Sentencia Definitiva N° 214/2025

Sentencia Nro. 214/2025 - IUE: 2-99808/2023 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA, Y OTROS C/ MINISTERIO DEL INTERIOR – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2- 99808/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia definitiva No. 21/2024 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Cerro Largo de 5o Turno, Dra. Graciela Pérez Vega. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 22 de noviembre de 2024 (fojas 182 - 212), en lo que interesa a la instancia se falló: “AMPÁRASE PARCIALMENTE LA DEMANDA INCOADA Y EN SU MÉRITO CONDÉNASE AL DEMANDADO MINISTERIO DEL INTERIOR-INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN A INDEMNIZAR A LOS ACCIONANTES, AL PAGO DE LAS SUMAS QUE SE DETALLAN: • $500.000 por concepto de daño personal extrapatrimonial del fallecido (por rebote). • $400.000 por concepto de daño moral para la abuela AA. • $400.000 por concepto de daño moral para el abuelo CC. • $250.000 para la madre (DD) y $250.000 para el padre (EE) • $ 200.000 para cada uno de los hermanos (3 hermanos: FF, GG, HH). TOTALIZANDO LA SUMA DE $ 2.400.000 (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos mil) más reajustes e intereses a ser actualizados a partir del hecho ilícito (26/12/2021) atento a que no medió oposición respecto al cómputo de los intereses”. II. Contra dicha decisión se alzaron los accionantes, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 214 - 216, agraviándose, exclusivamente respecto a la avaluación del daño moral, señalando que los parámetros judiciales predominantes fijan montos más elevados para condenas a favor de padres y hermanos de la víctima, enfatizan que el monto indemnizatorio concedido no se corresponde con la magnitud del perjuicio extrapatrimonial sufrido, ni con los parámetros que la jurisprudencia nacional habitualmente concede para casos similares, por la pérdida de un ser querido, especialmente en el contexto de un vínculo familiar cercano y convivencial, por lo que debería reflejarse en una reparación mayor. Señalan que el monto de la condena a favor de los abuelos, debe ser superior; no puede ser inferior a la que se solicitó para los padres, en tanto convivían con la víctima. Asimismo expresan que si bien no convivía con sus padres, la relación con ellos era muy cercana; respecto a los hermanos convivientes también entienden corresponde aumentar el monto de la condena en atención a dicho extremo. Agregan jurisprudencia que respalda sus alegaciones. Expresan que la sentencia acierta respecto a la descripción de hechos y calificación jurídica y reiteran que su único agravio refiere a los montos fijados por concepto de daño moral, por lo que solicitan se revoque la sentencia solamente en relación a este punto, elevando los montos conforme a lo solicitado en su demanda. III. A fs. 218 - 220, comparece el demandado Ministerio del Interior, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva, agraviándose, por considerar que la decisora de primer grado no motivó adecuadamente su sentencia, lo que incide con el derecho de defensa de su parte, llegando a extremos de arbitrariedad. A su criterio, la recurrida no analiza ni refiere al objeto del proceso ni al objeto o medios de pruebas. Se agravia por entender que no corresponde la condena por daño personal extrapatrimonial del fallecido y no corresponde reconocer un daño moral en favor de los actores por el sufrimiento extrapatrimonial de la persona fallecida. La sentenciante entendió que es resarcible este daño cuando la víctima no fallece inmediatamente, transcurriendo un cierto lapso hasta su muerte y en el caso la persona privada de libertad BB falleció inmediatamente a la reyerta, constatándose el fallecimiento en la Unidad por la emergencia móvil que concurrió al lugar. Al producirse la muerte se extingue el sujeto de derecho y por tanto no hay titular del crédito resarcitorio emergente del hecho muerte. Quien sufre por la muerte de otro puede reclamar por las consecuencias dañosas del ilícito en su persona pero no duplicar su pretensión solicitando indemnización por el daño del tercero. Por último le causa agravio, la fijación de los intereses, en tanto, entiende que en la responsabilidad extracontractual los intereses legales se computan desde la fecha de la demanda, conforme a jurisprudencia que cita. IV. La parte actora, comparece a fs. 224 – 225, evacuando el traslado conferido, expresando que el primer agravio formulado por el Ministerio, carece verdaderamente de todo fundamento. En lo que concierne al segundo agravio, referido a la condena por concepto de daño personal extrapatrimonial del fallecido concedido “por rebote”, expresa que este también carece de fundamento y, al contrario de lo manifestado por el demandado, señala que fue acreditado que la víctima sobrevivió al ataque, se movilizó en búsqueda de ayuda y tuvo conocimiento de su grave situación, lo que implica en definitiva la configuración del daño moral que se transmitió a sus herederos. Finalmente, en cuanto al agravio relativo al inicio del cómputo del plazo de aplicación de los intereses, señala que actualmente doctrina y jurisprudencia son unánimes en que, en materia de responsabilidad extracontractual, corresponde la aplicación de los intereses desde la fecha del hecho ilícito. V. A fs. 227 – 228 comparece la parte demandada, evacuando el recurso de apelación conferido, señala que no existió una verdadera expresión de agravios, por el contrario, una mera disconformidad con lo decidido en primera instancia, no resultando argumento suficiente para aumentar el monto de la condena, el hecho del vínculo cercano entre la víctima y los reclamantes. VI. Franqueada la alzada (fojas 229), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 236 vuelto), pasando los autos a estudio el 23 de mayo de 2025, culminado el cual, en sesión del 9 de setiembre de 2025 (fojas 242), se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará parcialmente la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subjúdice fue promovido por los abuelos, padres y hermanos del Sr. KK, quien fuera víctima de homicidio el 26 de diciembre de 2021, mientras se encontraba recluido en el Establecimiento Carcelario de la ciudad de Melo. Promovieron demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación (Unidad Ejecutora 026). El fallecimiento del Sr. BB, fue resultado de una reyerta entre éste y otro recluso, fuera de los patios correspondientes, pero dentro del establecimiento carcelario, sin que los funcionarios penitenciarios advirtieran lo que sucedía y actuaran en consecuencia. Al momento del fallecimiento, la víctima tenía 18 años de edad y se encontraba privado de libertad desde el 22 de noviembre de 2021, falleciendo el día 26 de diciembre siguiente. Los actores argumentaron que el hecho es imputable al Ministerio del Interior por falta del servicio penitenciario en su deber de garantizar la seguridad e integridad física de los reclusos bajo su custodia, así como la omisión en la debida vigilancia para evitar hechos de violencia dentro del recinto carcelario. Reclamaron indemnización por daño personal extrapatrimonial del fallecido trasmitido a sus padres en calidad de herederos, por un monto de $ 2.000.000 y daño moral propio de cada uno de los actores, en las siguientes sumas: el monto de $ 1.200.000 para a cada uno de sus padres y $ 600.000 para cada uno de sus abuelos y hermanos. Por su parte, el Ministerio del Interior contestó la demanda solicitando su rechazo. Alegó que no existió falta de servicio por parte de la Administración y señaló la falta de prueba suficiente que vincule causalmente el hecho con una omisión imputable al Estado. Sostuvo que el deceso se debió a una causa extraña no imputable, en virtud de haber ocurrido en oportunidad de una reyerta entre la víctima y otro recluso del establecimiento carcelario, por lo que debe eximirse al Estado de responsabilidad, en tanto se releva el hecho de un tercero y consecuentemente el rompimiento del nexo causal, entre el evento dañoso y el daño. III. Antes de ingresar al estudio de los agravios esgrimidos por las partes corresponde señalar que, en su contestación la parte demandada, alegó que el Sr. BB fue partícipe de una reyerta en la que participó otro recluso, resultando su fallecimiento. Por su parte, al momento de deducir sus agravios en escrito obrante a fs. 218 – 220, nada dijo respecto a la participación de la víctima, ciñendo su agravio a la presunta falta de motivación de la sentencia recurrida; la condena por concepto de daño extrapatrimonial del fallecido, trasmitido de ius hereditatis y el dies a quo de los intereses, cuya aplicación fue impetrada desde el fallecimiento de la víctima, sobre lo que nada dijo el demandado. No corresponde entonces analizar si el comportamiento de la víctima tuvo incidencia en el hecho, en tanto, como se dijo no fue objeto de agravio por el demandada, resultando exiliado de su análisis en Alzada. El Tribunal se afilia a la tesis de la responsabilidad subjetiva del Estado. Así, en términos enteramente trasladables -mutatis mutandis- al sublitem, ha expresado: “En la doctrina y en la jurisprudencia uruguayas, se ha debatido intensamente sobre si dicha responsabilidad es objetiva o si es subjetiva, esto es, si debe requerirse el dolo o la culpa por parte del Estado en la producción del evento dañoso que ha causado un perjuicio a una persona, o si en cambio lo único que debe importar es el daño causado a un tercero, independientemente de si hubo dolo o culpa en la producción. En consecuencia, el principio es que el Estado debe responder civilmente por sus acciones, omisiones o por hechos que causen daño a los terceros, debiendo reparar los perjuicios causados pagando la indemnización correspondiente......Para Sayagués Laso, la clave para determinar cuando surge la responsabilidad civil del Estado por acto o hecho administrativo, es el criterio de la falta de servicio, solución elaborada por la jurisprudencia francesa, esto es, si el servicio no funcionó, si funcionó con demora o si funcionó irregularmente, pudiéndose acudir a otros criterios para fundar la responsabilidad de la Administración, tales como el enriquecimiento sin causa, el abuso de derecho, etc.” Expresa el Dr. Ruben Correa Freitas “... adhiero a la tesis de la responsabilidad subjetiva del Estado, dado que cuando el constituyente (Constitución, arts. 17 y 32) o el legislador (Ley No 15859, art 4o), han querido instituir la responsabilidad objetiva del Estado, lo han establecido en forma expresa y como una excepción al régimen general. El art. 24 de la Constitución de la República consagra la `responsabilidad civil ? del Estado, y la responsabilidad civil se regula por lo dispuesto por los arts. 1319 y 1324 del Código Civil, razón por la cual se exigen los elementos típicos de la responsabilidad extracontractual, esto es, el hecho ilícito, el daño, la culpa y el nexo causal... En consecuencia, para que haya responsabilidad de la Administración, tanto por actos como por hechos, tiene que haber una `falta de servicio ?, esto es que el servicio no haya funcionado, o que habiendo funcionado lo haya hecho mal o en forma irregular, es decir que haya habido un mal funcionamiento del servicio público que haya provocado un daño a un tercero.” (Correa Freitas, Ruben y Vázquez, Cristina; “Manual de Derecho de la Función Pública”, Segunda Edición, FCU, año 2011, págs 33 a 36, Sentencia de la Sala No 82/2009) Asimismo, ha indicado el Tribunal: “En relación a la naturaleza de la responsabilidad del Estado, la Sala ha mantenido la posición que sostuviera en anteriores integraciones- tesitura que es, también, la de la mayoría de la jurisprudencia y doctrina- considerándola de naturaleza subjetiva por lo cual la falta del servicio, sustento de la pretensión, debe producirse como consecuencia de un hecho ilícito del funcionario de la repartición del Estado demandada (Conf ADCU, T 34 c.638, ob cit., T 35, pág 741; en el mismo sentido ob cit T37 c 687, T 35 c.742/744), no siendo suficiente invocar la falta del servicio, el daño y el nexo causal” ( Cf. Dfa- 004-000388/2013; sef-0004-000080/2013; dfa-0004-000707/2013).” (Sentencia No 279/2016, TAC5, Ministros: Dra. M. E. Gradín, B. Fiorentino, L.M. Simón [r]). En la especie, se entiende que los hechos acaecidos en el establecimiento carcelario que derivaran en el fallecimiento del recluso BB trasuntan la existencia de negligencia por omisión de la Secretaría de Estado demandada al no haber empleado toda la diligencia del buen padre de familia a fin de evitar el acaecimiento del evento dañoso, falta de servicio que compromete la responsabilidad estatal. El Estado es, ni más ni menos, el guardián del necesario orden en que deben convivir los individuos privados de libertad, deber que se le atribuye en el artículo 26 de la Constitución: “...a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del asegurar delito.” (destacado del Tribunal). “Ese “asegurar” que dispone la norma, aunque parezca obvio decirlo, significa mantener a las personas privadas de libertad en condiciones de seguridad imprescindibles para que, de esa manera, se puedan perseguir los altos cometidos carcelarios: reeducar, lograr aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. No se desconocen las dificultades -expresadas por los funcionarios que brindaron sus testimonios en obrados- para la obtención de esas metas, pero la obligación de garantizar la integridad física de los procesados y penados, las trasciende, debiendo interpretarse al socaire de los artículos 7 y 72 de la Constitución de la República como un fin en sí mismo, esto es: más allá de su posible instrumentalidad, consecuencia natural de la impronta humanista de nuestro Constituyente.” (cf. Sentencia 19/2022 TAC 5o con actual integración). Por consiguiente, se comparte la solución a la que arriba la Sra. Jueza a quo, al entender que existe responsabilidad del Ministerio del Interior, no siendo de recibo el agravio relativo a la falta de motivación de la sentencia, encontrándose la recurrida, suficientemente fundada. IV. En relación con el quantum del daño moral, con la opinabilidad que la Sala reconoce en el punto, acudiendo a las circunstancias del caso y los parámetros utilizados en casos análogos, se habrá de aumentar moderadamente el monto de las indemnizaciones, acogiendo los agravios de la parte actora, a excepción de la fijada por daño premuerte que se mantendrá sin perjuicio de la errónea calificación en la demanda y en la recurrida como daño por rebote. Como expresa el Dr. Gustavo ORDOQUI (Derecho de Daños, Tomo I La Ley, 2015, página 101): “Ocurre que, la función primera del Derecho de Daños no está tanto en sancionar sino en reparar o compensar el perjuicio injustamente padecido. La reparación en principio, no depende de la gravedad de la culpa sino de la entidad del daño. (...) El Derecho de Daños pasa a ser el medio para identificar, más que a un responsable, a quién es el que repara. (...) La función resarcitoria tiende a satisfacer al perjudicado y subsanar la situación de afectación que le fue causada (SALVI, I danni extracontrattuali. Modelli e funzioni, Nápoles: Ed. Jovene, 1985, p. 23). Se trata de eliminar la pérdida patrimonial y compensar la afectación personal. Con la función reparadora se traslada el daño de un sujeto a otro (...). De alguna forma opera como un mecanismo de traslado de costos, produciéndose efectos redistributivos. Desde el punto de vista económico, la reparación del daño lo que hace es restablecer el equilibrio patrimonial afectado. Cuando el dinero restablece el desequilibrio económico causado por el daño, se usa el término reparar, pero si el dinero no busca restablecer el desequilibrio económico, porque no lo puede lograr, como ocurre, por ejemplo, con los daños personales, aquí el resarcimiento no es reparatorio sino compensatorio o satisfactorio.” (cf. Sentencia 396/2024 TAC 5a) El daño moral de los abuelos de la víctima, se fijó en primera instancia en $ 400.000. Considerando que el fallecido convivía con ellos antes de su reclusión, la Sala considera que debe fijarse un monto moderadamente mayor y establece la suma de $ 650.000. Para el daño moral de los padres del occiso, se fijó una indemnización de $ 250.000, considerando la Sala que, atento a las circunstancias en que el fallecido convivía con sus abuelos, corresponde fijar igual suma que a éstos, es decir, $ 650.000. Para cada uno de los hermanos del fallecido, se estableció una indemnización de200.000 que, de acuerdo a parámetros de la Sala merece un moderado aumento, fijándose la suma de $ 350.000. Deberán tenerse en cuenta, a los efectos de la fijación de las indemnizaciones anteriores, los parámetros que surgen de las sentencias N° 396/2024, 171/2024, 19/2022modo de ejemplo. V. Esta Sala considera que el daño premuerte es indemnnizable, trasmitiéndose el crédito respectivo a los herederos del difunto, desestimándose el agravio deducido por el Ministerio del Interior. El derecho a la reparación, de claro contenido patrimonial, ya existía potencialmente en el patrimonio de quien sufriera el daño y pasa, a partir de su muerte a sus herederos, junto con el resto del patrimonio. Como ha expresado este Tribunal, en sentencia pronunciada en caso de similares aristas en términos trasladables mutatis mutandis, al subjúdice: “El daño moral pre-muerte, al constituir un deterioro de un derecho típico de la personalidad, se traduce en definitiva, en un derecho de naturaleza pecuniaria. Por consecuencia, toda lesión y consiguiente dolor padecido por la víctima causado por el ilícito determina el ingreso a su patrimonio del derecho a exigir su reparación. Para que un derecho de crédito no sea trasmisible “iure hereditatis” debe existir una norma que lo prohíba expresamente, o que, por no ser un derecho de naturaleza pecuniaria, no corresponda su trasmisión.” (Tac 1°, sentencia N° 133/2019, Teresita Macció Ambrosoni (r), Nilza Salvo López de Alda, Beatriz Dora Venturini Camejo; bjn pública)." (sentencia No 158/2021, TAC5, Ministros: Dra. L. Pera, Dra. A. García, Dra. C. Schroeder -r-)." Por otra parte, las circunstancias del ataque sufrido, perpetrado por otro recluso, con cortes carcelarios, la magnitud del mismo, que determinó su deceso, no fue instantáneo, a lo que debe agregarse la falta de vigilancia y la demora en recibir atención médica apropiada. En este caso, se considera apropiado al caso el monto fijado en la recurrida por este concepto y se estará al mismo. En el caso de marras, quienes tienen vocación hereditaria entre los accionantes son los padres y en tal calidad, han ejercido el derecho de acción, por lo que se encuentran legitimados para el reclamo. VI. Por último, no asiste razón a Ministerio del interior, respecto al dies a quo de los intereses legales, puesto que en materia de responsabilidad aquiliana – sistema de responsabilidad al que se afiliaron ambas partes- corren desde la fecha del evento dañoso. Así, se ha expresado en términos trasladables -mutatis mutandis- al subjúdice: “La Sala en anteriores integraciones, posición que en la actual se revalida, entendió que los intereses se generan desde que nace la obligación indemnizatoria extracontractual, esto es, cuando se produce el perjuicio a consecuencia del hecho ilícito dañoso, pues es en ese instante que nace el derecho del acreedor a la reparación integral del daño que comprende tanto las sumas objeto de condena con la actualización e intereses (ADCU, t. XXX, c. 469, t. XXXIII, c. 377)” ( Cf. Sentencias 80/2004, 101/2008, 81/2010, 45/2012, 348/2013). VII. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase parcialmente la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal, fijándose los siguientes montos por concepto de daño moral: a) la suma de $ 650.000 para cada uno de los abuelos de BB y para cada uno de sus padres; b) la suma de 350.000 para cada uno de sus hermanos, manteniéndose la suma de $ 500.000 por concepto de daño premuerte de la víctima que beneficia a sus padres. En todos los casos, se sumará el reajuste del Decreto ley 14.500 y los intereses legales desde el hecho ilícito (26/12/2021). II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Jueza Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal- Dra. Analía García Obregón -Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante