Sentencia Definitiva N° 260/2025

Sentencia Nro. 260/2025 - IUE: 2-51243/2024 Montevideo, 29 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministro Redactor: Dra. Mónica Besio. Ministros Firmantes: Dr. Alvaro Franca. Dr. Guzmán López Montemurro. AUTOS: “AA C/ INTENDENCIA DE RÍO NEGRO - COBRO DE PESOS”. IUE: 2-51243/2024.- I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva No34/2024, dictada por la Dra. Analía Brito Criado, entonces titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Fray Bentos de 2o Turno, la cual amparó parcialmente la demanda y en su mérito condenó a la Intendencia de Río Negro a abonar al actor la suma de $ 16.518 en concepto de horas extras y daños y perjuicios, adicionando el reajuste e interés desde la fecha de la exigibilidad, desestimándose en lo demás. Sin especial condena en el grado. II) La parte actora interpuso, a fs. 98 y sig., recurso de apelación, formulando agravios. Manifiesta en síntesis que le agravia la recurrida porque la misma no hizo lugar a las diferencias salariales que debió haber percibido el trabajador durante el período trabajado, tampoco al salario vacacional, aguinaldo, horas extras, nocturnidad, ni a los daños y perjuicios. Relacionó en forma resumida lo oportunamente expresado en la demanda en cuanto al vínculo con la demandada, contratos celebrados, plazo de los mismos, categoría laboral, salarios, reducción del mismo, etc. Expresó que debe acogerse la demanda en todos sus términos. Sostiene que se le sometió a la firma de diferentes contratos a los efectos de cambiarle la categoría laboral y reducir su salario, agraviándole los haberes percibidos, no tenía otra opción que firmar los contratos para no perder su puesto de trabajo. Que existieron diferencias salariales tomando como base el salario por el cual fue contratado $ 38.546 y posteriormente el mismo se redujo a $ 23.422, lo que arroja una diferencia de $ 15.124 menos a lo que el trabajador percibía por mes. En el año 2022 debió de haber percibido la suma de $ 181.488 y en el año 2023 la suma de $ 105.868. Se agravió en la extensión de la jornada laboral, horario de más de 8 horas por traslado a Paso de los Mellizos, no se valoró correctamente la prueba aportada en la demanda, los testigos propuestos son claves para deponer respecto a que el trabajador extendía su jornada laboral cuando cumplió funciones en Paso de los Mellizos. El contrato de sereno mencionado por la sede viola la limitación de la jornada laboral y fue elaborado para perjudicar al trabajador. Los contratos celebrados fueron engañosos, se extendía la jornada laboral sin percibir una contraprestación y le reducían el salario, se vulneró el principio de buena fe y la limitación de la jornada laboral, Art. 54 de la Constitución. Todo lo señalado afectó su salario y agravó su salud, también la pérdida de su trabajo, lo que le generó padecimiento moral, tal como surge de la prueba documental agregada (copia historia clínica). Sostuvo que pudo haber trabajado hasta los 65 años, pero se lo cesó sin causa justificada, le agravia la suma que percibe por jubilación. Se debe estar en cuanto a la liquidación a la suma establecida en la demanda ya que la demandada no hizo una liquidación alternativa en su contestación, no cumplió con la carga de la debida contradicción, la sede debió dar por probados los hechos narrados en la litis. Le agravia la vulneración del principio protector del derecho del trabajo, ya que al firmar los contratos ha demostrado que es la parte más débil y la sede debió protegerlo frente a contratos engañosos que reducían su salario. Sostiene que no se sentenció en base al Art. 341 nales. 1 y 6 y al Art. 343 C.G.P, ya que el demandado no compareció a la audiencia preliminar y se debió aplicar dicha norma y tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario y debió por tanto acogerse la demanda en todos sus términos. Y que no hayan sido interrogados los testigos quienes prueban fehacientemente los hechos ocurridos en la relación laboral por lo tanto entiende que debe revocarse la recurrida dado que le agravia “in totum” al trabajador y no se continuaron las actuaciones debido a la no comparecencia de la parte demandada. Refiere las sumas que entiende debió de haber percibido por concepto de diferencia de salarios en los años 2022 y 2023. También se agravió en cuanto: al salario vacacional por haberse reducido el mismo en los años 2022 y 2023, refiere las sumas que habría dejado de percibir; al aguinaldo, sostiene y refiere las sumas que perdió de percibir en el año 2022 y en el año 2023; al no pago de las horas extras, que las generó desde que comenzó a desempeñarse en la localidad Paso de los Mellizos, refiere que no fue probado por la demandada que el trabajador no realizaba horas extras, cuando las realizó en el mes de junio de 2022 por un monto de $ 13.491 y de $ 2.240; y en relación a la nocturnidad se agravia debido que al pasar a cumplir funciones en la localidad de Paso de los Mellizos se ha extendido la jornada laboral incrementándose en su monto en los años 2022 y 2023, refiere las sumas respectivas. Expresa que teniendo en cuenta las diferencias salariales que se debió abonar al trabajador por los contratos que suscribió con la Intendencia, se perjudicó por reducirse su salario y perder de percibir las sumas que refirió, en un año y en un total de diecisiete años, lo que afecta totalmente el cálculo para su jubilación. En cuanto a los daños y perjuicios, se agravia al no percibir los mismos, debido que se ha perjudicado por haberse reducido el salario, no teniendo en cuenta la Sede que es padre de familia de un menor de edad, como fue probado con la partida de nacimiento respectiva. En definitiva solicita se condene a la demandada a abonarle las siguientes sumas: por concepto de diferencias salariales las sumas de $ 181.488, $ 3.085.295 y $ 105.868; por salario vacacional $ 57.819; por aguinaldo $ 57.819; por horas extras $ 15.731; y por nocturnidad $ 114.182. III) La parte demandada evacuó el traslado del recurso a fs. 106 y sig., abogando por la confirmatoria de la recurrida. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede; recibidos los mismos se pasaron a estudio, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P) y se dispuso el dictado de la presente sentencia en legal forma (fs. 108 y sig.). V) En primer término previo a ingresar al objeto de esta instancia, corresponde señalar que en autos se promovió por parte del actor, Sr. AA, demanda por cobro de pesos por no pago de rubros salariales contra la Intendencia de Río Negro, expresó en síntesis que con fecha 26/12/2020 celebró contrato de trabajo en la categoría de capataz dependiente de la Dirección de obras y servicios, asimilándose a capataz 1, grado 7, estándose ante una relación laboral subordinada, onerosa y prolongada, hasta el 31/07/2023, habiendo celebrado con la demandada varios contratos de trabajo en distintas fechas. La remuneración era la que corresponde al escalafón y grado al que está asimilado, $38.546; reclama por diferencias de categoría, teniendo en cuenta que se abonó un salario por debajo del escalafón real. Posteriormente el 26/02/2022 se le redujo el salario a la suma de $ 23.623, a la categoría de sereno (acompañó recibos de sueldo); y el 22/06/2022 el Director del Depto. de Descentralización lo autorizó a realizar suplencia de chófer titular en Paso de los Mellizos, refiere que en ese lugar debía pernoctar en una finca deteriorada, en pésimas condiciones higiénicas, de instalaciones y de humedad, lo que afectó su estado de salud cardíaco, es portador de Miocardiopatía, le cesaron el contrato por su problema de salud y se basaron en ello para bajarlo de categoría y reducir el salario. El horario mientras se desempeñaba en la ciudad era de 8 horas, de 6.00 a 14.00, pero al viajar a otra localidad cumplía mayor horario, por el traslado y por pernoctar allí, por lo que estaba a disposición exclusiva de la demandada que le impartía órdenes, habiendo prestado servicios con continuidad en diferentes lugares, con los cuales la demandada se benefició sin abonar una contraprestación salarial acorde. Reclama el rubro nocturnidad por haber cumplido tarea de sereno, por lo que le corresponde la sobretasa del 20%, ya que trabajó en horario nocturno, por más de cinco horas consecutivas por jornada. Refirió además que reclama por las diferencias salariales, ya que lo perjudicaron al percibir su pasividad, la obtuvo a los 53 años de edad, la que podrá seguir percibiendo hasta los 75 años, según promedio de vida de los hombres, rubro que calculó en $ 3.085.296 (por un total de 17 años). En suma reclama los siguientes rubros: diferencia de salarios (año 2022 y 2023), y diferencia en la pasividad hasta los 75 años vida, salario vacacional (año 2022 y 2023), aguinaldo (año 2022 y 2023), horas extras (mayo y junio 2022), nocturnidad (20% años 2021, 2022 y 2023), más daños y perjuicios legales 25%, por tener carga familiar, un hijo menor y solicitó se acoja la demanda en todos sus términos y se condene a la demandada al pago de $ 4.914.966, suma actualizada y con sus intereses a la fecha de la demanda. La demandada en la contestación de la demanda señaló que el actor suscribía contratos de trabajo mensuales en los que se establecieron las condiciones de trabajo; al ingresó, por el contrato suscrito se obligó a cumplir funciones de Capataz II Grado 6 y por Res. No 1781 del 10/12/20 se le asignó retribución complementaria por concepto de “full time”, del 25% del monto total y se dejó constancia que en virtud de ello no percibiría horas extras. Por Res. No 296 del 1/3/21 se dejó sin efecto a partir de febrero de 2021, el Art. 2 de la resolución anterior, en cuanto a la retribución, pasando a la de Capataz I y el “full time” pasó a ser del 20%, ésta última se dejó sin efecto por Res. No 1304/2021 a partir del 1/11/2021 ya que las tareas fuera de hora no eran cumplidas. Por contrato del 26/2/2022 el actor pasó a cumplir funciones de Sereno, asimilándose al escalafón Operativo IV grado 1, con una jornada de 14 a 21 y 30hs., por lo que no le correspondía el reclamo de nocturnidad; el cambio de categoría y de sueldo se debió a la necesidad de servicio de la Administración, lo que estaba expresamente previsto en los contratos, en los que se pactó que el destino podrá variarse por razones de servicio, respetándose el área en la que fue contratado. Cita Art. 59 de la Constitución relativo a los funcionarios públicos y el Art. 4 del Estatuto del Funcionario de la I. de Río Negreo, de los cuales se extrae que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Agregó que mientras el actor se desempeñó como suplente de chofer de ambulancia podía pernoctar en Paso de los Mellizos, pero lo hacía en al Centro Comunal de dicho lugar, el cual estaba y está en buenas condiciones, desconoce a qué lugar pertenecen las fotos agregadas. Desconoció el nexo causal que el actor pretende entre su patología y las condiciones del lugar donde debía pernoctar. Acompañó las resoluciones citadas y ofreció prueba testimonial e inspección ocular. La demandada no compareció a la audiencia preliminar. VI) La sentencia recurrida falló amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenó a la Intendencia de Río Negro a abonar al actor la suma de $16.518 en concepto de horas extras y daños y perjuicios, adicionando el reajuste e interés desde la fecha de la exigibilidad, desestimándose en lo demás. La Sala confirmará la sentencia impugnada y lo hará en mérito a sus fundamentos, los que se comparte en términos generales y por los fundamentos que se expresarán seguidamente. VII) El agravio incoado en relación a que no se habría sentenciado en base al Art. 341 nales. 1 y 6 y al Art. 343 C.G.P, en tanto el demandado no compareció a la audiencia preliminar y se debió tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario y acogerse la demanda en todos sus términos, no es de recibo. Como ya se señalara si bien la parte demandada contestó la demanda, controvirtiendo la misma, no compareció a la audiencia preliminar a pesar de haber sido notificada en legal forma (notificación a fs. 84). El Art. 340.3 del C.G.P dispone: “Si el inasistente fuere el demandado, el tribunal cumplirá, sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia, la actividad prevista en los numerales 1) y 6) del artículo 341 y en el artículo 343, en lo pertinente, la de saneamiento que deberá realizar de oficio...”, por lo que se deberá cumplir las etapas de: ratificación de la demanda, contestación, reconvención, etc., y fijación del objeto del proceso y de la prueba. La norma establece seguidamente que en ese caso el juez: “tendrá por ciertos todos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario”. Sin perjuicio de ello existen excepciones a la regla de la admisión, entre ellas cuando se está ante cuestiones de orden público, derechos indisponibles o hechos no pasibles de ser probados por confesión, cuando las consecuencias de la regla de la admisión se ve contradicha por la prueba previamente incorporada a la causa o por la documental ya incorporada con la demanda o con la contestación, si el demandado hubiere contestado la demanda, o cuando se trata de supuestos de hecho ajenos al demandado. Asimismo, la regla de la admisión antes referida solo comprende a los hechos, no incidiendo en las consecuencias jurídicas de los hechos o en la apreciación de las consecuencias jurídicas de los hechos, en virtud del principio "iuria novit curiae" (Conforme: Dr. Luis María Simón en Jornadas de Derecho Procesal VII) y como lo expresa la Dra. Klett: “Desde luego quela incomparecencia define una categoría de hechos: los que se deben tener por ciertos ante la inasistencia del demandado. Esos hechos pasarán a integrar - en forma casi automática - el capítulo de la sentencia que refiera a los hechos que se tienen por ciertos y a los que han sido probados (art. 197 CGP)...De todas maneras, no existe una aplicación automática de esta norma. En primer término, la pretensión puede no ser acogida cuando de los propios términos de esta o de la prueba acompañada al libelo pretensivo emerja su manifiesta improponibilidad...Por otro lado, en algunos casos la sentencia podrá no ser favorable, porque como también ya se dijo, la regla de admisión solo comprende la quaestio facti y no la quaestio iuris (art. 198 CGP). De manera que si la pretensión no encuentra su respaldo en el Ordenamiento Jurídico, aunque los hechos se deban tener por ciertos, la pretensión no puede ser acogida...En cuanto a la prueba que puede enervar -en forma parcial o total la pretensión- se trata de la documental agregada por ambas partes...” (Conf. Selva Klett en Proceso Ordinario en el Código General del Proceso, T. II, pág. 39y 40). En la audiencia preliminar celebrada en autos se cumplió en forma correcta y acorde a derecho con las etapas de ratificación de la demanda y fijación del objeto del proceso y de la prueba, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 341 nales. 1 y 6 del C.G.P, norma que la actora sostuvo que fue incumplida lo cual es de franco rechazo. Tampoco se advierte que se hubiera incumplido con el Art. 343 C.G.P el cual regula la actividad a cumplir en la audiencia complementaria, en tanto en este caso ante la incomparecencia de la parte demandada, las etapas procesales correspondientes a la audiencia preliminar y complementaria se cumplieron en una sola audiencia (acta de fs. 86-87). Como se señalara en la recurrida, la actividad prevista en el Art. 343 (audiencia de prueba) se cumplirá, en el caso de la inasistencia del demandado “en lo pertinente”, y en autos como se referirá seguidamente la sede “a quo” se expidió respecto de la prueba, y estuvo a la prueba documental aportada por las partes. El objeto del proceso fue fijado en “determinar la procedencia de la demanda de cobro de pesos instaurada en autos, en los términos de la controversia establecida por la parte demandada.” y el de la prueba en “acreditar los elementos de hecho en que se funda el reclamo por los rubros reclamados y su cuantía.” (acta de audiencia a fs. 86 y 87) y en cuanto a los medios de prueba se dispuso: “El Tribunal estará a la documentación aportada en autos teniéndose en cuenta el art. 340.3 y 130.2 del C.G.P.”, por lo cual se prescindió de la restante prueba aportada por las partes (testimonial e inspección ocular), se tuvo a la actora por renunciada a sus alegatos y se convocó a audiencia de dictado y lectura de sentencia. El agravio del actor relativo a que en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar no se recibió la prueba testimonial es de franco rechazo. En efecto, el actor estando presente en la audiencia no se opuso a lo resuelto, no interpuso recurso alguno, y en definitiva consintió que no se recibiera la prueba testimonial ofrecida por las partes, y acto seguido renunció a los alegatos y consintió que se fijara fecha para el dictado de sentencia, por lo cual ningún agravio puede invocar a dicho respecto en esta etapa al apelar la sentencia definitiva, en tanto si lo resuelto le agraviaba pudo y debió recurrirlo en la etapa procesal oportuna a esos efectos, en la propia audiencia, interponiendo en su caso los recursos de reposición y/o apelación, de conformidad a lo establecido por el art. 342 del C.G.P, lo que no hizo. VIII) El agravio relativo a la desestimatoria del rubro reclamado por concepto de diferencias salariales, no es de recibo. Como fuera relevado en la recurrida (Considerando V, lit. A y F), en la demanda de autos el actor relacionó los distintos contratos que celebrara con la demandada, -lo que reiteró en su escrito de interposición del recurso de apelación-, y reclamó por concepto de diferencia de salarios, por diferencias de categoría, lo que también sostuvo repercutió en su haber jubilatorio, perjudicándolo, reclamando la diferencia a dicho respecto. En suma reclamó la diferencia de salario entre el sueldo de Capataz dependiente de la Dirección General de Obras, asimilándose a Capataz 1, Grado 7 y la categoría de Sereno,por un total de 17 meses y la correspondiente diferencia en el haber jubilatorio por el período de 17 años. No fue controvertido en autos, sin perjuicio de que surge acreditado con la prueba documental incorporada a la causa (contratos obrantes de fs. 2 a 21) que se firmaron sucesivamente entre el actor y la demandada distintos contratos por el plazo de 1 mes, con fecha desde el 26/12/20 al 26/2/21, para prestar funciones de Capataz, dependiente de la Dir. Gral. de Obras, asimilándose al escalafón como CAPATAZ II Grados 6 y 7, por $ 30.740, y luego por $ 36.518 (desde el 1/2/21); se dispuso que la afectación podrá variarse si las necesidades del servicio así lo exigen, respetándose la calificación escalafonaria y la posición funcional asignada (fs. 2- 5). Por Res. No 1781 del 10/12/20 se lo designó para realizar tareas de Capataz Gral. de Algorta y se le asignó retribución complementaria del 25% de su retribución total por concepto de full time, y se dejó constancia que por ello no percibiría horas extras (Res. fs. 74). Posteriormente se celebraron sucesivamente entre las parte 10 contratos por el plazo de 1 mes, con fecha desde el 26/3/21 al 26/12/21, para prestar funciones de Capataz, dependiente de la Dir. Gral. de Obras, asimilándose al escalafón como CAPATAZ I Grado 7, por $ 36.518 y posteriormente por $ 38.546; se dispuso que la afectación podrá variarse si las necesidades del servicio así lo exigen, respetándose la calificación escalafonaria y la posición funcional asignada (fs. 6-15). Por Res. No 296 del 1/3/21 se dejó sin efecto a partir de febrero de 2021 el Art. 2 de la resolución anterior, en cuanto a la retribución, pasando a la de Capataz I y el full time pasó a ser del 20% (fs. 75), ésta última resolución se dejó sin efecto a partir del 1/11/2021 ya que las tareas fuera de hora no eran cumplidas (fs. 76). Se firmaron sucesivamente 6 contratos, por los respectivos plazos de, 1 mes con fecha desde el 26/2/22, por 3 meses el 26/3/22, el 26/6/22, el 26/9/22, el 26/12/22 y por 6 meses el 26/3/23 para prestar funciones de SERENO, dependiente de la Dir. Gral. de Obras, asimilándose al escalafón como OPERATIVO IV Grado 1, por $ 23.623 y luego por $ 25.373 (desde setiembre 2022) y $ 25.913 (desde marzo de 2023); se dispuso que la afectación podrá variarse si las necesidades del servicio así lo exigen, respetándose la calificación escalafonaria y la posición funcional asignada (fs. 16 a 21). Resulta de los contratos agregados, que se acordó un plazo determinado de duración de los mismos, plazos de uno, tres o seis meses, y en la cláusula Cuarta de dichos contratos se pactó: “La continuidad de hecho que pueda producirse para no interrumpir los servicios, no implicará la renovación tácita del contrato ni restringirá la decisión del Jerarca para contratar o no al ex contratado, no correspondiendo indemnización alguna.”, de lo cual se extrae que la Administración, tenía la potestad de renovar o no los contratos celebrados, y de conformidad a los servicios requeridos. El actor en la demanda solicitó la condena a la demandada al pago de diferencias salariales generadas por la diferencia de remuneración entre los respectivos escalafones de las diferentes contrataciones, entre la categoría de Capataz 1, Grado 7 y la categoría de Sereno. Entiende la Sala, como se concluyó en la recurrida, que no es procedente acoger la demanda por el reclamo por diferencias salariales, en mérito a que el actor no invocó que no se le hubiera abonado el salario respectivo al Escalafón y Grado, para el que fuera contratado según los respectivos contratos. De los propios términos de la demanda surge que el actor pasó a desempeñarse como Sereno, lo cual resulta de lo expresado en el numeral 11 de la misma (fs. 65 vlto.). No resulta procedente hacer lugar al reclamo por las diferencias salariales invocadas al estarse en este caso ante contratos a término y para el desempeño de determinadas funciones, las que fueron objeto de cambio de común acuerdo a partir del contrato celebrado el 26/2/2022, pasando a desempeñar funciones de Sereno (fs. 16 y sig.). De los términos de los sucesivos contratos celebrados, los que fueron renovando la contratación del actor con la demandada, surgen las condiciones de las respectivas renovaciones, categoría y salario, las que no pueden ser desconocidas por el mismo, ya que el actor sabía o debía saber dichas condiciones, no habiendo invocado norma o contrato en los que afirmar su creencia de continuar en las categorías del inicio de la relación entre las partes o de trabajador permanente, por lo que solamente podía albergar una expectativa de renovación de su vínculo con la demandada en la categoría que se acordara. Si esa expectativa se frustró por decisión de la Administración en ejercicio de facultad discrecional y/o de lo oportunamente acordado, no puede de ello derivar derecho a reparación o indemnización alguna porque ninguna conducta ilegítima existió, ya que como se ha señalado ut supra la relación que unía a las partes no estaba dotada de vocación de continuidad ni de permanencia alguna. Asimismo debe considerarse la existencia de actos propios del actor, los que justifican desde ese punto de vista la desestimatoria del rubro. Como ha dicho el Tribunal en varias oportunidades, la doctrina del acto propio puede sintetizarse en la tradicional definición de ENNECCERUS, de que a nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esa conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, buenas costumbres o la buena fe (Cfme Gelsi Vidart “Acerca de la Teoría del Acto Propio Rvta Jurídica Estudiantil No 5 Año 3 mayo 1988; Minvielle Reyes La doctrina de los actos propios perspectiva procesal civil en RUDP 2/2000 páginas 291 y siguientes). El Derecho rehúsa su protección a quien al contradecir su conducta anterior, vulnera el Principio de la Buena Fe. En el caso es claro que los respectivos contratos culminaron por cumplimiento de los respectivos plazos estipulados, circunstancia que era plenamente conocida por el actor, por lo que no resulta admisible que efectúe reclamo alguno en contradicción con su conducta anterior. A ello se agrega que en el caso de autos la sucesión de sendos contratos que unió al actor con la demandada, no determinó la existencia de un vínculo permanente que pudiera ser base para un reclamo como el pretendido en autos en cuanto a las diferencias en relación al haber jubilatorio. En relación a la continuidad de los contratos con la Administración y las consecuencias que ello pudiere ocasionar, la Sala comparte jurisprudencia que al respecto considera que:“.....No deviene cuestionado en la especie el extenso lapso y continuidad en que la Administración contrató al pretensor, en calidad de actor y docente de arte escénico.....No obstante ello y sin perjuicio de que resulte acreditada la asiduidad, continuidad y dedicación del accionante por el lapso de 14 años, tampoco puede soslayarse que los contratos celebrados con la Administración eran expresos contratos a término, explicitándose concretamente el plazo de los servicios contratados....Acorde a los inequívocos términos del contrato, la relación vinculante se extinguió por consumación del plazo pactado, no advirtiéndose abuso de derecho o ilegitimidad del Ministerio demandado al no renovar la contratación del actor, habida cuenta de la discrecionalidad de la Administración dentro del marco de sus cometidos, competencias y facultades...” (Cfme TAC 7o Turno, Sentencia No 155/2006 publicada en Anuario de Derecho Administrativo T. XIV c. 211. Pág. 209), sin perjuicio de que el reclamo no resulta procedente por los fundamentos ya expresados ut supra. A ello corresponde agregar que el actor no probó como lo invocara, que hubiera sido compelido por la demandada a la firma de los contratos de autos, que la firma de los mismos le hubiera sido impuesta, como invocara en su apelación, nada de ello se extrae de la prueba documental agregada. Tampoco se acreditó en autos que hubiera sido rebajado su salario por razones de salud y que por ello se hubiera visto perjudicado en su jubilación, en tanto si bien se agregó en autos parte de su historia clínica, consistente en resultados de análisis clínicos y otros estudios (fs. 45 a 55), no se contó con prueba idónea, pericial, a los efectos de acreditar que la rebaja salarial se debió a razones de salud y que por ello se le hubiere cambiado de tareas y jubilado. Como lo establece el Art. 177 del C.G.P la prueba pericial procede a los efectos de la verificación de hechos para lo cual se requieren especiales conocimientos artísticos, científicos o técnicos, como ocurre con los hechos relativos a la medicina, conocimientos de los que el juez en general carece. Se señala en el Código General del Proceso comentado y anotado de Ángel Landoni y equipo que “....el dictamen pericial constituye una declaración de ciencia, un juicio basado en la ciencia del perito, que tiene por función suministrar razones o argumentos para la formación del convencimiento del juez respecto de los hechos sometidos a dictamen.” ( obra citada Vol. 2 A pág. 540), correspondiendo recurrir fundamentalmente a dicho medio probatorio cuando se requieren los referidos conocimientos artísticos, científicos o técnicos, sin perjuicio de la valoración que de la prueba producida en la causa debe efectuar el juez en aplicación de las reglas de valoración de la prueba establecidas por el Art. 140 del C.G.P.. IX) Corresponde confirmar la recurrida en cuanto desestimó el reclamo por concepto de salario licencia, vacacional y aguinaldo, en mérito a que como se expresó en la misma procede el rechazo de dichos rubros atento que se desestimó el rubro por diferencia de salarios que fuera reclamado y que es la base y fundamento del reclamo por licencia, salario vacacional y aguinaldo. X) En lo que respecta al rubro nocturnidad comparte la Sala lo concluido en la recurrida en relación a que la parte actora no cumplió en tiempo y forma con la Teoría de la Sustanciación recogida por el Art. 117 del C.G.P, en tanto se limitó a afirmar que realizaba tareas en horario nocturno, no especificando de manera concreta y precisa dónde, en qué horario, y en qué meses cumplió las horas nocturnas que reclama, se advierte que a fs. 66 vlto. y 67 se limitó a reclamar por dicho concepto el 20% de las sumas que refirió sin precisar en debida forma los extremos de hecho antes referidos. El agravio relativo a que no se procedió a recibir la declaración de los testigos oportunamente ofrecidos, los cuales según los dichos del actor conocían y podían dar testimonio fehaciente de los hechos ocurridos durante la relación laboral, no es de recibo por los fundamentos ya expuestos en el numeral VII que antecede (el actor no se opuso en tiempo y forma al objeto de la prueba fijado en autos y a los medios de prueba admitidos, únicamente la prueba documental). XI) Entiende la Sala que en lo que respecta a las horas extras reclamadas, las mismas fueron acogidas en la sentencia dictada en autos, por lo que lo expresado a su respecto en el escrito de apelación, lit. “Y”, es de rechazo, en tanto el rubro fue acogido, al igual que los daños y perjuicios preceptivos en relación al mismo. La demandada al evacuar el traslado del recurso de apelación interpuesto, no adhirió en legal forma a la apelación. En efecto, si bien expresó su rechazo al rubro horas extras a las que se hizo lugar, en el petitorio respectivo se limitó a solicitar que se tuviera por evacuado en tiempo y forma el traslado que le fuera conferido (petitorio 1o, fa. 107 vlto.), y nada solicitó en relación a las horas extras acogidas, no peticionó que se tuviera por formulada adhesión a la apelación, ni que se confiriera traslado alguno a la contraria. Considera el Tribunal que el escrito presentado por la demandada, al no contener en su petitorio la correspondiente solicitud de revocación de la impugnada en relación a las horas extras acogidas, no resulta procedente ingresar al análisis de lo expresado, ni emitir resolución a dicho respecto, en tanto no se formuló el respectivo petitorio, máxime cuando la demandada a fs. 107 vlto., en términos contradictorios y previo al petitorio, refiere que corresponde el rechazo del recurso de apelación y que en definitiva se confirme la recurrida, no cumpliendo en suma con lo previsto en el Art. 253.1 del C.G.P, no conteniendo el petitorio la revocación de la recurrida, sino que por el contrario se solicita se franquee la alzada y se confirme la sentencia recurrida (petitorio 2o, fs. 107 vlto.). XII) La conducta de las partes en la instancia ha sido correcta, no ameritando especial condenación en costas y costos (Art. 56.1 y 261 del C.G.P y Art. 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal FALLA: Confírmase la Sentencia Definitiva dictada en autos. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Oportunamente, devuélvanse. Dra. Mónica Besio. MINISTRA Dr. Alvaro Franca. MINISTRO Dr. Guzmán López Montemurro. MINISTRO Esc. Adriana León SECRETARIA