Sentencia Definitiva N° 241/2025

Sentencia Nro. 241/2025 - IUE: 2-122280/2023 Montevideo, 29 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 3er. TURNO. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Mónica Besio. Ministro redactor: Dr. Gustavo Iribarren. Ministro discorde: Dr. Fernando Tovagliare. Vistos: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "ALMIÑANA, Cristina c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Cobro de pesos", I.U.E 2-122280/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No 82/2024, dictada en obrados por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4to. Turno, Dr. Carlos Aguirre. Resultando: 1. Por sentencia definitiva No 82/2024 del 3 de diciembre de 2024 (fs. 383-397) se desestimó la demanda, sin especiales condenas procesales en el grado. 2. Contra dicha sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 398- 402), articulando, en lo medular, los siguientes agravios: a) La solución desestimatoria a la que arriba la impugnada deriva de una errónea valoración de la prueba, de la violación de principios fundamentales de igualdad, justa retribución y prohibición del enriquecimiento sin causa del erario nacional, presentando los fundamentos de la recurrida contradicciones con lo sostenido por jurisprudencia y doctrina en casos análogos al que se presenta en autos. b) En relación a los hechos, señala la recurrente que la sentencia de primera instancia no ingresó en el análisis de circunstancias relevantes, soslayando que la accionante ingresó a ANEP en 1985 y que desde 2015 ha desempeñado funciones de “Especialista Contable II” en la Sección Inventarios de la División Hacienda; que tales tareas incluyen auditorías, verificación de inventarios y control de bienes; que no obstante lo anterior, la funcionaria ha percibido un salario correspondiente a un cargo administrativo sin recibir la compensación del 50% establecida en la Resolución 48/2008; y que existe una disparidad notoria entre la remuneración percibida por la accionante y la obtenida por otros funcionarios con idénticas funciones. Y ello traduce, según la apelante, no solo una inequidad sino también una omisión sistemática de la Administración en regularizar la situación de la accionante. c) Causa perjuicio, asimismo, que la recurrida no aplique el principio de primacía de la realidad, ignorando que las tareas cumplidas por la actora configuran, más allá de las formas administrativas, un desempeño de hecho de tareas de mayor jerarquía, afectando así el principio de justa retribución reconocido en el art. 54 de la Constitución. d) De otro lado, indica que la Administración no puede beneficiarse del trabajo de un funcionario sin otorgar la remuneración correspondiente a las tareas que el mismo realiza; resaltando que la violación de tal principio configura un enriquecimiento sin causa inadmisible. e) Asimismo, el fallo impugnado vulnera el principio de igualdad, al admitir que omisiones administrativas perpetúen una desigualdad salarial entre funcionarios que desempeñan idéntico trabajo. f) En función de lo anterior solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se reconozca el derecho de la accionante a percibir las diferencias salariales reclamadas. 3. Conferido el traslado de rigor (fs. 403) oportunamente compareció la Administración Nacional de Educación Pública a evacuar el mismo (fs. 405-409 vto.) articulando en su libelo los argumentos por los cuales entiende que los agravios formulados por su contraria no son de recibo y propugnando por el mantenimiento de la recurrida. 4. Por decreto No 309/2025 del 19 de febrero de 2025 (fs. 411) el tribunal a quo franqueó el recurso de apelación con efecto suspensivo. 5. Recibidos los autos por este Tribunal -integrado por el Dr. Gustavo Iribarren por licencia de una de sus miembros naturales (Dra. Loreley Opertti)- su dispuso el pasaje a estudio por su orden. Y cumplido el mismo se suscitó discordia que motivó -sorteo mediante- la integración de la Sala con la Ministra Dra. Mónica Besio, con quien se acordó sentencia en legal forma. Considerando: I. El objeto de la instancia. A modo preliminar habrá de dejarse asentado que el objeto de la presente instancia ha quedado limitado por los agravios articulados por el apelante (tantum devolutum quantum apellatum), no correspondiendo que el Tribunal ingrese en el examen de cuestiones que no han quedado objetadas en la vía recursiva (art. 257 del C.G.P.). En ese marco, en el que es necesario señalar que la declaración de prescripción parcial pronunciada por sentencia interlocutoria No 962/2024 quedó firme, la Sala integrada, con el número de voluntades exigido por ley (art. 61 de la ley 15.750) revocará la sentencia definitiva de primera instancia y amparará parcialmente la demanda, en los términos y con el alcance que se dirá. Ello por los fundamentos que se expondrán en los apartados siguientes. II. El caso bajo examen. Sin perjuicio de la correcta relación de actos procesales presentada por la sentencia apelada, a los efectos de una más clara exposición argumental la Sala inaugurará su análisis indicando, en forma resumida, los aspectos relevantes del caso que atañen al examen reclamado en esta instancia. II.1. La demanda. Se asiste en autos a una pretensión de cobro de pesos promovida por Cristina Almiñana contra Administración Nacional de Educación Pública (en adelante: ANEP) con fundamento en eventuales diferencias salariales debidas por la demandada por haber desempeñado la accionante tareas de superior jerarquía a la que le correspondían de acuerdo a su cargo. Para ello, la demanda señaló que desde 2015 se desempeña -tanto cuando tenía el cargo Administrativo Grado 2 como luego, desde 2018, cuando accedió al cargo Administrativo Grado 3- como “Especialista Contable” (denominación administrativa establecida por Resolución 44 del CODICEN para las tareas que realiza), sin que se le abonara la compensación expresamente prevista para dichas tareas. Fue recién en setiembre de 2023 que ANEP le concedió a la accionista la referida compensación, aun cuando en forma irregular y solo disminuyendo las diferencias debidas, ya que la compensación otorgada del 40% era la propia del cargo “Especialista Contable I”, cuando en rigor le correspondía la compensación del 50% propia del cargo de “Especialista Contable II”. Y en función de lo anterior solicitó la condena a ANEP “al pago de los haberes salariales debidos a la compareciente, por el monto de $ 2.491.083 más reajustes e intereses hasta la fecha de su efectivo pago.” (petitorio 4 de fa. 155). II.2. La contestación. Al contestar la demanda, ANEP opuso la excepción previa de prescripción de los reclamos anteriores al 8 de febrero de 2020 y controvirtió la pretensión de la accionante afirmando que las asignaciones de funciones requieren acto administrativo expreso del CODICEN y que la funcionaria no realizó tareas de Especialista Contable sino desde la asignación verificada en el correr del año 2023, tareas que, por lo demás, se corresponden, desde esa asignación, con las propias de “Especialista Contable I”. II.3. La sentencia definitiva. Cumplido el tracto procesal correspondiente al proceso ordinario la primera instancia culminó con el dictado de la sentencia definitiva No 82/2024 que, tal como se relacionó supra, desestimó la demanda. III. El análisis de los agravios articulados por la parte actora. La primera consideración que realizará la Sala referirá a la objeción formulada por la apelante en relación a la valoración de la prueba realizada por el tribunal a quo en su sentencia. En tal sentido corresponde relevar que, siendo el fundamento central de la solución desestimatoria alcanzada en primera instancia la adhesión a la postura restrictiva que exige como presupuesto de cualquier reclamo por diferencias salariales por desempeño en tareas de mayor jerarquía, que la asignación funciones haya sido dispuesta por resolución expresa (así: Considerando 5 de la recurrida), va de suyo que, en esa lógica, el primer análisis probatorio esté llamado a afirmar o a negar la existencia de esa resolución administrativa. Y ello porque en ausencia de tal extremo -erigido en tal posición como condición necesaria para el progreso de la pretensión- resulta coherente que los restantes elementos de prueba -llamados a acreditar la efectiva realización de tareas por parte del funcionario- queden despojados de toda relevancia. Asentado lo anterior la Sala integrada señalará que no comparte el encuadre jurídico asumido por el tribunal a quo. En efecto, quienes en la oportunidad integran la mayoría (Dra. Claudia Kelland, Dra. Mónica Besio y el redactor) sostienen, con criterio general y adhiriendo a la tesis amplia, que en reclamos de tal naturaleza el régimen jurídico queda establecido, en primer lugar, por las normas de rango constitucional (arts. 7, 8, 53, 54, 72, 332 de la Carta) aplicables a todo trabajador, en forma independiente de si el empleador es privado o público; sirviendo las mismas de guía para la interpretación de cualquier norma legal o reglamentaria que regule la remuneración de cualquier trabajador. Es a partir de tales principios constitucionales que puede afirmarse que, por regla, el funcionario público al que le son encomendadas tareas propias de un cargo superior al suyo, tiene derecho a la remuneración respectiva. Y ello queda refrendado al advertirse, sin mayor esfuerzo, que una organización racional de la función pública supone que a mayor complejidad y responsabilidad de tareas corresponde mayor remuneración. Las conclusiones que vienen de exponerse en nada quedan afectadas por el vínculo estatutario que liga al funcionario con la función (art. 59 de la Constitución) ya que el mismo no puede interpretarse como la posibilidad de que la Administración asigne a sus funcionarios, en forma gratuita y con el consiguiente provecho injusto, tareas propias de cargos superiores. Asentado lo anterior, no resulta ocioso señalar que si bien los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir esas actividades en caso de ausencia temporaria o vacancia, no es menos cierto que tal obligación encuentra su ratio en la colaboración debida para que el servicio no quede resentido en esas situaciones excepcionales, no pudiendo extenderse esa situación anómala en forma indefinida ni erigirse la misma como marco de actuación corriente del Estado. En ese mismo sentido debe señalarse que, en opinión de la mayoría de la Sala, una vez acreditado que un funcionario ha cumplido en forma permanente tareas de superior jerarquía, tampoco resulta admisible que la Administración pueda exonerarse de observar el principio de justa remuneración escudándose en la ausencia de una resolución expresa (argumento éste que debe quedar rechazado en la medida en que es la propia Administración quien tiene el deber y facultades de organización y control de las tareas propias del servicio), o bien en la tácita aceptación del funcionario de las tareas de mayor responsabilidad que le fueran encomendadas por un jerarca. Como ya ha señalado este Tribunal: "... resulta contrario al principio de buena fe, aplicable también en el ámbito de las relaciones estatutarias como la que vincula al Estado con los funcionarios, así como el principio de razonabilidad -que se presume ínsito en el orden jurídico y orientador del actuar de los órganos de la administración en el marco de un Estado democrático de derecho-, que la Administración que crea una situación irregular pretenda que sea el afectado por la misma quien le requiera adoptar las medidas tendientes a regularizarla. Vulnera principios generales del derecho y normas de rango superior pretender que existan funcionarios que durante lapsos extensos cumplan tareas diversas, superiores a las propias de su cargo sin que ello genere consecuencia alguna. En punto a la voluntariedad del actor para el desempeño de las tareas referidas y aún cuando no se haya acreditado que el mismo efectuó algún reclamo para que se le pagara la reclamación acorde a las tareas efectivas que cumplió, son aplicables las consideraciones expresadas por la S.C.J. en un caso similar: “Están en juego principios generales del derecho del rango constitucional indiscutibles asistiéndoles razón a los recurrentes en cuanto a que la administración no puede escudarse en su propia omisión, enriqueciéndose con la utilización de servicios calificados y de sus conocimientos, pero privando a los funcionarios que los prestaron del derecho a la justa remuneración (art. 87, 54 de la Carta). Y en consecuencia la demandada que asignó y facilitó el desempeño de las tareas referidas por parte del actor no puede lícitamente valerse de ello para evadir las consecuencias de su actitud, en perjuicio del actor (teoría de los actos propios). En este punto ha destacado la Corporación que las exigencias normativas de regularización y provisión de cargos están dirigidas a la administración y la eventual irregularidad de tal situación no puede ser invocada por la propia demandada ... para enervar el derecho a la justa retribución. La desidia de la administración demandada en la regularización jurídica de la situación generada ... no puede imputarse a estos, ni mucho menos causarles perjuicio patrimonial”. (Sentencia S.C.J. No. 150/007)." (T.A.C. 3ro. -Kelland (red.) Messere, Iribarren, Tovagliare (discorde)-, sentencia 88/2024). Corolario de los conceptos generales que vienen de exponerse es que no pueda compartirse la postura asumida en la recurrida, quedando habilitado, en consecuencia, el examen de la prueba producida en autos sobre el efectivo desempeño laboral de la accionante. Y es opinión del Tribunal que un examen del cúmulo probatorio de autos realizado de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 140 del C.G.P.) permite sostener con razonada certeza que la accionante se desempeñó, en el período de reclamo no prescripto, en tareas propias de Especialista Contable, tal como éstas quedaron delineadas por Resolución 48 del CODICEN del año 2008, dotándolo de una remuneración equivalente al Grado 3 del Escalafón D más una compensación bien del 40% (para Especialista Contable I) o bien del 50% (para Especialista Contable II). Nótese en primer lugar que la prueba documental de autos da cuenta de actuaciones de auditorías contables de la División de Hacienda - Sección Inventario correspondientes al año 2017 (fs. 12 a 19) firmadas por Miguel Cabrera (Jefe), Estela Silva y Alejandro Orges (Especialistas Contables) y la accionante; surgiendo, además, de las declaraciones aportadas por los intervinientes que las tareas de los cuatro funcionarios eran de similar naturaleza. Así lo narra el funcionario Alejandro Orges: “ ... Con la actora somos compañeros de trabajo, en la misma oficina, desde hace quince o doce años si no me equivoco. El cargo de ella es administrativa y trabaja en la Sección Inventario de Dirección de Hacienda junto conmigo ... Realizamos tareas en conjunto. En la Oficina el trabajo administrativo es igual con todos, y en la parte de los depósitos lo mismo ... durante el tiempo que trabajamos juntos las tareas siempre fueron iguales. En la oficina ella hace el ingreso de datos de actualizaciones, de los datos de los artículos de las escuelas, atención al teléfono, en fin, todos lo mismo. ...”;para luego reconocer los documentos de fa. 12 a 19 y agregar: “Yo no concursé para ser Especialista Contable, hubo un concurso en el que entró Estela Silva que ya había venido como becaria, los demás recibimos el grado por el compensación de trabajo que realizaba ... el verificador de caja que era lo que yo hacía era evaluar el ingreso y egreso de los bienes económicos que la Directora nos daba a nosotros para constatar que el orden de las cantidades concordaran con respecto a los comprobantes de boletas.” (testigo Alejandro Orges: fa. 354-355). Y también: “Con la actora fuimos compañeras desde 2015 a 2023 en la División Hacienda Sección Inventario, de ANEP. Ella hacía las mismas tareas en la oficina, programa de inventarios, a principio de año ingresamos la información que mandan las escuelas, de las oficinas dentro del edificio y fuera del edificio, auditorías de escuelas, cuando recibimos los inventarios chequeamos que esté todo bien, auditorías de las compras y de las oficinas cuando se mudan, para chequear que esté todo lo que se manda, y auditorías de los depósitos también ...” (testigo Silva a fs. 358-359). Y en igual sentido declaró el funcionario Alejandro Calfani (también Especialista Contable), quien compartió oficina con la accionante en el período 2015-2018: “Desde el 2015 a 2018 la actora hacia todas las tareas como nosotros: controlar, verificar y reportar las existencias en primaria, y si hay irregularidades también ...”(fs. 360). Hasta aquí las declaraciones de los funcionarios que compartían o compartieron oficina con la accionante. Pero también otros funcionarios que no compartían oficina con la actora declararon en autos señalaron que todos los integrantes de la Sección Inventarios cumplían análogas tareas, dando cuenta de las mismas (así: testigo Gerardo Gusman a fs. 352-353; testigo Raul Surraco a fs. 353-354; testigo Ricardo Lima a fs. 356-357). Si la prueba testimonial no resultare suficiente, alcance con examinar la solicitud de asignación a la actora del cargo de Especialista Contable realizada en 2023 por la Jefa de Sección de la División Hacienda (Carol Carneiro), surgiendo del documento respectivo (que luce a fs. 163 vto.) que dicha solicitud se realiza con fundamento en que la accionante se desempeñó satisfactoriamente desde 2015 en tareas inherentes a aquél cargo, dando cuenta la nota que los otros dos funcionarios de la Sección que realizan las mismas tareas que realiza la actora se desempeñan como Especialistas Contables -percibiendo la compensación respectiva- y que uno de ellos tiene formalmente un cargo administrativo. Tal batería probatoria impone cautela a la hora de valorar la declaración de la testigo Mariela Svetlichich (Directora de la División Hacienda desde 2017), ya que si bien es cierto que dicha jerarca declaró que la Jefatura de la Sección Inventario solicitó en 2017 (la demanda refiere a una solicitud de 2018) que se le asignaran a la accionante tareas de Especialista Contable I y que tal solicitud fue negada porque en ese tiempo había un llamado a concurso para tal cargo -al que la accionante no se presentó-, no es menos cierto que ese pedido formal rechazado no desmiente que desde el plano sustancial la actora ya estuviere cumpliendo en 2017 (o 2018), en los hechos, las funciones de Especialista Contable. Por consiguiente, la Sala entiende que habiendo quedado razonablemente acreditado que la accionante realizó, desde antes del período reclamado y no prescripto, tareas propias de Especialista Contable, corresponde que el examen se traslade a determinar si el reclamo de autos debe tener a la accionante cumpliendo tareas correspondientes al cargo de “Especialista Contable I” (Grado 3 del Escalafón D con 40% de compensación) o correspondientes al cargo “Especialista Contable II” (Grado 3 del Escalafón D con 50% de compensación). La valoración sobre el particular presenta como primera dificultad el diseño de la demanda, no apreciando el Tribunal que la misma cumpla con la carga de afirmación categórica impuesta por la teoría de sustanciación (numeral 4 del art. 117 del C.G.P.). En efecto, si la parte actora pretendía que sus tareas fueran remuneradas con ajuste al cargo de Especialista Contable II resultaba necesario que la demanda expusiera con claridad dos extremos: las tareas concretas realizadas y que las mismas correspondían al cargo respecto al cual se procura la equiparación. Pero no lo hizo. En relación al primer punto se limitó a postular que su labor consistió en “llevar adelante auditorías de existencias y de conectividad, recuentos físicos en las distintas dependencias, etc ... que son tareas que únicamente desarrollan quienes son Especialistas Contables.” (fs. 151 vto.). En relación al segundo punto solo expresó que esas tareas eran las propias de un “verificador” (fs. 151 vto.), pero sin mayor fundamento que permitiera establecer la debida congruencia entre aquéllas y esa concreta función reservada por Resolución 48/2008 del CODICEN al cargo de Especialista Contable II. Y tales carencias de la demanda no se aprecian suficientemente salvadas por la prueba de autos. Si bien no escapa al análisis de la Sala que estando al tenor literal del Considerando II de la resolución 48/2008 del CODICEN la distinción entre “Especialista Contable I” y “Especialista Contable II” parece guardar correspondencia con la función de liquidador y con la función de verificador, respectivamente, no es menos cierto que surge de autos que ANEP informó oportunamente respecto al perfil requerido para Especialista Contable I y para Especialista Contable II, así como respecto al amplio elenco de tareas que presentan uno y otro cargo (fs. 231 a 235), información no controvertida que, no obstante consignar alguna duplicación de tareas en ambos cargos tareas (así: efectuar liquidaciones de sueldos de los funcionarios docentes, no docentes, becarios y pasantes) señalan un control y supervisión por parte del Especialista Contable II respecto a las liquidaciones realizadas por el Especialista Contable I, y, al mismo tiempo, un tiempo de desempeño previo en el cargo inferior (“Especialista Contable I”) y la necesidad de contar con conocimientos de especiales en sistemas informáticos y de presentar ciertos requisitos de estudio -determinada cantidad de créditos en cursos de Facultad de Ciencias Económicas- (así: testigo Sandra Mesa; testigo Mariela Svetlichich). En ese marco, el Tribunal no puede menos que señalar que no solo la demanda no afirmó la efectiva realización de tareas de supervisión sino que, además, la prueba de autos no permite inferir esa particular actuación, ya que, tal como ya fuera analizado, las declaraciones ofrecidas en autos solo permiten establecer que la accionante realizaba análogas tareas a las que prestaban otros compañeros de Sección, circunstancia que no puede traducir, sin más, una calificación sustancial que permita asignar a la actora el control y supervisión inherente al cargo de Especialista Contable II. En ese escenario de incertidumbre probatoria debe apreciarse que la única objeción que en este procedimiento formulara la actora contra el reconocimiento de las funciones de “Especialista Contable I” que ANEP realizara en junio de 2023, no refiere a un cambio de funciones sino exclusivamente al tiempo de desempeño como Especialista Contable, criterio que a la luz de la distinción realizada por la Resolución 48/2008 del CODICEN (entre liquidador y verificador) y de la descripción de tareas que presenta la prueba documental de fa. 231-235, no se aprecia como suficiente, por sí solo, para acceder a la función de “Especialista Contable II”. Corolario de lo anterior es que el Tribunal amparará parcialmente la demanda, condenando a ANEP a abonar a la accionante las diferencias salariales generadas por su desempeño en tareas de mayor jerarquía propias de la función de Especialista Contable I (con remuneración del Grado 3 del Escalafón D más el 40% de compensación por tareas prioritarias) desde el 8 de febrero de 2020 hasta el 19 de julio de 2023 (fecha en la que ANEP la designara expresamente para cumplir las mismas con la remuneración correspondiente), con reajuste legal desde que cada partida por tal concepto debió ser abonada, más intereses legales desde la demanda; difiriendo la liquidación respectiva al procedimiento previsto en el art. 378 del C.G.P.. IV. Condenas procesales. La correcta conducta procesal de las partes llevará a que no se impongan especiales condenas procesales en el grado (arts. 56 y 261 del C.G.P.). Por tales fundamentos y por lo establecido en las disposiciones citadas, el Tribunal FALLA: Revócase la sentencia definitiva de primera instancia y, en su lugar: ampárase parcialmente la demanda, condenando a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA a abonar a Cristina ALMIÑANA las diferencias salariales entre la remuneración de su cargo presupuestal y la remuneración correspondiente a Especialista Contable I, generadas desde el 8 de febrero de 2020 y hasta el 19 de julio de 2023, más reajuste legal desde que cada partida devino exigible, más interés legal desde la fecha de la demanda, y con detrimento de los descuentos legales que correspondan; difiriéndose la liquidación al procedimiento previsto en el art. 378 del C.G.P.. Sin especiales condenas procesales en el grado. Honorarios fictos: 8 BPC para cada parte. Notifíquese a domicilio. Y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Dra. Claudia Kelland. Ministra Dr. Gustavo Iribarren. Ministro Dra. Mónica Besio. Ministra Discorde: Dr. Fernando Tovagliare. Confirmo la sentencia de primera instancia. 1. Sin dejar de reconocer lo opinable de la cuestión de fondo debatida, comparto los fundamentos desarrollados por la corriente doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que el derecho al cobro o crédito por diferencia de haberes no surge si no ha mediado designación expresa del jerarca, en la medida que todo funcionario tiene la obligación de sustituir al titular superior en caso de ausencia temporaria o en caso de acefalía del cargo, debiendo el jerarca disponer la sustitución entre los funcionarios que, de acuerdo con las pautas normativas reguladoras del ascenso, tengan vocación al cargo. 2. Tales pautas requieren la existencia concreta de la vacante y necesidad de la provisión del cargo, al que debe accederse de regla, por vía de concurso, por cuanto, encontrándose la actora vinculada a la Administración a través de una relación estatutaria de carácter objetivo y general, no resulta jurídicamente viable prescindir de los requisitos específicos que regulan la designación y remuneración de los funcionarios públicos, ni puede pretenderse por esta vía indirecta una modificación de las normas que gobiernan las posibilidades presupuestarias, elaboradas acorde a las previsiones constitucionales (Cfm.: sentencias Nos. 10/2004, 130/2004 del T.A.C. 6to.; sentencias 77/2002 y 6/2003 del T.A.C. 5to.; sentencias 201/2004, 205/2006, del T.A.C. 2do.; sentencias. 147/2010 y 94/2005 del T.A.C. 1er. Turno, y sentencia No. 30/2016 S.C.J.; entre muchas otras). 3. En el subexámine, las partes se encuentran vinculadas a través de una relación estatutaria, y dentro de los derechos y obligaciones que emergen de esa relación se encuentra el deber de todo funcionario de cumplir y desempeñar tareas incluso fuera de su escalafón y categoría en situaciones determinadas. Y en todo caso, las funciones superiores al cargo que se ocupa, dan derecho a percibir diferencias de sueldos cuando existe una resolución del jerarca que así lo autoriza. (ver: Delpiazzo, "La obligación del funcionario público de sustituir al superior", en LJU, Tomo 76, Sección Doctrina, págs. 38 y ss.; Sayagués Laso, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo I, 8a. Edición con puesta al día a 2002 por Daniel Hugo Martins, No. 202, pág. 346). 4. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia que viene de reseñarse, si se amparase el reclamo de la parte actora resultaría desplazada toda la normativa de rango constitucional y legal en materia presupuestaria. Se crearía una suerte de presupuesto paralelo que, en lugar de estar orientado a contemplar, en forma equilibrada, el interés general, atendería reclamos aislados e individuales que pueden y deben canalizarse por las vías respectivas. 5. En definitiva, aun cuando en el caso se tuviese por probado que la actora realizó funciones de mayor responsabilidad y jerarquía que las que correspondían a su escalafón presupuestal, las mismas no habrían generado derecho a percibir la diferencia salarial reclamada, al no haber mediado resolución expresa del jerarca que dispusiera la remuneración de las mismas. Dr. Fernando Tovagliare. Ministro.