Sentencia Definitiva N° 252/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO. SENTENCIA DEFINITIVA N° 252/2025 Montevideo, 1º de octubre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “TOURON BESOZZI, JULIO C/ USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS - DAÑOS Y PERJUICIOS” - IUE: 2-77220/2023 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 454-456 y la parte demandada a fs. 459-478, contra la sentencia definitiva Nº 19/2025 del 6 de marzo de 2025 de fs. 439-451, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, Dr. Gabriel Ohanian Hagopian. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se acogió parcialmente la demanda y condenó a UTE a pagarle a la actora la suma total de U$S 52.535 con interés desde la presentación de la demanda, desestimando la demanda en lo demás. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 454-456 manifestó que le agravia que se ordenara descontar los costos de producción del cultivo, lo que implica excluir el daño emergente como rubro a indemnizar. La sentencia, si bien da por probada la cantidad de kilos perdida por el incendio y su precio según lo informado por la pericia, solo condena al pago de U$S 28.078, que no es otra cosa que el lucro cesante. La sentencia reconoce que el actor tuvo que enfrentar los costos del cultivo de maíz por U$S 91.850, sin embargo, sin fundamento jurídico alguno, dispone el descuento, lo que implica que no se resarzan al damnificado los costos del cultivo quemado, los que corresponde indemnizar conforme el art. 1323 del Código Civil. El monto aludido no es el costo de la “cosecha” como dice el A quo, sino el costo total de la siembra o cultivo (semillas, fertilizantes, mano de obra, etc.), que no es lo mismo, más los costos post-cosecha. Estima que la sentencia incurre en ultrapetita pues UTE no solicita que se descuenten los costos de cosecha ni mucho menos los de cultivo, sino que simplemente debe descontarse el costo del flete y la depreciación por la eventual humedad del grano (costos post-cosecha). En todo caso, ello asciende a U$S 64,2 por hectárea (total U$S 6.548,4). Aun así no corresponde el descuento porque se acreditó que estos gastos o bien se reflejan en el precio final o bien son de cargo directo del productor. Por otra parte, le agravio la exclusión de los mayores costos de producción incurridos por el actor en el cultivo inmediatamente siguiente en el área quemada y que fueron admitidos en la pericia y no cuestionados por la demandada. El A quo manifiesta que si el actor conocía la situación, el volver a arrendar los padrones obedece a una decisión empresarial a la cual UTE es ajena, pero no se tiene en cuenta que ese mayor costo es perjuicio inmediato y directo del daño provocado al suelo por el incendio. El perjuicio al suelo no varía según si el cultivador es arrendatario o propietario. Que el cultivo demande más costos de producción en el área afectada es consecuencia inmediata y directa del incendio que afectó el suelo, no importa el título que ocupa el agricultor. 3) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 459-478 vto. manifestó que le agravia que se haya rechazado la excepción de falta de legitimación activa, pues no resultó debidamente acreditado en autos que haya sido el actor quien padeció los perjuicios reclamados en autos. En efecto, el actor no agregó recaudo alguno tendiente a acreditar el vínculo que mantenía con los padrones al momento en que se ocasionó el incendio (2 de enero de 2021). El contrato agregado en autos comenzó a regir el 1º de junio de 2021 y era hasta el 31 de mayo de 2023 o cuando se levante la cosecha de cultivo de verano (máximo el 30 de junio de 2023). Antes de eso, el primer contrato de arrendamiento tuvo vigencia hasta el 31 de mayo de 2020 (como máximo el 30 de junio de 2020), quedando plenamente acreditado que al momento del incendio el actor no contaba con la calidad de arrendatario que manifestó tener en la demanda. Al celebrar el segundo contrato de arrendamiento, meses después del incendio, el actor tenía pleno conocimiento del acaecimiento del mismo y de los supuestos daños y perjuicios. Sin perjuicio, estima que el actor no acredita que incurrió en los gastos de plantación de maíz, del metraje de alambrados y demás daños alegados (incluso las facturas agregadas no pertenecen la persona física Julio Touron, que fue quien presentó la demanda, sino a la empresa Juan Touron). El A quo no advierte que el actor no solicitó la citación a reconocimiento de firma de los documentos agregados ni solicitó la declaración como testigos. Agrega que las fotografías agregadas son copias simples y no cumplen con lo dispuesto en el artículo 72 del CGP, conclusión extensible a los documentos de fs. 51-55. La Sede fue omisa en valorar la oposición de la dicente al cúmulo probatorio aludido. Incluso la actora vulnera lo dispuesto en los artículos 118.1 y 118.3 del CGP al agregar el “contrato de arrendamiento” y el certificado notarial que acredita la personería con posterioridad a la presentación de la demanda, incumpliendo su carga de adjuntar toda la prueba documental con la misma y no cumpliendo los requisitos de prueba superviniente. Esta última prueba no fue agregada en autos pues en audiencia preliminar se dispuso que se agregue la prueba documental agregada con la demanda, sin ninguna otra aclaración (aspecto no apelado por la contraria). En cuanto al origen del incendio, destaca que el A quo otorga un exclusivo valor probatorio al informe de la Dirección Nacional de Bomberos, al punto de asimilarse al de una prueba legal tasada o pericia, lo cual agravia a esta parte pues supone una errónea valoración de la prueba. El A quo desconoce las conclusiones de dicho informe, el que claramente señala presunciones. El origen del incendio que atribuye el A quo responde a una errónea conclusión que se desajusta con la realidad de los hechos acreditados por la prueba diligenciada (y el actor incumplió con su carga -art. 139 del CGP-). El informe de bomberos no efectuó una afirmación con grado de certeza sino que efectuó una presunción basada en las manifestaciones de los trabajadores del campo donde comenzó el siniestro; y habla de presunciones y no de certezas. Bomberos no pudo determinar específicamente la causa del incendio, dejando la puerta abierta a que pudieron haber otras causas; entre ellas, el hecho de que existía a la fecha de ocurrencia del hecho una elevada temperatura que pudo haber influido con la existencia de algún objeto (como, por ejemplo, vidrio), máxime teniendo en consideración que se estaba pasando por una sequía (ver informe de INUMET). Ante la existencia de trigo seco, fardos y demás vegetación seca con las altas temperaturas y escasas lluvias, era factible que se iniciara un incendio por recalentamiento de vidrios, realización de fuegos por quema de pastos, etc. No puede considerarse acreditado el nexo causal. Continúa sobre el punto expresando que el A quo señala que dicho informe solo podía ser confrontado por una pericia pero era carga del actor acreditar el origen del incendio y sus alegaciones. Aun así, se acreditó que el poste en cuestión estaba lejos de ser quemado y el pasto a su alrededor no fue afectado por el incendio. De haberse iniciado el incendio allí, el poste y su base estarían completamente calcinados y no se mantendría en pie y lo mismo hubiera ocurrido con los equinos fallecidos, se hubieran calcinado, cosa que no fue así. Se probó que el día 2 de enero de 2021 no hubo cortocircuito. Del sistema informático surge que a las 16:53 se recibió el primer aviso de interrupción del servicio por parte de uno de los clientes que alimenta su suministro con el mismo ramal que el reclamante, y ya se había aplicado el sistema de activación de protección (reconectores) por haberse recibido la notificación de cortocircuito a fase tierra. Surge de la prueba que ese día, a las 18.06 horas, se dio aviso por parte de Bomberos de columnas caídas, por lo que se envió una brigada de trabajo y que hizo la constatación: entre los postes caídos no estaba el señalado por el actor. Véase que los postes tienen una vida útil de 20 años, y los de dicha zona habían sido renovados y la fecha del incendio contaban con tan solo 5 años de antigüedad y no se cayeron como consecuencia de su mal estado sino por el incendio. Los daños que presentaba el poste en cuestión fueron producto del esfuerzo de tracción mecánica lateral que ejercen los conductores al caer previamente los postes incendiados. En definitiva, estima que de la prueba diligenciada no surge que el incendio se haya generado por negligencia de esta parte en el cuidado y mantención de los elementos estructurales del tendido de cables de alta tensión, habiéndose realizado las tareas de mantenimiento en la línea en cuestión. En los predios del Sr. Touron existían rastrojo de trigo seco, lo que hacía muy probable o previsible que ante cualquier hecho como el reflejo del sol en vidrios, tirada de colillas o pirotécnica (teniendo en cuenta que el hecho ocurrió un 2 de enero), se podría original un incendio. Se probó que existían fardos que no cumplían con la distancia reglamentaria que deben tener respecto a la línea de UTE. Le agravio la aplicación del art. 1324 del Código Civil en relación a las presunciones de culpa y causalidad. La presunción regiría siempre y cuando el actor hubiese probado con grado de certeza absoluta que el origen del incendio haya sido una “cosa” que UTE tenía bajo su guarda, lo que no aconteció pues no hay una sola prueba que acredite que el origen del incendio estuvo dado por la caída de un cable de alta tensión. Agrega que todos los testigos de la contraria debieron ser valorados como sospechosos (art. 157 del CGP) pues tienen lazos afectivos con el actor (por amistad, vecindad, laboral o incluso parentesco). En relación a los daños condenados, agravia a esta parte que se tenga por acreditada la cantidad de hectáreas que supuestamente se encontraban sembradas con maíz de segunda y, consecuentemente, el cálculo de la supuesta pérdida del actor de 499.698 por hectárea. La pericia no indica si la siembra fue cosechada o no, o la cantidad de la misma; y la misma no puede determinar la existencia de cultivos específicos en los predios en cuestión pues transcurrieron 41 meses desde los eventos iniciales. La propia pericia manifiesta que se basa en lo manifestado y alegados por la parte actora, cuestión ratificada por el perito en audiencia; por lo que el perito obtuvo la información según lo dado por el actor, y no por elementos objetivos. Aun así, estima que el actor no agrega ningún elemento probatorio que acredite que fue quien incurrió en los gastos de la plantación de maíz, así como que el mismo haya sido efectivamente cultivado por el actor o que el alambrado supuestamente dañado haya sido adquirido y colocado por él. El actor agregó diversa documentación con fecha de misión posterior al arrendamiento que distan ampliamente de la fecha del incendio. El único propósito del actor fue obtener un enriquecimiento injusto. En autos no están acreditada la cantidad de hectáreas de cultivo de maíz que supuestamente se vieron afectadas, y el parte de bomberos es un elemento probatorio con más idoneidad y confiabilidad respecto a un informe de parte (alegación), surgiendo del mismo que había rastrojo de trigo (es decir, que el cultivo ya había sido oportunamente recolectado). En la misma línea, estimó que el alambrado es propiedad del arrendador conforme el contrato agregado en autos, quedando probados que el mismo fue colocado por el propietario del predio y, por ende, fue quien incurrió en el gasto de adquisición y colocación. Quien en todo caso sufrió la pérdida fue el arrendador, y éste no compareció en autos. Véase que los documentos agregados por este rubro fueron elaborados el 24 de julio de 2023, demostrando haber sido claramente elaborados para preconstituir prueba para la demanda que fue presentada el 24 de agosto de 2023. Aun así, del informe de bomberos surge que se dañaron 1.000 metros de piques, pero el reclamo es por 3.600, por lo que la condena por este rubro no puede superar los U$S 11.803. 4) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 482-483 vto. manifestando que la apelación interpuesta por la demandada está plagada de afirmaciones falsas que no guardan relación con las verdaderas emergencias de autos ni logran conmover los sólidos fundamentos de la recurrida. En primer término, las alegaciones respecto a la legitimación son pobres pues tratan de hacer creer que el actor no es cultivador sino un tercero que no se sabe ni quién es. Sus argumentos son especulativos pues se basan en una diferencia temporal entre los contratos de arrendamiento rural ignorando el art. 1790 del Código Civil que respalda la continuidad de la ocupación más allá del vencimiento del plazo. El incendio quemó los cultivos del actor, no importa si este era arrendatario, usufructuario, propietario, etc. Sostuvo que en autos se acreditó que el incendio tuvo origen en la caída del tendido de los conductores de alta tensión eléctrica, comprobándose la indudable participación de la cosa en la determinación del evento dañoso (art. 1324 del Código Civil). El demandado debía demostrar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, excusas que ni siquiera invocó. Agrega que UTE no impugnó el informe pericial en la etapa procesal oportuna ni solicitó la designación de otro perito, por lo que su agravio no admite análisis. Los costos reclamados por el actor están debidamente acreditados en autos; surgiendo incluso del contrato que el arrendatario es responsable por el daño provocado a los alambrados. 5) La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 489-492 manifestando que en los puntos en traslado la Sede resolvió acertadamente. La sentencia se ampara en el dictamen pericial para desestimar el rubro en cuestión, tomando correctamente en cuenta lo informado por UTE al contestar la demanda. El actor no logró probar el daño y monto reclamado. El perito en varias oportunidades solicitó información para realizar la pericia con mayor exactitud, la que no le fue suministrada pese a sus diversas solicitudes. Quien contaba con dicha información, por obvias razones, era la actora, quien no se preocupó en aportarla (tal vez, porque le sería desfavorable). Si bien no se comparte que UTE sea el responsable de los daños ocasionados porque no se acreditó el nexo causal, se solicita que no se haga lugar a los U$S 91.850 reclamados por costos de cultivo de maíz. Por otra parte, en relación al agravio sobre la siembra en el mismo predio, el actor no cumple con la carga dispuesta en el artículo 253 del CGP pues no menciona qué pasaje de la sentencia le causaría agravio y por qué UTE debería ser responsable por el sobre costo de uso de herbicidas. El actor se imagina cuál sería la situación si fuera propietario del inmueble pero resultó acreditado que es arrendatario. Al momento de celebración del contrato el actor tenía pleno conocimiento del incendio acaecido y la afectación de los padrones como consecuencia de éste, y aún así, decidió voluntariamente arrendarlos, no pudiendo trasladarse la mala negociación a UTE. 6) Franqueada la alzada por Decreto Nº 808/2025 del 5 de mayo de 2025 (fs. 494), se asignó esta Sala (fs. 496) y recibidos los autos en el Tribunal el 13 de mayo de 2025 (fs. 496 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó confirmar parcialmente la sentencia apelada, salvo en cuanto al monto de la condena a la parte demandada, por cuanto se descuentan los costos del cultivo de maíz para el área afectada, y en su lugar, se le condena a abonar la suma total reclamada por ese concepto, de U$S 91.850, y en cuanto se condena por concepto de daño por reparación de alambrado, que se desestima íntegramente, sin especial sanción procesal y en mérito a las siguientes consideraciones. II). Ambas partes apelan la sentencia de primera instancia. III). Se analizarán en primer término las críticas formuladas por la parte demandada. A). Se agravia porque se rechaza la excepción de falta de legitimación activa. Sostiene el apelante que el incendio se produjo en enero de 2021, y los contratos de arrendamientos son de fecha anterior y posterior a aquella , por tanto, no ha acreditado que fue el que sufrió el perjuicio. Asimismo cuestiona varios documentos agregados por la actora y que no fueron valorados correctamente ya que no fueron agregados en tiempo y forma. Para la Sala, por cuestión de orden, debe analizarse primero el aspecto adjetivo de la impugnación. Señala que los documentos de fs. 52 y 53 no fueron reconocidos por sus autores quienes, además, no fueron citados a tal fin. Asiste razón al apelante. Los documentos son fotocopia simple de supuestos presupuestos , con firmas y cuyos autores no fueron citados a reconocerlas. Además, llama la atención que ambos presupuestos fueron hechos con la misma letra en computadora en papel simple. Ahora bien, en cuanto a su valoración, el Sr. Juez A quo no se basó en estos documentos para determinar el monto de condena en el rubro respectivo, ya que se refirió a los costos señalados en el peritaje realizado infolios ( fs. 341 – en audiencia fs. 392v.) En cuanto a las fotos de fs. 21 a 32 , las misma fueron impugnadas por no cumplir con el art. 72.1 CGP con la contestación de demanda, y no fueron excluidas en audiencia preliminar pues serían valoradas en la sentencia (ver Decreto Nro. 352/2024) . En cuanto a los documentos de fs. 51,54 y 55 tampoco se cumplió con el art. 72.1 , si bien el decreto que antecede no los relaciona expresamente puede entenderse incluidos al señalar que la oposición no es cuestión de admisibilidad sino de valoración. De todas formas, para la Sala y como ya se indicó, en la recurrida el Magistrado no basa su decisión en ninguno de estos documentos, por tanto, el planeamiento carece de objeto, ya que no fueron valorados como fundamento de lo finalmente resuelto. B). En cuanto al contrato de arrendamiento presentado por la parte actora luego de presentada la demanda, a criterio del Tribunal, el agravio tampoco es de recibo. Claramente estaba habilitado para ello dado que ni siquiera había comenzado a correr el plazo para contestar la demanda , ya que previa declaración de incompetencia, recién se dio traslado de la demanda y su ampliación con posterioridad a su presentación ( fs. 61 y fs. 84) El hecho de que en el decreto de admisión de prueba se dispusiera “agregada con la demanda”, no excluye que la prueba aportada a fs. 65 y ss. esté incluida. Esta interpretación extremadamente formalista es de total rechazo. Además, en realidad no se trató de una ampliación de demanda sino de agregación de prueba que había quedado traspapelada, sin modificación alguna a los extremos expuestos en el escrito primigenio, por tanto, al referirse a la prueba documental de la demanda, debe entenderse también esta documentación. En definitiva, en cuanto a la legitimación activa de la parte actora, la Sala comparte las conclusiones arribadas en la instancia anterior. En efecto, surge de la prueba testimonial que el ocupante era el actor, y lo mismo se desprende de la documentación de bomberos. C). En cuanto a cuestiones de fondo, se agravia de la atribución de responsabilidad, en particular sobre origen del incendio y el régimen jurídico aplicable. Releva el tribunal que, con relación al valor que se da en la atacada al informe de Bomberos, no es de recibo la crítica ya que el mismo, claramente, es de enorme relevancia pues emana de técnicos especializados. La perdidosa cuestiona que la recurrida se base en este informe que solo señala como “presunta” la causa del incendio, pretendiendo basarse en el informe de sus propios técnicos. Corresponde señalar que el informe presentado por UTE es informe de parte, por lo que su valor es el de una mera alegación. Tiene la Sala jurisprudencia firme en este sentido y a vía de ejemplo en Sentencia Nro. 200/2020, en anterior integración que se comparte en la actual, se afirma: “ También es de franco rechazo el cuestionamiento a la prueba sobre la base de lo señalado por el perito de parte, pues ello debe valorarse como una simple alegación. El Tribunal entiende oportuno reiterar lo afirmado, en Sentencia 104/2018, en que se analiza el valor probatorio del informe de parte, reafirmando que no es equiparable a la prueba pericial, única idónea para acreditar la culpa profesional. Sostuvo la Sala: “Liminarmente cabe señalar que el informe de parte realizado por la Dra. R. M. y debe ser considerado como una alegación de la parte actora. Como ha sostenido la SCJ en reciente Sentencia 720/2018.: “IV. III) Otro punto objeto de cuestionamiento por la actora atañe, en particular, a la valoración probatoria del informe contable elaborado por la Cra. G. Tampoco le asiste razón en su planteo. En efecto, la recurrente pierde puntualmente de vista que dicho informe no es prueba, sino un acto alegatorio de la parte, por lo que pretende endilgarle al Tribunal una infracción a reglas de valoración de la prueba que no es tal ya que dicho informe no se trata de prueba pericial, sino simplemente de la opinión de un profesional –muy respetable, por cierto- …, pero que no sirve de base convictiva para mensurar la merma de utilidades de la empresa. Existe extendido consenso en que los informes de los asesores técnicos de las partes no constituyen prueba pericial, sino que deben ser considerados como actos de alegación. No son ni pueden sustituir a una pericia, que es la prueba idónea para acreditar extremos para los cuales un saber experto -normalmente ajeno al bagaje del Juez- resulta necesario para decidir el caso. Se coincide con doctrina y jurisprudencia en que el informe del asesor de una parte debe ser considerado como integrante de los actos de alegación del litigante que se asesora con un experto o consultor privado y ofrece su opinión al Tribunal (Cfme. CARDINAL, Fernando y KLETT, Selva: “El informe del asesor técnico de parte: su naturaleza jurídica y valoración” en AA. VV: “IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, Universidad, Montevideo, 1997, p.210/217)” (Cf. Sentencia No. 1.643/2017 y Sentencia SEF 0006-000037/2014 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno). Como bien lo ha observado el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno en sentencia redactada por la Dra. Alicia CASTRO: “Es rasgo distintivo de la pericia no sólo el carácter y valía técnica del perito sino especialmente su imparcialidad, su ajenidad a los intereses de ambas partes –que justifica la posibilidad de recusarlos- y, por tanto, la garantía de su confiabilidad para el decisor. Además, y como acertadamente señala Taruffo ‘también en el contexto de las pruebas periciales, las garantías del debido proceso deben quedar aseguradas’ lo que significa que las partes pueden participar en las actividades del perito y éste puede ser interrogado por ellas en el proceso, aspecto que normalmente no satisfacen los informes privados (TARUFFO, M. La prueba, Madrid, 2008 p.96)” (Sentencia No. 189/2011; para este punto véase en doctrina: SOBA BRACESCO, Ignacio: “La incursión en el conocimiento científico a través de la prueba pericial. Su impacto en la decisión judicial”, Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Nº 40, pág. 240 disponible on line en: http://www.icdp.org.co/revista/usuarios/ultimaEdicion.php y, del mismo autor: “Relación de causalidad y prueba pericial”, La Ley URUGUAY, Montevideo, 2015, págs. 265 y ss.).” (además Sentencias 130 y 202/2021 y 26/2022 de la Sala).”. Es de verse que la cuestión debatida infolios se relaciona con dos temas de la dogmática civil: por un lado si existe o no una presunción de nexo causal en el ámbito de la responsabilidad por hecho de las cosas del art. 1324 C.C. inciso primero y final, que es el régimen aplicable en caso de incendio, y luego si la prueba de la relación de causalidad debe apreciarse con un criterio de certeza o de probabilidad (regla de los más probable que improbable). Sobre la primera cuestión la SCJ en Sentencia Nro. 230/2021, en otro supuesto de incendio ocurrido un mes de enero con inicio en un cableado de la empresa UTE, da con la solución correcta a criterio del Tribunal (casando la Sentencia de esta misma Sala Nro. 138/2020 y coincidiendo con la posición de la redactora en su discordia a esta). En dicha Sentencia la SCJ en mayoría afirma: “ Una vez determinado que en el resultado dañoso intervino el cableado de baja tensión de UTE, la responsabilidad del caso de autos se rige por lo dispuesto en el art. 1.324 incisos 1º y final del Código Civil, es decir, que se trata de un caso de responsabilidad del guardián por las cosas de las que se sirve o están a su cuidado. De acuerdo con dicha disposición, el Tribunal tuvo por acreditada la culpa de la demandada, en su calidad de propietaria y guardiana del tendido de cableado de energía eléctrica. Pero, acto seguido, desestimó la demanda por entender que era carga de la actora acreditar el nexo de causalidad entre la conducta culposa (presumida) y el daño, extremo que dicha parte no cumplió. En mérito a ello, la cuestión, entonces, se reduce a definir si el art. 1.324, además de la presunción de culpa del guardián de la cosa que interviene en la causación del daño, consagra una presunción de causalidad. De manera liminar, corres-ponde señalar que, en nuestro medio se han propuesto diversas lecturas al respecto. Por un lado, el Profesor Gamarra considera que el art. 1.324 consagra una doble presunción, de culpa y de causalidad. El Maestro sobre este aspecto sostuvo lo siguiente: “La presunción de culpa sería inútil si, al mismo tiempo, no se presumiera también la causalidad; vale decir, que esa culpa (presumida) fue la que causó el daño. Porque, como ha dicho Nast (...) obligar a la víctima a probar la relación de causalidad equivale a obligarlo a probar que el guardián incurrió en culpa. (...) la intervención causal debe presumirse si se quiere conservar alguna eficacia al art. 1324. Es cierto que en el art. 1324 no encontramos expresamente ningún pronunciamiento en cuanto a la relación de causalidad; se dice que ‘hay obligación de reparar el daño’ y que ‘son responsables’ pero nada más. Sin embargo, de la presunción de culpa debe deducirse la presunción de causalidad, porque ¿qué es lo que causa el daño? La omisión o negligencia del guardián, ya que si éste hubiera cumplido con su deber de vigilancia, el daño no se habría producido. Se presume, entonces, la negligencia del guardián; esto es, que si el daño acaeció, fue como consecuencia de su comportamiento culposo. Hasta tanto el guardián no pruebe que no incurrió en culpa permanece vigente la presunción de que fue su conducta culposa la que causó el daño. No sirve de nada presumir la culpa si, a la vez, no se presume también que la misma causó el daño. Y si se destruye la presunción de culpa, cae también (al mismo tiempo y por la misma razón) la presunción de causalidad. Lo cual no significa confundir culpa con relación de causalidad, sino convenir, con Esmein, que la relación causal es entre la culpa y el perjuicio (...) opinión que, por supuesto, no puede trasplantarse a un régimen de responsabilidad objetiva, como el actual francés, pero sí al uruguayo, donde concuerda puntualmente con la configuración de la relación de causalidad descrita en el art. 1319...” (Gamarra, J. Tratado de Derecho Civil Uruguayo, FCU, Montevideo, 1989, T. XXI, págs. 76, 77). En esa misma línea, la Suprema Corte, en Sentencia No. 136/2003 señaló: “en la responsabilidad por el hecho de las cosas opera una doble presunción de culpa y de causalidad, esto es que se presume que el que se sirve de la cosa o la tiene a su cuidado actuó con negligencia y que la misma fue la causante del daño”. Por otra parte, una opinión diferente sostienen las Sras. Ministras Dras. Nilza Salvo y Elena Martínez, quienes entienden que “el hecho de que se presuma la culpa no conlleva, necesariamente, una presunción de nexo causal, puesto que se trata de aspectos diversos de la conducta que se examina. (...) la trascendencia práctica de nuestra posición se traduce en que el acreedor o la víctima –según se trate de responsabilidad contractual o extracontractual– no se ven liberados de la carga probatoria que sobre ellos pesa acerca de la existencia del nexo causal, como acontece cuando este se presume ante la falta de cumplimiento o ante la culpa presumida” (Salvo, N. y Martínez, E., “¿Se presume el nexo causal?” en A.D.C.U. Tomo XXVIII, págs. 619 a 623). Finalmente, una tercera interpretación es la propuesta por las Dras. Beatriz Venturini y Dora Szafir, quienes entienden que el art. 1.324 admite una presunción judicial de causalidad (no legal, como propone el Prof. Gamarra). Según las autoras, en materia aquiliana, el art. 1.324 C.C., no contiene “una presunción legal, la que solo existe para la culpa. Puede permanecer la idea de presunción con respecto al nexo causal siempre que se tenga presente que se trata de una presunción judicial, esto es, un razonamiento que el magistrado deberá efectuar sobre la base de los elementos de convicción allegados al proceso y que serán los indicios de los que partirá el juicio de responsabilidad del sentenciante, resultando indicio fundamental la culpa presumida o incluso probada” (Venturini, B., Szafir, D., “El indevelado nexo causal y su prueba. Incidencia práctica en procesos por responsabilidad civil” en A.D.C.U., T. XXII, pág. 466). Aceptando la divergencia de opiniones, la Corte se afilia a la postura sostenida por el Maestro Gamarra y, es por ello, que se hará lugar al agravio esgrimido por el actor. En consecuencia, acreditado que en el incendio intervino el cableado de baja tensión de UTE, se desencadena la doble presunción de culpa y causalidad y el daño debe serle automáticamente imputado en su calidad de guardián. Deviene imperioso recordar que esa misma doble presunción funciona en el régimen legal francés de responsabilidad por hecho de las cosas, con la diferencia de que solo se admite, como causal de exoneración, la invocación y prueba de la causa extraña no imputable, no siendo suficiente con acreditar haber desplegado toda la diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño (Cfme. Malinvaud, ídem, pág. 448). V) Prosiguiendo con el análisis, para que la demandada pudiese exonerarse de responsabilidad, debía acreditar o bien que actuó con toda la diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño, o bien que medió causa extraña no imputable que interrumpió el nexo causal. En el ámbito del art. 1.324 C.C., la víctima no debe acreditar la culpa del ofensor; es a éste a quien incumbe probar que no incurrió en culpa y si no lo hace, responderá por el resultado dañoso (Cfme. Gamarra, J, idem, pág. 131). A mayor abundamiento, “(...) el guardián puede exonerarse no solo por causa extraña, sino también demostrando su ausencia de culpa, mediante la prueba de haber observado toda la diligencia del buen padre de familia para prevenir el daño (...)” (Gamarra, J. ídem, pág. 78). En similares términos, la Suprema Corte de Justicia, en Sentencia No. 252/2009 (entre muchas otras), señaló: “El guardián deberá destruir las presunciones de culpabilidad y nexo causal para exonerarse de responsabilidad. Esto es, deberá demostrar que actuó con ‘toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño’ (artículo 1324 inciso final) o aportar prueba de causa extraña que elimine el nexo de causalidad, esto es, demostrar en el caso la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor”. Ahora bien, volviendo al caso a estudio, el informe de Bomberos, en puridad, evalúa dos hipótesis, y si bien supone con más certeza la hipótesis A, no puede confirmarla, siendo posible también la hipótesis B. La A parte del incendio previo que afectó la base de las columnas y el caído de estas afectó el tendido provocando el quiebre de la cruceta y la electrocución e los caballos, y la B con una posibilidad menor que supone una falla de la protección. Esta falta de certeza , unido al análisis del informe de Bomberos respecto al lugar de inicio del fuego , permite concluir en que lo más posible es la ocurrencia del siniestro en la forma sostenida en la recurrida. Para la Sala, nuevamente, es relevante la consideración, en materia de relación de causalidad, de lo más probable que improbable, y eso se da en el caso analizado. La valoración de la prueba de la relación de causalidad con el criterio de lo más probable que improbable (y no de certeza) es recibido por la SCJ (ver Sentencia Nro. 70/2021 en que se afirma: “Resultan trasladables a la situación de obrados conceptos vertidos en otro caso: ‘No ha de requerirse un criterio de certeza absoluta, sino de probabilidad o verosimilitud respecto del nexo de causalidad. Tal como enseña Jorge Gamarra, en el campo de la responsabilidad civil médica ha de optarse por la segunda de las pautas, claro que exigiéndose un grado suficiente de probabilidad, partiendo - según cita de Rivera Fernández - de hechos que, aún sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles o, del standard de prueba del 'most likely than not' de los países del common law, que establece que si una causa contribuyó con mayor probabilidad que otras posibles, queda demostrado que fue la que ocasionó el perjuicio (Cf. 'Responsabilidad Civil Médica' cit., T. 2. págs. 275/284)’ (Cf. sentencia no. 192/2012; también sentencia de esta Sala No. 208/2018 y de la homóloga de 1º. Turno, donde es miembro natural la Dra. Salvo, Nos. 153/2017 y 51/2018). De modo que, ante una mortandad masiva de abejas en los apiarios ubicados en las inmediaciones del predio de la demandada, en el cual pocos días antes se había fumigado con un producto altamente nocivo, que fuera encontrado por uno de los dos laboratorios en las muestras analizadas -extraídas de las diferentes colmenas afectadas- sin que se haya alegado ni surja de autos otro origen específico, cabe concluir, en base a la teoría doctrinaria comentada, que como los manzanos estaban en flor a esa fecha, los insectos se envenenaron cuando intentaban llevar a cabo el proceso de polinización” (fs. 1370-1370 vto.).” Este mismo temperamento es el que recibe este Tribunal en anterior y actual integración (ver Sentencia Nro. 70/2020). Considera la Sala que la interpretación que realiza la parte demandada al apelar, en cuanto a que como el poste no estaba quemado no es el inicio del incendio, es rebatible, desde que justamente como el quiebre de la cruceta y la caída del cable sería la causa, la zona de inicio (así considerada en el informe de Bomberos) es a partir de esta columna hacia adelante como lo muestra el croquis de fs. 254. En el mismo se observa el sentido de propagación, lo que se concluye, no con el testimonio de los testigos, como afirma el informe de UTE, sino con el quemado de los animales y el viento. En consecuencia las críticas en cuanto a la atribución de responsabilidad a la parte demandada son de franco rechazo. D). En cuanto a los daños objeto de condena la parte demandada cuestiona que el Sr. Juez A quo se base en la pericia la que cuestiona, pero lo cierto es que, en su momento, este litigante no procedió a impugnar la misma. Solicitó el llamado a audiencia, pero luego no accionó ningún medio para desvirtuar la prueba en los términos del art. 183.2 del CGP. Por ello, considera el Tribunal que todo lo que se argumenta ahora respecto de las conclusiones de la pericia, debió impugnarse en ese momento, porque al no hacerlo se está aceptando los parámetros en que se basó la misma. E). Finalmente, en cuanto al daño por la colocación de alambrado, releva el Tribunal que, según surge del contrato de arrendamiento, incluso citado por el apelante, los alambrados que delimitan el área agrícola de la ganadera integran el arrendamiento (ver fs. 476) . Entonces, cabe determinar quién se hizo cargo del daño al alambrado a causa del incendio. Claramente el alambrado debió ser reparado en su oportunidad, y, en ese sentido, hubiera sido posible traer al proceso la declaración de quien lo reparó o documento de pago de dicha reparación. Sin embargo, los presupuestos presentados, aunque no se tuvieron en cuenta ( ver fs. 53-55) están fechados en julio de 2023. Para la Sala resulta evidente que el alambrado debió arreglarse antes de esa fecha, pues el arrendatario no debería estar dos años sin alambrado, pero para la Sala no se ha acreditado ese daño y corresponde acoger el agravio y desestimar ese rubro. En la atacada se efectúa una condena a la parte demandada por este rubro por la suma de U$S 24.457 con más interés legal desde la fecha de presentación de la demanda, punto en el cual se revoca y en su lugar se desestima íntegramente la condena por costo de reposición de alambrado. IV). En segundo término se analizarán los agravios de la parte actora A). La accionante se agravia porque se dispuso el descuento de los costos de producción del cultivo, lo que implica excluir el daño emergente, lo cual fue por la suma de U$S 91.850. Considera el Tribunal que asiste razón al recurrente. Más allá de las referencias que realiza el apelante a si se calculó o no el costo de la cosecha, para la Sala, lo cierto es que cuando se va a calcular el monto perdido con motivo del siniestro, debe tenerse en cuenta también el costo que refiere la parte actora, que como se señala en el libelo de agravios constituye no el costo de la “cosecha como dice la sentencia sino el costo total de la “siembra” o “cultivo” (semillas, fertilizantes, mano de obra, etc.) que no es lo mismo, mas los costos postcosecha”, todo lo cual, como se afirma por el actor, sería recuperado con la venta del maíz. En efecto, si solo se resarce la ganancia que hubiera tenido la parte actora, no se repara el daño en su integridad, porque los costos que tuvo y que hubiera recuperado con la venta, no se toman en cuenta. Por ello, debe condenarse, además, a la parte demandada, al pago a la actora de la suma de U$S 91.850 B). En cuanto a que el Sr. Juez A quo actuó en forma extrapetita ya que la demandada no solicitó el descuento de cosecha, no le asiste razón. La demandada refiere al descuento de costos de producción , y pone a vía de ejemplo “como es”, el flete etc. C). Se agravia porque excluye los gastos en que incurrió su parte para adecuar el suelo quemado para la siguiente cosecha, bajo el fundamento de que fue decisión empresarial del actor volver a arrendar el campo quemado. Del contrato de arrendamiento agregado (fs. 65 y ss.) surge que arrendaba el campo desde junio de 2018 , y, luego, lo vuelve a arrendar por contrato que establece como plazo desde el 1 de junio de 2021 al 31 de junio de 2023. ( fs. 2 y ss.) El incendio ocurrió el 2 de enero de 2021, por lo tanto con fecha anterior al nuevo contrato. El Sr. Juez A quo sostiene que fue su decisión volver a arrendar el campo y, por tanto, los costos que conlleva fueron tácitamente asumidos. El actor argumenta que la situación del suelo no varía sea arrendatario o propietario quien pretenda cultivar el suelo. Veamos. Para la Sala, es cierto que el daño se produjo y no cabe duda de que debía ser reparado si hubiera tenido lugar durante el arrendamiento vigente. Pero, si se arrienda nuevamente el campo en esas condiciones, es una elección del actor, la situación del campo se verá reflejada en el precio o eventualmente fue un costo que libremente aceptó asumir el arrendatario . Obsérvese que el actor en ningún momento alega que no hubiera otros campos en mejores condiciones para arrendar, por tanto, su decisión supuso la aceptación del sobrecosto, y de ello resulta que el agravio es de franco rechazo. IV). En definitiva y en cuanto la condena a la parte demandada, se incrementa en la suma de U$S 91.850, pero se disminuye en la suma de U$S 24.457, por lo cual el monto de la condena queda fijado en la suma de U$S 119.928 con más el interés legal en la forma fijada en primera instancia pues no existe agravio sobre ese punto. V). La conducta procesal de las partes y la solución adoptada que acoge agravios de ambas partes conduce a no imponer sanciones procesales. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL MONTO FIJADO EN LA SUMA DE U$S 52.535 Y, EN SU LUGAR, SE FIJA EN LA SUMA DE U$S 119.928, CONFORME DE ESTABLECE EN EL CONSIDERANDO IV). SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS $ 35.000 NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA