Sentencia Definitiva N° 605/2025

Sentencia Nro. 605/2025 - IUE: 2-122949/2024 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS Y OTRO – MEDIDA PROVISIONAL”, IUE 2- 122949/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No. 100/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 17o Turno, Dra. María Alexandra Facal Sosa. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 1 de abril de 2025 (fojas 97 a 100), en lo que interesa a la instancia, se falló: “Declarando la cosa juzgada respecto de la medida provisional.” II. Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionante, Sra. AA, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 108 a 110, agraviándose, en lo medular, por la errónea valoración de la prueba, en tanto surge en forma clara del proceso de amparo tramitado en IUE: 2-105502/2024, en particular de la declaración del Dr. Gayé, que la enfermedad que padece es progresiva y que sin el medicamento se generará un daño acumulativo. Denuncia un hecho nuevo y agrega informe médico de fecha 13 de febrero de 2025, que acredita el deterioro progresivo de su estado de salud y la necesidad urgente de iniciar el tratamiento con Ocrelizumab. Pide que se revoque la recurrida y se ordene la inmediata entrega de la medicación solicitada. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 116 comparece el codemandado, Fondo Nacional de Recursos y evacuando el traslado conferido, aboga por la confirmatoria, señalando que no se modificó la situación que ameritó el rechazo de la acción de amparo oportunamente sustanciada, pretendiéndose una revisión de lo decidido; la negativa de la cobertura se fundó en el límite de edad; existe cosa juzgada, como correctamente lo relevó la decisora de primer grado. IV. De fojas 140 a 142, se presenta el codemandado, Ministerio de Salud Pública, evacuando el traslado conferido, solicitando el rechazo del alegado hecho nuevo y la prueba ofrecida, que no fue incorporada cuando se promovió la medida y tampoco puede ser considerado superviniente; el informe no es más que una constancia de la progresión de la enfermedad, que no resulta respaldada por otra documentación; no se ha demostrado que la enfermedad haya progresado luego de promovida la acción de amparo, resultando acertada la sentencia en cuanto declaró la existencia de cosa juzgada. V. Franqueada la alzada (fojas 153), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 174vuelto), luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6o Turno, por sentencia interlocutoria No. 95/2025, se declarara inhibido de oficio para entender en el caso (fojas 167169). Pasados los autos a estudio el 30 de julio de 2025 (fojas 176) y culminado el mismo, en sesión del 17 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por el número de voluntades requerido legalmente, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, sin especiales condenas procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El 11 de diciembre de 2024, la accionante solicitó la medida provisional en análisis a efectos de obtener la financiación del medicamento Ocrelizumab, luego de que la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno el 25 de noviembre de 2024, en los autos caratulados: “AA c/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS y otro – AMPARO” IUE: 2-105502/2024 (acordonado), acogiera la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el Fondo Nacional de Recursos y desestimara la demanda a su respecto, confirmando la desestimatoria en relación al Ministerio de Salud Pública. La Sra. AA, de 66 años de edad, es portadora de esclerosis múltiple, enfermedad inmunomediada del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), crónica, de tipo desmielinizante, neurodegenerativa, progresiva, inflamatoria y autoinmune. Señaló que el medicamento Ocrelizumab tiene la capacidad de reducir el número de empujes y disminuir sus efectos y que el tratamiento indicado le permitirá mejorar la calidad de vida y prevenir el daño irreversible que la discapacite aún más, en tanto, la enfermedad que padece evoluciona rápidamente. El medicamento fue incorporado al FTM para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente-recurrente o primaria progresiva, en pacientes con edad mayor o igual a 18 años, “bajo estricta normativa de cobertura financiera del Fondo Nacional de Recursos” (fojas 27 y 28). No obstante ello, el Fondo demandado rechazó el pedimento de la paciente y al evacuar el traslado de la medida provisional, expresó que existe un protocolo que debe transitarse exitosamente para obtener la financiación y que la situación clínica de la accionante no se encuentra comprendida en su normativa de cobertura, conforme a la cual el medicamento se otorga a pacientes de hasta 55 años de edad. Asimismo, señala que existe cosa juzgada en virtud de que el objeto y la causa son idénticos a los de la acción de amparo previamente tramitada y desestimada, agregando que no se cumplen con los requisitos requeridos para que la medida pueda ser acogida, en tanto la pretensión provisional coincide con la del juicio ordinario y además la solicitada no reviste naturaleza cautelar, sino que procura eliminar la insatisfacción jurídica de manera anticipada, sin tener que transitar todo el proceso ordinario, no habiéndose acreditado el humo de buen derecho. El Ministerio de Salud Pública, por su parte, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, expresando que el medicamento Ocrelizumab se encuentra incluido en el FTM para la patología de la accionante, bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Manifestó, asimismo, que la medida solicitada no puede prosperar, pues no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código General del Proceso; lo pretendido es similar a lo requerido en la acción de amparo desestimada y la accionante no agregó prueba tendiente a acreditar la enfermedad que padece ni la indicación del tratamiento. III. La Jueza a quo rechazó la medida provisional peticionada, declarando la existencia de cosa juzgada, argumentando que la situación de la actora ya fue decidida por sentencia definitiva dictada en otro proceso principal y cautelar (de amparo), no pudiendo volver a deducirse “la misma pretensión planteada en un proceso, que por su naturaleza es en sí mismo cautelar. Es decir, el factor de riesgo que caracteriza las medidas provisionales había sido resuelto con anterioridad en el proceso de amparo. El actor no solo no argumentó variación en la situación, sino que por el contrario sustentó que la pretensión era por los mismos fundamentos.” IV. El Tribunal confirmará la recurrida, reafirmando la posición sustentada en casos análogos, como aconteció en la sentencia No. 139/2020, con respecto a la cosa juzgada: “En cuanto a la procedencia de este tipo de medidas en juicio posterior al amparo, la Sala, con anterior integración, sostuvo en sentencia No. 124/2008: "...existe una diferencia significativa entre la naturaleza de uno y otro proceso, que incide en su categorización y en sus resultados, e impide que pueda configurarse cosa juzgada en el caso concreto. En efecto, el proceso de amparo constituye una vía de tutela urgente, preventiva o represiva, procedente ante la inexistencia o clara ineficacia de otras, cuyo objetivo es asegurar, si corresponde, una protección célere que garantice la tuición de los derechos constitucionales en juego, en tanto se ponen en movimiento o se sustancian las vías naturales de atención de esos derechos, que en definitiva siempre existen, porque al menos un proceso ordinario siempre puede promoverse para requerir tutela jurisdiccional. Justamente por esa manifestación de tutela urgente que caracteriza al amparo, la normativa destina al resultado de este proceso una eficacia de cosa juzgada relativa, restringida al ámbito del propio amparo y no impeditiva de la eventual promoción de otros procesos con objeto total o parcialmente idéntico o cuyo objeto presuponga aspectos incluídos en el previo amparo. El artículo 11 de la Ley No. 16.011 dispone que: 'La sentencia ejecutoriada hace cosa juzgada sobre su objeto, pero deja subsistente el ejercicio de las acciones que pudieran corresponder a cualquiera de las partes con independencia del amparo'. Esto significa que la vía de amparo, como residual y subsidiaria que es, únicamente cabe ante la ineficacia o inexistencia de otras (las naturales que puedan brindar protección al derecho involucrado) según resulta del art. 2 eiusdem, y que el objeto decidido no puede revisarse por la misma vía, salvo que varíen las circunstancias de hecho (o sea, que cambie el objeto o causa); pero sí puede ser tratado por las vías comunes. La cosa juzgada del amparo se produce incidenter tantum: mientras no varíe el objeto, se verifica cosa juzgada y la cuestión idéntica no puede plantearse en otro amparo. Pero esa cosa juzgada queda limitada al ámbito del amparo, no obsta a que el objeto (con o sin variaciones) pueda ser tratado en procesos independientes que no sean de amparo, que podrían ser llamados los principales o naturales que el ordenamiento jurídico destina para el tratamiento de la pretensión de que se trate. Así por ejemplo, si se peticiona por vía de amparo la suspensión de la ejecución de un determinado acto administrativo porque se lo considera ilegítimo, y la decisión deniega el amparo por estimar que el acto es legítimo, la cuestión de legitimidad/ilegitimidad igualmente puede ser tratada y resuelta en proceso jurisdiccional anulatorio o reparatorio directo, porque la solución del amparo no impide el replanteo del tema en las vías independientes, que son las naturales propias de la tutela sancionatoria, a diferencia del amparo, mecanismo típico de tutela preventiva, urgente o anticipada según sus distintas variantes. En esas vías naturales e independientes (como bien las llama la ley) no puede argüirse que existe cosa juzgada proveniente del amparo. Y ello resulta acorde a la estructura asignada por el legislador al amparo, que únicamente permite un examen sumario de las cuestiones involucradas, realizado de esa forma al solo efecto de garantizar una eventual protección urgente que resulte necesaria, pero que no excluye que, satisfecha la urgencia o comprobada la improcedencia de otorgar tutela urgente, se persiga por los interesados, por las vías comunes, la tutela común que brinde certeza sobre el objeto debatido u otros vinculados al mismo. Como señalaba el Prof. Luis Alberto Viera, de recordada participación en el proceso de elaboración de la Ley No. 16.011 de amparo, la cosa juzgada presenta particularidades en este proceso, 'La sentencia ejecutoriada, en cuanto decide sobre el objeto del proceso de amparo, conceda o no la tutela extraordinaria impetrada, impide que se deba, en otro proceso, juzgar de nuevo el mismo caso por la misma vía de amparo. No impide que cualquiera de las partes pueda entablar otra pretensión de la que se considere investida. Así, el amparo sería procedente si una finca sujeta a expropiación la Administración pretendiera ocuparla manus militaris. Eso no impide que, luego, la Administración pida ante el juez competente la ocupación urgente de acuerdo con los requisitos legales pertinentes. Es una situación semejante a la que se da entre proceso posesorio y proceso petitorio' ('Ley de amparo', Luis Alberto Viera, Graciela Bello, Selva Klett, Graciela Berro; Ed. Idea, Montevideo, 1993, págs. 40/41).” (destacado del Tribunal). Asiste entonces razón a la accionante cuando sostiene que la existencia de una acción de amparo desestimada no decide fatalmente la improcedencia de una medida cautelar o provisional que eventualmente se impetre en un proceso posterior. Sin embargo, para que la medida peticionada no fracase por falta de mérito, es necesario que se acredite que las circunstancias han variado o que se propongan medios de prueba alternativos a los producidos en el proceso precedente, lo que en el caso no acaeció. El documento glosado a fojas 107, si bien resulta admisible en segunda instancia por ser de fecha posterior a la conclusión de la causa en el grado anterior, no resulta eficiente para probar que la situación clínica de la paciente ha variado. Además de las carencias formales que presenta (no se aclara el nombre ni ocupación o especialidad del profesional que lo expide), lo allí referido es una “progresión sintomática y aumento de discapacidad en últimos meses”, por lo que no acredita que se haya modificado la situación tenida en cuenta al desestimarse la acción de amparo. Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión atacada, no resultado de recibo los agravios deducidos por la accionante. V. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, por el quórum legal, RESUELVE: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIALES CONDENACIONES PROCESALES. ESTABLÉCESE EN $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA ALZADA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. DEVUÉLVANSE OPORTUNAMENTE ESTOS OBRADOS A LA SEDE DE ORIGEN, CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Analía García Obregón - Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante