Sentencia Interlocutoria N° 609/2025

Sentencia Nro. 609/2025 - IUE: 2-64769/2023 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ BB Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2-64769/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia No. 2797/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1o Turno, Dr. J. Ignacio Rivero Wyszynsk. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 1 de octubre de 2024 (fojas 77), en lo que interesa a la instancia se falló: “Atento a la incomparecencia de la parte actora y a lo dispuesto por el art. 340.2 del CGP, téngase a la actora por desistida de la pretensión.” II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, interponiendo recurso de reposición y apelación en escrito obrante de fojas 78 - 79, agraviándose, en lo medular, por la aplicación del artículo 340.2 del CGP, alegando la existencia de "NULIDAD POR INDEFENSIÓN" y sosteniendo que la falta de aviso o advertencia por parte de su letrado respecto a las consecuencias de la incomparecencia debió ser considerada una circunstancia que justifique su ausencia o, al menos, evitar la consecuencia del desistimiento tácito, ya que la parte no tiene por qué conocer las consecuencias desfavorables de su incomparecencia. En definitiva, solicita la revocación del Decreto que lo tuvo por desistido de la pretensión, con las consecuencias legales del caso. III. Por auto N.o 362/2025 (fs. 91 – 92) se rechazó la reposición deducida, teniéndose por no justificada la incomparecencia del recurrente a la audiencia preliminar, expresando que no se acreditó un motivo fundado o fuerza mayor que impidiera al actor concurrir a la audiencia. Sostuvo el sentenciante de primera instancia que el accionante conocía la renuncia de su letrado patrocinante; por lo que la alegada falta de aviso por su letrado y la no advertencia de las consecuencias no configura en modo alguno fuerza mayor que impida la comparecencia, siendo responsabilidad del letrado asesorar y comunicar las cargas y consecuencias procesales. Por consiguiente, se franqueó el recurso de apelación con efecto suspensivo, remitiéndose los autos a este Tribunal. IV. Franqueada la alzada (fojas 91 - 92), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 95 vuelto), pasando los autos a estudio el 11 de junio de 2025 (fs. 97), culminado el cual, en sesión del 17 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El accionante, Sr. AA, promovió demanda por daños y perjuicios contra los Sres. BB y CC, en virtud del siniestro de tránsito ocurrido el 14 de junio de 2022, en la intersección de Martín Berinduague Conciliación. Por decreto N.o 184/2024 de fecha 9 de febrero de 2024, se confirió traslado de la demanda, cumplida en actuaciones obrantes a fs. 66 – 69, sin que los demandados comparecieran a estar a derecho, ante lo cual recayó el decreto N.o 1636/2024 de fecha 28 de junio de 2024 (fs. 70), disponiendo lo siguiente: “Por precluida la oportunidad procesal de la demandada de contestar la demanda. Convócase a las partes a la audiencia preliminar (art. 340 del C.G.P.) a celebrarse con fecha 19 de setiembre de 2024, a la hora 14:15. Notifíquese a domicilio.” Por decreto N.o 2590/2024 (fs. 72) se suspendió la audiencia señalada oportunamente, fijándose nueva fecha para el 1° de octubre de 2024 a la hora 13:40. Dicha Resolución fue correctamente notificada el 16 de setiembre de 2024, conforme actuaciones de fs. 73. Posteriormente, el 24 de setiembre siguiente, compareció el accionante a fs. 74, solicitando el cese de patrocinio de su letrado, Dr. Alis Nova Pérez, por carecer de los medios económicos para afrontar los gastos del juicio y los honorarios profesionales. Por decreto N.o 2754/2024 (fs. 76) el decisor de primer grado dispuso lo siguiente: “Téngase presente el cese de patrocinio letrado. Al pase a Defensoría Pública solicitado, no ha lugar por no corresponder a esta Sede.”. III. Surge de acta de audiencia obrante a fs. 77, que no comparecieron las partes, por lo que el sentenciante dispuso la aplicación del art. 340.2 del CGP y, consecuentemente, tuvo por desistido al accionante de su pretensión. Esta Sala comparte lo expresado por el decisor de primer grado, en cuanto a que no resulta acreditado por el accionante motivo de fuerza mayor que le impidiera comparecer a la audiencia preliminar, sino una aparente falta de comunicación de su asesor letrado, según lo alegado por el reclamante. La falta de la debida diligencia obsta a la calificación de la situación invocada por el apelante como de fuerza mayor, estando a los términos de su escrito, su alegado desconocimiento del decreto 2754/2024 y de las consecuencias de la incomparecencia audiencia preliminar, no resultan motivos justificados. Véase que la fecha de audiencia fue notificada el 16 de setiembre de 2024 y el cese del patrocinio se comunicó el 24 de setiembre siguiente. En antecedente jurisprudencial, este Tribunal ya se ha expedido en sentido contrario a la justificación de la inasistencia a la audiencia de precepto cuando no ha mediado una conducta diligente de la parte apelante. Así, en términos aplicables -mutatis mutandis- al subexámine señaló: "Los tres motivos que invoca la actora inasistente para justificar su incomparecencia a la audiencia preliminar no son de recibo, en tanto subyace a las explicaciones dadas una cuota parte de negligencia de la parte. Inicialmente, ha de señalarse que conforme emerge de fs. 538 dicha parte fue notificada el 14 de diciembre de 2017 de la audiencia convocada para el 12 de marzo de 2018 a las 16:00. En su recurrencia, arguye el apelante que el primer motivo que impidió su comparecencia guarda relación con la coordinación de la conducción que tempestivamente solicitó. Sin embargo, a poco que se repare en la nota de cargo del escrito agregado a fs. 542 se advierte que la solicitud de conducción recién fue presentada el 26 de febrero de 2018, siendo que había sido notificada con meses de antelación de la convocatoria. A su vez, aun cuando se entendiera que la gestión fue realizada con la diligencia debida, no surge ni se alegó el debido control previo de su efectivización ni la debida comunicación a la Sede de la situación. Debe señalarse que, conforme al standard de la diligencia media y habida cuenta de la particular situación del actor, deviene exigible la adopción de todas las precauciones a los efectos de garantizar su concurrencia a audiencia, recaudos dentro de los cuales ingresa la incursión a la Sede Penal competente a los efectos de constatar el estado de la solicitud de conducción formulada, para el caso de que, constada que fuera su inejecución, existiera la posibilidad de noticiar con antelación a la Sede de la situación y solicitar una prórroga; nada de lo cual tuvo lugar. Por otra parte, tampoco es de recibo la justificación basada en el supuesto accidente, por cuanto, tal como se consignara ut-supra, no ofreció prueba en concreto sobre dicho extremo, sin perjuicio de advertirse, que a estarse a sus propios dichos, el hecho habría tenido lugar “la jornada anterior, próximo a la hora 19:15” (fs. 545) por lo que bien pudo noticiarse a la Sede con antelación, solicitando la prórroga de la audiencia dispuesta. Finalmente, tampoco es de recibo lo argüido por la apoderada, ya que la Letrada tuvo noticia con antelación de la convocatoria a la audiencia de tenencia ante el Juzgado de 7° Turno, por lo que debió disponer las medidas tendientes a asegurar la efectiva concurrencia del actor o la suya propia al señalamiento del 12 de marzo de 2018 a las 16: hs., más allá de que ni siquiera se invocó haber intentado comunicarse con la sede a quo para ponerla en conocimiento de la situación planteada. (sentencia N° 134/2018, TAC 5°, Ministros: Dra. M.E. Gradin, Dr. L.M. Simón, Dra. L. Pera [r]). IV. No existe mérito para la imposición de condenas procesales especiales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, RESUELVE: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación. II) Establécense los honorarios profesionales de la segunda instancia a los solos efectos fiscales en la suma de $ 20.000. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Analía García Obregón -Dra. Gabriela Rodríguez Marichal – Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Mónica Falótico Secretaria Subrogante