Sentencia Definitiva N° 257/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO. SENTENCIA DEFINITIVA N° 257/2025 Montevideo, 1º de octubre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “CONDE, CLAUDIOMIRO Y OTROS C/ MINISTERIO DEL INTERIOR – COBRO DE PESOS” – IUE: 2-121961/2023 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 99-104, contra la sentencia interlocutoria Nº 1380/2024 dictada en audiencia celebrada el 14 de mayo de 2024 a fs. 69-70, y contra la sentencia definitiva Nº 23/2025 del 18 de marzo de 2025 de fs. 96-98, ambas dictadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, Dr. Alejandro Recarey Mastrángelo. RESULTANDO: 1) Por la sentencia interlocutoria recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimaron las defensas preliminares de incompetencia y prescripción, estimando, respecto a esta última, que es claro que el reclamo cae dentro del marco temporal cuatrienal (haberes exigibles a partir del 1.IX.2019, fs. 61). Se dispuso que la eventual falta de legitimación pasiva será por su complejidad, analizada en la sentencia definitiva. Por la sentencia definitiva recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se hizo lugar a la demanda y, en su mérito, se condenó a la accionada al pago de los incrementos de jornales de licencia, tal como se impetra, con intereses y reajustes, en liquidación que se reenvía a procedimiento incidental según lo previsto en el art. 378 del CGP. Sin especial condenación. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 99-104 manifestó que le agravia la sentencia interlocutoria que desestima la excepción de prescripción en tanto se enuncia el marco temporal sin analizar el mismo, desconociendo que la demanda fue notificada a la compareciente el 5 de febrero de 2024 y que deben declararse prescriptos los créditos generados con anterioridad al 5 de febrero de 2020. Manifestó que le agravia la sentencia definitiva en tanto no se pronuncia respecto a la falta de legitimación pasiva cuyo fundamento fue diferido a esta oportunidad. En efecto, es el contratante del servicio quien dispone la cantidad de funcionarios, lugar donde se presta el servicio, elección de los funcionarios que permanecen en el mismo, etc.; lo que se suma a que abona el servicio con dinero que no pertenece a las arcas de la administración. El hecho de que la esfera disciplinaria la asuma a su control solo responde a que los funcionarios tienen una relación estatutaria. Las normas que regulan esta relación no pueden desconocerse para usarse como fundamento que lo percibido por servicios 222 paga aportes a la Caja Policial y ello sería otro elemento para proceder a la condena. El estatuto del policía es especial, que incluso escapa al régimen general de los servidores públicos. No se puede abonar una partida a un funcionario sin que haya previsión legal expresa para ello y en virtud de estar en un Estado de Derecho el juez no puede suplantar al legislador imponiendo el pago. Es recién con la Ley Nº 19.670 que puede accederse al pago de la licencia por los servicios 222. En definitiva, debe tenerse en cuenta la especificidad del trabajo policial. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 108-113 manifestando que no es de recibo el agravio en relación a la prescripción pues el crédito se generó por periodos y producto de la omisión de la administración, por lo que con cada periodo se reabrió el plazo cuatrienal de prescripción. No es lógico que la demandada ampare su pretensión en su propia omisión. En cuanto a la legitimación, estimó que no puede perderse de vista la naturaleza jurídica de los servicios 222 realizado por los actores, los que son considerados a los efectos del cómputo del aguinaldo, demostrándose su naturaleza salarial. Los funcionarios generan licencia por realizar dicho servicio y si bien les rige un estatuto especial, no quiere decir que no se genere derecho a licencia. Recordó que la jurisprudencia en forma unánime hace lugar a reclamos análogos al de autos. El Ministerio puede resolver el tema y dejar de seguir su omisión, recargándole un porcentaje al particular para financiar los servicios 222 a realizarse. Destacó que la contraria no se opuso a los hechos afirmados en la demanda en relación a que los comparecientes son funcionarios del Ministerio del Interior y que realizan servicios 222 por los cuales no se ha abonado nunca licencia. El Ministerio del Interior es quien establece las condiciones para prestar el servicio, le cobra al particular y realiza la liquidación para pagar a los funcionarios además de encargarse de realizar el aporte a la seguridad social. 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 1391/2025 del 13 de mayo de 2025 (fs. 115), se asignó esta Sala (fs. 116) y recibidos los autos en el Tribunal el 22 de mayo de 2025 (fs. 116 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó revocar la sentencia interlocutoria Nro. 1380/2024 y declarar la prescripción de los créditos reclamados anteriores al 5 de febrero de 2020 y confirmar la sentencia definitiva Nro. 23/2025, considerando la prescripción declarada, sin especial sanción procesal, en mérito a las siguientes consideraciones. II). En muy breve argumentación la parte demandada se agravia afirmando que en autos debió declararse la prescripción de los créditos demandados anteriores al 5 de febrero de 2020. En la sentencia interlocutoria Nro. 1380/2024 recaída en la audiencia preliminar, se estimó que el reclamo cae dentro del marco temporal cuatrienal, siendo los haberes exigibles a partir del 1 de setiembre de 2019. Para la Sala este agravio es de recibo pues, como señala la parte demandada, el emplazamiento a su respecto tuvo lugar con fecha 5 de febrero de 2024 (véase fs. 37), por lo cual corresponde declarar prescriptos los créditos reclamados anteriores al 5 de febrero de 2020. III). Con respecto a la apelación de la Sentencia Definitiva Nro. 23/2025, la Sala tiene jurisprudencia firme en las cuestiones debatidas, y, en consecuencia, los agravios esgrimidos por la parte demandada no son de recibo. En Sentencia de la Sala Nro. 284/2024 se afirma: “ En efecto, se trata de un caso de reclamo con base en los arts. 222/227, solicitando los actores se incluya en su licencia el monto correspondiente a estos ingresos. Solo a vía de ejemplo, en Sentencia del Tribunal Nro. 48/2022, revocando el fallo de primera instancia, se afirma: “ II. Memorial de agravios. Se agravia, en primer lugar, porque la sentencia atacada se basa esencialmente en que es un servicio de carácter privado y voluntario, ajeno a su cargo y función y cumplido a favor de terceros. Asiste razón al apelante en este punto, ya que la tarea no es privada, y tiene especial relación con su cargo y función como policías. La Sala, expresó al respecto: “…En cuanto al fondo del asunto, no es de recibo el agravio del demandado, ya que si bien los actores, en tanto funcionarios públicos se encuentran regidos por una situación estatutaria, que no tiene su fuente en contrato de trabajo alguno, lo medular a fin de determinar la procedencia o no de la demanda no radica en ese aspecto, sino en determinar si la remuneración por el denominado servicio 222 la percibían como contraprestación de servicios cumplidos para el Ministerio del Interior, en ejercicio de la relación funcional que los vincula, o era retribución derivada de vinculación contractual con los usuarios del servicio en cuestión. En relación con el aspecto que viene de indicarse, la Sala, incluida la redactora, variando la posición que sostuviera como Titular de la Sede Civil de 15º Turno, considera trasladable lo expuesto en Sentencia T.A. Civil N° SEF 0003-000115/214-1: “para fundar la procedencia de su pretensión, postularon (los actores) que dicha remuneración se percibía como contraprestación de servicios cumplidos para el Ministerio del Interior, en ejercicio de la relación funcional que los vinculaba, y no como retribución derivada de vinculación contractual con el usuario del servicio.- Al respecto, sostuvo la Sala en Sentencia T.A. Civil N° 178/011-1 de 30/11/2011: “Los servicios reclamados por los actores se encuentran regulados por los artículos 222 de la Ley N° 13.318 del 28/12/1964, 9 de la Ley N° 15.896 del 15/09/1987 y 43 de la Ley N° 18.405. La primera de las nombradas en el artículo citado autorizó a la Jefatura de Policía de Montevideo y Prefectura General Marítima a cobrar por la prestación del servicio de vigilancia especial.- “ El artículo 9 de Ley N° 15.896 permitió a la Dirección Nacional de Bomberos contratar con los usuarios los servicios de prevención que estos requieran. “ El artículo 43 de la Ley N° 18.405, establece que: “Las remuneraciones que el personal policial perciba por los servicios prestados a personas públicas o privadas fuera del horario de servicio del destino correspondiente a su función pública, bajo contrato celebrado por aquellas con el Ministerio del Interior al amparo del artículo 222 de la Ley N° 13.318 del 28 de diciembre de 1964 o normas análogas, con cargo a esos terceros, constituirán materia gravada, de manera progresiva conforme a las siguientes reglas: A partir del mes de enero de 2009 (el cincuenta por ciento), A partir del mes de enero de 2010 (el setenta por ciento), A partir del mes de enero de 2011 (el noventa por ciento), A partir del mes de enero de 2012 (el cien por ciento)...” Ahora, para el Tribunal si bien antes de la vigencia de la última de las leyes citadas (la Ley N° 18.405), o sea, cuando no se efectuaban aportes por las sumas percibidas por concepto del denominado “servicio 222/272”, se podía discutir si el funcionario policial lo cumplía para el Ministerio del Interior o si lo cumplía para quien contrataba el servicio, fungiendo el Ministerio como intermediario, luego de sancionada dicha ley (que dispuso que las remuneraciones que se percibían por ese servicio aportaban a la Caja Policial), parece claro que la vinculación del policía o del bombero es con el Estado-Ministerio del Interior. Y esto es así porque si otro fuera el empleador del policía o del bombero y, por ende, la naturaleza del emolumento, los aportes se deberían verter al organismo de seguridad social pertinente y no a la Caja Policial. En la misma posición, aunque no solo por este fundamento, se ubica el Homólogo de 2º Turno, que en Sentencia T.A. Civil No. SEF-0005-000064/2013-2 y Sentencia T.A. Civil N° SEF 0005-000054/2014 – 2, sostuvo que: “Con relación al fondo del asunto como ha expresado la Sala en anterior pronunciamiento: “El denominado servicio 222 es prestado por el funcionario por orden de la administración en cumplimiento de una obligación asumida por el Ministerio del Interior con el tercero contratante. Lo que obtiene el funcionario como contraprestación es un ingreso salarial obtenido en ocasión del trabajo “ El funcionario carece de vínculo laboral con el particular contratante, no está bajo su dependencia ni recibe de éste prestaciones en dinero; sólo son mínimas las pautas que se le imparten por cuanto es lógico que su trabajo lo despliega en un lugar físico diverso a las dependencias del Ministerio del Interior cuya guarda (cuando es interna) la detenta el tercero. “ Similares hechos suceden en el ámbito privado cuando se contrata a una empresa que suministra su servicio y sus trabajadores, y a éstos les paga seguramente con dinero proveniente del cumplimiento del contrato de obra o servicio del que se trate, pero, en definitiva, el origen del dinero no es argumento jurídicamente idóneo para determinar si la partida se incluye para el aguinaldo.” En la posición que considera al Ministerio como un intermediario encontramos a los similares de 4º Turno (Sentencia T.A. Civil No. SEF-0009-000008/2013-4) y de 7º Turno (Sentencia T.A. Civil No. SEF-0008-000049/2012-3) y el TCA (Sentencia N° 488/009) que caracterizan al servicio como una labor voluntaria y de carácter privado, que no es inherente al cargo, aunque deba ser prestada por personal policial. Como se dijo, esta Sala estima que desde que lo percibido por el servicio “222/272” aporta a la Caja Policial, tiene naturaleza salarial, aunque se trate de una remuneración extraordinaria, variable, complementaria de la retribución del funcionario policial. Por lo tanto, esos ingresos deben integrar la retribución que se percibe durante el período en que el funcionario goza su licencia y así se dispondrá”. El análisis del apelante es totalmente compartible en este punto, existe una incongruencia intrínseca en el razonamiento. También es incongruente como lo destaca el apelante al decir que hay un contrato de tercerizaciones y afirmar que el Ministerio del Interior no tiene obligación alguna. Las tercerizaciones están previstas expresamente para el Estado por Ley Nº 18.098 y se rigen para todos por las Leyes Nºs 18.099 y 18.250. Asimismo, la demandada sostiene que se trata de una tercerización de servicios. A juicio de la Sala, en principio se asemeja a una subcontratación de un servicio de vigilancia o seguridad (art. 1 lit. A Ley Nº 18.251), ya que como dice la norma, el Ministerio del Interior presta servicios por su cuenta y riesgo, con trabajadores bajo su dependencia (policías), mediante un contrato con la empresa usuaria (el particular). Ello se desprende también del segundo inciso del art. 62 de la Ley Nº 13.892 que dice “Cuando el servicio requiera equipamiento especial que implique un mayor costo en la prestación del mismo que se traslade al precio abonado por el particular, facúltase al Poder Ejecutivo a no incluir ese mayor costo en la base de cálculo del porcentaje fijado en el inciso primero del presente artículo.” De tal forma que el Ministerio aporta el personal y el equipamiento y determina el precio de acuerdo al requerimiento del servicio. Esto claramente lo posiciona como empleador y como obligado al pago de ese servicio prestado, el que abonará con lo que reciba del particular en pago por el contrato de tercerización. Por tanto, se trata efectivamente de una tercerización en la modalidad subcontratación de servicio de vigilancia. III. El segundo agravio se funda en que el Ministerio del Interior sostiene que es un mero intermediario. No es así, ya que de acuerdo a lo señalado antes de ahora es el empleador (el Ministerio del Interior reconoce la tercerización que lo posiciona en esa calidad), lo que además se confirma por la normativa que se analizará a continuación, la que también tira por tierra la afirmación de que se trata de una tarea ajena a la función. El art. 222 de la Ley Nº 13.318 establece que: “Autorízase a la Jefatura de Policía de Montevideo y Prefectura General Marítima a cobrar por la prestación de servicio de vigilancia especial. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo “ De esta norma se extrae que quien está autorizado a prestar ese servicio es el Ministerio del interior, no los policías en particular. Por su parte, el decreto reglamentario N° 105/71 establece que: “Servicio de Vigilancia Especial, será de cargo del peticionante y establécese el costo por la prestación de servicios por hora, día y mes.” Es decir, lo presta el Ministerio, pero no en forma gratuita, sino que requiere una contraprestación por el servicio prestado por parte del particular, señalándose su costo en base al tiempo que el mismo se utiliza. A su vez, la Ley Nº 13.892 Artículo 62 establece que: “El 80% (ochenta por ciento) del importe del producido de los servicios prestados a particulares y abonados por éstos, será destinado al pago de una compensación extraordinaria a los funcionarios que lo presten directamente, siempre que esa prestación sea fuera del horario ordinario de servicio.” De acuerdo a esta norma el Ministerio, de lo que cobra por el servicio deberá destinar el 80% al pago de una compensación para el funcionario policial que lo prestó. Por tanto, claramente quien aparece para las normas como empleador en la instancia sigue siendo el Estado, que es con quien se contrata el servicio, es quien cobra por dicho servicio, a un precio fijado previamente. De ese precio, destina un porcentaje a pagar a los funcionarios policiales que lo prestan. El Ministerio no es un simple intermediario, ya que de acuerdo a estas normas es quien contrata el servicio, quien lo cobra, y quien vuelca parte de lo cobrado al funcionario que lo realiza. Obsérvese que incluso obtiene una ganancia para sí ya que no vuelca todo lo que percibe. Incluso cobra más si se requiere mayor equipamiento, lo que no se condice con un simple administrador. IV. En definitiva, lo percibido por los funcionarios policiales en concepto de 222, es una contraprestación por el trabajo efectuado y por tanto salarial, como bien señala la apelante. El C.I.T. 195 de la O.I.T. define el salario como: “A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.” Este convenio se aplica a “todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario” (art 2). Y fue ratificado por nuestro país por Ley Nº 12.030, por lo que abarca a los funcionarios públicos. En este mismo sentido, definió el salario Plá Rodríguez (Curso de Derecho Laboral, T. III, vol. II, p. 10), quien señala que salario es el conjunto de ventajas económicas, que obtiene el trabajador como consecuencia de su labor prestada en virtud de la relación de trabajo. Por lo tanto, se trata de una partida de naturaleza salarial, ya que se recibe como contraprestación a la prestación de trabajo, y no afecta esta naturaleza su variabilidad o la voluntariedad en la realización de la tarea. Y el obligado al pago de dicho rubro salarial es el Ministerio del interior en tanto empleador. Además, está admitido que esta partida genera aguinaldo. Si estamos a la definición del aguinaldo de acuerdo a la Ley Nº 12.840, aplicable también a los funcionarios públicos, de acuerdo a la cual para el cómputo del mismo se toman las partidas de carácter salarial recibidas “en dinero” y exclusivamente “abonadas por el patrono” Por ende no genera aguinaldo lo abonado por un tercero, como por ejemplo las propinas, de tal forma que al incluir la partida del 222 en el aguinaldo está aceptando que las abona él como empleador o patrono( y no el particular contratante del servicio) como retribución por tarea cumplida. Por lo tanto, el propio demandado está admitiendo con su accionar su condición de empleador. Por ello y por admitir que es una tercerización es de aplicación la teoría del acto propio. En sentencia N° 187/2020 del 9 de octubre de 2020, la Sala estableció, al respecto: “…la teoría de los actos propios “afirma - delineada por la dogmática alemana y con amplia acogida en la nuestra - que no es admisible “venire contra factum propium” o sea que cada sujeto debe ajustar su conducta a la coherencia con sus acciones anteriores y, en consecuencia, no le está permitido sostener actitudes contradictorias con las precedentes o previas, en la medida en que éstas eran para los terceros con quienes se relaciona, síntomas eficaces de un modo determinado de comportamiento (Conf. Adolfo Gelsi Bidart “Acerca de la Teoría del Acto Propio” en Revista Jurídica Estudiantil Año III tomo 5, pág. 18; Laura Barbieri “La doctrina de los actos propios en nuestra jurisprudencia” en A.D.C.U. tomo XXX pág. 767). Es claro que el fundamento de dicha teoría se encuentra en el principio de buena fe, con raigambre constitucional (artículos 7, 72 y 332 de la Carta), así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia (Sentencia S.C.J. No. 41/007, en A.D.C.U. tomo XXXVII c. 1063 pág. 599). “ De acuerdo con este principio no es aceptable hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior que indica objetivamente una actitud de renuncia y a la vez, impide adoptar una posición y cambiarla arbitrariamente sin una justificación suficiente (Conf. Enneccerus y Nipperdey “Tratado de Derecho Civil” Parte General tomo I volumen 2, pág. 482; Sentencia T.A. Civil No. 213/007-1 en A.D.C.U. tomo XXXIV nota 1026; Sentencia T.A. Civil No. 80/005-1 y Sentencia T.A. Civil No. 91/005-1 en A.D.C.U. tomo XXXVI nota 1092; Sentencia T.A. Civil No. 187/008-1 en A.D.C.U. tomo XXXIX nota 964; Sentencia T.A. Civil No. 91/004-1, entre otras de la Sala).”. Entonces, el empleador en el cumplimiento del 222 sigue siendo el Ministerio del Interior. El análisis realizado se resume perfectamente en el art. 43 de la Ley Nº 18.405, dado que la norma reconoce que el contrato se celebra entre el demandado y el particular, y que las partidas tienen carácter salarial (remuneración). V. Ahora cabe determinar si esta partida debe incluirse en la base de cálculo del monto a cobrar por licencia. No se identifica en el caso norma específica para la policía que fije la base de cálculo para el jornal de licencia. Las normas que cita la actora en la apelación refieren a los días que se generan por licencia, pero no a la base de cálculo del jornal de licencia. Obsérvese que la demandada se limita a negar el derecho a la generación de licencia por el 222, pero nada dice sobre los rubros utilizados para calcular el jornal de licencia. El hecho que no haya norma expresa que lo incluya no autoriza a interpretar que está vedada su inclusión. Ante ello nada impide acudir a las normas de derecho privado en el punto. Y ello porque la licencia y su pago son derechos fundamentales de todo trabajador (expresamente establecido en instrumentos internacionales universales, interamericano y regional) y por ende puede y debe acudirse a la analogía de existir un vacío legal. Tratándose de un derecho de protección constitucional (art. 54) se debe aplicar el art. 332 de la carta magna y acudir a la analogía, igual que lo determina el art. 16 de C.C. Por tanto, es posible acudir a las normas de derecho privado, sobre todo porque nada dice la demandada de cómo lo calcula o en qué normas se basa para ello. La Ley Nº 12.590 art. 10 dice que el jornal de vacaciones se calcula a razón de 1/30 parte del sueldo mensual, y la Ley Nº 13.556 art. 3 agrega que ese “sueldo mensual” al que refiere la norma anterior es el que se corresponde con “la remuneración vigente” al momento de gozar la licencia, en el que incluyen expresamente las partidas variables (en el caso el 222). Y para determinar la incidencia de estas partidas en el jornal se deben promediar un año hacia atrás. En este sentido, expresa el C.I.T. 100, art. 1 lit. a “(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último” Cabe señalar que el C.I.T. 151 al que refiere la demandada tiene por objeto la protección del derecho a la sindicalización de los funcionarios públicos por eso la referencia especial a la policía y fuerzas armadas, aunque en el caso de nuestro país, respecto de la policía, se aplica totalmente este convenio ya que se ha admitido a nivel interno su sindicación. Es decir, no tiene nada que ver con el tema que se plantea acá. En cuanto a las dificultades en la liquidación alegadas por la demandada ello no es de recibo, porque quien tiene los datos suficientes para determinar quien realizó el servicio y cuando abonó por el mismo (lo hayan cumplido en su licencia o no, lo que sigue siendo irrelevante) es el empleador, esto es, el Ministerio del Interior. Atento a ello deberá realizarse el promedio de lo percibido por este concepto en el año inmediato anterior, y llevarlo a valor jornal, esto es 1/30 parte, por la cantidad de días de licencia gozados. Reajustes e intereses desde la exigibilidad de cada suma. Corresponde derivar la liquidación al procedimiento previsto por el art. 378 C.G.P. bajo estos parámetros.” La extensa transcripción del fallo que antecede se justifica porque en el mismo, y frente a un reclamo semejante al de autos, la Sala expresó en forma clara su procedencia. Entonces, y siendo una cuestión de puro derecho, corresponde confirmar la solución adoptada en primera instancia, que la Sala comparte y a la cual se remite en honor a la brevedad.” En este mismo sentido y posterior al fallo referido véase también de esta Sala la Sentencia Nro. 151/2025. Nuevamente, y volviendo al caso a estudio se reitera que, siendo la cuestión debatida de puro derecho, se irá a la solución confirmatoria de la solución adoptada en primera instancia, que la Sala comparte, pero teniendo en cuanta la prescripción que se declara. IV). No corresponde realizar sanciones procesales. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el tribunal, FALLA: REVOCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA NRO. 1380/2024 Y, EN SU LUGAR, DECLÁRASE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS ANTERIORES AL 5 DE FEBRERO DE 2020 CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, TENIÉNDOSE PRESENTE LA PRESCRIPCIÓN PARCIAL DECLARADA, SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS $ 25.000. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA