Sentencia Definitiva N° 213/2025

Sentencia Nro. 213/2025 - IUE: 506-353/2022 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA Y OTRO C/ BB – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 506-353/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 75/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5o Turno, Dr. Federico Rodríguez Luzardo. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 18 de noviembre de 2024 (fojas 255 - 265), en lo que interesa a la instancia se falló: “DESESTÍMASE LA DEMANDA EN TODOS SUS TÉRMINOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS.” II. Contra dicha decisión se alzaron los accionantes, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 266 - 269, agraviándose, en lo medular, por considerar que la denuncia policial formulada por el demandado, denunciando un presunto hurto cinco años después de su supuesto acaecimiento, sin dar cuenta previamente de la situación a la policía o al MGAP, no puede ser considerado un actuar diligente, razonable o comprensible; el demandado no desplegó actividad alguna para comprobar la identidad del animal que le habría faltado, a pesar de contar con caravana y chip, por lo que en definitiva, al contrario de lo expresado por el sentenciante, su conducta no puede ser catalogada como diligente o propia de un buen padre de familia. Asimismo, se agraviaron por habérsele indilgado por el a quo un supuesto incumplimiento de la carga de la debida alegación respecto a los daños extrapatrimoniales reclamados. Entienden que decisor de primer grado padece error al afirmar que no hubo una narración precisa y detallada de los hechos que fundan su pretensión. Por el contrario, sostienen haber expresado con claridad en la demanda el padecimiento sufrido ante la conducta del denunciado, sometiéndolos a una investigación prolongada con presencia policial en campos propios y ajenos, generando repercusión y comentarios públicos en una pequeña comunidad rural donde su dignidad, honor y buen nombre se vieron afectados, lo que de por sí produce un padecimiento cuya existencia y entidad fue acreditada con la prueba producida, contraviniendo el principio de protección integral de la persona y sus atributos. La exposición de hechos de la demanda le permitió al demandado ejercer su defensa, controvirtiendo todos los hechos alegados, lo que prueba lo contrario de lo afirmado en la recurrida. Solicitan que, en definitiva, el Tribunal de segunda instancia acoja sus agravios y falle amparando la demanda, con expresa imposición en costas y costos. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 272 - 274 comparece el demandado, BB, evacuando el recurso de apelación en traslado, abogando por la confirmatoria de la recurrida, por ajustarse plenamente a derecho. En primer lugar, aclara que es incierta la afirmación de los accionantes respecto al archivo de su denuncia policial; por el contrario, ésta se encuentra en etapa de investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Departamental de 5° Turno de Maldonado. Los actores intentaron introducir un expediente anterior con la intención de inducir a error a la sede. Mientras persista el trámite de la denuncia, no resulta procedente otorgar una pretensión indemnizatoria cuando aún no existe un resultado definitivo sobre el hecho que dio origen estas actuaciones. Expone que la denuncia no fue presentada impulsivamente ni sin asesoramiento, sino que se trató de una conducta sobre la que se deliberó y se fundó, siendo motivada por el extravío de un animal de su propiedad desde 2016, habiendo confirmado la existencia de su vaca en el predio de los actores en el momento que fue increpado por la denuncia que realizó. Los actores no lograron acreditar los daños que reclaman, siendo insuficiente la aportada. IV. Franqueada la alzada (fojas 276), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 287 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 225/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 288), lo que fue cumplido (fojas 299). Pasaron los autos a estudio el 22 de mayo de 2025, culminado el cual, en sesión del 8 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. En la subcausa, los accionantes, AA y CC, promovieron pretensión indemnizatoria contra el Sr. BB, fundando su demanda en el perjuicio sufrido a raíz de una denuncia policial formulada por el demandado. Sostuvieron que el accionado, vecino y conocido de toda la vida, los denunció por la supuesta posesión de una vaca de su propiedad que habría perdido tiempo atrás, sin haber conversado previamente con ellos ni solicitado revisar el animal. Como resultado de la denuncia, afirman haber sido sometidos a extensas inspecciones, controles de trazabilidad y marcas de sus semovientes por parte de personal policial y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en diversos establecimientos propios y de terceros e interrogatorios, lo que generó repercusión y comentarios públicos en su pequeña comunidad rural, afectando su honor y buen nombre. Destacaron que el Sr. AA, al ser Oficial de Policía, vio su reputación comprometida incluso dentro de su institución, y que el Sr. CC sufrió padecimientos psicológicos. En definitiva, reclamaron indemnización de U$S 15.000 para cada uno, por concepto de daños y perjuicios. Por su parte, el demandado, BB, contestó la demanda controvirtiéndola en todos sus términos. Argumentó que su denuncia no se encontraba archivada sino en investigación preliminar, al contrario de lo afirmado por los actores. Realizó la misma en ejercicio de su legítimo derecho, cumpliendo con la ley al informar la situación a la guardia rural. Asimismo, controvirtió la existencia, entidad y monto del daño moral, señalando que las pruebas aportadas no lograron acreditar un padecimiento de especial significación. III. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda en todos sus términos, sin especial condena en costas y costos. Se fundó en que no existió un hecho ilícito imputable al demandado, que la formulación de una denuncia policial constituye un legítimo ejercicio del derecho, y que no resultó acreditado que el demandado haya obrado con dolo o intención de dañar, así como en el hecho de que los accionantes no invocaron que el contenido de la denuncia resultara falso. Señaló que su conducta fue "natural, comprensible y hasta lógica y razonable" ante la sospecha de la falta de un animal de su propiedad, presumiéndose que actuó con la finalidad de que el hecho se investigue, sin que el archivo posterior de la denuncia implicara falsedad o abuso de derecho. Consideró, que aun si la conducta hubiese revestido la calidad de ilícita, los accionantes no cumplieron con la carga de la debida alegación conforme lo requerido por el art. 117 del CGP ni con la carga de la prueba que pesaba sobre ellos, en particular, respecto a los daños reclamados que permitiera sustentar la existencia y cuantificación del daño moral, invocando en cambio, fórmulas genéricas que sellaron su suerte. IV. En referencia al primer agravio esgrimido por los accionantes, en lo relativo a la supuesta ilicitud de la conducta del demandado, la Sala comparte lo expresado por el decisor de primer grado. Como ha expresado la Sala en sentencias N.o 25/2024 y 45/2024: “Una acusación o la presentación de una denuncia -por sí sola o en sí misma- no configura delito o ilicitud, sea penal, administrativa o de cualquier orden. Ahora bien, si en la misma se implican connotaciones, adjetivos que comportan injurias, insultos, denuestos, allí está el abuso de derecho. Se configura abuso del derecho cuando se usa o ejercita el derecho evadiéndose de los límites internos del mismo. Ello importa la determinación de los referidos límites. Al respecto, es de señalar, que la ley oriental no explicita cuales son los criterios que conducen a fijar los límites internos del derecho, por lo que en tal sentido las facultades (poderes) del juez llamado a dirimir una cuestión de esta naturaleza, aparecen revestidas de una libertad cierta, lo que a lo largo del tiempo ha permitido que se acudiera a criterios tales como "el ejercicio del derecho contrariosu espíritu, destino y función social", "existencia de dolo", "culpa", "intención de perjudicar", "mala fe", etc. (cf. Gamarra: Tratado, T. XIX p. 207). Se entiende que de lo que se trata no refiere a otra cosa que determinar cuál es la diligencia exigible en el ejercicio de ciertos derechos de una persona, diligencia que no puede ser otra que la del "buen padre de familia", modelo ideal abstracto que al decir de Cattáneo (en cita de Gamarra: Tratado, T. XIX p. 126) encierra un "criterio deontológico", que no tiene en cuenta lo que el hombre medio hace sino "lo que debe hacer" y ciertamente no se aprecia de la actuación del demandado que no haya procedido en consonancia con ese prototipo que es el del hombre medio." (extracto en ADCU T. XXVI c. 1; N.o 119/02). El ejercicio abusivo de la denuncia es una especie de responsabilidad por abuso del derecho (art. 1321 CC) que requiere del agente una actuación maliciosa movida por un interés diverso de aquel señalado por el ordenamiento jurídico para el instituto de la denuncia (LJU c. 5315), mala fe o culpa grave (Anuario, T. XII c. 751, T. XVIII c. 1099), imputación desaprensiva de hechos delictivos a quien es ajeno a ellos o que se sabe no acaecieron (Anuario, T. XIV c. 764 y 765, T. XVII c. 861) o dolo de inferir un perjuicio al denunciado (Anuario Derecho Civil, T. XV c. 712).” Por consiguiente, los agravios deducidos no resultan de recibo, correspondiendo confirmar lo resuelto en el grado anterior, por compartirse la valoración probatoria conclusiones a que arriba el sentenciante, como se adelantó. Los accionantes fundaron su pretensión -así como también sus agravios- en el archivo de la denuncia realizada por el demandado, respecto a lo cual corresponde hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, el resultado nada tiene que ver con la seriedad de la denuncia, sino el análisis de previo y serio por parte del denunciante. De las actuaciones obrantes en autos, no resultó probado lo contrario. En segundo lugar, tal como lo relevó el juez a quo, no existió por parte de los actores, invocación alguna respecto a la falsedad de la denuncia, esto es, no controvirtieron enfáticamente que lo alegado por el accionado no fuera correcto, solamente limitaron su argumentación respecto al archivo de la denuncia; contrariamente a las actuaciones glosadas fs. 155 y 207 -219, que indican que existen procedimientos aún en trámite. Las alegaciones y pruebas vertidas no logran derribar la presunción de legitimidad del acto de denunciar. La circunstancia de que el denunciado hubiera reconocido una vaca de su propiedad extraviada en un predio ajeno, con las características y el tiempo de extravío que manifestó, justifica -en principio- su accionar. No es exigible, ni es conforme a derecho, que un presunto damnificado deba contactar previamente al supuesto autor del hecho antes de formalizar la denuncia, pues ello podría incluso exponerlo a situaciones de riesgo. En consecuencia, al no haberse probado el carácter doloso o malicioso de la denuncia, no puede tenerse por configurada una conducta antijurídica imputable al demandado por el mero hecho de realizarla. V. El agravio relativo a la carga de la debida alegación y prueba del daño moral no es de recibo. Los accionantes no lograron probar la configuración efectiva de un dañosu honor y reputación. No resultó acreditado que la denuncia efectuada por el demandado tuviera el impacto que los accionantes alegan. La testigo DD, propuesta por el Sr. CC, en su calidad de sicóloga, manifestó que lo atendió una vez por semana, por un período de cinco o seis meses, le diagnosticó estrés postraumático por la cuestión legal que atravesaba el actor, siendo los síntomas un cuadro ansioso, insomnio, disminución de apetito, problemas para trabajar, de concentración, “un poco perseguido”. Posteriormente le dio el alta, por éxito terapéutico. El testigo EE, propuesto por los accionantes, en particular respecto al Sr. CC, señaló que es amigo de ambos y los conoce de toda la vida. Preguntado por el juez a quo, expresó que no tiene conocimiento de la realización de inspecciones por parte de la Guardia Rural. Luego, consultado por las partes, expresó que le hicieron inspecciones años atrás, en La Coronilla, extremo que no trascendió en la zona; que tuvo conocimiento por el Sr. CC. El testigo FF, propuesto por el Sr. AA, expresó que es compañero de trabajo, como policía y por cuestiones de trabajo rural; que le hicieron inspecciones en su establecimiento rural, que realizaron un allanamiento, como hace unos cinco años atrás, no recuerda la fecha, conoció esto porque estaba presente en la casa de AA ese día, pero que no conoce el lugar del hecho, ni presenció la inspección. Tuvo conocimiento de ello porque AA se lo comentó. Luego también se lo comentaron los “muchachos de la Guarda Rural”, uno de ellos fue el Sr. GG, que le informó que le habían hecho una intervención y no se le encontró nada. Preguntado por la letrada patrocinante de la parte actora qué concepto tenía del Sr. AA, expresó ninguno negativo, pero hubo comentarios a causa de la denuncia, y lo trasladaron enseguida de seccional 8 a 2. Preguntado por la sede, expresó que se comentaba del hecho, a razón de que era un buen funcionario y había sucedido eso; se comentaba que él había retenido un animal ajeno, era el rumor que había, cierto no se sabía. El traslado se debió al allanamiento, lo que él supone así como sus compañeros, era la versión que había pero no tomó conocimiento de la resolución de traslado. Desde la inspección al traslado pasaron dos o tres días. La Sala comparte lo expresado por el juez a quo, y si bien es correcto afirmar que el daño moral no siempre requiere una prueba directa y en ocasiones puede inferirse in re ipsa, es imperativo que la demanda contenga una narración precisa y concreta de los hechos, y no afirmaciones genéricas, lo que en definitiva permitirá determinar la existencia, entidad,alcance del padecimiento invocado por los accionantes. Las expresiones de los actores referidas a "repercusión y comentarios públicos", "buen nombre y conducta en entredicho""padecimiento psicológico", sin mayores especificaciones sobre la intensidad, duración consecuencias concretas de tales afectaciones en la esfera personal y social de cada uno de ellos, que además tampoco resultaron acreditadas por ningún medio de prueba ofrecido tal como se relevó anteriormente, no cumplen con la carga de la sustanciación y de la prueba. La prueba aportada, si bien refiere a cierta afectación en el Sr. AA, la sitúa temporalmente en una época que no coincide plenamente con la denuncia que motivó este proceso, y no logra establecer un nexo causal inequívoco con el accionar del demandado. Respecto de la circunstanciada exposición de las pretensiones, se ha dicho: “Debe destacarse la indudable trascendencia práctica de que el acto de proposición cumpla cabalmente con los postulados de la teoría de la sustanciación. Ello significa que cada petición debe presentarse con el relato de los hechos históricos que la sustentan y de las consecuencias jurídicas que pretenden extraerse de los mismos. No basta entonces con una mera invocación genérica respecto de lo que se pretende, sino que en todos los casos deben aducirse los hechos relevantes que den sustento a la acción o la excepción propuesta” (Véscovi et alter: “Código General del Proceso” Comentado, anotado y concordado. Tomo 3, pág. 40). Como enseña la Profesora Selva Klett: “El Ordenamiento Procesal vigente (art. 117 num. 4) CGP), se afilia -como el anterior – a la teoría de la sustanciación, lo que significa que la demanda debe contener una relación circunstanciada de los hechos que originan el derecho que se alega, la que resulta necesaria para fundamentar el petitum. ‘El objeto de la pretensión y el del proceso estará constituido no solo por la relación jurídica, sino, también, por los fundamentos de hecho y de derecho que determinan la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador. La pretensión procesal debe exponer de manera explícita los hechos relevantes de los cuales el actor intenta extraer determinadas consecuencias jurídicas favorables a su interés, de conformidad al aforismo da mihi factum, dabo tibi ius. En consecuencia, toda alteración del relato, en hechos con relevancia jurídica, es decir, aquellos que delinean la pretensión defensa, se encuentra vedado por el Ordenamiento vigente, fuera de las hipótesis de excepción (arts. 117, 121, 257.3 y 341 num. 2). La causa petendi debe hallarse en los propios términos del relato, en virtud del principio dispositivo y su aplicación en el ámbito relativo al material fáctico. Este límite ha de respetarse por el acto culminante del proceso, la sentencia, so pena de incurrir en vicio de incongruencia (arts. 1o y 198).”, (“Proceso Ordinario en el Código General del Proceso”, Tomo I, FCU, 1a edición, octubre de 2014, página 238). Al respecto, ha sostenido el Tribunal en términos trasladables a la subcausa: "La solución contraria impondría fallar en desmedro de las garantías que debe tener el demandado en todo proceso (art. 12 de la Constitución y 130 CGP). La parte demandada estructuró su defensa con base en la fundamentación ensayada por su contraria en su demanda. Si constituye un hecho principal, debe imperiosamente aparecer en la descripción fáctica atributiva de responsabilidad que efectúa el libelo introductorio. La parte actora, en estricta aplicación de la teoría de la sustanciación, debe comprender, en su relato, todos los extremos fácticos que entiende son trascendentes para delinear su pretensión, desde la perspectiva de sus elementos estructurales: los sujetos, el objeto y la causa (art. 117 num. 4 CGP). De conformidad con lo edictado por el art. 198 del CGP, el sentenciante debe estar a los términos en que el actor fundamenta su pretensión, a riesgo de incurrir en ultrapetita, y los términos en que se dedujo la pretensión de autos no permiten solución distinta a la que arribara la Sede quo." (Sentencia No 58/2021, TAC5, Ministros: Dr. L.M. Simón, Dra. L. Pera, Dra. A. García -r-). VI. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Analía García Obregón - Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante