Sentencia Definitiva N° 256/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA Nº 256/2025 Montevideo, 1º de octubre de 2025 Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. Vistos: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “SILVA PUGA, INÉS Y OTROS c/ KATBEY S.A. - EJECUCIÓN DE SENTENCIA” – IUE: 467-45/2024 , venidos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 123/128, contra la sentencia definitiva Nº 10/2025 del 10 de marzo de 2025 de fs. 112/122, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5º Turno, Dra. Sophía Sánchez Mezón. Resultando: 1. Por providencia Nº 572/2024 del 10 de abril de 2024 (fs. 25), se decretó el embargo genérico solicitado y se trabó embargo de cuentas bancarias no identificadas de la demandada, en entidades del sistema de intermediación financiera, hasta cubrir la suma adeudada más un 20% en concepto de ilíquidos, notificándose al Banco Central del Uruguay quien lo comunicará a todas las entidades del Sistema de Intermediación Financiera, quienes, a su vez, deberán informar a la Sede de acuerdo a lo dispuesto en el art. 380.8 del CGP. Dispuso que, oportunamente, se notifique al ejecutado. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la defensa de inhabilidad de título y oposición a los embargos genérico y de cuentas bancarias no identificadas de la ejecutada y, en su mérito, se mantuvo firme la providencia liminar Nº 572/2024 del 10 de abril de 2024, con condena en costas y costos a cargo de la ejecutada. 2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 123/128 manifestó que le agravia la errónea interpretación de la inhabilidad de título. Tanto doctrina como jurisprudencia han sostenido una interpretación amplia de la inhabilidad de título comprendiendo no solo la ausencia de los requisitos formales sino también de defectos sustanciales que impiden su ejecución. La ejecución requiere un título cierto, válido y exigible, lo que no ocurre en este caso. Dentro de la inhabilidad de título, uno de los requisitos relevables es la nulidad de la sentencia que se pretende ejecutar y está siendo atacada ante la Suprema Corte de Justicia. En el caso la cosa juzgada invocada es meramente formal y no material, ya que fue dictada en un proceso donde esta parte no pudo ejercer su derecho de defensa debido a un emplazamiento defectuoso. La certeza inicial exigida para la vía de amparo no se encuentra presente en este caso dado que existe duda razonable sobre la validez del título de ejecución. Por otra parte, se agravió en cuanto al desconocimiento de los efectos del recurso de revisión, pues la suspensión de la ejecución es posible en caso de que el recurso de revisión sea fundado y se puedan generar daños irreparables. En el caso, el recurso de revisión se encuentra en una etapa avanzada, y la posibilidad de que se declare la nulidad es real y plausible. El mismo se funda en la vulneración de derechos fundamentales tales como el debido proceso y el de defensa. La recurrida desconoce que la ejecución versa sobre un título cuya nulidad está siendo analizada. Finalmente, destacó que los embargos son desproporcionados y se alteró el orden de los mismos. La acumulación de embargo genérico y de cuentas bancarias no identificadas afecta gravemente la operativa de la demandada, limitando su capacidad de cumplimiento de otras obligaciones y generando perjuicio económico excesivo e innecesario. En autos se violentó el artículo 380 del CGP. 3. La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 132/134 manifestando que el recurso de revisión presentado por la demandada no tiene efecto suspensivo ni se declaró dicho efecto para el caso concreto. La sentencia, por tanto, pasó en autoridad de cosa juzgada y la nulidad no puede ser invocada hasta que sea declarada. En cuanto al segundo agravio, en relación al desconocimiento de los efectos del recurso de revisión, estima que los argumentos del apelante se apartan de la normativa procesal. Finalmente, estimó que no es de recibo el agravio en relación a los embargos, pues en autos se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 379 y 380 de CGP. El embargo genérico responde al desconocimiento de esta parte de bienes específicos de la demandada y el embargo de cuentas bancarias no identificadas es una medida cautelar específica aplicable a casos como el de autos. Las medidas dispuestas son acordes a la normativa y no se advierte desproporcionalidad alguna. 4. Franqueada la alzada por decreto Nº 713/2025 del 24 de abril de 2025 (fs. 135), se asignó esta Sala (fs. 140) y se recibieron los autos en el tribunal el 19 de mayo de 2025 (fs. 141 v.). 5. Mientras el expediente estaba a estudio, a fs. 158 se presentó la parte actora denunciando como hecho nuevo el dictado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la sentencia Nº 654/2025 del 5 de junio de 2025, por la que se desestimó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia Nº 5/2024 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5º Turno, en virtud de lo cual se descarta cualquier tipo de nulidad de la sentencia en base a la que se promovió el proceso de ejecución. A fs. 161 y v, la parte demandada evacuó el traslado del hecho nuevo manifestando que corresponde el rechazo del planteo por no configurar hecho nuevo en los términos del art. 121 del CGP. Conforme consolidada jurisprudencia, las sentencias, aún dictadas en causas entre las partes, constituyen actos jurídicos y no hechos. Admitir una sentencia dictada en otro proceso, aunque sea entre las mismas partes, implica una distorsión del instituto previsto en el art. 121 del CGP y por ello debe rechazarse. 6. Tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. Considerando : I. La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, habrá de confirmar la sentencia de primera instancia, por lo subsiguiente. II. Cabe indicar, con carácter previo, que no se trata de incorporar al proceso hechos nuevos, sino que la hipótesis articulada por la parte actora, consiste en la solicitud de agregar a la causa prueba superviniente. El art. 253.2 del CGP, establece: “Las partes podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación del mismo, exclusivamente en los siguientes casos: 1) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa o anteriores, cuando, en este último caso, se afirmare bajo juramento no haber tenido antes conocimiento de los mismos, circunstancia que apreciará el tribunal para admitir o rechazar la prueba. A tal efecto, podrá requerir o recabar la información sumaria que la acredite. 2) Si se tratare de acreditar hechos nuevos conforme lo dispuesto por el art. 121.2. En todos los casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme con lo prescripto por el art. 118.” . Así las cosas, la prueba ofrecida resulta admisible, por ser de fecha posterior a la conclusión de la causa. III. Se agravia la ejecutada por el rechazo de la defensa opuesta, ya que el título es inhábil por defectos sustanciales que impiden su ejecución. El art. 377 del CGP, establece, que procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Cuando la ley hace referencia a inhabilidad del título, prevé que el documento que se ejecuta carezca de los requisitos esenciales para su validez, impidiendo la promoción del juicio, ya sean éstos extrínsecos, intrínsecos o procesales. Valentín, expresa, con relación al punto: “…existe inhabilidad del título de ejecución toda vez que falta alguno de los requisitos para que exista ese título. Por ejemplo, no hay título de ejecución habilitante de la vía de apremio (y por consiguiente el ejecutado puede alegar su inhabilidad) si del mismo no surge la existencia de una obligación de pagar cantidad de dinero; si la misma se extinguió antes de promover el proceso; si no es líquida o aún no es exigible; si es nulo el contrato de hipoteca, por cualquier causal (falta o vicio del consentimiento, incapacidad, falta o ilicitud del objeto o de la causa, etc.); si no se pactó renuncia a los trámites del proceso ejecutivo; si dicho contrato no está inscripto o la inscripción caducó, etc.” (autor citado, en “La Reforma del Código General del Proceso”, p. 375). En esta senda, la ejecutada, alega que la sentencia que se pretende ejecutar se encuentra cuestionada en recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, por tanto, carece de requisito sustancial para su ejecución. El agravio no es de recibo. El art. 287 del CGP es claro en cuanto a que la interposición del recurso de revisión no suspende la ejecución de la resolución firme que tuviere por objeto. Por su parte, es el recurrente el que debe solicitar la suspensión al oponer el recurso, siendo la Suprema Corte de Justicia quien tiene competencia para ello (art. 289 CGP). Esta suspensión no se alegó y menos aún acreditó. No obstante, toda la argumentación desplegada por la ejecutada, queda sin sustento por la agregación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (fs. 143/156), que desestimó el recurso de revisión. Por lo tanto, la sentencia de marras, es título hábil de ejecución. IV. Se agravia por la desproporcionalidad de los embargos y la alteración del orden. El agravio sería de recibo si surgiera de autos que el embargo de cuentas bancarias fuera suficiente. Sin embargo, el único Banco que respondió, señaló el saldo de las cuentas, y estas no cubren el monto objeto de condena (fs. 40). V. Las costas y costos son de cargo de la ejecutada. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el tribunal, FALLA: Admítase la incorporación de la prueba superviniente. Confírmase la sentencia impugnada, con costas y costos del grado de cargo de la ejecutada. Honorarios fictos $ 25.000. Notifíquese y oportunamente, devuélvase. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA