Sentencia Definitiva N° 250/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA N° 250/2025 Montevideo, 1º de octubre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA Y OTROS C/ COOPERATIVA DE VIVIENDAS COVIAUTE II – DAÑOS Y PERJUICIOS” – IUE: 2-11818/2022 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 552-555, contra la sentencia definitiva Nº 135/2024 del 6 de diciembre de 2024 de fs. 549-551, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, Dr. Alejandro Recarey Mastrangelo. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la demanda, con costas y costos por el orden causado. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 552-555 manifestó que le agravia que no haya pronunciamiento respecto al recurso de apelación interpuesto por esta parte contra la agregación extemporánea de documentación por parte de la demandada, sin cumplir con las formalidades exigidas por la ley. Tampoco hubo pronunciamiento de los reiterados incumplimientos de COVIAUTE II en la agregación de documentación relevante que tenía en su poder, a pesar de las sendas intimaciones. Sostuvo que el objeto del proceso fue determinar la ilegalidad del procedimiento de exclusión de los actores, aspecto que el propio sentenciante reconoció como irregular, sin que se determinara la nulidad del acto ni la consecuente responsabilidad de la demandada. Los actores no tuvieron oportunidad real de defenderse ante las acusaciones formuladas en su contra, lo que vulneró el derecho de defensa. Además, se omitió la información, se omitió dar vista para efectuar descargo, se resolvió la exclusión de forma unilateral y no fueron considerados los recursos interpuestos por los accionantes, se convocó a asamblea en forma anticipada sin respetar los plazos, todo lo que determina una total vulneración del derecho a la defensa. Agrega que el A quo no realizó un análisis individual de la situación de cada actor, cuando las exclusiones fueron individuales y con motivaciones distintas. Respecto a BB, CC y DD no se acreditó la existencia de faltas graves sino que se limitó a señalar un supuesto vínculo con AA. No se analizó la desigualdad en el tratamiento de los socios por parte de la Cooperativa, en tanto la Comisión Fiscal no tuvo el mismo procedimiento que los comparecientes. El A quo se contradice al afirmar que el procedimiento no se ajustó a la ley pero concluye que no existió vulneración del derecho de defensa. Además, la cooperativa está en una posición dominante en relación al socio por lo que le correspondía acreditar las causales invocadas. Por otro lado, estimó que los actores interpusieron verdaderos recursos y no meras “cartas explicativas” como expresa el A quo. Ninguno de los extremos de su tramitación se respetó en tanto se resolvió sin que hubiera transcurrido el plazo de reconsideración. Además, la decisión de exclusión la toma el Consejo Directivo y la Asamblea solo refrenda la misma. Rechaza la afirmación del A quo respecto a la existencia de un grado de informalidad en la aplicación de las sanciones, especialmente las más graves com la exclusión, porque existe una normativa extensa y detallada que regula los procesos disciplinarios y además el Estatuto se remite a la ley e incluso puede recurrirse a la integración por normas análogas (por ejemplo, del procedimiento administrativo disciplinario). La cooperativa no aportó prueba de la infracción grave por la que se procedió a la exclusión. 3) La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 559-561 manifestando que la sentencia impugnada es absolutamente fundada y ajustada a Derecho. Estimó que esta parte nunca intentó actuar con mala fe y la actora podría haber hecho uso de las herramientas procesales correspondientes en cuanto a los supuestos incumplimientos a agregar documentación. Estimó que la conducta de los actores no fue de articular una defensa por la vía civil o penal ni por la vía interna de la Cooperativa. Los propios actos propios de los actores determinaron la convalidación de las actuaciones llevadas adelante por la cooperativa en el iter sancionatoro. Tal como afirmó el A quo, la parte actora no controvirtió en ningún momento la falta que le endilgara y, por tanto, debe tenerse la misma como admitida. Los actores tuvieron varias instancias para defenderse. Es claro que los actores no interpusieron defensas por vía recursiva. Finalmente, destacó que la decisión de asamblea tuvo treinta y tres votos positivos y ningún voto negativo, con tres abstenciones. Ello configura una manifestación democrática contundente del órgano máximo de la persona jurídica que fue claramente perjudicada por el accionar de quienes hoy pretenden obtener un beneficio económico producto de un daño inexistente. 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 738/2025 del 19 de marzo de 2025 (fs. 567), se asignó esta Sala (fs. 569) y recibidos los autos en el Tribunal el 22 de abril de 2025 (fs. 569 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales, habrá de confirmar la sentencia apelada, sin especial condenación, por los fundamentos que se expondrán. II) El apelante alega la falta de pronunciamiento sobre recursos previos y sobre los incumplimientos de la actora en la agregación de documentación. Con relación al agravio relativo a la falta de pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto contra la agregación extemporánea de documentación por parte de la demandada, sin cumplir las formalidades exigidas por la ley, el mismo no puede prosperar. El agravio, tal cual fue expuesto, carece de claridad, no determinando que providencia cuestiona. Del relevamiento de actuaciones cumplidas, parecería referir al decreto N° 1307/2024, dictado en audiencia por el que se tuvo por agregados los documentos presentados por la demandada. Sin embargo, el anuncio del recurso de apelación, por parte de los actores, fue contra el decreto N° 1303/2024, dictado en esa misma audiencia, por el que se tuvo por agregados ciertos documentos en poder del abogado Dr. D´Angelo. En cualquier caso, la apelación se concedió con efecto diferido, de manera que no se advierte que el Sr. Juez a quo no se haya expedido con relación a la apelación. Va de suyo que, si se concedió con efecto diferido, la apelación de la sentencia definitiva era la etapa procesal para fundar agravios (fs. 335/337). En cuanto a la falta de pronunciamiento respecto a los reiterados incumplimientos de la demandada en la agregación de documentación relevante que tenía en su poder, el agravio es más aparente que real. Los impugnantes, promovieron diligencia preparatoria de intimación (solicitud de agregación de documentos en poder del adversario), a lo que se proveyó de conformidad (fs. 20 y 38). Asimismo, solicitó se intimara la agregación de documentos en poder del adversario, al presentar la demanda (fs. 51/52), a lo que también se proveyó de conformidad (fs. 286 v.). Así las cosas, si la parte no cumplió con la intimación o cumplió parcialmente, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 142.2 del CGP, ello genera una presunción simple en su contra. De tal forma, no se requiere un pronunciamiento específico respecto al incumplimiento irregular sino valorar en la sentencia definitiva la prueba incorporada al proceso. Y en esta valoración, esa presunción simple resultó descartada por la prueba de cargo. III) En cuanto al mérito de la cuestión, cabe señalar que los agravios están dirigidos a la valoración de los aspectos formales del procedimiento de exclusión y no a las causas de la misma, siguiendo el mismo derrotero de la demanda. En este punto, no hay discusión que hubo irregularidades respecto al procedimiento seguido por la Cooperativa demandada para decretar la expulsión de los actores. En consecuencia, el análisis debe centrarse en determinar si esas irregularidades generan la nulidad de lo actuado por el Consejo Directivo y la Asamblea General. La Sala considera que la respuesta es negativa. Resulta fundamental la actitud adoptada por los actores durante su proceso de exclusión a los efectos de determinar si sufrieron o no violación de su derecho de defensa. Para valorar su conducta debe destacarse que algunos ocupaban cargos de alta jerarquía en la cooperativa (habían integrado la directiva anterior), por lo que los procedimientos defensivos no les eran ajenos. Está acreditado que los actores conocieron desde el inicio los motivos que llevaron a la postre a su exclusión. Estas imputaciones graves que les formularon (faltante de dinero, depósito de dinero de la cooperativa en cuentas particulares, adjudicación de compra de materiales a una empresa de uno de los actores –vicepresidente-), como acertadamente señala el juez de primera instancia, no las controvirtieron en lo más mínimo. Teniendo conocimiento de las imputaciones (ver Asamblea en que se decide la suspensión, fs. 69-70) , pudieron ejercer sus derechos defensivos, sin embargo, no movilizaron los recursos previstos por los arts. 42 y 44 de la ley N° 18.407 y no realizaron ninguna objeción a las Asambleas que convocó la Cooperativa, tanto la que dispuso suspensión como la que determinó la expulsión. Se limitaron a presentar sendas notas ( fs. 80-86), de cuyo texto no se puede inferir en ningún momento que se pretenda impugnar algún acto de la Cooperativa , como ahora pretenden los apelantes. En este punto, se coincide con el Sr. Juez a quo, en cuanto las calificó de “explicativas”. Estas notas fueron ponderadas en la siguiente Asamblea , en la que no se hace lugar a los descargos planteados, decidiendo su expulsión ( fs. 71- 73). En conclusión, la alegada violación del derecho de defensa se ve desmentida por las resultancias de autos, ya que en la primera asamblea, algunos de los actores realizaron sus descargos y en la segunda, articularon sus defensas por escrito. La Sala considera que, en definitiva, se cumplió con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto de la Cooperativa, ya que la decisión la tomó el Consejo Directivo, mediante información sumaria, se escuchó a los interesados, en ambas Asambleas y la decisión final de expulsión la tomó la Asamblea General. Por tanto, no puede alegarse que las irregularidades, ciertamente cometidas a nivel interno, hayan colocado a los actores, en indefensión. El procedimiento previsto en el estatuto y la ley N° 18.407, están establecidos para asegurar la debida defensa, pero el apartamiento de esa ritualidad no generaron por sí mismo nulidad, dado que los actores tomaron conocimiento de los hechos imputados y contaron con la posibilidad de articular sus defensas. Además, la decisión de expulsión fue tomada por el órgano competente para ello, como es la Asamblea General a instancias de la actuación del Consejo Directivo. IV) Los apelantes se agravian porque consideran que no se valoró la conducta de cada actor en particular, dado que sus circunstancias son diferentes. El agravio no es de recibo, ya que no se advierte que no se hayan tratado en forma independiente la situación de cada uno de los actores. Al evacuar el traslado de la demanda, se indicó con precisión la actuación de cada uno de ellos, el grado de parentesco, la función que cumplían en la cooperativa y los hechos que motivaron la expulsión (fs. 213 y ss.). En la sentencia, se afirmó, con razón, que la postura de los actores fue controvertir el procedimiento de expulsión, pero no los hechos graves que a la postre terminaron con la decisión de la Asamblea General, de expulsarlos de la cooperativa. Entonces, se discriminaron las faltas graves que cada uno de los actores cometió en el desempeño de sus cargos en la cooperativa, las que no fueron objeto de cuestionamiento, de manera que, como se adelantó, el agravio no puede prosperar. V) La conducta procesal de las partes no amerita especial imposición en costas y costos. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN HONORARIOS FICTOS 3 BPC NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE , DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA