoma de esófago inferior EIV múltiple al debut diagnosticado en junio de 2024.- Según informe de médica tratante fechado el 2/V/2025 a fs. 1, la parte actora consultó en mayo de 2024 por síntomas digestivos altos dado por pirosis, RGE agregado a disfagia orgánica y efectuados estudios de imagen y endoscopia se confirmó lesión en esófago inferior cuyo resultado patológico fue adenocarcinoma.- Se comenzó tratamiento sistémico paliativo en base a Folfox, pero se confirmó actualmente progresión lesional hepática y ósea.- Tratado su caso en el Comité de Tumores el 30/IV/2025 se decidió tratamiento sistémico paliativo en base a quimioterapia y Ramucirumab (8mg/kg iv cada 14 días), en base a evidencia del estudio fase III Rainbow con beneficio en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión.- Asimismo, se incluyó en el informe que dicho medicamento está avalado por la pauta nacional de Oncología y guías internacionales americanas y europeas.- De esta manera, la prueba documental constituida por la historia clínica de la paciente e informe de médica tratante diligenciadas, respaldan la patología que padece la parte actora e invocada como fundamento de lo impetrado, la que por otra parte, no fue controvertida por el apelante, quien tampoco controvirtió la eficacia del medicamento solicitado.- Las admisiones del apelante tanto de la situación sanitaria del Sr. AA como de la evidencia científica del medicamento solicitado para combatir su enfermedad, son respaldatorias del fundamento de la acción instaurada.- Los restantes argumentos impugnativos ensayados por el MSP, han sido rebatidos por la jurisprudencia desde hace años a través de diversos pronunciamientos aposta de medicamentos y tratamientos de alto costo.- Parten de la consideración que el derecho a la salud es un derecho fundamental garantizado por el artículo 44 de la Constitución y por normas internacionales, con la consabida obligación a la que está sujeto el Estado de conseguir la salud de sus habitantes o acercarlo a dicho ideal y “con este propósito deben realizar aquellos pasos que conduzcan a los más adecuados tratamientos, priorizando los derechos de los pacientes” (TAC 2º Turno, Sentencia nro. 216/2018, entre otras).- Asimismo, como se señaló por este Tribunal en reiteradas sentencias, la obligación de hacer que grava al Estado-MSP reviste un contenido mucho más amplio que el atribuido por el apelante.- Véase que el derecho a la salud es un derecho fundamental garantizado por el artículo 44 de la Constitución y por normas internacionales como el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), consagra el derecho de toda persona a la salud, “… entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.- Agrega que con el fin de hacerlo efectivo, las partes se comprometen a reconocer la salud como un “bien público” y particularmente, a adoptar las medidas concretas que promuevan la atención integral en toda su extensión.- …” (Blengio Valdés, Mariana en “Principio de Progresividad en relación al Derecho a la Salud y sus consideraciones desde la ética y el derecho” en Revista de Derecho Público, Año 27, nro. 54, diciembre 2018, págs. 124-125).- En este marco, “Se ha dicho que “en el Estado democrático donde los gobernantes surgen por elección de los ciudadanos, ellos son los responsables directos de que no existan desigualdades en el acceso a los bienes relacionados con la salud que deben ser considerados dentro de los Derechos Humanos”.- Frente a esta obligación estatal, cada individuo cuenta con el derecho a que “… objetivamente, se le haga disponible todo lo necesario para el acceso al estado de bienestar completo, mediante las políticas y medidas de acción positiva que resulten conducentes”, al decir de Bidart Campos” (Müller, Enrique en “La equidad en los servicios de salud” en Revista Crítica de Derecho Privado, nro. 1, págs. 129-146).- “… con este propósito deben realizar todos aquellos pasos que conduzcan a los más adecuados tratamientos, priorizando los derechos de los pacientes” (TAC 2º Turno, Sentencia nro. 216/2018; cfe. Sentencia nro. 3/2015).- Si bien el medicamento impetrado según fue informado por Laboratorio Scienza a fs. 10, y no fue controvertido, en cuanto a que no se encuentra registrado ante el MSP, el acogimiento de la pretensión no supone su comercialización sino solo el suministro para el caso concreto de autos.- A su vez, abona la postura, la declaración de inconstitucionalidad realizada por sentencia de la SCJ nro. 840 del 7/VIII/2025 (fs. 101 y 102) del artículo 7 inciso 2º de la Ley 18.335 y su inaplicabilidad al ocurrente.- Entonces, partiendo de las premisas consistentes en: la consideración del derecho a la salud como un derecho garantizado constitucionalmente, que vincula la ética y el derecho y la respaldada eficacia del medicamento según informó la médica tratante por guía americanas, europeas y pauta nacional de Oncología, a fin de paliar la situación sanitaria actual del promotor; endilgan a concluir que el demandado MSP no puede so pretexto de aspectos administrativos limitar el derecho constitucional a la salud de sus habitantes.- En consecuencia, su negativa a su cobertura, importa por sí misma ilegitimidad manifiesta por afectación al derecho constitucional a la salud.- La protección de dichos derechos fundamentales exige una pronta “… puesta a disposición de los pacientes de los medios necesarios para la curación o mejoramiento de la calidad de vida …” y justifica la acción de amparo deducida, máxime en el caso, en que según prueba aportada constituye la estrategia terapéutica útil a la parte actora en el estado actual de evolución de su enfermedad (cfe. artículos 7, 8, 44 de la Constitución; artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Protocolo de San Salvador; LJU: caso 17.408; TAC 2º Turno, Sentencia nros. 65/2019, 153/2019, 114/2020; TAC 7º Turno, Sentencias nros. 125/2018, 172/2018, entre otras; Van Rompaey, Leslie en “Algunas reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización” en Revista Judicatura nro. 52 (agosto 2012), págs. 145-159).- III- Condenas Causídicas.- Que de conformidad con los artículos 56 y 261 del Código General del Proceso y artículo 688 del Código Civil, la conducta procesal de las partes no amerita la imposición de sanciones procesales.- Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 7, 8, 12, 18, 72 de la Constitución; Ley 16.011; artículo 688 del Código Civil; artículos 97, 137 a 142, 261 del Código General del Proceso; y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia definitiva de primera instancia nro. 45 del 20/VI/2025.- Las costas y costos por el orden causado.- Notifíquese en el domicilio electrónico.- Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen con las formalidades de estilo.- Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro