Sentencia Interlocutoria N° 607/2025

Sentencia Nro. 607/2025 - IUE: 34-28/2025 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y otro – ACCIÓN DE REQUERIMIENTO”, IUE: 34-28/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el codemandado Ministerio de Salud Pública, contra la sentencia interlocutoria No. 777/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8o Turno, Dr. Federico Tobia Silveira. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 31 de marzo de 2025 (fojas 444 a 452), en lo que interesa a la instancia, se resolvió: “Hacer lugar a la adopción de medida provisional o anticipada solicitada y en su mérito condenando en tal carácter al Ministerio de Salud Pública a la entrega del medicamento AVACOPAN a la parte actora en plazo de 24 horas hábiles y por el término que determine su médico tratante. No hacer lugar a la pretensión instaurada respecto del Fondo Nacional de Recursos. Todo sin especial condenación.” II. Contra dicha decisión se alzó el codemandado Ministerio de Salud Pública, en escrito obrante de fojas 456 a 465, interponiendo recurso de apelación, agraviándose, en lo medular, por considerar que la decisión contraviene y desconoce la legislación vigente, acogiéndose una pretensión que versa sobre un medicamento no registrado; no se encuentra dentro de sus cometidos la dispensación de medicamentos; por sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de amparo tramitado previamente, se desestimó la demanda, no habiéndose demostrado la probabilidad de que la pretensión sea acogida en la sentencia definitiva, repitiéndose en el caso los argumentos ya expuestos; no se respetó la estructura procesal, planteándose el juicio ordinario sin la previa citación a conciliación; tampoco se ha acreditado el daño que pretende evitarse. Pide que se revoque la recurrida. III. Sustanciado la impugnación deducida, de fojas 475 a 479 comparece la parte actora, Sra. AA y evacuando el traslado conferido, aboga por su rechazo, expresando, en síntesis, que el agravio referido a la inexistencia del daño que se pretende evitar carece de validez; la necesidad de la medida provisional fue debidamente probada; el fármaco Avacopan constituye el único tratamiento habilitado para alcanzar el objetivo terapéutico; el hecho de que el medicamento no se encuentre registrado no imposibilita su suministro y ello tampoco implica su comercialización ilegal ya que tiene a su disposición un procedimiento que habilita la importación de fármacos no registrados; acreditó sumariamente que es posible obtener una sentencia favorable en el proceso principal; la audiencia de conciliación, solicitada con anterioridad al presente proceso, se realizó el 24 de abril de 2024. IV. Franqueada la alzada (fojas 481), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 493 vuelto), pasando los autos a estudio el 28 de julio de 2025 (fojas 198) y culminado el mismo, en sesión del 29 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por el número de voluntades requerido legalmente, designándose redactora. Surge del expediente el período que la Sala permaneció desintegrada por licencia médica de la Dra. Cecilia Schroeder Rius (fojas 197) y reglamentaria de la Dra. Gabriela Rodríguez Marichal (fojas 201). CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, sin especiales condenas procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El 11 de marzo de 2025, la accionante promovió acción de requerimiento y solicitó la medida provisional en análisis a efectos de obtener la financiación del medicamento Avacopan, luego de que la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno el 27 de febrero de 2025, en los autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y otro – AMPARO” IUE: 2-116090/2024 (testimonio acordonado), revocara la condena impuesta en primera instancia (con fecha 28 de noviembre de 2024) y desestimara la demanda promovida. La Sra. AA, de 25 años de edad, padece vasculitis MPO, enfermedad autoinmune, grave y rara, que afecta principalmente a los pequeños vasos sanguíneos, provocando inflamación crónica y daño tisular progresivo en diversos órganos, como riñones, pulmones y piel. El médico nefrólogo tratante, Dr. Federico Yandian, le indicó tratamiento con el fármaco Avacopan, que no se encuentra registrado en nuestro país. III. El juez a quo amparó la medida provisional solicitada y condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar a la actora el medicamento Avacopan, en un plazo de 24 horas y por el término que determine su médico tratante, considerando acreditado el humo de buen derecho con la declaración del Dr. Federico Yandian, así como con su informe y demás documentación obrante en el expediente donde se sustanció el proceso de amparo. Asimismo, estimó demostrada la existencia de riesgo a la salud y la vida de la Sra. AA dada la enfermedad que padece, pretendiéndose evitar con la adopción de la medida provisional peticionada “que se cause a la parte actora antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación.” IV. A juicio del Tribunal, no se advierten razones que ameriten la revocatoria pretendida por el Ministerio de Salud Pública, no siendo de recibo sus agravios, estimándose, prima facie y a los solos efectos provisionales, sin que ello implique prejuzgamiento, que no existe obstáculo para el suministro del fármaco peticionado. Cabe precisar, en primer lugar, como se ha sostenido antes, que “la existencia de una acción de amparo desestimada no decide fatalmente la improcedencia de una medida cautelar o provisional que eventualmente se impetre en el proceso posterior.” (sentencia interlocutoria No. 419/2023). Pero para que la medida peticionada no fracase por falta de mérito, es necesario que se acredite que las circunstancias han variado o que se propongan medios de prueba alternativos a los producidos en el proceso precedente. En este caso, la necesidad y la utilidad del fármaco quedaron sumariamente acreditados mediante el informe obrante de fojas 3 a 6, la declaración del nefrólogo tratante, Dr. Federico Yandian recibida en audiencia y la historia clínica actualizada agregada en autos. Además, con el informe médico expedido el 7 de marzo de 2025, se acreditan los beneficios que para la actora ha tenido el suministro del medicamento que se reclama, obtenido en cumplimiento de la condena de primera instancia, luego revocada, en el proceso de amparo tramitado en autos IUE: 2-116090/2024. Conforme lo consignado el Dr. Yandian, la Sra. AA inició el tratamiento con Avacopan el 9 de diciembre de 2024, presentando “una franca mejoría paraclínica, logrando mejoría de función renal (mejor valor de función renal tras inicio de avacopan, que venía con una creatininemia estancada en 2.0 mg/dl, su mejor valor de proteinuria desde el diagnóstico y logrando remitir la microhematuria). Además, la paciente normaliza los reactantes de fase aguda, marcadores de actividad antinflamatoria sistémica. En suma: paciente de 25 años, portadora de una vasculitis MPO que presentó una buena evolución con el tratamiento de inducción y mantenimiento inmunosupresor planteado, pero que presenta aún actividad residual y que viene con un aumento progresivo de la proteinuria, que es un marcador de mal pronóstico de sobrevida renal.”, por lo que mantiene la indicación del fármaco Avacopan, dada la “excelente respuesta al tratamiento, con mejoría de parámetros paraclínicos, que auguran una mejor sobrevida renal libre de diálisis y trasplante renal, mejorando considerablemente el pronóstico de la paciente. Además la tolerancia al tratamiento fue buena y sin efectos adversos.” (fojas 4 in fine y 5). En audiencia celebrada el 31 de marzo de 2025, el Dr. Yandian brinda detalles de la enfermedad que padece la accionante y su evolución, así como de los beneficios que obtuvo con las dosis que recibió Avacopan, calificando los resultados como “más que positivos” e indicando que se trata de una enfermedad grave y que de no suministrarse el medicamento “en cualquier empuje puede fallecer” (en registro de audire No. 3, minutos 1’40, 2’35 y 3’50). Sobre la procedencia de la medida provisional, se ha sostenido: "En el art. 314.2 del Código se indica, sin mucho detalle, que la solicitud de medida cautelar -y, por ende, de medida provisional- debe formularse señalándose con precisión la medida que se está solicitando (incluido su alcance, es decir su importancia y duración). En la solicitud deberán alegarse los fundamentos por los cuales se pide el dictado de dicha medida provisional y agregarse el ofrecimiento de una sumaria producción de medios de prueba, tanto respecto a los hechos que meritarían la sentencia de condena (prueba sumaria del "bonus fumus iuris") como a la ya indicada particular gravedad del daño que se produciría si no se hace lugar a la satisfacción provisional de la pretensión principal, sin perjuicio de que ello será innecesario si los hechos en cuestión son notorios, se presumen absolutamente, son evidentes o normales." (Alejandro Abal Oliú, Derecho Procesal, Tomo VIII, FCU, año 2019, página 362). La probabilidad de que una eventual sentencia definitiva de condena resulte tardía e ineficaz, ha quedado sumariamente demostrada en el caso con el informe y declaración del nefrólogo tratante, justificándose la adopción de la medida provisional solicitada. No resulta de recibo el agravio fundado en la omisión propia de no registrar un medicamento de probada eficacia para la enfermedad que padece la actora, cuando la pretensión deducida se limita al suministro concreto de un fármaco necesario, cuya eficacia resultó acreditada, no formando parte de la demanda la pretensión de que sea incluido bajo cobertura del sistema de salud para todos los casos. El apelante no invoca ni acredita razón científica alguna que justifique que el medicamento no es eficaz para la patología de la Sra. AA, ni que existe alguna razón científica que justifique su falta de registro. Debe tenerse presente que el Ministerio demandado estaba gravado con la carga de demostrar “los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión” controvertida de su adversario (artículo 139.1 del Código General del Proceso), carga de la que no ha logrado deshacerse. Cabe recordar, además, que la Ley No. 18.211 es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Los programas integrales de prestaciones incluirán: Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud-enfermedad detectados. Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores” Por su parte, la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud, en su artículo 7 preceptúa: “Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” Tampoco puede considerarse que el Ministerio de Salud Pública ha realizado todas las atribuciones específicas enmarcadas dentro del marco de su competencia ni que no es cometido suyo la prestación directa de asistencia médica a la población, ni puede sostenerse, al menos en principio, que el Estado no tenga la obligación de proporcionar el medicamento solicitado, cuando la accionante se encuentra comprendida y amparada en la disposición contenida en la oración final del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, en la medida que se ha acreditado en el proceso de amparo (fojas 140 a 149 del testimonio acordonado), que se trata de una persona que carece de recursos económicos suficientes para financiar el tratamiento que se le ha indicado, sin que se haya suscitado controversia al respecto, disponiendo la norma citada que: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Por lo tanto, es la Constitución la que le impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes, como la actora, no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia. Finalmente, tampoco resulta de recibo el agravio relativo a la falta de conciliación previa, dado que el requisito fue cumplido conforme surge de fojas 470 y 471. En definitiva, se comparte la decisión impugnada en cuanto hace lugar a la medida provisional impetrada contra el Ministerio de Salud Pública, considerando sumariamente acreditada la existencia del perjuicio o lesión grave o de difícil reparación (artículo 317.1 del Código General del Proceso) para la accionante, de no ampararse la medida pedida y de esperarse a la decisión definitiva que deberá dictarse al finalizar este proceso ordinario. Como lo sostuviera el TAC de 7o. Turno en sentencia interlocutoria No. 20/2019 al referir a las medidas provisionales: “Cabe recordar que, conforme a las reglas que regulan el instituto cautelar (arts. 311 a 314 del C.G.P.) lo esencial y definitorio es su función de asegurar el resultado del juicio facilitando la eficacia del proceso y para el progreso de estas pretensiones es necesario que el promotor justifique sumariamente la existencia del derecho invocado, aun sin exigir evidencia concreta e indiscutible, siendo suficiente una sólida verosimilitud, esto es, el denominado “fumus bonis iuris” y el peligro de su lesión o frustración a través de conductas desarrolladas por su contrario “periculum in mora” así como otorgar contracautela suficiente (Cf. TARIGO, Lecciones Tomo II págs. 356/358; GONZALEZ MULLIN, LAJ pag.259; sent. de la Sala: Sentencia T.A. Civil No. 199/004-7, Sentencia T.A. Civil No. 57/005-7, Sentencia T.A. Civil No. 328/005-7, Sentencia T.A. Civil No. 56/008-7, Sentencia T.A. Civil No. 111/008-7 entre otras). La denominada medida cautelar provisional o anticipada, constituye una especie que se diferencia claramente de las medidas cautelares generales. Cabe preguntarse, tal como lo hace Barrios De Ángelis, si corresponden a un proceso cautelar o a una clase distinta, que podría denominarse ‘proceso provisional’, ello debido a que falta en estos supuestos la nota de provisoriedad, característica común a las medidas cautelares típicas. En definitiva el autor llega a la conclusión que el proceso cautelar se compone de dos clases: las especies provisionales y las no provisionales. Las que, no obstante su diferenciación presentan similitudes importantes. (aut. cit. El proceso civil, Segundo Volumen sobre el Código General del Proceso, p. 86/87)... Como vemos, las medidas provisionales y anticipadas, tienen como objeto, el adelantar el cumplimiento de lo que, supuestamente, será el objeto de la sentencia definitiva en el proceso principal que se está tramitando en forma paralela a su solicitud. La nota de anticipación deviene que adelanta un momento procesal hipotético (el del dictado de la sentencia definitiva) y su provisoriedad deviene que será sustituida, una vez dictada dicha sentencia, si así surge de la prueba rendida en el proceso, por el fallo de la sentencia a dictarse. El requisito esencial que debe acreditarse es la existencia de un perjuicio grave, para el promotor, en caso de no hacerse lugar a este pedimento...”, que en este caso, como se dijo, fue sumariamente acreditado. V. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, por el quórum legal, RESUELVE: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIALES CONDENACIONES PROCESALES. ESTABLÉCESE EN $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA ALZADA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. DEVUÉLVANSE OPORTUNAMENTE ESTOS OBRADOS A LA SEDE DE ORIGEN, CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante