Sentencia Definitiva N° 265/2025

Sentencia Nro. 265/2025 - IUE: 2-58541/2023 Montevideo, 01 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO.- Ministro Redactor: Dr. Guzmán López.- Ministros Firmantes: Dra. Mónica Besio.- Dr. Alvaro França.- AUTOS: “RIERA CASTRO, ANA C/ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA. PROCESO LABORAL ORDINARIO. IUE 2-58541/2023”.- I) El objeto de la instancia. El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva No 15/2024 de fecha 23 de Diciembre de 2024 (fs 165), dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4to Turno Dra. María Paula Irastorza. II) El caso. Rectamente interpretada la demanda presentada el día 30 de junio de 2022 movilizada por la reclamante Ana Laura RIERA CASTRO, de conformidad con los criterios de aplicación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No 10. P. 244 y ss), debe de concluirse que en la misma se promueve proceso laboral contra la Intendencia Departamental de Rocha. Expresó que fue funcionaria eventual (fruto de ser contratada por larga data con contratos consecutivos) de la demandada en el lapso que va entre 18 de octubre de 2017 y 30 de junio de 2022, fecha ésta en que se la “traslada” a la Fundación “A Ganar”, donde automáticamente pierde los derechos adquiridos como funcionaria, el referido “traslado” encubrió un despido que ni siquiera le fue abonado. Indicó que cumplió diversas funciones para la Intendencia de Rocha, cumplió funciones en los Centros de Información Turística, luego en las cabañas del Parque Andresito, luego en un Comedor Municipal, posteriormente en el edificio Central en División de Procuraduría Fiscal, sección Convenios en donde se encuentra hasta el d día de presentación de esta demanda (pese al contrato de Fundación “A Ganar”). Al día de hoy se encuentra trabajando para la referida Fundación, quien circunstancialmente la ha dejado en la Intendencia en el mismo puesto en que se desempeñaba. Manifestó que como consecuencia de dicho traslado ha perdido diferentes derechos que habían sido adquiridos, antigüedad en el cargo, posibilidad de participar en concursos, estabilidad laboral, etc. Que la obligaron a suscribir un contrato con la Fundación “A Ganar” porque no tenía opción, ya que le dijeron que si no firmaba se quedaba sin trabajo. Formuló liquidación de Despido común, despido abusivo, daños y perjuicios sufridos y la multa prevista en la ley 18.572, reclamando el total de $ 361.948, y peticionando el amparo de la demanda. La parte demandada Intendencia Departamental de Rocha opuso excepción de incompetencia por razón de materia, inadecuación del trámite dado a la demanda, falta de legitimación, y contestó el accionamiento controvirtiendo el mismo y peticionando en definitiva se desestime la demanda en todos sus términos. III) La Sentencia Definitiva de Primera Instancia No 3/2024 (fs 112) y la revocatoria de la referida providencia por parte de este Tribunal de Apelaciones por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia No 331/2024 (fs 154). Esta Sala previno en el conocimiento del asunto. En efecto, surge de la Sentencia Definitiva de Segunda Instancia dictada el 29 de octubre de 2024 que esta Sala revocó la Sentencia de Primera Instancia que había sido dictada el 14 de febrero de 2024. La decisión de primera instancia en su oportunidad había resuelto amparar las excepciones de incompetencia por razón de materia e inadecuación del trámite dado a la demanda y en su mérito desestimar la demanda. Ahora bien, dicha providencia fue revocada por esta Sala quien entendió que correspondía desestimar las mencionadas excepciones, y en su lugar ordenó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4to Turno que se pronunciara sobre el fondo del asunto. IV) La Sentencia Definitiva impugnada que resolvió sobre el fondo del asunto. En la providencia impugnada cuya impugnación motiva la presente segunda instancia, se amparó la excepción de Falta de Legitimación Activa y Pasiva que fueron opuestas por la demandada. Se señaló en la recurrida que de la prueba aportada a la causa surge que la actora fue contratada bajo el régimen de función pública por el término de no más de 4 meses, lo que se fue renovando sucesivamente por diversos períodos temporales. Que no estamos frente a un contrato típicamente de trabajo ni tampoco frente a un contrato de función pública. Que por tanto no se puede pretender la extensión del Derecho del Trabajo en el área del Derecho Público y Administrativo en forma automática porque ello supondría desconocer la especificidad del sistema que vincula al Estado con sus funcionarios presupuestados o contratados o con las personas físicas o jurídicas que le proveen de obras y servicios. La A Quo agregó que la situación planteada no trata de una relación laboral, sino de un contrato de arrendamiento de servicios con plazo determinado y por el cual la Administración tiene la potestad de rescindir unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria. Que cuando el legislador quiso vincular al Estado al régimen laboral privado lo hizo de forma expresa y limitada concediendo únicamente los derechos que en la ley se establecen y bajo determinadas circunstancias de hecho y de derecho. Así la ley 17556 configura un buen ejemplo de esa especial solución, ya que la misma previó la celebración de contratos de trabajo a término a efectos de atender necesidades de la Administración que ésta no pueda cubrir con sus propios funcionarios, estableciendo que el fin del vínculo no da lugar a indemnización por despido salvo que el plazo supere los 24 meses. En definitiva amparó las excepciones de Falta de Legitimación activa y pasiva y desestimó la demanda. V) El recurso de apelación interpuesto por la actora (fs 172). Expresó que no le asiste razón a la sentenciante cuando resolvió que la relación que unió a los litigantes fue un arrendamiento de servicios. Que a la actora se la contrató no para un servicio determinado, sino que se la contrató para cumplir cualesquiera de las funciones que la demandada le impusiera, por lo que pasó a ser una funcionaria contratada. Señaló que la A Quo alude en la sentencia a la ley 17556 la cual establece que si las renovaciones contractuales superan los 24 meses, el contratado tiene derecho a indemnizaciones. No explica porque la actora no tendría derecho a dicha indemnización, siendo que se la contrató por más de 56 meses ininterrumpidos. Indicó que a la actora no la destituyeron porque no era funcionaria pública, pero de la noche a la mañana mediante “traslado” (engaño del Estado) pasó a tener otro patrón privado a pesar de continuar trabajando en le IDR cumpliendo incluso idéntica función. Manifestó que la actora tiene legitimación activa en la causa y la demandada tiene legitimación pasiva en la misma. A la actora le corresponde indemnización por despido en virtud del vínculo contractual que los unió y en virtud de lo dispuesto en el art. 16 de la ley 17556. Peticiona se revoque la impugnada y se ampare la demanda. VI) La parte demandada evacuó el traslado que le fuera conferido abogando por la confirmatoria de la impugnada (fs 176). VII) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede y previo pasaje a estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada. VIII) La Sala confirmará la sentencia definitiva impugnada. La Sala arribará a decisión confirmatoria del fallo apelado en virtud de las razones que se expondrán. En la impugnada se entendió que la situación planteada no trata de una relación laboral, sino de un contrato con plazo determinado y por el cual la Administración tiene la potestad de rescindir unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria. Se agregó que cuando el legislador quiso vincular al Estado al régimen laboral privado lo hizo de forma expresa y limitada concediendo únicamente los derechos que en la ley se establecen y bajo determinadas circunstancias de hecho y de derecho (por ejemplo Ley 17556). La parte actora en breve síntesis se agravió de tal decisión por entender que la actora fue contratada para cumplir cualesquiera de las funciones que la demandada le impusiera, por lo que pasó a ser una funcionaria contratada. Indicó que la ley 17.556 a la que hace referencia la decisora de primer grado, estableció que si las renovaciones contractuales superan los 24 meses, el contratado tiene derecho a indemnizaciones, por lo que no se advierte porque en el caso la accionante no tiene derecho a las mismas. IX) La relación contractual que vinculó a la actora con la demandada. En Doctrina se ha señalado que no todos los funcionarios de la Administración son permanentes, no son permanentes los no presupuestados, es decir los contratados (pág. 554 Cajarville D. Administrativo T. II). Se ha señalado al respecto que puede ingresarse a la función pública por contrato, pero no debe confundirse esta hipótesis con el caso de arrendamiento de servicios con particulares. En este último la persona que arrienda sus servicios no se incorpora a la Administración, limitándose a realizar para ella determinada tarea igual como podría hacerlo para otros particulares. En cambio, en aquella la persona se incorpora a la Administración ingresando mediante un pacto que fija determinadas condiciones para la prestación de su actividad personal. (Enrique Sayagues Laso. Tratado De Derecho Administrativo T. I 8va edición puesta por Daniel Hugo Martins. p. 285). Esta Sala ha señalado ante un caso similar. “...Los funcionarios contratados cuyo objeto es la prestación personal de un servicio, no ingresan en el alcance conceptual de funcionario público por no implicar incorporación a la Administración, sino por configurar arrendamiento de servicio o de obra. Solo se admite tratándose de prestaciones personales en la Administración pública, el arrendamiento de servicios y la relación en régimen de funcionario público, en el ámbito público la Administración actúa bajo las normas del Derecho Administrativo y por ende no celebra contratos de trabajo en sentido estricto, aunque si puede arrendar servicios personales...La persona que arrienda sus servicios no se incorpora a la Administración, limitándose a realizar para ella determinada tarea igual como podría hacerlo para otros particulares...” (Cfme Sentencia de la Sala No 179/2013). Este Tribunal ha indicado en reiteradas ocasiones sobre la diferencia existente entre el funcionario público y el personal contratado por parte de la Administración en base al arrendamiento de servicios. La calidad de funcionario público proviene de formas para la que no es hábil la contratación de arrendamiento de servicio. La prórroga de los contratos no puede transformar al contratante en funcionario público. Precisamente sobre la continuidad de los contratos con la Administración y las consecuencias que ello pudiere ocasionar, la Sala comparte jurisprudencia que “mutatis mutandis” puede aplicarse al caso. Se ha señalado al respecto: “...No deviene cuestionado en la especie el extenso lapso y continuidad en que la Administración contrató al pretensor, en calidad de actor y docente de arte escénico... No obstante ello y sin perjuicio de que resulte acreditada la asiduidad, continuidad y dedicación del accionante por el lapso de 14 años, tampoco puede soslayarse que los contratos celebrados con la Administración eran expresos contratos a término, explicitándose concretamente el plazo de los servicios contratados.... Acorde a los inequívocos términos del contrato, la relación vinculante se extinguió por consumación del plazo pactado, no advirtiéndose abuso de derecho o ilegitimidad del Ministerio demandado al no renovar la contratación del actor, habida cuenta de la discrecionalidad de la Administración dentro del marco de sus cometidos, competencias y facultades...” (Cfme TAC 7mo turno Sentencia No 155/2006 publicada en Anuario de Derecho Administrativo T. XIV c. 211. Pag 209). En el caso específico la actora promueve el litigio por considerar que la sucesión de contratos de índole laboral (según sus dichos) que la unió con la demandada, determinó la existencia de un vínculo permanente con derecho a despido, lo que el Tribunal no comparte. Se concuerda con la demandada en cuanto a que la sucesión de contratos que vinculó a las partes, no determinó que la relación de trabajo se trasformara en permanente. En el caso surge probado (fs 58 a 65 y 66 a 82) que la Sra. Ana RIERA ingresó a trabajar para la Intendencia de Rocha calidad de auxiliar en el Complejo de Cabañas del Parque Andresito en el año 2017 y luego en otras dependencias, todo en función del contrato oportunamente suscrito. Dicho contrato se fue renovando en reiteradas ocasiones por resoluciones de la demandada, venciendo el último con fecha 30 de junio de 2022, este último no fue renovado y ello determinó el término del vínculo entre la reclamante y el Gobierno Departamental. Considera la Sala que conforme las citas doctrinarias y jurisprudenciales ut supra referidas, debe concluirse que el vínculo que existió entre la actora y la demandada fue contractual con plazo de vencimiento establecido. A contrario de lo sostenido por la parte recurrente no corresponde indemnización alguna a la actora en función de la relación de trabajo invocada, porque al estar establecido un plazo de vencimiento de la relación acordada (aun cuando el contrato original se haya prorrogado en reiteradas ocasiones), la Administración está plenamente facultada a decidir la no renovación del vínculo como sucedió en el caso. No había obligación alguna de la demandada a renovar el vínculo contractual con la actora y tampoco tenía la demandada que fundar dicha decisión ya que la accionante únicamente tenía una mera expectativa de continuar en la función, pero de ningún modo tenía derecho adquirido alguno. Por último conviene precisar que tampoco le asiste razón a la actora cuando alega que en el caso es de aplicación lo establecido en la Ley No 17556 y su Decreto Reglamentario que ampara el reclamo. En efecto, el ámbito de aplicación de dicha normativa conforme lo dispuesto el art. 30 de la ley, refiere a contratos de trabajo a término que se faculta suscribir al Poder Ejecutivo y a los organismos del art. 220 y 221 de la Constitución, de los cuales la demandada Intendencia Departamental de Rocha no es parte. Por todo lo expuesto corresponde concluir como bien hizo la Sra. Jueza A Quo en la inexistencia de relación de trabajo que amerite indemnización alguna a su término, por lo que corresponde confirmar la impugnada que desestimó la demanda.- X) La conducta de las partes en el proceso ha sido correcta por lo que no existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado (Art. 688 C.C. y 56 del CGP). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: Confirmase la Sentencia impugnada sin especial condenación en la instancia. Honorarios fictos 3 BPC. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase con copia en la forma de estilo. Dr. Guzmán López.- MINISTRO Dr. Alvaro França.- MINISTRO Dra. Mónica Besio.- MINISTRA Esc. Adriana León.- SECRETARIA