Sentencia Interlocutoria N° 551/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal. VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA - UN DELITO DE INCENDIO EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE VIOLACION DE DOMICILIO AGRAVADO, ESTOS EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADO Y UN DELITO DE DESACATO AGRAVADO - IUE 602-362/2025 – (TEST. IUE 2-82342/2025); venida del Juzgado Letrado de Las Piedras de 8º Turno, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensa Dra. Andrea Nalerio, contra la interlocutoria N.º 1337/2025 dictada el 15 de setiembre de 2025, por la Dra. Annabel Gatto de Souza, con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Las Piedras de 4º Turno, representada por las doctoras María José Olivera y Tania Rey. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: Disponer la prisi ón preventiva del Sr. AA, por el término de noventa (90) días, venciendo automáticamente el día 14 de diciembre de 2025 a la hora 19:00. II) La Dra. Andrea Nalerio interpone recurso de apelación (pista 9) y expresa que cuestiona la medida cautelar impuesta por considerarla la más gravosa. En efecto, el expediente de violencia doméstica ya fue archivado, tras una audiencia del 27 de agosto, en la que se comprobó que no hubo nuevos incidentes entre las partes; incluso la denunciante declaró que no había comunicación ni acercamientos recientes con el imputado. Reitera que no existe semiplena prueba que vincule a su defendido con el incendio ni con la violación de la perimetral, y que el informe pericial solo califica el hecho como “ sospechoso ”, sin precisar que fuera accidental o natural; además, no hay testigos que lo ubiquen en el lugar. En el plano procesal, recuerda que los delitos imputados tienen pena de prisión y no de penitenciaría, por lo que la medida de arresto domiciliario con tobillera resulta suficiente para asegurar su comparecencia, e incluso ofrece mudarse de departamento. Destaca que el imputado ya fijó domicilio lejos de la víctima y que la fiscalía no pudo identificarlo en las grabaciones. III) Fiscalía aboga por la confirmatoria (pista 10). Sostiene que se configuran los presupuestos materiales y procesales para mantener la prisión preventiva: el incendio ocurrido el 3 de septiembre de 2025 surge acreditado por testigos, cámaras de videovigilancia, informe de Bomberos, Policía Científica y hasta imágenes de la televisión. El informe técnico indica que el fuego fue provocado intencionalmente, descartando un accidente, y que existieron elementos que hacen presumir participación humana. Aunque no se ve el rostro del imputado en las grabaciones, su complexión física, su modo de caminar con renguera y su presencia en el lugar permiten identificarlo. Además del incendio, se le imputan violación de domicilio agravada por el horario, desacato por incumplimiento de medidas de protección, y violencia doméstica, dado el vínculo con la víctima. El archivo del expediente de violencia fue un error administrativo, pues las medidas cautelares seguían vigentes. Continúa fiscalía resaltando la gravedad de los hechos: el imputado ingresó con una llave extraviada, permaneció diecisiete minutos en la vivienda, la incendió premeditadamente y dejó sin hogar ni pertenencias a la víctima y sus hijos, poniendo en riesgo a los vecinos. En cuanto a los riesgos procesales, se recuerda que el imputado salió del país tras el hecho, lo que demuestra facilidad para evadir la justicia. La pena prevista, de hasta dieciséis años, refleja la gravedad de los delitos. La fiscalía subraya la necesidad de proteger a la víctima, que aún no ha declarado y se encuentra en situación de vulnerabilidad, sin domicilio fijo y con riesgo concreto de nuevas agresiones. Cita jurisprudencia que prioriza la protección de las víctimas de violencia doméstica como sujetos de derecho y testigos esenciales, señalando que el imputado incumplió medidas anteriores y representa un riesgo real para la seguridad de la víctima y su familia. IV) Por providencia N.º 1340/2025 se franquea la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza pasó a estudio y se acordó sentencia fuera de audiencia (art. 365 CPP). CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que pasa a exponer. II) En la audiencia del 15 de setiembre de 2025, se formalizó la investigación contra AA por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de incendio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio agravado, a su vez en reiteración real con un delito de violencia doméstica agravado y un delito de desacato agravado. Los hechos que fundan el proceso consisten en que el 3 de setiembre del corriente, próximo a las 20:00, el Destacamento de Bomberos de Las Piedras es alertado por un incendio en la finca ubicada en calle Conrado Möller 000 esquina Ramón Álvarez, en La Paz, donde también funcionaba una gomería, propiedad de la víctima BB. El incendio fue con pérdidas totales según surge del registro fotográfico del interior de la finca y en un principio se estimó que el mismo se había producido por causas accidentales lo cual fue descartado posteriormente. Se inició una investigación por parte de la autoridad policial y luego con el relevamiento de cámaras de vecinos, se pudo observar que a la hora 19:23 ingresó un hombre a la casa, quien llegó caminando en actitud sumamente tranquila. Cabe destacar que la víctima no dio autorización para que nadie concurriera a su casa ese día. Luego de varios minutos dentro de la finca, el hombre se retiró del domicilio a la hora 19:41, sin llevar nada en sus manos, y ya en una actitud diferente dado que sale como apurado y en una especie de trote. Menos de tres minutos después, a la hora 19:44 se avista humo saliendo del domicilio el que se fue intensificando rápidamente y a la hora 20:00 ya se ven las primeras llamas. A la hora 20:06 el incendio es total con los vecinos alrededor de la finca. Se continuó con el relevamiento de imágenes y de las cámaras ministeriales surgió que el hombre al retirarse del lugar caminó unas dos cuadras a paso ligero y ascendió a un ómnibus de la empresa Cutcsa en calle Avda. General Artigas y José Batlle y Ordoñez a la hora 19:45 del que descendió a la hora 19:46, cuatro cuadras después. Del análisis realizado de todos los registros fílmicos recabados, se determinó que el hombre que ingresó a la finca y que provocó intencionalmente el incendio es la ex pareja de la víctima AA quien además es conocido de la ciudad porque es propietario de otra gomería ubicada en Avda. Artigas Km 20, también de la ciudad de La Paz. Asimismo, durante mucho tiempo organizaba eventos en dicha localidad en el local bailable “La Cantera” y “La Casona”, este último en Las Piedras. El imputado AA mantuvo una relación de pareja con la víctima durante veinticuatro años, tienen dos hijos en común, una de ellas de tres años y con fecha 6 de marzo de 2025, había sido denunciado por violencia doméstica; es decir, que estos hechos están enmarcados en una situación de violencia doméstica respecto de su ex pareja, madre de sus hijos. En dicha denuncia la víctima manifestó haber recibido agresiones por parte del imputado, que en una oportunidad le pegó a una puerta y la rompió y que cuando ella le dijo que lo iba a denunciar, la amenazó de que la iba a matar. A partir de dicha denuncia es que se le impusieron medidas al imputado medidas de restricción, que se encontraban vigentes cuando sucedieron los hechos. Se solicitó orden de detención a la Sede, la que pudo hacerse efectiva recién el día de ayer dado que el imputado partió a la República Argentina ese mismo día 8 de setiembre de 2025, según informó la Dirección Nacional de Migración. La Dirección Nacional de Bomberos, realizó informe con fecha 10 de setiembre, en el que determinó que se trató de un incendio cuyo ‘ patrón de quemado o punto de origen no concuerda con un accidente ’ lo que lo hace un incendio de causa sospechosa, sumado a la ‘ presencia inusual de personas antes del inicio ’. III) Una vez admitida la formalización, la fiscalía solicita la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de ciento ochenta días (pista 6). Refiere al hecho material y que existe semiplena prueba de los delitos imputados. En cuanto a los riesgos procesales, invoca el peligro de fuga – el imputado viajó a Argentina después de los hechos, y además por la naturaleza y circunstancia del hecho – y el riesgo para la seguridad de la víctima. La defensa se opone a la medida (pista 7). Todos los delitos admiten pena de prisión. Controvierte el hecho material porque no se observa el rostro de su patrocinado en las imágenes, y la pericia no es concluyente de que haya sido intencional. No hay riesgo de fuga, salió legalmente del país y retornó cuando supo que lo estaban buscando. Se presentó voluntariamente a la autoridad. Ofrece como medida alternativa el arresto domiciliario en domicilio alejado de la víctima y con dispositivo electrónico. Oídas las partes, la Sra. Magistrada A quo dicta la resolución objeto de esta apelación, señalando que existió incumplimiento de la medida cautelar, que debió dictarse orden de detención para arrestarlo, y que de lo anterior surge que las medidas de restricción, ya dispuestas por la jurisdicción de Familia, no resultan idóneas para conjurar el riesgo. IV) Decisión del Tribunal : El primer agravio de la defensa apunta a que no se habría alcanzado el estándar de semiplena prueba que justifique la medida cautelar más gravosa, y cuestiona la identificación de su patrocinado, el resultado de la pericia y el archivo del expediente de violencia de género. Sabido es que en el sistema acusatorio y adversarial que nos rige, tanto el hecho material – equivalente a la apariencia del derecho – como los riesgos procesales, deben acreditarse mediante oralidad argumentativa, la que fue recibida por la Suprema Corte de Justicia en varias sentencias: Como señala BACLINI, citado por NEGRO y LARRIEU – comentando el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe de la República Argentina: 'En la práctica, el sistema exige que el Fiscal le cuente al Juez cuáles son los antecedentes que fundamentan los cargos que formula. Si de esa exposición, que se realiza en la audiencia y que puede ser controvertida por la defensa, el Juez llega a la conclusión que el Fiscal cuenta con material que aparentemente le permitiría promover la realización de un juicio con una buena probabilidad de éxito, entonces puede dar por satisfecho el elemento material necesario para las medidas cautelares. El Juez no puede, a estas alturas, saber ni entrar a indagar qué tan buenos son los testigos de la Fiscalía, qué tan sólidos son sus peritos, ni cómo construirá sus presunciones. (...) En este momento le basta al Juez con saber que existen determinados testigos, peritos o documentos que aparentemente permitirán acreditar determinados hechos en el juicio oral’ (BACLINI, Jorge, citado por NEGRO, Carlos y LARRIEU, Beatriz: 'Audiencias previas al juicio en el nuevo sistema penal acusatorio', Revista de Derecho Penal, N.º 24, F.C.U., Montevideo, 2016, págs. 26 y 27) (...) La verosimilitud de la eventual existencia del hecho delictivo y de la participación del imputado no se genera a través de la compulsa directa de los medios de prueba, sino por la coherencia, suficiencia y consistencia argumentativa en la solicitud fiscal respecto a la solidez de las evidencias con las que cuenta y, en el mismo sentido, la postura que asuma la Defensa del imputado en torno al grado de convicción que aquellas representan. Solución esta que marca paralelismo y coherencia con lo dispuesto en el art. 266.1 del N.C.P.P. (…) El Juez no examina directamente las evidencias probatorias de las partes porque las normas constitucionales no lo mandatan. Ello, con la inocultable finalidad de no formarse anticipadamente un juicio de culpabilidad sobre el imputado, de modo de mantener su imparcialidad… (Interlocutoria 1791/2020. SCJ. BJN). En tal sentido, la argumentación fiscal es firme y no puede sostenerse razonablemente que la calificación del incendio como intencional no pueda significar otra cosa que eso; esto es, que obedeció a una causa humana y no natural o accidental. De hecho, la pericia de Bomberos descarta la posibilidad de que el fuego fuera accidental. Lo mismo puede decirse del archivo del expediente de Familia, y más allá de si está archivado o no – que no es otra cosa que una operación material sobre el expediente, pero inocua desde el punto de vista jurídico – nada indica, ni tampoco lo argumenta la defensa, que las medidas cautelares no estuvieran vigentes. En cuanto a la identificación del imputado en las imágenes, la fiscalía reconoce que no se visualiza su rostro (pista 4), pero el sospechoso ingresa con llaves adecuadas e ingresó solo. Luego salió huyendo y viaja en ómnibus durante cuatro cuadras, para descender y dirigirse al lugar donde el imputado vive. Ya había ingresado antes, había amenazas y más adelante, refiere que se reconoce su complexión física y su modo de caminar, con una cojera característica. Estos elementos son suficientes para colmar el estándar requerido, en especial el de la individualización del sospechoso, y de la mano de ella, la ocurrencia de los demás delitos: incendio, violación de domicilio, violencia doméstica agravada y desacato, sin perjuicio de que existían hechos de violencia anteriores. V) Derivado de lo anterior, el riesgo para la seguridad de la víctima resulta manifiesto. En el marco de un fenómeno de violencia de género, que incluyeron amenazas de muerte, el imputado aparece cumpliendo un acto de daño de gravedad manifiesta, de una malignidad evidente, ya que atacó bienes de la víctima a través de un medio especialmente lesivo como el incendio, que tanto es idóneo para matar como para producir un menoscabo patrimonial de magnitud, al punto que en los hechos, dejó a la víctima sin hogar. Téngase presente que el riesgo para la víctima protege tanto a su vida e integridad física, como a la seguridad de sus bienes (art. 227.1 CPP). Aunque la fiscalía especula que el tiempo que permaneció dentro de la finca fue para asegurarse que no había nadie, igualmente ocasionó un daño patrimonial que está contemplado expresamente dentro de las hipótesis de los riesgos procesales. También se ha acreditado el riesgo de fuga. El imputado luego de los hechos viajó a Buenos Aires, luego de años sin hacerlo; extremo este no controvertido por la defensa, quien además no refuta el punto señalando cuál fue el motivo de aquel. Es cierto que la defensa no tiene la obligación de concurrir con una incipiente teoría del caso, pero la falta de explicación del viaje no ayuda a desvirtuar su aporte de convicción a la posibilidad de la huida. Tampoco es de recibo alegar que todos los delitos tienen penas – mínimas – de prisión, ya que ello no excluye penas más altas de acuerdo a la entidad del juicio de reproche, si se confirma la imputación fiscal. Este riesgo por sí solo podría conjurarse con otras medidas, pero la verificación conjunta con el riesgo para la seguridad de la víctima, y en grado manifiesto en atención al medio empleado para ejercer la violencia, permiten concluir que no existe otra medida sustitutiva para eliminar el riesgo que no sea la prisión preventiva. VI) No existió agravio sobre el plazo y además el fijado por la A quo es más que prudente, por lo que la Sala no ingresará a su análisis. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y DEVUÉLVASE .