Sentencia Definitiva N° 211/2025

Sentencia Nro. 211/2025 - IUE: 2-49089/2025 Montevideo, 29 de septiembre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO”; IUE No 2-49089/2025 venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación deducido por el demandado Ministerio de Salud Pública, contra la sentencia No. 54/2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 12o. Turno, Dra. Rossana Re Fraschini Benítez. RESULTANDO: I . Por el referido pronunciamiento de primer grado, se falló, en lo que aquí interesa: “1) CONDENANDO AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A SUMINISTRAR AL SR. AA EL FÁRMACO TECLISTAMAB DE ACUERDO A LAS INDICACIONES FORMULADAS POR EL EQUIPO MÉDICO TRATANTE Y DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ESTE LO DETERMINE, EN EL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICAR LAS SANCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. 2) INTÍMESE A LA MÉDICO TRATANTE A INFORMAR A LA SEDE TRIMESTRALMENTE LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE, COMETIÉNDOSE. 3) DESESTIMANDO LA DEMANDA RESPECTO DEL FONDO NACIONAL DE RECURSOS. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. II. Contra dicha decisión se alzó el Ministerio de Salud Pública interponiendo recurso de apelación, agraviándose, en sustancia, por considerar que no incurrió en ilegitimidad manifiesta, habiendo cumplido los cometidos que tiene a su cargo, dictando el marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y al elenco de prestaciones médicas determinadas por el Poder Ejecutivo, iniciando diversos procesos de actualización del PIASFTM, estableciendo un régimen de financiación solidario, garantizando a toda persona la posibilidad de acceder a un prestador privado y creando un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado; la condena a su respecto versa sobre un medicamento no registrado, lo cual contraviene y desconoce lo dispuesto en la legislación vigente, citando lo preceptuado por el Decreto Ley No. 15.443, que establece la obligatoriedad del registro de medicamentos así como la prohibición de comercializar los no registrados y también el artículo 461 de la Ley No. 19.355; considera que sería irresponsable que la máxima autoridad sanitaria del país avalara un tratamiento en condiciones semejantes, donde no existe certeza sobre la eficaciaseguridad del producto; la condena a suministrar un medicamento no registrado basada en la imposibilidad del paciente de acceder al mismo por carecer de recursos suficientes provoca desigualdad, pues obliga a suministrar un medicamento que ninguna otra persona en situación similar puede obtener en plaza dada la prohibición de su comercialización, independientemente de los recursos que posea; no tiene por cometido dispensar medicamentos a la población. Solicitó que, en definitiva, se revoque la recurrida y se desestime en todos sus términos la demanda impetrada. III. Sustanciada la impugnación, la parte actora al evacuar el traslado del recurso interpuesto por el MSP, dedujo excepción de inconstitucionalidad. IV. Por sentencia No. 834/2025, de fecha 07/08/25 (fs. 140/141), la SCJ declaró inconstitucionales el inciso segundo del art. 7 de la Ley 18.335 y el inciso final del art. 45 de la Ley 18.211, desestimándose el excepcionamiento respecto a los artículos 51 literal B de la Ley No. 18.211, 10 de la Ley No. 18.335 y 461 y 462 de la Ley No. 19.355. V. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 17 de setiembre de 2025, dictándose el día 18 de setiembre el proveído 577/2025, requiriéndose información a las partes sobre si el accionante ha recibido el fármaco indicado, dosis, fechas efectos en su estado de salud, adjuntando la documentación respaldante. Cumpliendo lo requerido, con fecha 24 de setiembre compareció la parte actora, y completado el estudio pendiente, se acordó sentencia, designándose redactora. Surge de la causa que la Dra. Rodríguez permaneció con licencia reglamentaria entre el 22 y el 26 de setiembre del corriente. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad, confirmará la recurrida, sin especiales condenas procesales, por los fundamentos que se pasan a exponer. II. Como se ha expresado por esta Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones y pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. En la causa, compareció el actor, de 77 años de edad, quien se asiste en el Hospital de Clínicas y es portador de MIELOMAMÚLTIPLE. Fue diagnosticado en 2016 y recibió tratamiento en base a CyBorD por 6 ciclos.Ante progresión de la enfermedad rotó a VINCRISTINA + DOXORRUBICINA +DEXAMETASONA, recibiendo 2 ciclos y posterior trasplante autólogo de médulaósea en enero de 2017. En mayo de 2017 inició tratamiento con LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA, debiendo suspender ésta última en febrero de 2019. Con la LENALIDOMIDA siguió hasta mayo de 2019 obteniendo remisión completa. Ante recaída en mayo de 2023, inició tratamiento con DARATUMUMAB +LENALIDOMIDA + DEXAMETASONA (6 ciclos con respuesta completa). En agosto de 2024suspendió la LENALIDOMIDA y continuó con DARATUMUMAB hasta la actualidad, cuando se constató nuevaprogresión de la enfermedad. En este contexto se indicó tratamiento con TECLISTAMAB, medicamento no registrado ante el MSP. El actor percibe una jubilación de $30.549 (fs. 28) y afirma no tener bienes de los cualesdesprenderse para afrontar el costo del tratamiento, que puede ascender a USD 30.000 por ciclo(fs. 62). El fármaco está autorizado por la FDA, EMA y es recomendado por la Cátedra de Hematología de la Udelar. En nuestro país es importado por el laboratorio Scienza. A fs. 4 y 9 lucen las solicitudes realizadas al FNR y al MSP con sus respectivas respuestas negativas(fs. 7 y 10) y a fojas 1?2 se agregó informe de la médica tratante, Dra. Eloisa Riva. No ha sido objeto de controversia alguna la enfermedad que padece el accionante, ni su situación clínica actual, ni la pertinencia y urgencia en el suministro del medicamento indicado y la evidencia científica que respalda sus beneficios, todo lo que además resulta demostrado con el informe de la Dra. Riva, prescindiendo de su declaración por considerarse innecesaria, en decisión consentida por las partes. A ello se agrega, que al ser requerido por el Tribunal, el actor agregóinforme médico, por medio del cual acredita estar recibiendo el tratamiento, con buena tolerancia, así como la indicación de continuar el mismo, el que fue agregado con noticia de todas las partes. IV. La Sala con la voluntad unánime de sus integrantes naturales, considera que la prueba rendida en los presentes, en particular la que da cuenta de los efectos positivos de la medicación en este paciente concreto, amerita la decisión a la que se arriba, considerando que los agravios del Ministerio de Salud Pública, no son de recibo, por lo que se confirmará la condena a su respecto. V. La demandada Ministerio de Salud Pública no controvirtió las manifestaciones realizadas por el actor en cuanto a su diagnóstico, el tratamiento recomendado para su enfermedad, que carece de recursos económicos suficientes para solventarlopor su alto costo y dosis y que la medicación solicitada es la indicada para el tratamiento en el estadío actual de su enfermedad. Nada expresó el Ministerio de Salud Pública respecto a la existencia de razones de carácter científico que obsten el tratamiento indicado para la patología del accionante. En su impugnación el Ministerio de Salud Pública se agravió por entender que no se configura ilegitimidad manifiesta puesto que, al no encontrarse registrado el fármaco, no correspondería hacer lugar a lo requerido, reiterando lo expresado en la contestación a la demanda, en el sentido de que ha cumplido con los cometidos que el ordenamiento jurídico pone a su cargo. Asimismo, señaló que no ha sido omiso, en la medida que ha ejercido sus competencias regulatorias y definido la inclusión de prestaciones en el FTM en base a criterios científicos y de costo- eficacia, esto último, en atención a que los recursos son escasos y la variedad de medicamentos amplísima, siendo su deber garantizar la sustentabilidad del Sistema Nacional de Salud, criterio que expresa ha sido convalidado por el máximo órgano del Poder Judicial. Sin embargo, en autos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y por ende inaplicables a la parte actora, por entender que limitan en forma indebida el artículo 44 de la Constitución. Cabe recordar, que la Ley No. 18.211 es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Los programas integrales de prestaciones incluirán: A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud- enfermedad detectados. C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores” Por su parte, la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud, en su artículo 7 preceptúa:“Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” Por consiguiente, atento a la inconstitucionalidad declarada en autos, al hecho de que el demandado MSP no se fundó en ningún criterio científico específico y la prueba rendida en la causa que da cuenta de los beneficiosos efectos del fármaco en el accionante, cabe concluir que, en el presente caso, la negativa del Ministerio de Salud Pública a proporcionar el mismo resulta manifiestamente ilegítima. Se reclama la tutela efectiva de derechos reconocidos por la Constitución como son el derecho a la salud y a la vida. Nuestra Constitución mandata, como norma de máxima jerarquía interna, una visión del Derecho conforme a sus preceptos, no puede admitirse un enfoque entonces de la situación del actor, en que están en juego el derecho a la salud y la vida, una respuesta genérica y carente de respaldo probatorio alguno, atento a la magnitud del elemento daño irreparable. A ello se suma que al ser requerido por el Tribunal, el actor informó, adjuntando constancia médica, que viene recibiendo el fármaco en forma satisfactoria, por lo que, en este caso, a diferencia de otros en los que se solicitan medicamentos no registrados, entiende el Tribunal que existe evidencia, consistente en los resultados que el accionante está obteniendo, lo que da cuenta de la eficacia del medicamento requerido. Considera, asimismo, el Tribunal que no puede fundarse el Ministerio accionado en que ha actuado de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley, ni en que carece de atribuciones para suministrar directamente medicamentos a la población, cuando el accionante se encuentra comprendido y amparado en la disposición contenida en la oración final del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, en la medida que ha acreditado que se trata de una persona que carece de recursos económicos suficientes para financiar por su cuenta el tratamiento indicado, disponiendo la norma citada: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Por lo tanto, es la Constitución la que le impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes, como el actor, no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia, no pudiendo admitirse la defensa ensayada cuando despliega una conducta contraria a la que le impone el mandato constitucional. Tampoco demuestra el Ministerio de Salud Pública (ni ofrece prueba para hacerlo) que la sustentabilidad del sistema de salud esté en riesgo por suministrar el medicamento en el caso concreto, ni tampoco por incluirlo en el Formulario Terapéutico de Medicamentos para la patología del actor. El Ministerio demandado no invoca ni acredita razón científica alguna para contrarrestar la prueba rendida en la causa que da cuenta de los beneficios de la medicación indicada en el caso concreto, pese a que estaba gravado con la carga de demostrar “los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión” controvertida de su adversario (artículo 139.1 del Código General del Proceso). Lo que aquí se pretende es el suministro concreto del medicamento, por lo tanto al cumplirse con la condena impuesta en modo alguno se está violando la normativa invocada en su defensa por el Ministerio accionado. La negativa del Ministerio de Salud Pública resulta genérica, sin realizar un estudio de la situación personal del paciente. El derecho a la vida, la salud de la persona, elevados al rango de norma constitucional fundamental no puede quedar supeditado a alegaciones genéricas como la de infolios. Se considera entonces que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Ministerio de Salud Pública, así como inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y en su mérito corresponde confirmar en todos sus términos la condena recaída a su respecto en el grado anterior. VI. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (arts. 56 del Código General del Proceso y 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 154, 184, 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA RECURRIDA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS DEL GRADO. ESTABLÉCENSE LOS HONORARIOS PROFESIONALES A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES EN $ 30.000 PARA LA PARTE NO EXONERADA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal-Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante