Sentencia Definitiva N° 253/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA N° 253/2025 Montevideo, 1º de octubre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BARBERO, DARÍO Y OTRO C/ SANZÓ LEGRIS, CARLOS – ACCIÓN REIVINDICATORIA” - IUE: 2-93699/2023 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 113-116, contra la sentencia definitiva Nº 10/2025 del 17 de febrero de 2025 de fs. 110-112, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno, Dra. Ana María Guzmán. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se amparó la demanda, y en su mérito, se condenó al demandado a restituir a los actores, por ser éstos sus legítimos propietarios, el inmueble padrón XX de Guazuvirá, en un plazo de 6 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que esta sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de desapoderamiento por Alguacil. Sin especial condena en costas y costos. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 113-116 manifestó que le agravia la errónea valoración de la prueba efectuada por la A quo. El ingreso al inmueble de Carlos Sanzó obedeció a que su padre, desde 1968, era titular de los derechos de promitente comprador por un compromiso de compraventa suscripto con De Ambrosi y Cía., y los documentos agregaron no fueron impugnados por la contraria. El padre del demandado falleció en 1972, su sucesión se tramitó en el Juzgado de Pando en expediente Ficha 365 Letra V año 1972 y en la relación de bienes se incluyeron los derechos que al causante le correspondían en la promesa de compraventa. Su familia ingresó al inmueble con justo título y de buena fe, como promitentes compradores. Dado el tiempo transcurrido, la promesa caducó y por ello no surge de la información registral (además de que el registro informó que la protocolización de las promesas fue obligatoria desde 1992). El demandado no ingresó al inmueble como mero tenedor sino que tiene la posesión. El actor no pudo comprar la posesión y propiedad a Deambrosi y Cía en tanto la posesión la tenía el compareciente. Agregó que le agravia que se estime que el demandado no probó haber realizado actos de dominio en tanto no se realizó una correcta valoración de la prueba. Así, no se tuvo en cuenta la declaración de la testigo Capuzzolo, quien dio cuenta de los actos posesorios realizados desde que el dicente era joven y que para todos los vecinos el dueño del terreno es Carlos Sanzó. Además, aunque el acto del pago de la contribución no es un acto de posesión, el compareciente la pagó durante años, resultando irrelevante que el último pago haya sido en 1993. En definitiva, corresponde revocar la impugnada y acoger la excepción de prescripción interpuesta por esta parte. Sostuvo que le agravia que no se haya hecho mención al tracto sucesivo. La actora agregó certificado de la Propiedad Inmueble del que no constan antecedentes, por lo que no hay tracto sucesivo ni se agregaron los títulos antecedentes anteriores. La actora, en definitiva, no acreditó debidamente la legitimación y el Tribunal puede relevar de oficio dicho presupuesto material. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 119-121 vto. manifestando que el apelante no tiene las condiciones para prescribir. El demandado se limitó a afirmar que acampaba en el terreno y lo limpiaba, rastrillaba y juntaba piñas; no siendo éstos verdaderos actos posesorios. Quedó probado que el alambrado fue puesto en los últimos años. El demandado no logró probar haber realizado acto posesorio alguno por más de 20 años, como correctamente sostiene la A quo. Por otro lado, sostuvo que no es de recibo el agravio referente a que el padre era titular de derechos de promitente comprador en tanto el demandado no agregó un solo medio de prueba que acredite sus dichos. La dicente probó ser la única propietaria del bien que se pretende reivindicar, el que adquirió por título compraventa y modo tradición según escritura e información registral agregadas en autos. Finalmente, estimó que no es de recibo el agravio referente al tracto sucesivo. En efecto, el Registro inscribió la promesa de compraventa y la compraventa definitiva porque se probó que el vendedor era el anterior titular del inmueble. El demandado no tiene ningún elemento probatorio que sustente lo contrario. 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 781/2025 del 8 de abril de 2025 (fs. 123), se asignó esta Sala (fs. 125) y recibidos los autos en el Tribunal el 24 de abril de 2025 (fs. 125 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales, habrá de confirmar la sentencia apelada, sin especial condenación, por los fundamentos que se expondrán. II) Se agravia el impugnante, en primer lugar, por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa, al considerar que no se acreditó debidamente la propiedad del inmueble de marras. Corresponde señalar que el art. 676 del C.C. reclama para el ejercicio de la acción reivindicatoria que: “El propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de su cosa, contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla...” En sent. Nº 395/2000, de la Suprema Corte de Justicia, se expresó con relación al alcance de la referida disposición: “Como enseña GUILLOT, la disposición que establece que la acción reivindicatoria se dirige contra el actual poseedor está en armonía con el a.- 676 C.C., que dice que el propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de la cosa contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla. Es el poseedor, en efecto, quien gozando de la cosa y reteniéndola como dueño, perjudica directamente los derechos del propietario; es el poseedor el que puede llegar a adquirir el dominio por prescripción, y es él, también, el único que puede hacer la restitución de la cosa objeto principal de la reivindicación (Comentarios del Código Civil, De la Posesión y Reivindicación, 2ª edición, 1926, pág. 287).” . El art. 679 del CC, exige que el reinvindicante pruebe la calidad de propietario. En el caso que haya adquirido el bien por tradición deberá probar el título hábil para transferir tal derecho (art. 769 del CC). La jurisprudencia mayoritaria a la que se afilió nuestra Sala, con anterior integración, sostiene que en casos de adquisición derivada (lo que ocurre en autos) corresponde aportar los medios idóneos que permitan controlar que se tiene el derecho emergente del título y modo (tradición). Así se ha expresado que el actor debe probar que quien le trasmitió la cosa que reinvindica, o sea su causante, era propietario y si el causante a su vez adquirió la cosa de otro, el actor tendrá también que probar que este otro era el dueño y así sucesivamente hasta llegar al causante que adquirió originalmente el dominio. (cf. sentencia del TAC de 6 Turno, N° 11/2020 publicada en el ADCU, tomo LI, pág. 80). Así las cosas, el actor tiene la carga de acreditar la propiedad del inmueble que pretende reivindicar, lo que implica la necesidad de probar su calidad de propietario actual y la correcta transmisión del dominio de los anteriores propietarios. Contra la opinión de la parte actora, la adquisición del inmueble de marras, es derivada y no originaria. Del testimonio por exhibición de la primera copia de la escritura de compraventa, surge que adquirió el inmueble el 20 de junio de 2023, por título compraventa y modo tradición de “Deambrosi y Cia Sociedad en Comandita simple”, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad inmueble (fs. 4-9). Asimismo, de la cláusula cuarta del referido documento, al relacionar el tracto dominial, se consigna que “Deambrosi y Cia Sociedad en Comandita Simple” hubo el bien por título compraventa y modo tradición de María Adela Deambrosi, el 27 de diciembre de 1966, cuya primera copia fue inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble de Pando el 5 de enero de 1967 con el número 34, al folio 16 vuelto del Libro 49 (fs. 7). Por tanto, el tracto dominial del inmueble objeto de estas actuaciones está cubierto por un lapso superior a los 30 años, de manera que, a criterio del Tribunal, la legitimación activa, está acreditada. III) El agravio relativo a la excepción de prescripción, tampoco puede prosperar. Con relación al ingreso al predio, si bien el compromiso de compraventa agregado a fs. 33, se trata de una copia simple, de la que no surge que se haya inscrito en el registro. De dicho documento no surge quien es el promitente vendedor, y solo de la fotocopia simple del certificado de resultancias de autos, recién se relaciona una promesa de compraventa en la que se identifica a Deambrosi y Cia Sociedad en Comandita.( fs. 34). Esta documentación , no cumple con las previsiones del art. 72.1 del CGP, pero nada exige que la misma sea desglosada. En efecto, como señala la Corporación en sentencia Nº 1207/2019: “ La Corporación tiene jurisprudencia en la que ha admitido el valor probatorio de los documentos presentados en fotocopia simple, cuando éstos, conjuntamente con otros elementos probatorios, conducen a demostrar el hecho a probar (factum probandum). En tal sentido, se ha sostenido que las fotocopias: “(...) no constituyen, como se dijera, prueba prohibida por regla de derecho, ni puede ser catalogada de inidónea para acreditar la veracidad del hecho controvertido ni inadecuada para demostrarle. Se trata, por tanto, de medios aptos para probar conjuntamente con las demás que se aportaran, el salario de la promotora” (Cfme. Sentencia No. 134/1999; en igual sentido se pronunció la Corte en las Sentencias Nos. 650/2017 y 641/2017)”. Pero en el caso, estos documentos no se condicen con el resto de la documentación presentada, ya en primer lugar del documento de fs. 33, titulado “compromiso de compraventa y reserva” no surge quien es el propietario, y está fechado el 4 de julio de 1966, con anterioridad a la constitución de la propia sociedad Deambrosi y Cia , la que se constituyó el 27 de diciembre de 1966, fecha en que adquirió el bien de autos, por compraventa y tradición, de su propietaria María Adela Deambrosi (fs. 5v y 7). Sin perjuicio de ello, podría llegar a sostenerse que la documentación presentada, pudo haber generado el ánimo de dueño en el demandado. Sin embargo, con relación al tiempo, el apelante no logró desvirtuar las conclusiones arribadas por la sentenciante “a quo”. El pago de la contribución inmobiliaria se realizó por un período muy breve (entre 1985 y 1993), mediante un convenio de pago (fs. 29 a 32), y no se acreditó otro pago de este tributo, realizado por su parte, desde 1993. Además, el pago de tributos como el de contribución inmobiliaria no tiene decidida trascendencia como acto de dominio, sino – en todo caso - como elemento indiciario del mismo. Los actos materiales realizados en el terreno baldío, tampoco acreditan la posesión, ya que pueden ser actos realizados perfectamente por quien detenta la mera tenencia. Como correctamente consigna la Sra. Juez a quo, el demandado en determinadas oportunidades contó el pasto y árboles, pero ello resulta insuficiente como para concluir que se trata de actos de dominio. Se aprecia en las fotografías emergentes del acordonado, el abandono del terreno, sin construcciones, sin cercado, y en estado agreste, situación que es ratificada por los testigos. La existencia de unos alambres y de un cartel de propiedad privada, colocado hace algunos años, claramente no cubre mínimamente el lapso exigido, ni demuestra posesión. En definitiva, ante la falta de prueba documental, declaraciones testimoniales poco convincentes y la ausencia de actos claramente de dominio sobre el inmueble, la apelación no puede prosperar. IV) La conducta procesal de las partes no amerita especial imposición en costas y costos. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS 2 BPC NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA