Sentencia Definitiva N° 255/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA Nº 255/2025 Montevideo, 1º de octubre de 2025 Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. Vistos: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA c/ IMPACTO S.A. - DAÑOS Y PERJUICIOS” – IUE: 2-113530/2023 , venidos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 312/319, contra la sentencia definitiva Nº 15/2025 del 7 de marzo de 2025 de fs. 281/301, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 12º Turno, Dra. Inés Peralta Gadea. Resultando: 1. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la demanda en todos sus términos, sin especial condenación. 2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 312/319 manifestó que en autos se promovió demanda por daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido cuando el actor conducía una moto y al estar rebasando una retroexcavadora que circulaba en el mismo sentido (que era propiedad de la demandada y era conducida por uno de sus dependientes), ésta gira y colisiona con la moto. Del accidente se produjeron diversos daños que implicaron tres dolorosas operaciones, pérdida de trabajo, largo tiempo de recuperación, entre otros. La A quo desestima la demanda en base al hecho de la víctima en base a que la vía de tránsito donde ocurrió el accidente se encontraba inhabilitada para circular; pero no analiza la circunstancia puntual del accidente. Estimó que la sentenciante nunca define si, a su juicio, la vía estaba inhabilitada o no, y si estaba señalizada o no. Realiza un extenso análisis de la prueba de autos, pero falla por otros argumentos que no fueron ventilados ni son ajustados, rechazando la demanda por cuestiones ajenas a las controversias de autos. El fallo es totalmente extra petita, no define el aspecto central de controversia en autos y carece de una adecuada fundamentación. Se viola el principio de congruencia pues se otorga lo solicitado por la demandada (eximente de hecho de la víctima) en base a fundamentos distintos a los planteados por ésta. La sentencia plantea que la señalización carece de importancia pues la obra era notoria y el actor no debió ingresar a la vía de tránsito y debió extremar las precauciones al ver la retroexcavadora, cuando la defensa de la demandada se funda en la existencia de señalización. La culpabilidad de la retroexcavadora, en la hipótesis de que la calle estuviera habilitada, es muy clara y no fue objeto de controversias; pero la Sede da la responsabilidad a esta parte sin determinar la habilitación o señalización de la calle. La propia sentencia señaló que el punto central a dilucidar era “determinar si la calle estaba total o solo parcialmente cerrada y si existía o no señalización que lo indicara” para, en definitiva, determinar si existió o no culpa de la víctima. Este enunciado se comparte, pero luego la sentencia no define esta cuestión y realiza, por tanto, un análisis contradictorio, que se opone a prueba medular como es el informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la declaración testimonial. Menciona un caso análogo con igual informe del MTOP en el que se consideró que la vía estaba habilitada, y aclaró que, si bien el precedente no es obligatorio, es deseable que no existan sentencias contradictorias. Agregó que, a diferencia de lo que sostiene la recurrida, es relevante si había o no señalización porque no es obligación de los transeúntes y conductores conocer o no la existencia de la obra. Por otra parte, sostuvo que debe tenerse en cuenta la protección a la víctima. En autos se probó que la vía estaba habilitada (e incluso la ambulancia ingresó a la misma sin dificultades). La A quo incurre en una nueva contradicción al afirmar la falta de precaución del actor, sin dilucidar los temas centrales de la controversia y los hechos controvertidos, fallando por argumentos que nunca fueron analizados por la contraria. Efectúa otro análisis en relación a la responsabilidad de la demandada en caso de que la calle estuviera habilitada o no estuviera debidamente señalizada, afirmando que la recurrida no analiza la culpa del conductor al maniobrar la máquina retroexcavadora, lo que hizo en forma negligente e imprudente, en contra de las normas de tránsito; pues de lo contrario no se habría producido el evento dañoso. El chofer no tomó las precauciones mínimas de mirar si venía alguien en el mismo sentido o prender el señalero. La conducta antijurídica del demandado y su imprudencia al realizar la maniobra determinaron el accidente. 3. La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 333/338 manifestando que se opone a la agregación de prueba que efectúa el actor al apelar, pues actúa de mala fe al intentar agregar prueba que fue expresamente rechazada por improcedente en audiencia preliminar (fs. 87). Sin perjuicio, la prueba de la que se intenta hacer valer no cumple con los requisitos exigidos en el art. 253.2 del CGP, correspondiendo su desglose. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que la contraria no logró comprender el contenido de la sentencia recaída, que hace una correcta relación de los antecedentes y de la prueba para fallar en que operó la eximente de responsabilidad por hecho de la víctima. Así, en relación a que el fallo no habría resuelto la cuestión de habilitación del tránsito, véase que la contestación de oficio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas evidencia que podían existir eventuales sectores específicos señalados en la etapa de finalización, siendo relevado por la A quo que resulta claro que la obra se encontraba en curso en aquel momento y sin apariencia de estar próxima a su final. La calle no estaba transitable al momento del siniestro. La obra se desarrollaba desde hacía meses en las proximidades al domicilio del actor, por lo que éste no puede alegar su desconocimiento de la prohibición de transitar por la misma. El actor no aportó prueba idónea para acreditar que la calle se encontraba transitable. En relación al capítulo titulado “análisis de la sentencia en cuanto a la protección de la víctima”, destaca que la A quo indicó perfectamente que las obras citadas pretenden clarificar al lector sobre la decisión adoptada y las consideraciones realizadas a la hora de fallar, pero se toma un enfoque moderno para analizar los elementos de atribución de responsabilidad y determinar quién es el verdadero responsable del siniestro. La conducta del actor fue la que, en definitiva, causó el accidente, no correspondiéndole indemnización alguna a su respecto. Finalmente, el demandado entendió que la conducta del conductor de la máquina fue negligente e imprudente, pero la responsabilidad pertenece únicamente al actor. La calzada no era transitable y es imposible que el actor no haya visto la maquinaria que tenía delante y el peligro que constituía el intentar rebasarla. El actor transitaba por una calle cerrada con una máquina retroexcavadora delante suyo, teniendo en cuenta que allí se desarrollaba una obra; estas premisas son innegables y develan la responsabilidad del actor en el siniestro de marras. No puede analizarse la conducta del Sr. BB pues la circulación por la vía estaba expresamente prohibida y ello estaba señalizado. 4. Franqueada la alzada por decreto Nº 1563/2025 del 21 de mayo de 2025 (fs. 340), se asignó esta Sala (fs. 341) y recibidos los autos en el tribunal el 30 de mayo de 2025 (fs. 341 v.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. Considerando : I. La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, habrá de confirmar la sentencia de primera instancia y ello, por lo subsiguiente. II. Cabe indicar, con carácter previo, que la prueba agregada con el recurso de apelación no cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa adjetiva incidente. En efecto, el art. 253.2 del CGP, establece: “Las partes podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación del mismo, exclusivamente en los siguientes casos: 1) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa o anteriores, cuando, en este último caso, se afirmare bajo juramento no haber tenido antes conocimiento de los mismos, circunstancia que apreciará el tribunal para admitir o rechazar la prueba. A tal efecto, podrá requerir o recabar información sumaria que la acredite. 2) Si se tratare de acreditar hechos nuevos conforme con lo dispuesto por el art. 121.2. En todos los casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme con lo prescripto por el art. 118.”. La parte actora, no indica en qué hipótesis de las establecidas en la norma, se basa para solicitar su agregación en segunda instancia. Al estar a la fecha de las sentencias, se trata claramente de documentos de fecha anterior a la conclusión de la causa, por lo que su inadmisibilidad, es evidente. III. Se agravia porque en la sentencia no se define si la calle estaba inhabilitada para la circulación, rechazando la demanda por cuestiones ajenas a las controvertidas, violando el principio de congruencia. El agravio no es de recibo. El principio de congruencia, supone que en ejercicio del mismo el juez no puede invocar hechos no articulados por las partes, ni alterar su contenido, objeto o alcance de la petición. En efecto, este principio regulado por el art. 198 del CGP, establece que la sentencia debe recaer sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas. El instituto en análisis supone la concordancia entre dos elementos, por un lado, la sentencia y por otro, el objeto del proceso. La observancia de este principio supone el respeto estricto de los hechos introducidos por las partes, que conforman el objeto del proceso, debiendo el juez limitarse a verificar la plataforma fáctica planteada, y resolver las peticiones formuladas por las mismas, mediante la calificación jurídica de los hechos expuestos por estas (cf. Véscovi, De Hegedus, Klett, Cardinal, Simón y Pereira, en CGP, anotado, T. 6, p. 75 y ss; Landoni, Angel, C.G.P. comentado, Vol 2 B, 624 y ss). En el caso, el punto de discusión lo centra la Sra. jueza “a quo” en determinar si la calle estaba total o solo parcialmente cerrada y si existía o no señalización que indicara tal extremo y, en definitiva, si existió o no culpa de la víctima (fs. 287). Luego de analizar la prueba vertida, concluye: “…más allá de que el lugar estuviera o no totalmente señalizado, era evidente que existía la obra, no existen contradicciones en cuanto a que ésta ya venía teniendo lugar desde tiempo atrás y de las fotografías reconocidas por los testigos como del lugar del accidente surge que la calle no estaba transitable al momento del siniestro (fs. 297). Además, agregó que la señalización no es tan relevante como el hecho de la magnitud de la obra, y el riesgo de circulación, que debió valorar el actor. Así las cosas, considera la Sala, que la Sra. jueza “a quo” no infringió el principio de congruencia pues sus conclusiones no exceden las alegaciones de las partes. El actor, reconoce que existía la obra por la que transitaba y la demandada, afirma que existía un cartel de “calle cerrada”, por lo que el actor no debió circular por allí. Por tanto, la sentencia se mantuvo dentro de los parámetros expuestos por las partes. IV. En cuanto al fondo del asunto, no se controvierte las circunstancias del accidente, ni la obra que se estaba realizando. La defensa expuesta por la demandada fue concretamente que la calle estaba señalizada como “calle cerrada” por lo que alegó el hecho de la víctima. La sentencia de primera instancia, como se expresó en el análisis del agravio relativo al principio de congruencia, no afirmó ni negó la existencia de señalización, no obstante, concluyó que la existencia de la obra era evidente, conocida por el actor, ya que se domicilia a unas pocas cuadras, y que la calle no estaba transitable al momento del siniestro. Y agregó, que el actor, al optar por circular por esa calle y adelantar a la retroexcavadora, asumió una conducta a todas luces imprudente, siendo esa conducta la que causó el accidente sufrido. Al apelar, se cuestiona severamente que la Sra. jueza “a quo” no se haya expedido si la vía estaba inhabilitada o no y si estaba señalizada o no. Con relación al primer punto, la sentencia hostilizada, concluyó, que la calle no estaba transitable al momento del siniestro (fs. 297). En esta senda, el informe proporcionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no arroja luz acerca del punto en debate, no pudiendo afirmarse ni negarse que ese tramo concreto de la calzada, estuviera habilitado o inhabilitado (fs. 237). Con relación al segundo punto, ciertamente, la sentencia de primera instancia, no se expide concretamente acerca de la existencia o no se señalización. Es más, afirmó que más allá de la discusión acerca de la señalización, era evidente que la obra existía, conocida por el actor, y que, al optar por circular por una calle no transitable, asumió una conducta imprudente, que causó el accidente sufrido. En este trillo, se trata de decidir si la víctima asumió culposamente el riesgo de transitar por una calle en obras. Para que se configure la denominada “asunción de riesgos”, no solo se requiere que el peligro a que se expone la víctima sea caracterizado por su magnitud, esto es, que el riesgo sea “anormal”, “excesivo”, “extraordinario”, sino que esta se exponga injustificada o innecesariamente al mismo, es decir, que medie una inútil asunción de un peligro evitable (cf. Gamarra, Tratado..., T. XIX, 1981, pág. 227/229, 331 y ss.). El Profesor Gamarra – citado en la discordia de la Dra. Sasson en sentencia Nº 13/99 del T.A.C. de 1º Turno - expresa que “la aceptación del riesgo por parte de la víctima ocurre, cuando ésta, actuando libre y voluntariamente, con cabal conocimiento del riesgo, se dirige al encuentro del mismo, y por ello implícitamente lo acepta. Es necesario, pues, ante todo, la presencia de dos requisitos diversos: conocimiento del peligro y aceptación del mismo. Porque el mero conocimiento no es aceptación ...debe existir cierta evidencia de una genuina y voluntaria aceptación del riesgo. En la aceptación del riesgo se consiente únicamente en exponerse a un peligro y por consiguiente la víctima no renuncia a la indemnización, ni tampoco quiere que el riesgo ocurra” (L.J.U. c. 13.850, pág. 372). A juicio de la Sala, en el caso sometido a decisión, claramente, el actor, asumió el riesgo, con conocimiento del peligro a que se exponía, al circular por una calle en obras (que conocía perfectamente, ya que vive a pocas cuadras del lugar del siniestro), con una retroexcavadora en plena acción (con las balizas prendidas, como admite, al demandar, fs. 9), pretendiendo rebasarla por la izquierda. La conducta desplegada en la emergencia, por parte del actor, puede calificarse de temeraria, teniendo en cuenta el porte de la retroexcavadora y la escasa, por no decir, nula, protección que brindan los “birrodados”. Adviértase, que el actor, divisó claramente a la retroexcavadora, con las balizas encendidas y en movimiento, e igualmente, sin tomar la más mínima precaución, pretendió adelantar por el costado izquierdo. Por tanto, la conducta asumida por AA, puede calificarse de “asunción de riesgos”, que elimina el elemento ilicitud. V. No existe mérito para imponer especiales sanciones procesales en el grado. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el tribunal, FALLA: Confírmase la sentencia impugnada, Sin especial sanción procesal en el grado. Honorarios fictos $ 30.000. Notifíquese y oportunamente, devuélvase. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA