Sentencia Definitiva N° 264/2025

Sentencia Nro. 264/2025 - IUE: 2-51960/2022 Montevideo, 01 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 4o TURNO Ministro redactor: Dr. Álvaro França Ministros firmantes: Dra. Mónica Besio Dr. Guzmán López Montemurro AUTOS: “AA C/ BB – DAÑOS Y PERJUICIOS”. IUE: 2-51960-2022- I - El objeto de la instancia está determinado por el contenido del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva N.o 124/2024, dictadas por el Titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2o T, Dra. Jennifer Castillo Zamundio que desestimó la demanda, sin especial condenación. II - La parte actora (fs. 328) en su recurso de apelación, en lo sustancial, se agravió por lo siguientes. Entiende que la motivación y fundamentación de la recurrida es contradictoria ya que el demandado no compareció a la audiencia preliminar y por tanto conforme al art. 340.3 CGP se debió haber tenido por probado los hechos alegados en la demanda en un todo salvo que hubiera sido acreditado lo contrario. Agravia el fallo en cuanto aplicó los arts. 137 y 139 del C.G.P., cuando rige el en favor del actor el art. 340.3 y 138.3. Los hechos alegados por el actor se presumen ciertos, si no surge del expediente elementos que prueben forma como ocurrió el accidente (como dice la sentencia) no hay prueba en contrario y por ende, se sigue presumiendo cierto relato fáctico y la imputación de responsabilidad dada por el actor en la demanda. En lo que hace a la responsabilidad del demandado en el accidente releva la existencia de preferencia de paso. Agravia porque la Sra. Juez A quo analizó erróneamente la prueba respecto al accidente (art. 140 y 141 CGP). No comparte la afirmación de la sentencia en el sentido de que se carecen de mayores elementos de prueba en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente y la incidencia en la causación del evento de las conductas desplegadas por las partes. Agrega que quedó acreditado en autos la preferencia de paso de la moto y consecuentemente debió aplicarse la presunción de responsabilidad en contra del no prioritario (art. 17.6 Ley 18.191). Manifiesta que es sabido que al producirse la colisión cuando el demandado violó la preferencia de paso de la moto, se desemboca indefectiblemente una presunción de responsabilidad en su contra, extremo éste que tiene incidencia en la valoración de la prueba y no fue considerado por la Sede en la sentencia. No se configura el hecho de la víctima. La recurrida establece que el único responsable del accidente fue el actor pero toda la documentación médica del actor ratifica que aún teniendo una alcoholemia positiva, el grado de la misma (0,809) no revestía mayor relevancia clínica y por lo tanto también era irrelevante en la causalidad del siniestro. En cuanto a los daños y perjuicios en la medida que no se hizo lugar a la demanda no se pronunció sobre los restantes aspectos diversos a la responsabilidad como lo son: el daño no patrimonial, gastos de traslados, farmacéuticas, colaterales y deterioro de efectos personales, lucro cesante por incapacidad transitoria, lucro cesante por incapacidad definitiva, intereses y reajustes. Por daño no patrimonial sostuvo que debe estarse al balance lesional del actor (fracturas varias, fémur, peroné, platillo tibial) y que fue intervenido en 3 oportunidades, la primera el 2 de junio de 2021, el 8 de junio del mismo mes y año y el 19 de agosto de 2022. A las licencias médicas que se extienden a 2 años en DISSE, a que el actor no quedó bien del todo, lo cual llevó a pedir la suma de U$S 28.000. Reclamó por gastos de traslados, farmacéuticos, colaterales y deterioro de efectos personales, Lucro cesante por incapacidad transitoria, partió de recibo de sueldo agregado que a mayo de 2021 ascendía a $ 20.599, 98 solicitó 2 años en seguro de enfermedad, solicitó $ 148.320. Lucro cesante por incapacidad definitiva se remitió a la demanda y pidió los intereses y reajustes desde el hecho ilícito. III - La recurrencia fue sustanciada con la contraria quién no evacuó el traslado conferido y la apelación fue franqueada con efecto suspensivo en la forma de estilo. IV- El proceso fue recibido en el Tribunal, los autos giraron a estudio por su orden y se acordó el dictado de la presente decisión en forma anticipada (articulo 200 CGP). V- El Tribunal revocará la recurrida por ser parcialmente de recibo los agravios y por lo que se dirá. VI- El caso. Tal como se señalara en el primer grado, AA promovió demanda por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual contra BB. Sostuvo en la demanda que el 1 de junio de 2021 el demandado conduciendo el automóvil matrícula AAN CC circulaba por Av. Joaquín Suárez y al intentar doblar a la izquierda para tomar la calle Cisplatina, colisionó con la moto matrícula SJI DD, piloteada por el actor, quien circulaba en línea recta y sentido contrario, sufriendo, como consecuencia del impacto, graves lesiones. Analizó la responsabilidad en el accidente, alegando que el actor circulaba en línea recta, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario y cambiando de dirección al girar a la izquierda, por lo que el birrodado gozaba de preferencia de paso, en virtud de lo establecido en los arts. 17.6 de la Ley No. 18.191, 626 y 632 del Digesto Municipal de Montevideo, así como el Manual del Conductor, aprobado por el Congreso Nacional de Intendentes. El accidente como consecuencia de la violación de la preferencia de paso que tenía el actor. Señaló que el giro a la izquierda es considerado una maniobra peligrosa que requiere alto grado de prudencia en su realización, debiendo adoptarse las máximas precauciones (art. 18.1 Ley No. 18.191, arts. 632 y 636 del Digesto Municipal), máxime cuando -como en el caso- se pretendía doblar a la izquierda en plena Av. Joaquín Suárez. Como consecuencia del accidente sufrió daños y perjuicios que fueron relacionados en el primer grado y a los que se estará (resultando 1). VII - En cuanto a la responsabilidad, a juicio del Tribunal es claro que en la medida que se trata de un accidente de tránsito entre dos vehículos (auto y moto) en movimiento debe estarse a lo que establece el 1319 CC. De los términos de la demanda surge que tanto la moto como el vehículo que intervino circulaban por la misma avenida Joaquín Suarez pero en sentido contrario. Observa el Tribunal que el demandado reconoció que se detuvo con la intención de doblar a la izquierda por la calle Cisplatina (fs. 96) y que en el parte policial dijo lo mismo pero sin minimizar su conducta ya que afirma no haber logrado evitar la colisión en una declaración inequívoca de reconocimiento de haber invadido la senda contraria (fs. 4). Ahora bien, la parte demandada contestó la demanda pero no concurrió a la audiencia preliminar por lo que resulta de aplicación el artículo 340.3 CGP y ello determina (cfme. Sentencia 193/2022 TAC 4 en BJN) que sea de aplicación la presunción emergente de lo dispuesto en el art. 340.3 CGP, sin embargo la incomparecencia de la demandada no determina que deba acogerse la demanda instaurada sin proceder a un análisis de si tales hechos constituyen o no los presupuestos exigidos legalmente para que proceda la pretensión correspondiente. Independientemente de dar por probados los hechos afirmados en la demanda, en cuanto no hubiere prueba en contrario, corresponde examinar si conforme a la normativa legal aplicable (y marco contractual) si se dan o no los presupuestos para que proceda el acogimiento de la acción instaurada. En función de lo precedente es que se debe analizar la cuestión de derecho y si existen las circunstancias en virtud de las cuales el Juez debe según la ley considerar existentes determinados hechos concretos (Cfme. Gallinal en Estudios sobre el CPC de las sentencias Pág. 157). En función de ello, cabe darle la razón a la parte actora en sus agravios por la responsabilidad y más allá de la neutralización de presunciones del artículo 1319 CC es claro que debe tenerse por probado que el demandado inició una maniobra de giro a la izquierda, invadió la senda contraria (aunque fuera en forma mínima) en violación del derecho del actor que era prioritario quién impactó en la zona izquierda del auto del demandado. Esto resulta compatible con lo dicho, para que tuviera daños en la parte derecha de su auto como dijo al contestar (invocando fotos fs.87) ya debería haber invadido toda la senda. Respecto de las defensas invocadas por la demandada, considera el Tribunal que deben descartarse por lo dicho y corresponde señalar que el hecho que el actor estuviera circulando con previa ingesta del alcohol no implica por si solo que ello fuera la causa eficiente sino tan sólo ello determina una falta administrativa que es sancionable con multa y eventualmente suspensión del permiso de conducir. La mecánica del accidente no fue causada por la eventual afectación de la ingesta del alcohol sino por la maniobra riesgosa y antirreglamentaria del demandado quién giró a la izquierda sin cerciorarse de obstaculizar la circulación del actor que en la oportunidad era preferente. En suma, la responsabilidad por el accidente es de la parte demandada y los agravios son de recibo. VIII- Establecida la responsabilidad, corresponde ingresar a los daños. Daño moral o no patrimonial Se reclamó por daño no patrimonial, daño biológico y daño a la vida de relación. En cuanto al daño biológico se expresó que debe atenderse el detalle y características de las lesiones, evolución y tratamiento que efectúa, habiendo sufrido tres graves fracturas (fémur, platillos tibiales y peroné), fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, permaneció internado por diez días y al alta tuvo indicación de no apoyo, medicación y control evolutivo a los 15 días; realizó controles y aún el 13 de abril de 2022 la fractura seguía sin consolidar y tenía tumefacción en el miembro inferior. En cuanto a las secuelas, señaló la existencia de incapacidad laboral transitoria y definitiva, permaneciendo con inactividad laboral aún hasta el día de presentación de la demanda, estando pendiente la realización de una nueva intervención quirúrgica. Alegó la existencia de secuelas permanentes, en tanto el miembro inferior del actor ya no será el mismo que antes del accidente, estimando una incapacidad laboral definitiva en no menos del 30%, sin perjuicio de reconsideración en virtud del resultado de la pericia médica. En cuanto a la vida de relación, esto es, la afectación a las actividades de su ámbito, a las actividades productivas, a raíz de las lesiones que padeció, afectando su obtención de ingresos, lo que genera un daño moral ante la zozobra por padecer apremios económicos innecesarios; afectó su vida cotidiana al necesitar ayuda y colaboración de terceros para tareas elementales así como de realizar actividades recreativas o de placer normales al no poder permanecer parado, correr, andar en bicicleta, etc. Evaluó el daño atendiendo a los precedentes jurisprudenciales que oscilan entre los U$S 12.000 y los U$S 20.000, por lo que promedió el reclamo en U$S 28.000. En este punto cabe señalar que en la demanda se pidió pericia médica la que luego fue renunciada por el actor y por tanto, entiende el Tribunal que en ausencia de pericia no puede establecerse la existencia de secuelas permanentes causadas por las lesiones provocadas por el accidente. Así que por este motivo debe estarse para la determinación del daño a las probadas lesiones, intervenciones y periodo de inhabilitación que padeció por estar en DISSE. Ello lleva a considerar un periodo de 12 meses como se afirmó en la demanda (mínimo un año fs. 75) y teniendo en cuenta la no comparecencia del demandado, no se puede tener por acreditado mayor tiempo por lo dicho. En función de ello y que el actor padeció fracturas varias y 2 intervenciones que en ausencia de pericia médica que estableciera en forma indubitable la entidad de las lesiones, secuelas lleva a considerar de acuerdo a los antecedentes del Tribunal (sentencia 190/2024 en BJN) que puede ser convocada a los efectos de establecer el monto en la suma de U$S 15.000 por el daño moral reclamado. En cuanto a los daños patrimoniales, reclama por los gastos de traslados, farmacéuticos y colaterales, deterioros de efectos personales y lucro cesante, los que deberán ser indemnizados y resultan evidentes y notorias y se imponen de acuerdo a las máximas de la experiencia, aún cuando estén documentados (art. 415 CC). Respecto de los denominados gastos indocumentados, expresó que “...considerando la gravedad de las lesiones, el extensísimo período recuperatorio (mínimo un año) así como los gastos futuros que pueda tener, en la demanda se solicitó una indemnización no inferior a los $ 40.000” (fs. 73vta.). Lo pedido, entiende el Tribunal, debe considerarse excesivo ya que se carece de prueba idónea para establecer en forma indubitable el periodo de recuperación, es por ello que se entiende, a los efectos de su reparación, fijar la suma de $ 24.000 (a razón de un promedio de $ 2.000 por mes) . En cuanto a los gastos futuros, nuevamente cabe reiterar que en ausencia de pericia no se pueden tener por probados y por tanto no se hará lugar a los reclamados. En cuanto al daño reclamado que tiene que ver con el deterioro de sus efectos personales no se hará lugar ya que ninguna prueba se ha movilizado al respecto, ni respecto de la ropa, ni por la rotura del celular. En cuanto a las secuelas transitorias y definitivas que le fueran ocasionadas le imposibilitan cumplir normalmente con su actividad laboral, provocándole un lucro cesante para cuya determinación corresponde considerar su ingreso líquido mensual - que ascendía en mayo de 2021 a $20.600, aunque sujeto a reliquidación -, la incapacidad transitoria - habiendo recibido subsidio de actividad o seguro por enfermedad, deberá indemnizarse la diferencia entre los ingresos que percibía antes del accidente y lo que obtenía como subsidio por enfermedad, durante la licencia médica, ascendiendo la suma no pagada por el seguro a $6.180, estimando el período de incapacidad laboral transitoria como mínimo en un año, por lo que asciende a $43.260 tal como se pidiera en la demanda y a lo que se habrá de estar en ausencia de pericia que de cuenta de otra cosa. Es por lo dicho, que no se hará lugar al lucro cesante por la incapacidad definitiva que surgiría de la pérdida de idoneidad para el trabajo ya que claramente no puede entenderse que esté probado y que el daño pueda considerarse comprendido en la presunción del artículo 340.3 CGP. En cuanto a los rubros reclamados que se fijan en moneda nacional serán reajustados conforme al decreto ley 14.500 desde la fecha en que fueron globalmente liquidados más los intereses desde esa misma fecha en tanto el daño moral que se fija en moneda extranjera los intereses serán desde el hecho ilícito ya no corresponde el reajusta por lo dicho. IX- La conducta procesal de las partes ha sido correcta y no se realizarán condenas procesales en el grado (artículo 56 CGP ,688 CC). Por los motivos expuestos, normas citadas, el tribunal, FALLA: Revocase la recurrida y en su mérito amparase parcialmente la demanda condenándose al demandado a abonar al actor la suma de U$S 15.000 por daño extrapatrimonial (moral), la suma de $ 43.260 por concepto de lucro cesante pasado, la suma de $ 24.000 por daños indocumentados en la forma establecida en el considerando VIII y desestimase en lo demás sin especial condena en la presente instancia (Honorarios fictos 5 BPC). Dra. Mónica Besio Ministra Dr. Guzmán López Montemurro Ministro Dr. Álvaro França Ministro Esc. Adriana León Secretaria