Sentencia Interlocutoria N° 550/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA ESPECIALMENTE AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL CON REITERADOS DELITOS DE DESACATO EN CALIDAD DE AUTOR - IUE 559-54 /2025; ( TEST. DE IUE 2- 83073/2025) ; venida del Juzgado Letrado 39º Turno, en virtud del recurso interpuesto por las defensas doctores Fernando Tabeira y Pablo Cipuli, contra la interlocutoria N.º 1978/2025 dictada el 12 de setiembre de 2025 por la Dra. Karen Cuadrado (subrogante), con intervención de la Fiscalía Letrada de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, de 3º Turno, representada por las doctoras Carolina Ledesma y Fernanda Martínez. RESULTANDO : I) La hostilizada, resolvió: Dispónese en carácter de medida cautelar y sin perjuicio de su eventual modificación, cese o sustitución la prisión preventiva del imputado AA por el lapso de 180 días, el cual vencerá el día 12 de marzo de 2026. II) La defensa del imputado interpone recurso de apelación (pista 11) y expresa que la resolución resulta perjudicial para su representado porque no se valoraron de forma concreta los argumentos ni los antecedentes relativos al cumplimiento de las medidas judiciales impuestas, en particular el uso de la tobillera, respecto de la cual la propia fiscalía reconoció que no hubo incumplimientos según lo informado por DIMOE. Recuerda que la privación de libertad es una medida de carácter excepcional en nuestro sistema jurídico y que el caso no se enmarca en los delitos previstos en el artículo 224 del CPP. Entiende, además, que no existen riesgos de fuga, ocultamiento ni entorpecimiento, por lo que corresponde sustituir la prisión por la colocación de un dispositivo electrónico durante el plazo que el tribunal considere adecuado. III) Fiscalía abogó por la confirmatoria (pista 12). En efecto, existe semiplena prueba tanto de la existencia del hecho como de la participación del imputado, lo cual se desprende de la evidencia ya incorporada. Se señala que los riesgos procesales son concretos, destacando especialmente el peligro para la integridad de la víctima, quien se encuentra emocionalmente afectada y vulnerable, tras haber sido hostigada y agredida incluso durante su embarazo. Se agrega que el imputado, funcionario policial, conoce el entorno de la víctima y el funcionamiento del sistema, lo que refuerza el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Los incumplimientos señalados no refieren a fallas de control por parte de DIMOE ni al uso de la tobillera, sino a conductas del propio imputado de carácter psicológico y de desacato. La fiscalía entiende que la prisión preventiva es una medida proporcional y adecuada, tanto por la gravedad de los delitos – violencia doméstica especialmente agravada y desacato reiterados – como por las diligencias pendientes (prueba anticipada, pericia psicológica y declaraciones de testigos). IV) Por interlocutoria Nº1979/2025 se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo. Recibida la pieza pasó a estudio y se acordó sentencia fuera de Audiencia (art. 365 CPP). CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la interlocutoria impugnada – salvo en cuanto al plazo – por los fundamentos que expondrá. II) En la audiencia del 12 de setiembre de 2025, se formalizó la investigación contra el imputado por la presunta comisión en calidad de autor de reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados en reiteración real con reiterados delitos de desacato. Los hechos que fundan el inicio del proceso consisten en que el 1 2 de febrero del año 2024, la víctima BB denunció por violencia doméstica a su expareja, el imputado AA, con quien mantuvo una relación sentimental y de convivencia, teniendo a la actualidad una hija en común, CC, nacida el 15 de octubre del año pasado. Ese día, la víctima comunicó que el imputado ejercía sobre ella violencia psicológica, diciéndole cómo vestirse, llamándola muchas veces en el día, controlándola, la aislaba de sus afectos, quienes no podían ir a visitarla, poniéndose de mal humor o empezaba a gritarle a la víctima para que se retiraran de la casa, hostigándola. Surge el informe de ETEC del 14 de febrero del 2024, que además de lo mencionado anteriormente, el imputado amenazaba con violar a la víctima si no accedía a tener relaciones sexuales. Incluso la intimidaba con el arma de reglamento, poniéndola encima de la mesa estando cargada, ya que AA es policía. Además, también surge que la controlaba yendo a verla varias veces, incluso en un mismo día, utilizando el móvil policial. En esa oportunidad, se dispusieron medidas cautelares con un radio de quinientos metros y por 180 días por la Dra. Andrea Lorenzo, Jueza de Familia Especializada de 11° turno. Con posterioridad, la víctima se enteró que estaba embarazada, por lo que en esa oportunidad se dispuso el cese de las medidas cautelares y ellos retomaron la relación. El 16 de agosto, unos meses después, la víctima volvió a denunciar, ya que se había separado del imputado, porque la había sacudido de un brazo, agrediéndola verbalmente, gritándole, estando embarazada en ese momento de ocho meses, pidiéndole que se retirara del domicilio. Ese día llamó al 911, ya que, entrando a su casa, escuchó ruidos en el patio y al mirar, vio a su expareja huyendo por los techos de un vecino. El 17 de agosto, se dispusieron medidas cautelares con un radio de quinientos metros por 180 días, siendo nuevamente notificado el imputado. Asimismo, las partes fueron ingresadas al sistema de monitoreo electrónico el 21 de agosto del año pasado, notificado AA del radio de exclusión ese mismo día. Las medidas vencieron el 20 de febrero de este año, las que se han ido prorrogando en el tiempo, estando vigentes hasta el día 23 de enero del año 2026, sin dispositivo, el cual se desconectó el día 23 de julio de este año. Con fecha 23 de septiembre, se realizó un nuevo informe de ETEC, donde surge que el relato de la víctima es claro y consistente, surgiendo indicadores de riesgo, revistiendo la situación alto riesgo. Del día 13 de octubre del 2024, la víctima informó que el imputado la estaba llamando a través de su celular, teniéndolo bloqueado. Asimismo, el 15 de octubre se amplió la denuncia, ya que el imputado llamó a su celular y al de su nueva pareja, no sabiendo de dónde consiguió su número de teléfono, ya que no tiene acceso al número de teléfono de la pareja actual, siendo intimado al estricto cumplimiento de las medidas cautelares por parte del tribunal. Además, la víctima relató en sede de fiscalía que durante su embarazo ella, producto de la violencia que estaba siendo víctima, tuvo problemas con el peso de la beba, que dejó de crecer, producto de la angustia por toda la situación. Además, surge la declaración de la hermana, DD, quien también relató situaciones violentas, contando en una oportunidad uno de sus hijos vio cuando el imputado la sacudía a la víctima, por lo que en esa oportunidad él fue increpado por uno de sus hermanos. Además, también tenemos la declaración de una amiga, quien contó que el imputado continuamente la controlaba con quien estaba hablando, que era como su dueño. La amenazaba con que se iba a llevar a la bebé cuando naciera, además de realizar amenazas de muerte para ambas. También mencionó que él estaba obsesionado con la víctima. Asimismo, surge de la declaración de los testigos y de la propia víctima que, estando vigente las medidas, antes de estar monitoreados electrónicamente, el imputado incumplió las mismas varias veces, estando a pocos metros de la casa de la víctima. Asimismo, surge una situación, que ocurrió el 10 de diciembre del año 2024, en la que hubo un llamado en el 911 de una persona que se identificó como policía, lo que se escucha en la llamada, AA, manifestando: “ ... voy a matar a mi mujer ”. Esto es lo que dice la llamada. Enseguida, DIMOE activó todo el protocolo, el único funcionario policial con tobillera en ese momento era el señor, y el único AA también, por lo cual rápidamente la autoridad actuó y no pasó a mayores, pero sí se recibió esa amenaza, lo cual sigue siendo parte de la violencia psicológica que ejerce sobre la víctima, a la cual fue necesario enviarle custodia policial. III) Una vez admitida la formalización, fiscalía solicita la medida cautelar de prisión preventiva por ciento ochenta días (pista 6). Invoca el riesgo para la seguridad de la víctima, quien es muy vulnerable y ha retomado el vínculo luego de las primeras medidas cautelares. El imputado la hostigaba constantemente, y como policía tiene acceso a armas de fuego que utilizó para amenazarla. Los informes de ETEC – que son dos – informan de alto riesgo, y un informe psicológico del propio imputado señala que existió la violencia y que minimiza la situación. Hubo incumplimientos durante la vigencia de las medidas, permaneciendo a pocos metros de la casa de la víctima, y merodeando la zona. Conjuntamente con lo anterior, existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. El imputado ha utilizado los medios de la policía para hostigar a la víctima, por ejemplo, mediante el uniforme o el móvil policial. La defensa se opone a la medida (pista 8) cuestionando la materialidad del hecho. No hubo incumplimientos mientras utilizó el dispositivo electrónico. No hostigó ni incumplió las medidas, ni amenazó de muerte a la víctima, que además no está en la carpeta fiscal. Tampoco existe demasiada prueba por diligenciar. Propone como medida alternativa la colocación de dispositivo electrónico sin arresto, para que pueda continuar trabajando. La fiscalía no acepta la medida alternativa (pista 9) aunque reconoce que no tuvo incumplimientos con DIMOE, porque los desacatos se producían mediante comunicaciones. Y señala que la amenaza de muerte fue cierta y lo único que es dubitable es la forma en que accedió al teléfono de la actual pareja de la víctima. Oídas las partes, la Sra. Magistrada dicta la resolución objeto de esta impugnación. IV) Decisión del Tribunal : Se confirmará la acertada resolución de la Sra. Magistrada de primera instancia, salvo en cuanto al plazo, en tanto se ha acreditado razonablemente los riesgos procesales invocados. En efecto, el art. 227.1 CPP define el riesgo para la víctima cuando la situación permite inferir que el imputado puede atentar contra ella, su familia o sus bienes. En este caso, surge de la exposición verbal de fiscalía, respaldada por evidencias no controvertidas, que existió una situación de violencia de género contra la víctima tanto psicológica – amenazas varias – y física, como ser sacudidas percibidas por uno de sus hijos. La fiscalía incluso expone que existieron amenazas para mantener relaciones sexuales, lo que eventualmente, podría implicar además violencia sexual (art. 6 litera C, ley 19.580). Pero además de estos hechos que configuran el cuerpo del delito inicialmente imputado, también está acreditado el riesgo por dos pericias de ETEC y una pericia al imputado. Aquellas, realizadas por especialistas en la materia y no controvertidas, sugieren riesgo alto. Cuando se dispusieron medidas por Familia Especializado, el imputado las incumplió, comunicándose con la víctima y acercándose a ella, lo que solo cesó mientras portó dispositivo electrónico. Sin embargo, hay un elemento que vuelve incuestionable el riesgo y descarta que se pueda evitar con una medida menos gravosa que la prisión: el imputado amenazó de muerte a su expareja mediante un llamado al 911 – voy a matar a mi mujer … - lo que analizado en conjunto con la utilización del arma de reglamento para amenazarla durante la convivencia, o la utilización de uniformes y móviles policiales para amedrentarla, permiten concluir que existe un riesgo alto y cierto, por lo menos contra la integridad física de la víctima, e incluso contra su propia vida. Tratándose la víctima además de una persona cuyo testimonio es esencial para continuar la investigación, conjuntamente con el riesgo anterior se verifica el entorpecimiento de la investigación (225 CPP). Como ha sostenido esta Sala: Vigente el nuevo sistema, como tiene dicho la Sala desde su sentencia 78/2019: “… la preventiva debe ser reservada para casos de dudosa idoneidad de las demás alternativas privativas de libertad, se coincide con el siguiente fallo argentino: “Si bien la severidad de la sanción legal conminada para el ilícito que se atribuye al imputado resulta un primer eslabón de análisis, debe ir necesariamente acompañada de indicios concretos de peligrosidad procesal. Las prisiones preventivas tanto anteriores como posteriores a la sentencia de condena deben en principio regirse por el mismo baremo de concreción y disponerse el encierro cautelar cuando –entre otros requisitos- sea necesario, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, lo que supone su excepcionalidad.” Y en cuanto a la gravedad del delito, no es “… lo que funda per se la prisión preventiva, sino los indicios de riesgo en concreto valorados para asegurar los fines del proceso. Es innegable que la gravedad del hecho puede influir en la valoración de tales indicios” pero …. “indicios que pueden ser suficientes para fundamentar la medida en algunos casos, pueden no serlo en otros. Ello no tornará en arbitrarios los fallos que resuelvan en uno u otro sentido si se exponen razonadamente la totalidad de las circunstancias que tornan razonable la conclusión a la que se arriba, con arreglo a las reglas de la sana crítica” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Penal, C.B.A., Sent. No. 85,13/8/2014). En el caso, todo lleva provisionalmente, con sustento concreto y sin necesidad de esfuerzo retórico, a una probabilidad demasiado alta de que permaneciendo en libertad o en prisión domiciliaria – incluso con tobillera –, la víctima – que se reitera, no declaró aún – quede expuestas a acciones del imputado, por lo que aunque tenga arraigo, no es arbitrario ni antojadizo presumir que intente frustrar la investigación o agredir nuevamente a una víctima en extremo vulnerable… (Interlocutoria 37/2025. TAP 1º. BJN) . En concreto, los hechos por el que se lo imputa, las resultancias de las pericias de riesgo, las conductas durante la relación y posteriores a ellas, como ser incumplimiento de medida cautelares, amenazas de muerte, amedrentamiento mediante implementos de uso policial, eventual posibilidad de acceder a armas de fuego, etc. no permiten otra solución que no sea la confirmatoria. V) Sin perjuicio de lo anterior y sin olvidar que la prisión preventiva es la alternativa última, ella debe ser periódicamente revisada para determinar si se mantienen los elementos para su subsistencia: excepcionalidad, subsidiaridad, provisionalidad y proporcionalidad. A tal efecto, el Colegiado entiende prudente abatir la duración de la medida, la que quedará fijada hasta el 4 de febrero de 2026, a la hora 20.00, sin perjuicio. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA, SALVO EN CUANTO AL PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, CUYO VENCIMIENTO SE FIJA PARA EL 4 DE FEBRERO DE 2026, A LA HORA 20.00, SIN PERJUICIO. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE.