Sentencia Definitiva N° 215/2025

Sentencia Nro. 215/2025 - IUE: 38-114/2024 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “BLOOMFIELD POPELKA, JUAN DIEGO Y OTRA (EN AUTOS: “CASA BANCARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DIROSUR SA Y OTROS – INTIMACIÓN DE PAGO”) – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL CRÉDITO”; IUE: 38-114/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva número 153/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18o Turno, Dr. Diego Saravia García. RESULTANDO: I. falló: Por el referido pronunciamiento de fecha 23 de diciembre de 2024 (fojas 65 - 82), se “Desestimándose la demanda en todos sus términos, sin especial condenación procesal. Costas y costos por el orden causado. Honorarios Fictos 3 B.P.C. Oportunamente, archívese” II. Contra dicha decisión se alzaron los accionantes, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 84 a 87, agraviándose, en lo medular, por considerar que la sentencia aplica erróneamente un plazo de prescripción de veinte o diez años, propio de las acciones personales, en lugar del plazo de cuatro años que consideran es el que corresponde a este caso, incluso después de dictada la sentencia de condena. Señalan que la sentencia yerra al otorgar efecto interruptivo de la prescripción a las sucesivas reinscripciones de embargo, en tanto consideran que las causales de interrupción son taxativas y no incluyen a las reinscripciones como causal autónoma, lo que, en definitiva, sería contrario a la voluntad del legislador y al derecho objetivo; el fundamento del decisor respecto a la reforma introducida por el art. 27 de la Ley 17.292 al Código de Comercio, que permitiría la aplicación de los arts. 1216 y 1220 del Código Civil, es del año 2001, mientras que los autos principales fueron iniciados en 1994, por lo que no correspondería su aplicación, debiendo aplicarse el plazo prescriptivo de cuatro años. De igual forma, aún en el entendido que correspondiera la aplicación del art. 1216 del Código Civil, esto es, el plazo de veinte años, desde la sentencia ejecutoriada, para el caso solamente podría entenderse vigente el embargo sobre las cuentas bancarias; a lo que se suma que si se aplicara la Ley 19.889, la prescripción habría operado a los diez años de la sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, consideran que ha operado la caducidad del embargo y la prescripción de la acción cambiaria en el año 2004 y solicitan se revoque la recurrida, declarándose la prescripción de los derechos accionados. III. Sustanciada la impugnación deducida,de fojas 96 a 103 comparece la demandada, Provincia Casa Financiera SA, evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, expresando, en síntesis, que el juez a quo ha aplicado correctamente el derecho(art. 1216 del Código Civil); el crédito de autos, al haber sido reconocido en una sentencia judicial firme y ejecutoriada, deja de regirse por las normas cambiarias para someterse al régimen de las acciones personales, con un plazo de prescripción de veinte años, o 10 años según la reforma de la Ley N° 19.889, por lo que en el 2004 cuando se solicitó una nueva inscripción de embargo, aún se encontraba vigente; criterio además reforzado por la modificación introducida por la Ley 17.292. Señala que desde el 2004 a la fecha, el plazo de prescripción se vio interrumpido al solicitar las reinscripciones de embargo, lo que demuestra un claro interés en perseguir el cobro del adeudo; negarle efecto interruptivo sería contrariar la voluntad del legislador. Agrega diversas citas jurisprudenciales y doctrinarias que avalan el criterio sostenido; una vez dictada sentencia de condena, el plazo aplicable es el del artículo 1216 del Código Civil, tal como lo establece el artículo 1026 del Código de Comercio. IV. Franqueada la alzada (fojas 104), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 107 vuelto), pasando los autos a estudio el 21 de mayo de 2025, culminado el cual, en sesión del 29 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, sin especiales sanciones procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. La Sala rechazará los agravios deducidos por la apelante, en virtud de considerar que la fuente de la obligación, en el caso, es la sentencia, siendo aplicable el plazo de prescripción de 20 años con anterioridad a la Ley No. 19.889 (LUC) y de 10 años con posterioridad a la misma, considerándose interruptivas las gestiones judiciales tendientes a proteger el crédito en ejecución, como lo son las solicitudes de reinscripción de embargo respecto al deudor ejecutado, cuyo acaecimiento no se encuentra dubitado, sino únicamente la aptitud que puedan o no revestir a los efectos de interrumpir el plazo de prescripción. En términos trasladables mutatis mutandis al subjúdice, la Sala Homónima de 1er. Turno, citando jurisprudencia de este Tribunal,sostuvo: “En efecto, si bien esta Sala en anterior integración mantuvo una postura en el mismo sentido de los agravios esgrimidos por la parte actora apelante, y fue señalado que: “La interrupción de la prescripción es de interpretación estricta y los medios interruptivos son taxativos no encontrándose entre éstos la reinscripción de embargo, como vía legal idónea para interrumpir la prescripción. Por lo que la Sala no coincide en que la reinscripción del embargo tenga naturaleza interruptiva de la prescripción, lo que lleva a recibir los agravios de los apelantes (fs. 213/218 y 225/231), revocándose la sentencia recurrida y en su lugar se declara la prescripción extintiva de la sentencia definitiva, Sentencia JL CIVIL No. 123/988-2 del 12/8/1988 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2o Turno, levantándose los embargos dispuestos lo que se comete a la Sede a-quo.” (sentencia N° 67/2014)”. En ese mismo sentido en reciente sentencia Nro. 168/2019 (citada en ADCU T L número 342 p. 385-386), la Sala Civil de 4to. Turno afirma: “En anteriores pronunciamientos la Sala ha afirmado que “los medios interruptivos de la prescripción son de resorte legal, razón por la cual deben entenderse como taxativos los habilitados por la legislación aplicable, lo que determina no pueda admitirse que la reinscripción de embargo tenga virtualidad interruptiva del término prescripcional de la sentencia de condena como lo ha sostenido la Sala (Sents. Nos. 37/93, 47/96, etc.” Sentencia 36/2005”. Igualmente debe señalarse que en este caso igualmente no fue amparada la acción declarativa de prescripción extintiva por haber surgido del expediente una conducta concluyente de la deudora de admisión de la deuda. Sin embargo, y en su actual integración, esta Sala habrá de adherir a la postura jurisprudencial enunciada por la Sala de 6to. Turno, en la Sentencia citada en primera instancia, y fundamentalmente en Sentencia Nro. 164/2014 del TAC 6to., que también ha sido la jurisprudencia de dicho Tribunal en fallos anteriores (véase sentencias Nos. 233/09 y 52 y 108/11, entre otras). En este fallo, tratándose también de una solicitud de declaración de prescripción extintiva de una deuda, estando el proceso en vía de apremio, y habiéndose desestimado la demanda en primera instancia, dicha Sala resolvió confirmar la atacada y concretamente afirmó: “En el caso, tramita pretensión declarativa de la prescripción extintiva... Se dictó sentencia de condena y se trabó embargo general de derechos y acciones, no surgiendo que se haya efectivizado la citación de excepciones. Afirma que desde el 25.2.81, fecha en que la actora expresa que la sentencia quedó ejecutoriada, no se ha interrumpido la prescripción por ningún medio hábil contemplado por el Ordenamiento Jurídico. Establece que la prescripción se produce porque confluyen dos circunstancias: el transcurso del tiempo y la inercia o inacción de la parte ejecutante por no interrumpir la prescripción por algún medio idóneo. El mero hecho de solicitar la reinscripción del embargo no interrumpe la prescripción, sino que, además, debió solicitar el cumplimiento de la sentencia de condena. Por ello, corresponde declarar la prescripción y proceder al levantamiento del embargo genérico de derechos trabado. Por su parte, el BCU sostuvo que, existiendo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, regían los arts. 1216, 1220 y 1238 del C. Civil y que, por ende, el plazo de prescripción era de veinte años, plazo que, en la especie, fue interrumpido mediante la solicitud de reinscripción del embargo trabado, nueva inscripción y presentación a denunciar el crédito en la sucesión de su deudor, en un todo de acuerdo con el art. 1238 del C. Civil. III) Sobre el mérito de la cuestión. Los actos que interrumpen el curso de la prescripción extintiva. La Sala, como lo anticipó, no comparte la argumentación vertida en el memorial de agravios. En primer lugar, cabe recordar, como lo hace el apelante, que el instituto de la prescripción extintiva supone que la acción se pierde por el no uso a partir del tiempo señalado por la ley. Dice Messineo que “el ejercicio del derecho debe concebirse... como una carga a la que el titular debe someterse, si quiere impedir el efecto, desfavorable para él, de la extinción del derecho mismo”. “De este modo, el ordenamiento jurídico viene a atribuir indirectamente al ejercicio del derecho, la función de conservar el derecho, o sea, de evitar su extinción por prescripción;estimula al titular a ejercitarlo”. Agrega -además- que “la razón de ser de la prescripción debe buscarse en exigencias de orden social. En efecto, es socialmente útil, en interés de la certeza de las relaciones jurídicas, el que un derecho sea ejercitado; de manera que, si no es ejercitado durante un cierto tiempo notablemente largo, mientras podía ser ejercitado, debe considerarse como renunciado por el titular. Por tanto, el presupuesto de la prescripción y de su efecto, es un comportamiento de inactividad del titular del derecho que, por lo general, se debe a negligencia, o a incuria,sea, a hecho voluntario...”. Hechas estas necesarias precisiones, se coincide con la argumentación ensayada por la institución oficial en el sentido de que las sucesivas gestiones de reinscripción del embargo realizadas por su parte interrumpieron válidamente la prescripción, desde que cada nueva inscripción y cada reinscripción de embargo descriptas claramente en su libelo defensivoemergentes del acordonado constituye una gestión judicial tendiente a renovar las inscripciones quinquenales, gestión a la que el art. 1238 CC otorga expresamente efecto interruptivo. En efecto, surge del expediente por juicio ejecutivo acordonado, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 2o Turno, varias veces reconstruido, que el auto liminar quedó firme, al haber sido notificado el deudor del vale, sin que hubiera comparecido a oponer excepciones. También emerge de esas actuaciones que el BCU compareció a solicitar la reinscripción del embargo genérico el 22.5.92; que compareció a impetrar la reconstrucción del expedienteque el 4.3.99 solicitó nueva inscripción, lo que fue proveído de conformidad; posteriormente, el 17.11.03 volvió a pedir la reinscripción, situación que develó que el expediente había sido nuevamente extraviado, lo que determinó una nueva reconstrucción. El 29.3.04 se solicitó una nueva inscripción, lo que se reiteró el 27.11.08. Pues bien, en opinión de la Sala, de acuerdo con la etapa procesal que transita el juicio ejecutivo, es decir, la vía de apremio, la entidad bancaria demandada hizo lo único que era de esperar que hiciera: requerir la vigencia del embargo genérico, sistemáticamente, a la espera de tener conocimiento de bienes concretos en los que pudiera solicitar medidas cautelares previas a la ejecución, aventando así el desinterés que el legislador intenta sancionar mediante el instituto de la prescripción extintiva (Cf. Sent. No 202/07 del TAC 3o, publicada en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, T. 38, c. 573, ps. 294-295). Como expresa Gorfinkiel, en profundo estudio doctrinario sobre el tema: “mientras se encuentra vigente la inscripción del embargo genérico, el derecho no puede extinguirse y se mantiene el efecto interruptivo sobre la prescripción por la mentada razón de que el Código dispone que el proceso queda en suspenso, a la espera de la denuncia de bienes concretos de parte del ejecutante” (el autor de la cita refiere al art. 380.2 inc. 3 CGP; Gorfinkiel, I., La prescripción en los vales luego de la sentencia, LJU, t. 116, Sección Doctrina, p. 3 y sgtes., en especial, ps. 13-14).” En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Tercer Turno, en el fallo citado en la atacada, y el TAC de 5to. Turno, cambiando de posición al respecto, en Sentencia Nro. 95/2014 en que se afirma: “La Sala comparte la tesis del carácter interruptivo de orden de reinscripción de los embargos trabados en sentencia monitoria ejecutoriada, por revestir el carácter de “diligencia judicial” que se practica como consecuencia del emplazamiento. - Ello por cuanto, el mantenimiento de una medida cautelar en etapa de ejecución de sentencia, se justifica precisamente en el cumplimiento del mandato liminar, a esta altura, de ejecución. - Que se trata de una diligencia judicial es indudable, en tanto es ordenada por el director del proceso; que es consecuencia del emplazamiento tampoco cabe duda, pues es lo que permite la continuidad eficaz de la ejecución. En consecuencia, habiéndose verificado tales diligencias con anterioridad al plazo prescriptivo de 20 años que sostiene la propia apelante, es desde cada una de ellas que ha de contarse tal lapso. - Y evidentemente, tal período nunca transcurrió.” Y bien, en el caso a estudio es trasladable la argumentación expresada en los fallos que anteceden.” (sentencia No 10/2022, TAC1, Ministros: Dr. A. Messere, Dra. A. Rivas, Dra. B. Venturini -r-). III. En efecto, surge del expediente por juicio ejecutivo acordonado caratulado: “CASA BANCARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ DIROSUR SA Y OTROSINTIMACIÓN DE PAGO”; IUE 38-80/1993, que el auto liminar N.o 980/1994 quedó firme, al haber sido notificado, sin que hubieran comparecido los ejecutados a oponer excepciones (fs. 24 - 26). También emerge de esas actuaciones que Casa Bancaria de la Provincia de Buenos Aires, compareció a solicitar la reinscripción o nueva inscripción del embargo genérico: el 7 de junio de 2004, el 25 de junio de 2009, el 30 de abril de 2014, el 14 de mayo de 2019 y el 1 de febrero de 2024, lo que fue proveído de conformidad. Asiste razón al a quo respecto al efecto interruptivo de la prescripción de las gestiones judiciales realizadas por la ejecutante, incluyendo las reinscripciones del embargo, puesto que evidencian un interés persistente en el cobro del crédito, contrario a la inercia o el desinterés que fundamentan la prescripción extintiva. Si bien las causales de interrupción son taxativas, la reinscripción del embargo, al ser una manifestación del ejercicio del derecho por parte del acreedor y de su intención de mantener la medida cautelar que garantiza el crédito reconocido en sentencia, debe entenderse como una gestión idónea para interrumpir la prescripción en los términos del artículo 1238 del Código Civil, máxime teniendo presente que la caducidad registral del embargo no implica la extinción del crédito. IV. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 248, 249, 250, 251, 252, 254 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 50.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria I Subrogante