Sentencia Interlocutoria N° 174/2025

Sentencia Nro. 174/2025 - IUE: 25-9/2024 Montevideo, 29 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland. VISTOS: Para dictado de sentencia interlocutoria en segunda instancia los presentes autos caratulados: "GRACIELA VIDARTE Y OTROS C/ MINISTERIO DEL INTERIOR - LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA", I.U.E 25-9/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia interlocutoria N° 73/2025, dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12° Turno, Dra. Inés Peralta. RESULTANDO: 1) Por la sentencia interlocutoria impugnada la Magistrada actuante desestimó las excepciones de prescripción y cosa juzgada opuestas por el Ministerio del Interior, y condenó al accionado a pagar a Diego González la suma de $ 166.701, a Ramón Tejera la suma de $ 306.260, a Richard Riviezzo la suma de $ 289.617 y a Hugo Del Pino la suma de $ 75.498, más reajustes e interés legal, hasta su efectivo pago; sin especial condena procesal (fs.125- 133). 2) En tiempo y forma comparece la parte actora e interpone recurso de apelación (fs. 136- 139), y de igual forma apela el demandado (fs.142-144 vto.). Conferidos los traslados correspondientes (providencias No 271/2025 y N° 322/2025), la parte actora evacuó el mismo y en forma desajustada a derecho adhirió al recurso de apelación (improcedente), el que se sustanció en forma errónea (por providencia N° 480/2025), evacuando el traslado de la adhesión el Ministerio del Interior (fs.156- 158 vto.). 3) Por providencia No 755/2025 (fs. 160) el tribunal a quo franqueó la alzada de la apelación y adhesión con efecto suspensivo. Los autos fueron recibidos por el Tribunal, y pasaron a estudio por su orden. 4) Culminado el mismo, se acordó el dictado de la presente decisión por anticipado, designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 200 del C.G.P.). 5) Tengan presente las partes que por licencia médica de una de sus integrantes naturales, el Tribunal se encuentra integrado por el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren. CONSIDERANDO: I) El Tribunal debidamente integrado por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), y en la ocasión por unanimidad de sus integrantes, habrá de confirmar parcialmente la recurrida por ser de recibo parte de los agravios esgrimidos en su contra (por ambas partes), según fundamentos que dará; sin especial condena procesal en la instancia. II) En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P.), el Tribunal de alzada por mandato legal (arts. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P.) se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y el art. 257.4 del C.G.P.. Corresponde al Tribunal -preceptivamente- efectuar el examen de la procedenciaregularidad formal de los recursos, con antelación al estudio de los agravios, pues el régimen de los medios impugnativos es de orden público. En virtud de lo referido en los Resultandos, no existe impedimento formal para analizar el mérito del accionamiento movilizado por las partes por vía de apelación, siendo de rechazo la adhesión a la apelación interpuesta por la parte actora, pues la misma había apelado por vía principal, por tanto no debió sustanciarse, ni franquearse la adhesión. III) En la recurrida el tribunal a quo efectuó un correcto resumen del caso y de las resultancias procedimentales, a lo que el Tribunal se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. Tratan las presentes actuaciones de un incidente de liquidación de sentencia promovido por quienes obtuvieron una sentencia de condena a su favor en el proceso de conocimiento promovido contra el Ministerio del Interior (I.U.E 2-51505/2010 acordonado). En efecto, por sentencia definitiva N° 155/2013 (dictada por este Tribunal con anterior integración, Alonso, Cardinal, Opertti), se revocó la sentencia de primera instancia (desestimatoria de la demanda), y se condenó al Ministerio del Interior al pago de las diferencias salariales pretendidas, por no considerar el demandado en el pago de la partida "compensación por permanencia a la orden" (art.118 de la ley 16.320) y en la partida "prima por antiguedad" (art. 21 de la ley 16.333), todos los rubros gravados por montepío, desde mayo de 2007 y hasta su efectivo pago. Asimismo la sentencia acogió la pretensión de condena a futuro, "actualización" de la forma de liquidación de los salarios, imponiendo una obligación de hacer (corregir la base de cálculo de los salarios conforme al pronunciamiento). Con fecha 15 de febrero de 2024 (fs.17 vto.) comparecen los actores promoviendo el presente incidente para determinar el monto debido por el Ministerio del Interior. Acompañan la liquidación que entienden es la debida para cada uno de los actores, y señalan que la misma corresponde al período mayo de 2007 a mayo de 2011, la cual contiene actualización con reajustes e interés legal, además de haberse realizado los descuentos legales correspondientes (numeral 14 a fs.5 vto.). Refieren que la condena a futuro la tramitarán en pieza separada (no integra el objeto de autos). Y solicitan al tribunal que intime al Ministerio del Interior a informar los importes generados por cada uno de los actores por el "servicio 222", correspondientes al período que transcurrió entre enero 2009 (fecha en la cual se comenzó a gravar dicha partida con montepío) a mayo de 2011 para poder liquidar la incidencia al respecto. Por decreto N° 249/2024 (fs.18), el tribunal a quo hizo lugar a la intimación solicitada y en el mismo acto confirió traslado de la demanda incidental al Ministerio del Interior. El demandado contesta la demanda, y opone excepción de prescripción y cosa juzgada; sin perjuicio presenta liquidación alternativa del crédito pretendido por la contraria, y se opone a la intimación practicada (fs.25- 29 vto.). En lo que aquí interesa, la oposición fue desestimada, pues en audiencia de precepto la a quo reitera la intimación al Ministerio del Interior (fs. 48), quien en definitiva cumple en los términos del escrito que luce a fs.78, incorporando registros de "servicio 222" de solo cuatro actores (Diego González, Ramón Tejera, Hugo Martín Del Pino y Richard Riviezzo), y respecto del resto explicó el motivo por el cual no cuenta con información. Consta en autos que una vez recibida la información, la actora formula liquidación (respecto de los cuatro actores) para determinar lo debido por la incidencia del "servicio 222" (fs.105-108). Por providencia N° 3720/2024 (fs.112) el tribunal a quo dio traslado a la demandada por seis días (art. 400 del C.G.P.). Y el Ministerio del Interior evacuó el traslado conferido presentando una liquidación alternativa respecto de la incidencia del "servicio 222" en cuestión (fs.114- 116). Por providencia N° 4061/2024 (fs.118), se vuelve a dar traslado de la liquidación, esta vez a la parte actora, quien lo evacuó como consta a fs. 119- 120 vto. Y finalmente se pusieron los autos para Resolución (art.400.2 CGP), recayendo la recurrida, la que se dictó fuera de audiencia. IV) El Tribunal advierte un tracto procesal confuso, pues, aunque no se fundó el derecho, el trámite dado inicialmente pareciera ser el de la vía incidental (art. 378 del C.G.P.), que era el trámite ordenado por este Tribunal para determinar el monto debido (sentencia definitiva, Fallo fs. 293). Sin perjuicio, y sin haberse determinado el monto debido, el tribunal a quo continuó el proceso incidental por la estructura del art. 400 del C.G.P., condenando al Ministerio del Interior al pago de las sumas referidas en el Resultando I y solo respecto de cuatro actores. No obstante las cuestiones formales referidas, no se ha vulnerado el derecho de legítima defensa, y por contrario el demandado no formuló ningún objeción al tracto procesal dado, gozando ambas partes de todas las garantías del debido proceso. Despejado lo anterior, corresponde ingresar al estudio de los agravios en el orden esgrimidos. V) Apelación de la parte actora (fs.136-139). Los agravios de los actores están encaminados a cuestionar la incorrecta determinación por parte del tribunal a quo del monto debido. Señalan que la recurrida determinó el monto debido solo respecto de cuatro actores y solo respecto de la incidencia del "servicio 222" (segunda liquidación presentada por su parte), dejando fuera del reclamo al resto de los actores (once), y dejando fuera del reclamo la primera liquidación presentada que contemplaba la diferencia generada a favor de todos los actores, por no calcular el demandado en el pago del rubro "antiguedad" y "permanencia a la orden" todas las partidas sujetas a montepío (tal como fue dispuesto en el proceso de conocimiento y era lo que debía determinarse en vía incidental). El agravio es de recibo. En efecto, tal como señalan los apelantes la recurrida solo determinó el monto debido a favor de cuatro actores (González, Tejera, Riviezzo y Del Pino), y solo se pronunció respecto de la segunda liquidación, que contemplaba parte del reclamo (incidencia del "servicio 222"), dejando sin determinar el monto debido respecto del resto de los coactores y respecto de todas las pretensiones, tal como fue solicitado en la demanda incidental, y en congruencia delimitado el objeto del proceso y de la prueba (art.197 y 198 del C.G.P.). Por lo expuesto es que el Tribunal no comparte el fundamento dado por la a quo en el Considerando IV) para restringir el reclamo en su aspecto subjetivo (desestimando el reclamo de once coactores) y sustancial (desestimando pretensiones). Ello porque lo manifestado por el Ministerio del Interior a fs.78 (referido en el Considerando IV), tenía como única finalidad cumplir con la intimación practicada, y para ello debía aportar información al tribunal respecto de la prestación del "servicio 222" por los reclamantes. Y con tal objeto, el demandado informó que de todos los actores solo cuatro habían prestado "servicio 222" en el período solicitado (2009- 2011). Nada más que eso debió inferirse: solo cuatro actores prestaron "servicio 222". Por contrario el tribunal a quo interpretó que, como de lo informado se dio vista a los reclamanes y nada dijeron "...tal conducta se entiende como asentimiento de lo expuesto por el demandado, por lo que se entenderá que ninguna suma corresponde pagar a los actores GRACIELA VIDARTE, EVA SILVA, ELADIO GODOY, CARLOS OLIVERA, MARISEL RÍOS, ANA RIMOLDI, HUMBERTO CASTRO, MONICA MARTIARENA, ANTONIO LLERENA, CARLOS PEREIRA y JULIO CARRERAS" (fs.131). Tal entendimiento no es compartido en la alzada. Es correcto que los actores no evacuaron la vista conferida, pero la vista era solo respecto del "servicio 222". Y la consecuencia de la conducta asumida no puede ser interpretada como "asentimiento" de que, solo tienen crédito a favor cuatro de los quince actores, y que al resto nada se les debía; e incluso que respecto de los cuatro actores solo tienen derecho a cobrar lo debido por la diferencia salarial por "servicio 222". Así las cosas, el agravio es de recibo y el monto a determinar debe ser respecto de todos los actores y por todas las diferencias salariales pretendidas en el proceso principal (rubro antiguedad, permanencia a la orden y servicio 222). De lo contrario se vulnera la cosa juzgada. La recurrida debió tener presente que el MEF informó que a ninguno de los actores se les había pagado suma de dinero alguno por condena judicial (ver fs.101), y debió contemplar las dos liquidaciones presentadas por la parte actora y las dos liquidaciones alternativas presentadas por el demandado y, teniendo presente las mismas decidir, arribar al monto debido para todos y por todos los conceptos; lo que hará el Tribunal en el presente pronunciamiento. VI) Apelación de la parte demandada (fs. 142- 144 vto.). El primer agravio del Ministerio del Interior está encaminado a cuestionar el rechazo de la excepción de prescripción opuesta al amparo del art.8 de la ley 16.226 (cuatro años) y en forma subsidiaria al amparo del art. 1216 del C.C. (diez años). Los agravios no son de recibo. El apelante se excepciona y luego esgrime agravios, tal como si estuviéramos frente al reclamo del crédito en vía principal (proceso de conocimiento), lo que no es correcto. Existe cosa juzgada respecto del derecho y por tanto no aplica la normativa que cita para fundar prescripción cuatrienal. Aplica el plazo establecido en el art.1216 del C.C., y no hay prescripción alguna. En efecto, este Tribunal dictó la sentencia definitiva el 4 de noviembre de 2013 (fs. 287), luego se interpuso recurso de casación, el que fue desestimado por la SCJ por Sentencia 478/2014 el 6 de marzo de 2014 (fs. 311-312), notificada el 11 de marzo de 2014, y la demanda incidental se presentó el 15 de febrero de 2024 y se notificó el 16 de febrero, retirando copias el Ministerio del Interior el 21 de febrero de 2024 (fs.909 del principal). Habida cuenta lo anterior, la demanda incidental fue presentada y notificada dentro del plazo de 10 años (y ello sin tener en cuenta la prórroga legal por la LUC y la suspensión de los plazos procesales y civiles, la Feria Judicial Extraordinaria por pandemia COVID 2019). El segundo agravio del demandado refiere a que la recurrida no ordenó los descuentos legales por entender que la sentencia definitiva de este Tribunal no lo dispuso. El agravio es de recibo, por entender el Tribunal (con su actual integración), que los descuentos legales en casos como el que nos ocupa, corresponden por imperio legal aunque las partes no lo hayan solicitado o no se haya pronunciado en forma expresa el tribunal en el proceso de conocimiento. VII) Respecto de la liquidación que corresponde aprobar. Surge de autos que los actores presentaron dos liquidaciones del crédito debido: la primera que obra a fs. 2, liquidó las diferencias en "prima por antiguedad" y "compensación por permanencia a la orden", por no contemplar el demandado el total de las partidas sujetas a montepío del salario de todos los actores (llamada por los reclamantes liquidación de servicios ordinarios). Y por la segunda que obra agregada a fs. 105 vto.-107 vto., liquidó lo que entiende se les debe (una vez recibida la información del demandado) respecto de los cuatro actores que prestaron "servicio 222" (en el período 2009- 2011). Asimismo el Ministerio del Interior presentó dos liquidaciones alternativas en forma respectiva (la primera obra a fs. 9 y ss., la segunda obra a fs.114.). Ahora bien, no puede escapar al intelecto de las partes la dificultad a la que se enfrenta el Tribunal a la hora de analizar las liquidaciones presentadas sin el auxilio de un perito contador, prueba que no se diligenció en autos. Así las cosas, y atendiendo a las explicaciones de las partes, el Tribunal estará a las liquidaciones presentadas por el Ministerio del Interior, por entender que las mismas fueron realizadas por sus técnicos (especialistas contables), y con bases en los datos precisos de las remuneraciones percibidas y adeudadas a los accionantes (la primera liquidación actualizada al 31 de enero de 2024, y la segunda al 30 de setiembre de 2024, con los descuentos legales correspondientes). De otro lado, están las dos liquidaciones realizadas por la parte actora, no pudiendo comprender la Sala las bases de cálculo para arribar a los importes que entienden los actores son los correctos. Y ante la omisión de cumplir con su carga de la debida alegación ha de preferirse la liquidación del demandado por los fundamentos dados supra. En suma, el Tribunal revocará la impugnada en cuanto desestimó liquidar la condena a los funcionarios que no habían cumplido "servicio 222", y admitirá la liquidación presentada por el demandado a fs. 9 y ss. respecto de los funcionarios incluidos en la misma (en relación a dos de ellos ninguna suma corresponde liquidar); y también admitirá la liquidación presentada por el demandado a fs.114 respecto de los cuatro funcionarios que cumplieron "servicio 222", a quienes se les deberá abonar la suma de las dos liquidaciones que los alcanzan. Ambas liquidaciones al momento del pago deberán estar actualizadas con el reajuste D.L 14.500 (desde la exigibilidad) e interés legal desde la presentación de la demanda principal, menos los descuentos legales. VIII) La conducta de las partes en la segunda instancia ha sido correcta y no amerita sanción procesal (art. 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, art.197, 198 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: Revócase la sentencia interlocutoria impugnada en forma parcial. Condénase al Ministerio del Interior a pagar a cada uno de los actores las sumas resultantes de las dos liquidaciones presentadas por su parte (primera a fs. 9 y ss. y segunda a fs. 114), las que deberán contemplar el reajuste (DL 14.500 desde la exigibilidad), y el interés legal (desde la demanda principal), menos los descuentos legales, según lo consignado en el Considerando VII). Notifíquese a las partes a domicilio. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dr. Fernando Tovagliare -Ministro Dr. Gustavo Iribarren -Ministro Dra. Claudia Kelland -Ministra Esc. Laura Pérez -Secretaria Letrada