Sentencia Interlocutoria N° 610/2025

Sentencia Nro. 610/2025 - IUE: 2-59619/2024 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ ESTADO (PODER EJECUTIVO – MINISTERIO DEL INTERIOR) – REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR ACTO”; IUE: 2-59619/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No. 530/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4o Turno, Dr. Carlos Waldemar Aguirre Daniele. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 13 de marzo de 2025 (fojas 557 - 561), en lo que interesa a la instancia se falló: “DECLARANDO LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONFORME SE INDIVIDUALIZARA EN EL CONSIDERANDO 3o, Y EN SU MÉRITO ORDENANDO EL ARCHIVO Y CLAUSURA DE LAS ACTUACIONES.” II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, interponiendo recurso de apelación en audiencia y expresando sus fundamentos en escrito obrante de fojas 563 a 567, agraviándose, en lo medular, por considerar que no existe controversia respecto a la fecha de exigibilidad de los créditos, ni sobre el comienzo del cómputo del plazo de caducidad, ni la aplicación del art. 39 de la Ley 11.925.Sin embargo,el decisor de primer grado padece error al omitir considerar la suspensión del plazo de caducidad derivada de las gestiones fundadas realizadas en vía administrativa, con fecha 19 de marzo de 2019 y 30 de julio de 2019. Las mismas suspendieron el cómputo del plazo de caducidad, que no comenzó a correr sino hasta la Resolución expresa de la Administración, lo que ocurrió el 30 de julio de 2021; por lo que la interposición de la demanda el 27 de junio de 2024 se encuentra dentro del plazo legal, que recién en agosto de 2025 hubiese vencido. La falta de mención y valoración de estas gestiones y sus consecuencias legales, pese a estar debidamente acreditadas en autos, violenta flagrantemente el Artículo 140 del Código General del Proceso, perjudicando su interés. En consecuencia, solicita se declare que no ha operado la caducidad, desestimándose la excepción previa y ordenándose la prosecución de las actuaciones. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 572 a 576 comparece el demandado, Ministerio del Interior y evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, expresando que el accionante no articula agravios concretos, ni realiza una crítica razonada de la sentencia impugnada, limitándose a expresar una mera disconformidad y reiterar alegaciones previas, por lo que corresponde el rechazo liminar del recurso por infundado. No obstante ello, reafirma que el cómputo del plazo de caducidad, se inició con la sentencia anulatoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificada el 20 de febrero de 2019, que marcó la posibilidad jurídica del ejercicio de la acción. Sostiene que las alegadas gestiones administrativas no pueden considerarse "gestión fundada" en los términos del Artículo 376 de la Ley N° 12.804 a los efectos de suspender el plazo de caducidad, puesto que, una vez obtenida sentencia firme, la vía adecuada para el actor era la solicitud de ejecución ante el propio Tribunal, y no la interposición de peticiones administrativas meramente dilatorias. Enfatiza que el pago voluntario realizado por el Ministerio fue en cumplimiento de la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y no implicó en modo alguno una suspensión del término de caducidad; la interpretación de la norma por parte del actor es errónea por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida. IV. Franqueada la alzada (fojas 578), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 583 vuelto), pasando los autos a estudio el 3 de junio de 2025, culminado el cual, en sesión del 18 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subexámine fue promovido por el Sr. AA, quien dedujo acción reparatoria patrimonial, contra el Ministerio del Interior. Alegó, que por sentencia N.o 644/2019 dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con fecha 12 de diciembre de 2019 notificada el 20 de febrero de 2019, se anuló el acto administrativo por el que fue cesado de su función docente de la Escuela Nacional de Policía, reclamando por el presente el daño patrimonial y extrapatrimonial consecuencia del acto anulado. La parte demandada, contestó la demanda controvirtiéndola en todos sus términos, opuso excepción de caducidad aduciendo que el punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para promover la acción reparatoria, es el día 20 de febrero de 2019, fecha de notificación de la sentencia anulatoria por parte del TCA, por lo que la presentación de la demanda el 27 de junio de 2024, fue realizada cuando ya había operado la caducidad. El accionante, al evacuar el traslado de la excepción, expresó que en puridad el plazo comenzó a computarse el 25 de febrero de 2019, momento en el cual la sentencia del TCA pasó en autoridad de cosa juzgada, y que dicho plazo fue suspendido por las gestiones administrativas llevadas a cabo por su parte con fecha 19 de marzo y 30 de julio de 2019, por lo que su presentación en la causa fue temporánea. III. El punto que abre el debate en alzada consiste en determinar si las gestiones administrativas llevadas a cabo por el accionante, luego de notificado de la decisión anulatoria del TCA, constituyen gestión fundada que interrumpa el término de caducidad previsto por la Ley 11.925. En efecto, no existe controversia respecto a que dicha sentencia anulatoria fue notificada al actor el 20 de febrero de 2019 y que la presente demanda fue promovida el 27 de junio de 2024, siendo su objeto la reparación de los daños que el cese en el cargo docente que desempeñaba el actor, a la postre anulado, le generó, los que discrimina en: daño emergente por la suma de $ 195.432 (tomando el cálculo de la indemnización por despido común del derecho laboral), lucro cesante en el orden de los $ 4.320.602 (consistente en los ingresos que hubiera percibido de continuar ejerciendo el cargo docente) y daño moral que estima en176.000, reajustes e intereses. IV. En la demanda ninguna referencia se realiza a gestión fundada alguna, luego de conocida la decisión del TCA, sentencia que (una vez ejecutoriada), el propio accionante establece como punto de partida para habilitarlo a deducir la presente reparación en su libelo inicial, citando profusa jurisprudencia sobre el punto. Es recién al evacuar el traslado del excepcionamiento que se hace referencia a la existencia de dos solicitudes presentadas por su parte ante la Dirección Nacional de Educación Policial del Ministerio del Interior, en las que se solicita se cumpla con el fallo judicial, “volviendo al Prof. AA a la situación inmediatamente anterior a la Resolución anulada (devolución del cargo de docente civil efectivo, con la carga horaria, grado y antigüedad adjudicados entonces).” (fs. 359/360 y 511/513). A dichas solicitudes recayó la Resolución de fecha 30 de julio de 2021 (fs. 407), por la cual se dispuso el pago al actor de la suma de $ 410.606,63 en cumplimiento de la Sentencia 644/18 del TCA, considerando el accionante que es a partir de dicha resolución que debería computarse el término de caducidad. Sin embargo, en dichas gestiones lo que solicita el actor es que se lo reintegre al cargo docente, puesto que ya existía una decisión definitiva, constituída por la sentencia del TCA que había dispuesto la anulación del acto por el que se lo cesó, por consiguiente en modo alguno dichas peticiones ingresan en el concepto de gestión fundada establecido en el artículo 376 de la Ley 12804, puesto que no se reclama en las mismas el pago de suma alguna, como se reclama en el presente. O sea, que por un lado la decisión de anular su cese como docente, ya definitiva conforme lo resuelto por el TCA; y por otro el contenido de sus peticiones no permite ingresarlas en la descripción realizada por la normativa para habilitar su consideración como gestiones fundadas que suspenden el cómputo de la caducidad. La referencia a la gestión fundada debe entenderse hecha a una actuación, en sede administrativa, mediante la correspondiente solicitud o planteo, que se halle en situación de correspondencia con lo que habrá de reclamarse en el proceso judicial, o sea, en una relación de adecuación a la causa invocada y al objeto reclamado (Sentencia No 347/09 TAC 6). Las peticiones formuladas por el actor no suspendieron la caducidad en curso, en la medida que aún cuando pueda calificárselas como una “gestión fundada del interesado en vía administrativa”, lo cierto es que no se reclamó “devolución o pago de una suma determinada”, tal como prevé el art. 376 inc. 6 de la Ley nro. 12.804 (el resto de los incisos de la disposición refieren a hipótesis de prescripción y no de caducidad). De modo que, la interrupción de la caducidad, recién se hizo efectiva con la interposición de la demanda (Sentencia No dfa-0004- 000049/2015 TAC 5). V. Se descarta asimismo la pervivencia de eventuales créditos que atento al cómputo mes a mes de la caducidad pudieran subsistir, puesto que el propio accionante refiere en su escrito de apelación “ tampoco existe litigio sobre la fecha de exigibilidad de los créditos y por ende, sobre el comienzo del cómputo del plazo de caducidad previsto por el artículo 39 de la Ley 11925, que como igualmente reconoce la atacada, es con la fecha de la notificación de la Sentencia anulatoria..” Por lo tanto , las peticiones formuladas por el accionante ante la Administración el 19/03/2019 (fs. 511/512) y el 30/7/2019 (fs. 359/360) no constituyen mecanismos idóneos para suspender el plazo de caducidad para reclamar los daños y perjuicios generados por la decisión anulada, que comenzó a correr a partir de la notificación al accionante o de ejecutoriada la sentencia, según posición que se adopte en el punto, que en la causa resulta irrelevante, de la sentencia del TCA. Como se refirió, no se trata de las gestiones fundadas del interesado en vía administrativa a las que refiere el art. 376 de la Ley 12.804, puesto que en tales peticiones lo solicitado no fue el pago del lucro cesante (salarios no abonados a partir de la decisión que dispuso su cese) ni la reparación de algún otro de los perjuicios reclamados en autos, sino el reintegro del accionante a la función docente, por lo que tales gestiones administrativas no son idóneas para suspender el término de caducidad previsto en el art. 39 de la Ley 11925. A partir de la sentencia del TCA se remueve el obstáculo para pedir la reparación, sin perjuicio de que el actor intentara mediante las gestiones presentadas ante el demandado, recuperar su cargo docente y no lo lograra, notificándosele que en su lugar se le iba a pagar una suma de dinero, como se expresa en la resolución glosada a fs. 407 a 410 de fecha 30/7/2021, notificada el 9/11/2021, suma que según afirma la demandada y no fuera controvertido fue percibida por el actor en el mes de noviembre de 2021. VI. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal -Dra. Cecilia Schroeder Rius -Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria I Subrogante